En el país existe un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Hay teléfonos gratuitos de denuncia por violencia de género las 24 horas. Hay comisarías, fiscalías, hospitales y salas de emergencia, hay refugios y hasta farmacias donde pueden buscar ayuda las mujeres violentadas. Hay carteles con indicaciones en toda la vía pública, en el transporte. El tema parece estar en todos lados. Y es que las violencias contra las mujeres están en todos lados.
Pero aún con los ecos del Día de la Mujer resonando en el aire, los femicidios en el país no se detienen. Y es más: aumentan. Al 11 de marzo, en los 69 días que lleva 2021 hubo 68 según el Observatorio Lucia Pérez de Violencia Patriarcal. El año pasado, en todo el año, habían sido 302. Si se sigue con la misma proporción, el año terminaría con 359 mujeres muertas por ser mujeres.
“El Estado tiene que abrir los oídos y el bolsillo, entender que los femicidios no son un problema cultural, como dijo el presidente (Alberto) Fernández, sino social y político. Y que se pueden evitar. Desde el escritorio es muy difícil ver la realidad. Quienes le explican a la política no entienden el tema, ven nada más que una parte, no tienen la visión completa que se logra bajando al territorio. La verdadera prevención es con participación ciudadana, y es a la gente, a las vecinas, a las mujeres de los barrios, que el Estado tiene que darle capacitación y recursos”, dice Claudia Acuña, periodista, fundadora de la cooperativa MU y del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez.
Un anuncio del 8M
¿Qué falta para bajar los femicidios? “Sacarle los privilegios al poder judicial”, dice enfática Norma López, concejala por el Frente de Todos en Rosario, que lleva desde hace una década un Mapa de Femicidios en todo el país. “A las mujeres no podemos pedirles más nada. Pusimos el cuerpo, nos organizamos, salimos a la calle, propusimos, interpelamos a la política y logramos cambios. Pero el Poder Judicial sigue sosteniendo todos sus privilegios a costa de sectores vulnerados por la manera en que aplican las leyes, sin perspectiva de género”, asegura.
El Día de la Mujer se anunció oficialmente la creación de un Registro Público de Magistradas y Magistrados que operará en todo el país y permitirá denunciar a aquellos funcionarios que se desempeñen mal en casos de violencia de género. Además, se realizarán auditorías en juzgados nacionales y provinciales para revisar de qué manera se respondió a las denuncias sobre este tipo de violencia en los expedientes ingresados desde 2018. Y se identificarán funcionarios del poder judicial, con nombre y apellido.
Susana Chiarotti, abogada rosarina, representante argentina frente al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), que se firmó en 1994 entre los países de América Latina y el Caribe para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dice que la idea del Registro es buena, pero que espera que se cumpla. “Ni la ley Micaela (formación de género para agentes y funcionarios públicos), ni la ley Brisa (reparación económica para huérfanos por femicidio) ni la Ley de Asesoramiento Jurídico Gratuito para mujeres víctimas de violencia, sancionada hace 5 años, se están cumpliendo. Eso es burlarse de los derechos que conseguimos”.
Mariana Carbajal, periodista especializada en género, autora, entre otras, de Maltratadas, Violencia de género en las relaciones de pareja (Aguilar, 2014) y Yo te creo hermana (Aguilar, 2019), considera que estos Registros Públicos “deberían haberse tomado antes. Otra vez la sociedad en las calles harta de la inacción judicial para prevenir los femicidios les marca el camino que se debe tomar. Debe haber más control sobre las respuestas de jueces y juezas que intervienen: que queden expuestos quienes no tienen capacitación con perspectiva de género y mal desempeño, despreciando la vida de las mujeres. Para muchos en la justicia nuestras vidas no importan”.
La abogada agrega que es urgente hacer cambios en el sistema judicial. “Deberíamos contar con un buen marco jurídico, con una ley que defina bien los femicidios y que no permita que los jueces puedan escapar a la posibilidad de sancionarlos como corresponde —enfatiza Chiarotti—. La mayoría son considerados homicidios, no femicidios, entonces los huérfanos no pueden acceder a los beneficios de la ley Brisa y eso lleva a una mala definición del tipo penal”.
Un acuerdo federal
El otro anuncio importante del presidente en el Día de la Mujer fue la celebración de un “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”. “Es una excelente iniciativa de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, firmada por todos los gobernadores y las gobernadoras, que puede ser un gran factor para evitar femicidios —dice Norma López—. Por otra parte, Roberto Falistoco, flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, anunció que formarán funcionarias y funcionarios con perspectiva de género”.
