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Política

Baja en la edad de imputabilidad: no daría respuesta y saturaría el sistema, advierte una jueza de menores

La jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena aseguró que ni el sistema penal ni el penitenciario están preparados para una eventual baja en la edad de imputabilidad, como impulsa el gobierno nacional. “Tampoco va a ser la solución. Una ley como la proyectada no solamente va a hacer que el sistema no dé abasto, sino que no va a dar ninguna respuesta, porque si este escenario sigue igual, el delito va a seguir siendo el mismo. Vamos a estar atacando una sola variable y el resto va a seguir funcionando igual”, sostuvo.  

La magistrada tiene 52 años, se considera “hija del ex Cordón Industrial” (nació en San Lorenzo) y está al frente de uno de los cuatro juzgados de menores de Rosario. Sólo en 2023, Aguirre Guarrochena recibió 627 causas, que se sumaron a los 1.511 expedientes que ya estaban en trámite. Es una jueza de perfil bajo y poca relación con los medios, aunque cada tanto tiene iniciativas que trascienden a la escena “nacional”, como una carta pública a Jorge Lanata, en 2017, y una al asesino de Juan Cruz Ibáñez, luego de condenarlo a 17 años de prisión.  

El viernes 29 de marzo, Aguirre Guarrochena recibió a un adolescente de 15 años identificado con las siglas DMG. El chico había caído un día antes y era señalado como el autor material del crimen del playero Bruno Bussanich. El hecho ocurrió el 9 de marzo y fue el último de una seguidilla de crímenes que conmocionó a la ciudad. Este martes, después de una audiencia imputativa encabezada por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone, se supo que DMG también gatilló contra el taxista Héctor Figueroa. El destino procesal de la causa que involucra al adolescente, no punible según la ley, está en manos de la magistrada. La suerte del chico, por su parte, es responsabilidad del organismo provincial de protección de la niñez. 

La detención del adolescente puso al frente un debate que siempre se renueva: qué hacer con los menores no punibles que delinquen, y sobre todo, con los que cometen homicidios. Hace poco más de diez días, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dijo que la redacción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad “se está terminando” y adelantó que se busca bajarla a los 14 años. 

—El debate por la baja en la edad de imputabilidad emerge cada cierta cantidad de años, muchas veces tras crímenes que generan conmoción. ¿Cuáles son las características de ese debate esta vez? ¿Ves una posibilidad real de que salga?

—La edad de responsabilidad penal se empezó a regular en Argentina en 1954. Desde aquel entonces hasta ahora, la edad de responsabilidad penal osciló entre los 14 y los 16 años. Los momentos en los cuales la edad de responsabilidad penal se fijó a los 16 correspondió con momentos sociohistóricos de amplitud de derechos, y los momentos en los cuales la edad se redujo a los 14 coincidió con momentos sociohistóricos y políticos de retracción de derechos y de achicamiento del Estado. El último tramo donde se modificó esta edad de responsabilidad penal y se fijó en 14 años fue en 1980, en la época más dura de la dictadura cívico militar. De esa misma ley —que no fue ley porque no fue votada— se cambió un solo artículo en mayo de 1983, cuando la Junta Militar empezó a ver el cambio de época, y elevó la edad de responsabilidad penal a los 16. Este es el último tramo. Pero siempre ha coincidido. Podemos extendernos para el pasado y verías el mismo fenómeno. No quiero ponerme a hacer análisis sobre la coyuntura histórica política actual, pero creo que es bastante fácil hacer ciertas relaciones con los periodos en los cuales hubo amplitud de derechos o no. 

—¿Qué pasa cuando se reduce la edad de responsabilidad penal?  

