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Política

Bajar el tope de 8 millones, otros cuatro cambios y lo que no se toca de la Caja de jubilaciones de la provincia

En Santa Fe son bastante más que unas pocas excepciones los jubilados estatales a los que el beneficio se les convirtió en privilegio. Mientras la mayoría de los beneficiarios de la Caja de la provincia cobra de base unos 400 mil pesos, existen los “topeados” —como les dicen en los pasillos de la administración— con el máximo valor que se puede pagar actualmente: unos 8 millones de pesos. Por el actual sistema, muchos incluso podrían ganar más que eso.

Ese punto es uno de los varios que se pretende modificar con la reforma previsional que se evalúa en Santa Fe. Es que a diferencia de otras cajas previsionales, el tope para el máximo haber jubilatorio en la provincia no es, como debería ser, por ejemplo, un porcentaje del sueldo del gobernador.

El valor tope para una jubilación en Santa Fe se fija con relación al sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia: es el 80 % de ese valor que actualmente oscila entre los 10 y 12 millones de pesos, ya que al básico hay que sumarle el 60 % que resulta de aplicar el 2 % anual que corresponde a los 30 años de antigüedad del actual titular. De ahí surge que el tope se fije por ahora en unos ocho millones de pesos (que se incrementará con los aumentos que reciban los judiciales).

Haberes jubilatorios de varios millones hay muchos más de lo que se sabe públicamente en la provincia, y representan una gran asimetría comparados con las jubilaciones básicas y medias del resto. Las que se acercan a las cifras tope provienen mayoritariamente de ex empleados de la Corte y el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. También suman a esa cuenta ex legisladores provinciales con varios años de mandato cumplido.

“El tope es un absurdo —opinan desde el gobierno—. Es una desigualdad que irrita. Todos tenemos derecho a la jubilación y a la pensión. Pero hay jubilaciones que son ingastables, les pagamos para que ahorren para ellos y para sus hijos. Una asimetría total”, admiten.

Más allá de resolver la inequidad que esos montos representan para el resto de las jubilaciones promedio, cambiar ese punto no parece nada menor por el ahorro económico que significaría. El costo previsional de noviembre pasado en el Poder Judicial fue de 5.000 millones de pesos, en un solo mes, y sólo la mitad de esa erogación fue cubierta por los aportantes de ese sector. El otro 50 % fue déficit y se solventó con recursos provinciales de Rentas Generales, es decir con los impuestos que paga el resto. Y los beneficiarios judiciales además no pagan ganancias, un descuento que sí le cabe al resto de los empleados públicos.

“Si el Poder Judicial quiere sostener esos beneficios, que se armen una caja propia a ver cómo se las arreglan para bancarla”, desafían desde el gobierno. En paralelo aclaran que no es ese el único sector que es deficitario. Todos lo son.

En el sistema previsional de Santa Fe conviven 14 subsectores que tienen una política salarial distinta y heterogénea. Todos los sueldos estatales contribuyen con la misma retención de haberes, el 14,5 %, y el Estado aporta por su lado otro 17,5 % de cada salario. En el área de seguridad el déficit que cubre el gobierno es del 30 %, y en el sector docente del 29 %. 

Hay áreas con datos curiosos: en API y Catastro hay 845 aportantes para 1.069 beneficiarios, y el porcentaje de haber cubierto como déficit es del 63 %; Gráficos quedan 4 empleados y aportan para 202 jubilados. La propia Caja de Previsión tiene déficit: hay 122 aportantes para 111 jubilados. La Administración Central es la que mejor relación tiene, 2,59 aportantes (son unos 57.000) por cada jubilado (21.900).

La Empresa Provincial de la Energía tiene 4.000 aportantes y 3.700 beneficiarios, y es uno de los sectores que se distingue por tener un mejor haber jubilatorio que el resto. La relación histórica entre aportantes y pasivos fue de 2,4.