Acuña no lo mira con tan buenos ojos. “Son declaraciones, anuncios —afirma—. Era 8 de marzo, la gente estaba en la calle, algo hay que decir. A nivel de las provincias la justicia sigue respondiendo a una lógica feudal y eso será difícil de cambiar si se arma una mesa para trabajar un tema en abstracto. Acá más que anuncios hay que poner recursos. Este año el Ministerio de Mujeres tiene más presupuesto. El año pasado esa plata no bajó al territorio, ni a municipios ni a gobierno provinciales y no se consumió todo, se gastó el 84% y básicamente en sueldos de la propia burocracia del ministerio. Si ahora tendrá más recursos sería interesante saber adónde van a ir”.
Mariana Carbajal expresa que el Acuerdo le parece muy bueno. “Es todo lo que pedimos, que la lucha contra la violencia de género sea política de Estado y se involucren todos los gobiernos provinciales, municipios y la justicia de cada jurisdicción. Esto es clave. No es un tema del Gobierno nacional exclusivamente. Quienes brindan asistencia territorialmente son los municipios”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, dice que “el hecho de que numerosos gobernadores y gobernadoras hayan viajado para participar presencialmente de la firma del acuerdo es un buen signo. Es una demanda social tan manifiesta y urgente que ya nadie puede mirar para otro lado.”
“En realidad el Acuerdo debería haber sido firmado hace 4 meses —explica Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro y del Observatorio Adriana Marisel Zambrano, que en 2008 fue la primera ONG en registrar femicidios—. Nos preocupa la demora en este consenso con quienes gobiernan las provincias. Ya tendría que estar implementado el Sistema URGE, que fue anunciado por el Ministerio de Seguridad en noviembre de 2020. Es el Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género, que unifica todas las denuncias, algo que hasta ahora no ocurre y no permite determinar el riesgo en que se encuentra la persona denunciante. Si ya hubiera estado implementado muchos femicidios se podrían haber evitado.”
Susana Chiarotti propone coordinar todos aquellos servicios u organizaciones, sean de seguridad o de justicia, que atiendan a las víctimas de violencia. “Si la policía tuviera un protocolo que garantizara que cada agente de cualquier policía del país sabe completar un protocolo de dos páginas y tratar adecuadamente a las denunciantes, se evitarían muchas muertes”, asegura.
¿Y qué pasa si el agente en cuestión es un violento más? En Argentina, el 20 por ciento de los femicidas pertenecen a organismos de seguridad. “La policía no debe actuar como una corporación que protege el accionar violento de sus agentes sino que tiene que garantizar que las personas que cubren estos servicios no sean violentas. Además, agente, juez o fiscal deben llegar al puesto ya formados, sabiendo que las denuncias por violencia de género no se deben tomar a risa. La ley Micaela puede ser un complemento. La formación debe ser previa”.
Nuevas mujeres, viejos hombres
“Es mucho lo que falta por hacer. Solo una pequeña proporción de las víctimas de violencia de género se atreve a denunciar, por lo cual, lo que vemos es una reducida muestra de una problemática social de inmensa magnitud —afirma Mariela Belski—. También son necesarias medidas específicas para que las mujeres puedan abandonar una relación violenta. Por ejemplo, apoyo económico para aquellas que dependen económicamente de sus parejas”.
La funcionaria de Amnistía Internacional señala que otro aspecto a tener en cuenta es que “en muchos casos las mujeres nos acompañamos entre nosotras y necesitamos contar con herramientas para saber cómo ayudar a nuestra amiga que está viviendo una situación de violencia y no sabe cómo salir”.
Implicar a los varones como parte de la solución es otro paso imprescindible. “Hay que desarrollar normas culturales que se alejen de las masculinidades violentas y los estereotipos de género —agrega Belski—. Abordar las normas sociales discriminatorias que legitiman el poder, el control y el uso de la violencia por parte de los varones. Para esto es indispensable que se garantice la educación sexual que contribuye al desarrollo de actitudes, saberes, valores y prácticas que promueven la prevención y la erradicación de la violencia de género”.
Susana Chiarotti, que lleva muchos años de su vida trabajando en el tema, asegura que “hay que seguir transformando una cultura que es machista y forma masculinidades con el mismo criterio que hace 100 años: el hombre debe ser agresivo, fuerte, principal proveedor del hogar para ser realmente hombre. Así los hombres no podrán resolver relaciones con mujeres que no quieren ser poseídas sino ser compañeras y que son independientes en lo económico. Los varones deben recibir una educación que les permita dialogar con estas mujeres. Ellas están cambiando aceleradamente. Ellos se quedaron en el pasado”.
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