—No se pueden hacer comparaciones con épocas anteriores, porque la última, por ejemplo, fue de la dictadura militar. Pero sí te puedo decir que el fenómeno actual de reducción de la edad de la responsabilidad penal tiene que ver con la explosión de la sensación de inseguridad y de la explotación de ese tema a través de las redes y de los medios masivos de comunicación. Es evidente que se crea la imagen de un otro monstruoso, porque las noticias vinculadas a justicia penal juvenil normalmente tienen ciertas características: el morbo, el dolor, la tragedia, la crueldad. Son características que generan demandas de mayor seguridad, porque estos discursos de emergencia suscitan una opinión pública adepta a reducir las garantías de los ciudadanos frente al poder estatal. El poder punitivo siempre, desde el Medioevo, pasando por las leyes de vagos y mal entretenidos de los siglos 18 y 19, por los drogadictos y homosexuales, ha echado mano de los discursos de emergencia para expandirse. Este es otro de los discursos de emergencia, donde siempre el resultado es el mismo: generar una opinión pública adepta al recorte de las garantías de los ciudadanos frente al avance del poder punitivo. Ahora es simplemente más de lo mismo: generar un chivo expiatorio, un otro monstruoso al que hay que eliminar, si es posible, para siempre, porque si se eliminase este sujeto cesaría el problema, llegaríamos a la solución. Pero no. Y estos discursos son utilizados por ciertos grupos políticos que lamentablemente cada vez son más porque son rentables en términos electorales. 

—¿Están preparados el sistema penal y el penitenciario para esta modificación en la ley penal? 

—No solo que no están preparados, porque no están ni siquiera preparados para el actual fenómeno de la delincuencia juvenil ni para los actuales números, sino que tampoco va a ser la solución porque en definitiva es una respuesta efectista que no ataca el verdadero fenómeno del delito. El delito es un fenómeno que tiene muchísimas aristas y hay que trabajarlas todas juntas para incidir en las tasas de criminalidad. En esas aristas está, por ejemplo, el acceso irrestricto a armas de fuego, las falencias educativas, las necesidades básicas insatisfechas de grandes sectores de la población, las violencias sociales aprendidas, las violencias institucionales sufridas por vastos sectores de la población. Intervienen también cómo se percibe el delito y qué tan permeables son los estamentos públicos a la hora de ser captados por la corrupción. Es decir, son muchísimos factores que influyen en el fenómeno del delito. Una ley como la proyectada no solamente va a hacer que el sistema no dé abasto, sino que no va a dar ninguna respuesta, porque si este escenario y estas facetas siguen siendo las mismas, el delito va a seguir siendo el mismo. Vamos a estar atacando una sola variable y el resto va a seguir funcionando igual.  

—Decís que el sistema no está preparado para el fenómeno de la delincuencia juvenil ni sus números, ¿por qué? 

—Hice un trabajo en mi juzgado que abarca de noviembre de 2021 hasta septiembre de 2023. Durante esos casi dos años, seleccioné cinco tipos de casos cometidos por chicos “no punibles”, es decir menores de 16 o aquellos de entre 16 y 18 que cometen delitos de mínima significación. Trabajé sobre casos de homicidio, hechos con armas, hechos de abuso sexual, hechos de violencia de género y reiteración. Eran cinco especies de casos en los que siempre tomaba una determinada y especial intervención: hacía entrevistar a ese chico a través de la trabajadora social del juzgado para detectar los factores de vulnerabilidad y con esa información le daba intervención a los organismos de protección de la niñez. Durante esos dos años se generaron 63 casos, números absolutamente manejables, y más de la mitad fueron a la Municipalidad de Rosario. ¿Sabes cuál fue el porcentaje de respuesta estatal? Un tres por ciento. Si esos organismos no me pudieron dar respuesta hasta el día de hoy, ¿qué me garantiza que voy a tener respuesta después, cuando a estos chicos los tengan encerrados? Eso me hace pensar que la única respuesta que voy a tener va a ser simplemente la prisionización. O sea, es simplemente la intervención penal de la infancia y adolescencia en términos de pura neutralización. Sacar al problemático del espacio público. ¿Qué es la prisionización? Es el recurso a las medidas de coerción más extremas del sistema, concretamente, la pérdida de libertad de los acusados y su alojamiento en centros de puertas cerradas. Ello constituye una herramienta necesaria en ciertos casos. Eso es indiscutible. El problema se presenta cuando este recurso se emplea de modo indiscriminado y desvirtuando su verdadera finalidad, cuando en realidad no se trata de una herramienta de política criminal.

—¿Cuáles son sus riesgos en general y en particular para los menores?

—Afecta una serie de aspectos de la vida de los seres humanos que trascienden la libertad. De hecho, los adolescentes prisionizados tienen mayores dificultades para acceder a la educación, a espacios de recreación, a tener vínculos sociales propios de su edad, a mantener relaciones familiares fluidas. Y todo impacta en sus biografías y dificulta aún más el desarrollo de aptitudes sociales de convivencia, respeto, amorosidad y tolerancia porque incorporan, a su pesar, lógicas institucionales que no las promueven. No es lo mismo crecer en el seno de una familia que en una institución, y menos si se trata de una institución verticalizada y atravesada por todas las limitaciones propias de nuestros estados. Yo quiero dejar en claro algo: la prisionización es una herramienta necesaria para ciertos casos. Eso no lo puedo negar. El tema es que se lo use con mesura y haciendo análisis racionales, no emocionales. 

