Pese a los intentos del gobierno nacional por desacreditar la Marcha Federal Universitaria aduciendo que se trata de una movilización política organizada por partidos de la oposición, los números del desfinanciamiento a la educación superior hablan por sí solos: desde la llegada al poder de La Libertad Avanza y hasta abril del 2026 el salario de los trabajadores del sector cayó un 34,2 %, ubicando a la gran mayoría por debajo de la línea de pobreza, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El informe consigna que en marzo del 2026 la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en 1.436.446 pesos y solo los docentes titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral y por un margen muy pequeño, con un sueldo bruto de 1.555.843 pesos. Idéntica situación para los trabajadores no docentes de los niveles 1 y 2.
El resto de los cargos con dedicación semiexclusiva y simple perciben ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza, al igual que el resto de los escalafones del personal no docente. En los casos de dedicación simple la situación es aún más crítica: varias categorías ni siquiera logran superar la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir, el piso que marca la línea de indigencia.
Un dato relevante es que la mayor parte de la caída ocurrió entre diciembre del 2023 y julio del 2024 y coincide con el período de mayor ajuste de la administración libertaria. “La inflación acumulada alcanzó 134,6 % mientras que los salarios aumentaron un 80,4 %”, detalla el documento. Ese desfase inicial explica buena parte del deterioro posterior: el salario real de docentes y no docentes ya había perdido más de una quinta parte de su poder adquisitivo en esos primeros meses.
En relación al presupuesto general de las universidades, los datos son aún más lapidarios: entre 2023 y 2025 la caída en términos reales fue del 32.5 %, y si se lo analiza a la luz del presupuesto vigente en 2026, la reducción alcanza el 41.6 %. El informe también señala que, de haberse aplicado la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, el presupuesto universitario habría alcanzado los 8.49 billones de pesos a valores de 2026, lo que implica recuperar prácticamente el nivel previo al ajuste.
Vetar no sale bien
El capítulo parlamentario de esta discusión encontró uno de sus puntos más altos el 21 de agosto del 2025 cuando el Congreso aprobó la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente que establecía aumentos en distintas partidas presupuestarias, diferenciando gastos de funcionamiento y sueldos. En septiembre el presidente Javier Milei utilizó su poder de veto, pero el 2 de octubre ambas cámaras ratificaron su aprobación por lo que la ley quedó sancionada.
El argumento utilizado por el primer mandatario para desestimar la norma fue que no se establecía de manera explícita de dónde saldrían los fondos. No obstante, y tras su ratificación legislativa, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 11 declaró inaplicable el decreto 795/2025 que utilizó el gobierno para rechazarla. “Esto resulta contradictorio con la propia ley, dado que establece que el Poder Ejecutivo puede garantizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar su cumplimiento. Hace 195 días que el gobierno no cumple con la ley”, sentencia el informe del CEPA.
Por su parte, el gobierno elaboró su propio proyecto de presupuesto universitario con el pretexto de “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con las posibilidades que tiene hoy el Ejecutivo Nacional. La jugada del oficialismo busca cerrar la disputa legislativa y judicial, aunque la turbulencia política de los últimos meses por los casos de corrupción, sumada a la contundencia de la marcha federal, complican esa aspiración.
Un salario, dos caminos
La ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso establece la convocatoria a una paritaria nacional para recomponer el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Según el informe del CEPA, esta actualización implica un aumento cercano al 44 %.
De haberse utilizado ese mecanismo, los salarios docentes y no docentes habrían recuperado la mayor parte del terreno perdido durante el primer año de gestión libertaria. Las estimaciones del estudio indican que el salario real de noviembre de 2025 habría quedado apenas 1,3 % por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023, es decir, prácticamente en el mismo punto previo al fuerte shock inflacionario.
En cambio, el proyecto del oficialismo plantea una ruta muy diferente. En lugar de una recomposición integral de lo perdido, propone tres aumentos no acumulativos del 4,1 % en marzo, junio y septiembre, lo que totaliza una suba del 12,3 % durante el año.
El problema, advierte el informe, es que ese porcentaje queda rápidamente absorbido por la inflación. De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación acumulada hasta septiembre de 2026 alcanzaría el 23,6 %, más de once puntos por encima del incremento previsto por el Ejecutivo.
En términos prácticos, esto significa que el esquema oficial no solo no recupera el deterioro salarial acumulado desde 2023 sino que podría profundizarlo. Las proyecciones indican que hacia septiembre de 2026 el salario real volvería a registrar una nueva caída respecto de diciembre de 2025.
En este sentido, mientras la ley sancionada por el Congreso apunta a recomponer el poder adquisitivo perdido y acercar los salarios al nivel previo al ajuste, el proyecto oficial consolida el atraso frente a la inflación y prolonga el deterioro de los ingresos en el sistema universitario público. Como ejemplo, desde el CEPA señalan que un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad percibía en el 2015 el equivalente a 1.18 millones de pesos a valores actuales, mientras que en 2026 su ingreso ronda los 584 mil, lo que representa una pérdida real de más del 50 % en una década.
Para legitimar el ajuste
Florentina Martoccia, integrante del CEPA Rosario, rechaza la idea de que el gobierno esté detrás de un cambio estructural en el sistema universitario argentino, aunque sí considera que existe un ajuste profundo que busca legitimar el desfinanciamiento a la educación superior: “Evidentemente no creen que el pueblo tenga derecho a recibir educación pública, gratuita y de calidad”, aseguró.
Además, cuestionó el principal argumento de la administración libertaria para incumplir con la ley de financiamiento universitario. “La ley no tiene por qué decir de dónde van a salir los recursos. Eso es tarea del Poder Ejecutivo que debe encontrar los mecanismos presupuestarios para cumplir las leyes vigentes”.
Consultada sobre cómo siguen funcionando las universidades en medio del ajuste, señaló que el sistema se sostiene por el compromiso de quienes forman parte de la comunidad universitaria. “La comunidad educativa cree en la universidad pública”, explicó, aunque advirtió que la situación salarial ya genera consecuencias concretas: “La cantidad de docentes que dejan sus cargos es alarmante porque necesitan tener otros trabajos para obtener un salario que no los ubique por debajo de la línea de pobreza”.
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