La reactivación de las obras de urbanización en barrio Tablada marcó el fin de un letargo de once meses para la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU) de la Nación que implicó la paralización de la totalidad de los trabajos que estaban en marcha en Rosario hasta diciembre del 2023. La inversión de 7 mil millones fue anunciada con toda la pompa en una recorrida que encabezó el intendente Pablo Javkin junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular del área, Sebastián Pareja, y la diputada libertaria Romina Diez.
“Es la primera intervención desde cero de la SISU este año” reconoció el intendente durante la firma del convenio que tuvo lugar en el Distrito Sur. El lugar escogido no es azaroso: Tablada fue una de las zonas más castigadas de la ciudad por la violencia narco en la última década. Bullrich aprovechó la ocasión para atribuir el descenso en la cantidad de homicidios en Santa Fe a la implementación del Plan Bandera, con la llamativa ausencia del gobernador Pullaro. “Este es uno de los barrios donde más sangre se derramó”, aseguró la funcionaria.
En esta oportunidad, el gobierno nacional aportará el 82 % del financiamiento, el municipio se hará cargo del 17 %, y serán construidas 25 viviendas para la reubicación de un grupo de familias que ocupan trazas de calles que necesitan ser liberadas para la realización de las obras de infraestructura. También está prevista la conexión de servicios básicos como agua potable, desagües, red eléctrica y alumbrado público. Sin embargo, desde el sector cooperativo alertaron sobre obras inconclusas en al menos una decena de barrios rosarinos.
“Es una buena noticia, no nos importa quién haga la obra. Pero nosotros lo que estamos planteando son las obras que quedaron pendientes y convenios que ya están firmados”, dijo a Suma Política Pablo Basso, presidente de la cooperativa Flor del Ceibo, una de las organizaciones que se acercaron hasta la actividad para entregar una carta a los funcionarios. En el texto, los trabajadores advierten que la parálisis perjudicó a 2.600 familias en situación de vulnerabilidad de los barrios populares.
En rigor, la administración de Javier Milei redujo un 92 % el presupuesto para el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) en términos nominales. A través del DNU 193/24 se pasó del 9 % a 0.3 % la afectación de fondos provenientes del Impuesto País destinados a la subsecretaría. Además, hasta octubre de este año solo fue ejecutado el 5 % de los presupuestado para todo el 2024, lo que evidencia un alto nivel de subejecución de las partidas. A nivel país, se registran 716 obras pendientes de finalización que afectan a 850 mil familias.
Por caso, Basso recuerda que la cooperativa que preside realizó la conexión intradomiciliaria del servicio de cloacas para 60 familias del barrio Alvear y construyeron equipamiento comunitario en barrio Cañaveral para el desarrollo de actividades sociales y deportivas de los vecinos. “El impacto no es solo a nivel urbanización, sino que mejora la calidad de vida de las familias porque se previenen enfermedades, accidentes. Las instalaciones eléctricas precarias dos por tres son noticia porque se prende fuego una vivienda”, aseguró.
De hecho, uno de los trabajos que se quedaron sin financiamiento es el que había comenzado en el barrio ubicado a la vera del arroyo Saladillo, en el que 242 familias esperaban acceder a servicios básicos como agua, electricidad y desagües cloacales. El proyecto apuntaba específicamente a realizar las obras de conexión eléctrica a 70 viviendas para terminar con los incendios causados por las conexiones informales. Por el ajuste, solo 10 familias llegaron a tener la conexión formal.
Las deudas con Rosario
El detalle de las deudas con Rosario marca un alto nivel de incumplimiento de la subsecretaría que conduce Sebastián Pareja y que se traduce en un agravamiento de las condiciones de vida para los habitantes de los barrios populares. En Villa Banana, por ejemplo, 250 familias esperan la finalización de los trabajos de conexión eléctrica y reparación de veredas, al igual que en La Bombacha, San Martín Sur, San Francisquito y Saladillo. El avance de las obras se estima entre un 35 % y 65 %.
En Las Flores Sur, 129 familias contaban con un avance del 65 % en las obras para acceder a la red de agua potable. Las nuevas conexiones contemplan la instalación de tanques de almacenamiento, lo que mejora las condiciones de higiene y limpieza, reduce la propagación de enfermedades y permite acceder al servicio incluso cuando se producen problemas de presión por los picos de consumo. En el caso del barrio Los Pumitas, se detuvo la construcción de un Centro Comunitario y la mejora de los espacios públicos.
Un informe de la Mesa de Barrios Populares alerta sobre las consecuencias que tiene la paralización de los trabajos en las distintas fases de la gestión estatal. “La reactivación de las obras paralizadas implica una inversión mayor a la que se hubiera precisado en caso de ejecutarlas en tiempo y forma”, indican. También remarcan la ineficiencia que esto genera en la utilización del gasto público, además de la persistencia de los riesgos para las familias.
Agustín, integrante del equipo técnico de la cooperativa Flor del Ceibo, aseguró que en estos meses se perdieron 250 puestos de trabajo genuinos que se habían generado en torno a las 8 cooperativas rosarinas que participaron de los procesos licitatorios con Nación. Las cuadrillas estaban formadas fundamentalmente por vecinos de los propios barrios beneficiados. “Empleábamos entre 20 y 30 personas por obras, ahora está todo parado y cada uno está buscando changas por su lado”, expresó.
El joven recordó que las tareas estaban triplemente auditadas por la propia unidad ejecutora, por la Secretaría de Integración Sociourbana y por la Universidad Nacional de Rosario: “Todas las cooperativas contaban con los certificados de avances de obras”. En cuanto al plan para barrio Tablada, se desconoce si en el proceso licitatorio el municipio reservará tramos para los sectores cooperativos, o todo quedará en manos de los grandes desarrolladores.
De acuerdo a la ley 25.473 que creó la Ley de Barrios Populares en 2018, las obras de este tipo deben adjudicarse al menos en un 25 % a las cooperativas o grupos asociativos de la economía popular. Hasta el 2023 bajo esta modalidad se aprobaron un total de 1.350 proyectos a lo largo de todo el país que generaron 25 mil lotes con servicios en las áreas periféricas de los principales centros urbanos.
Los números reales, la auditoría y la justicia
Durante el período 2019-2023 el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) se financió con el impuesto PAIS y con el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas aprobado por el congreso durante la pandemia. Bajo la era Milei, la recaudación cayó de 35 mil millones a solo 2 mil millones de pesos mensuales. Ahora, por fuera del 0.3 % que quedó de los aportes del impuesto PAIS —casi simbólico contra el 9 % del 2023— el presupuesto 2025 presentado por el Ministerio de Economía no prevé ninguna partida adicional.
En tanto, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el FISU desilusionó a quienes esperaban encontrar allí otra fuente de corrupción del gobierno peronista: en el dictamen final aseguran que no encontraron anomalías en la ejecución presupuestaria, ni tampoco indicios sobre malversación de fondos. De hecho, el actual titular del área, Sebastián Pareja, aseguró que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”.
Por otra parte, un juez federal de Pehuajó citó a las autoridades de la SISU a que comparezcan frente al tribunal para explicar cuánto dinero transfirieron para cumplir con las obras de urbanización de los barrios populares. La decisión forma parte del trámite vinculado a un amparo colectivo presentado por 11 barrios de distintas provincias representados a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que piden la suspensión del decreto 193/24 que modificó el porcentaje de financiamiento para las obras en los barrios populares.
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