—Hace algunas semanas, el gobernador dijo que “los menores de edad que cometen delitos de mayores tienen que ser juzgados como mayores”. ¿Qué significa para vos ser menor de edad, además de una fecha de nacimiento? ¿Cuál es la diferencia mínima entre lo que te hace un mayor y un menor, un niño o un adulto? 

—Vamos a ser sinceras. El poder punitivo siempre selecciona dentro de la misma pecera. La población criminalizada, sean adultos o menores, corresponde por lo general a sectores socioeconómicos desfavorecidos. Eso no significa que sean los únicos que cometen delitos. Delitos comete muchísima gente que es muy linda, que tiene camisa blanca y perfumada. Pero en esta población seleccionada, tanto los mayores como los menores comparten esta característica. En el caso de los chicos hay un plus, porque están atravesando un momento especial de sus vidas, que es la adolescencia, donde el tiempo existencial se vive de manera diferente. Donde tienen el derecho de encarar un proyecto de vida y recién lo están empezando a elaborar. Por esas razones no se puede tratar de la misma manera a una persona adulta que a un adolescente y no se puede pensar en que un adolescente pueda responder de la misma manera que un adulto, porque el tiempo existencial es diferente y se vive de manera diferente. Además hay un montón de factores psicológicos que influyen. En ese momento los chicos, por lo general, asumen conductas más riesgosas, quizás son más intempestivos. Todos lo hemos sido, no solamente, entre comillas, los que cometen delitos. Todos los adolescentes necesariamente van a pasar por alguna instancia en que se colocan en riesgo o toman decisiones apresuradas e irreflexivas. Por todos estos motivos no se les puede juzgar de la misma manera. 

—¿Cómo fue cambiando la realidad de los adolescentes? ¿Con qué escenarios te encontrás en tu juzgado? ¿Qué rol cumple en sus vidas ser parte de una banda criminal? 

—Lo que veo y que no es atribuible a los chicos son escenarios sociales mucho más arrasados. Yo lo que estoy viendo son segundas y terceras generaciones de personas vulnerabilizadas. Ya no veo, o me cuesta mucho encontrar, a aquellas antiguas madres con las que yo trabajaba, que eran el último baluarte de la familia. Ahora son mujeres muy vulnerables, muchas veces también con problemas de adicciones. Son familias desmembradas donde también ha impactado la ausencia de trabajo, la posibilidad de un ingreso digno, de una casa digna y del acceso a servicios sociales de calidad. Todo eso influye en la realidad de estos chicos. Yo trabajo con adolescentes que nacieron después del 2001. Aquellos antiguos chicos con los que me encontraba yo en un principio se criaron en un ambiente social estatal e institucional que todavía tenía algo de resto, con sus luces y sus sombras, por supuesto. Ahora esas luces y esas sombras son todas sombras. Eso es lo que yo veo como primera cuestión. Con respecto al hecho de que estos chicos sean reclutados por bandas de narcotráfico, si bien es un fenómeno que existe, no es un fenómeno mayoritario. Obviamente esos casos son casos de híper vulnerabilidad, casos en los cuales son adolescentes de 14, 15 años, que están absolutamente inermes frente al poder de una banda criminal. No tienen ninguna posibilidad de oponerse a lo que se les dice y a la vez son colocados en una situación de compromiso. Se los coacciona por equis motivo, ya sea por una deuda de droga, por un arma perdida o por una moto o lo que sea. Bueno, ahí ya está en condiciones de que ese joven pueda ser muy fácilmente coaccionado, pero repito, es un fenómeno absolutamente aislado y si existiese alguna decisión política seria para trabajar estos casos todavía estaríamos en condiciones de hacerlo. Nada más que esa decisión no existe.  

—Suele decirse que los crímenes ejecutados por menores son los menos, pero a la vez se percibe una sensación de que cada vez son más, como también crece la violencia. Y con eso, muchas personas progresistas o garantistas miran con otros ojos la baja. ¿Qué análisis haces?

—Me quedé con la palabra estadística porque uno de los datos erróneos que se transmite a través de la prensa y en los cuales se enanca el poder político es justamente la difusión de información falsa o simplemente sin base estadística. Esa es una de las mayores características señaladas en la mayoría de los monitoreos de medios. Existe una oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Base General de Datos, que toma datos que surgen de la justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el año 2023, hubo 1.767 chicos que tuvieron al menos una causa penal iniciada en estos juzgados de menores, solo en CABA, y en total se registraron 2.197 causas. Eso representa una tasa de 70,4 causas por cada cien mil habitantes de CABA. Y, en total, se iniciaron 35 causas en todo 2023 por delitos contra las personas protagonizados por menores. Dentro de las causas por este tipo de delitos, 14 correspondieron a homicidios, cinco de los cuales se consumaron. O sea que de los más de tres millones de habitantes de CABA, hubo cinco homicidios cometidos por menores. No quiero banalizar, se sobreentiende. Pero sí hay un dato y es que estadísticamente es insignificante.  

—¿Y a nivel provincial? ¿Es proporcionalmente mayor lo que sucede en Rosario que lo que sucede en CABA?

—Me parece que esa es la deuda histórica de la provincia de Santa Fe. No hay datos. Hay sensaciones. Y ahí es donde está la falla del Estado, porque en definitiva no creo que el fenómeno del delito en Rosario vaya a ser más grande o más severo que el de CABA. Me parece que en CABA pudieron ponerse de acuerdo para organizarse y para tomar datos de calidad que les permitan tomar decisiones políticas acertadas. Y en la provincia de Santa Fe esa es una larga deuda pendiente. Así surgen las sensaciones. 

—¿Qué pensás del Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia que se aprobó a fines del año pasado?

—No cabe ninguna duda que el pase de un sistema inquisitivo como el que tenemos en justicia penal adolescente a un sistema acusatorio es puro beneficio y es un paso correcto. Un sistema falsamente mixto es, desde mi punto de vista, inquisitivo y no es ninguna garantía para nadie. Un sistema inquisitivo significa que el juez que te va a juzgar es el mismo que te investiga, y entonces se enamora de su propia hipótesis y afecta a la garantía constitucional del juicio justo y del juez imparcial. Eso está clarísimo. Lo que me parece es que falta toda una cuestión de ingeniería institucional que vaya a acompañar a este proceso y que tenga que ver con salidas alternativas, es decir, que no sea pura prisionización. Porque lo que se está viendo, al menos en el sistema acusatorio de adultos, es que el anhelado juicio, aquel donde debaten las partes, no existe. El corazón de las prácticas son los juicios abreviados. ¿Hasta qué punto estamos defendiendo la idea del juicio tal como se previó en la Constitución? La verdad es que el juicio, tal como lo imagina uno, que es el que tiene una enorme regulación y el que todo el mundo estudia, es lo que menos se practica. Entonces, si vamos a estar pensando que la justicia penal adolescente sea más de eso en cuanto a las prácticas, me parece que ahí nos encontramos con un grave peligro. 

—Recibiste a fines del mes pasado al adolescente acusado de matar a un taxista y un playero, dos hechos que generaron mucha conmoción en Rosario y marcaron un antes y después. ¿Qué sensaciones tenés en cuanto a la responsabilidad social y judicial que implica tener este caso en tus manos? 

—Fue un un caso de muchísima responsabilidad, como todos, ¿no? Pero este en particular porque había generado muchísimo dolor en todo Rosario. Y creo que hemos llegado, como dijo la doctora Vranicich (fiscal general de Santa Fe), hemos llegado a una madurez institucional, al menos en este caso puntual. Las distintas instituciones que tuvimos que participar pudimos responder de manera articulada, respetuosa y responsable. Creo que fue un pequeño ejemplo de buenas prácticas. No obstante, hay muchísimos datos que se filtraron porque siempre existen personajes infieles. Eso es lo que me parece que hay que depurar en las fuerzas, en todos los organismos estatales, porque esta filtración de datos es lo que puede llegar a perjudicar las investigaciones. Yo he visto coberturas periodísticas donde se han difundido muchísimos datos que no debieron haber trascendido. Si bien me parece que las instituciones hemos estado a la altura de las circunstancias, al menos en lo preliminar, hubo muchas cuestiones que de alguna manera evidencian que todavía falta mucho por hacer.


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