Gráfico: Guillermo Odino, coordinador Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Un déficit de 90 mil millones en cuatro meses


Todos los meses, el contador de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe se cruza de oficina para darle al ministro de Economía el número que hay que cubrir desde Rentas Generales para poder pagar todas las jubilaciones y pensiones a cargo de la provincia. En lo que va de este año, desde enero al 30 de abril, ese déficit acumuló 90.100 millones de pesos.

Las estimaciones oficiales para este año son que el déficit va a llegar a los 400 mil millones de pesos (los 90 mil del primer cuatrimestre multiplicados por tres, más los aguinaldos y los aumentos que surjan por paritaria hasta diciembre).

Para tener una idea de lo que significan esos montos, en el gobierno lo comparan con los 50 mil millones que el gobernador gestionó recientemente para conseguir un crédito internacional que le permita hacer obra pública en la provincia. “En cuatro meses la Caja duplicó lo que buscamos en el mercado internacional para obras”, resaltan. Con esos fondos se podrían comprar también 10 mil patrulleros o 5 mil ambulancias.

En 2023 el déficit previsional fue de 130 mil millones, a lo que hay que sumarle otros 40 mil millones de aportes que tuvieron que adelantarse en diciembre. 

Son 13 las provincias que actualmente mantienen el sistema previsional en sus jurisdicciones. Durante los gobiernos de Carlos Menem fueron 11 las que transfirieron sus regímenes a la Nación. Entre las que siguen con sus Cajas en el ámbito provincial están Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, por citar las más importantes.

De ellas, Santa Fe es con la que Nación mantiene la deuda más grande, que se está reclamando vía judicial y que actualizada supera ya los 722 mil millones de pesos. Un mes antes de terminar su gobierno, Omar Perotti concretó una presentación formal para reclamarle a la Ansés esa deuda, planteo que ahora fue reconducido por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Si no aparece una solución política —más difícil que nunca con el actual gobierno nacional— la expectativa es que podría correr la misma suerte que la deuda histórica por coparticipación, que se pagó después de 15 años de trámite y en títulos públicos.

La deuda previsional de la Nación se generó con aquellas provincias que no transfirieron sus cajas pero plantearon que para que no se generara una situación de desigualdad, con el resto de las provincias que sí transfirieron sus cajas, correspondía que la Ansés se hiciese cargo de los déficits mensuales. Se acordó una suerte de pacto fiscal por el que se iban a hacer “actos simulados” cada año para determinar el monto a pagar. El último monto se estimó en 2020, pero ni siquiera se firmó el convenio de pago y se acumularon después cuatro años de deuda.

El problema que plantean ahora en el gobierno provincial es que mientras sigue adelante ese reclamo a la Nación por la deuda, que no justifica todo el déficit, “la Caja no es sustentable con los mismos parámetros que se dispusieron hace 50 años”, y se deben seguir pagando los haberes todos los meses. Por eso se planteó la necesidad de impulsar un debate en una comisión legislativa donde estén representados diputados, senadores, el gobierno, los gremios y opinen expertos en la materia.

“Hasta acá la clase política decía que el tema previsional no se mira, no se habla y no se toca”, explican desde el gobierno para destacar su decisión de no tapar los problemas debajo de la alfombra. También recuerdan que ya en 2015 fue el senador Joaquín Raúl Gramajo (entonces del PJ y ahora en Unidos) quien presentó el mismo proyecto que se aprobó ahora para instalar el debate legislativo sobre el régimen previsional de Santa Fe. Entonces, no fue tenido en cuenta. 

Este año, una iniciativa similar para crear una comisión de estudio y elaboración de un proyecto de reforma del sistema previsional ya fue votada en abril por 18 de los 19 senadores provinciales y está a punto de ser convertida en ley por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también tiene mayoría. A partir de la fecha de constitución, la comisión tendrá un plazo de hasta 120 días corridos para presentar un proyecto consensuado de cambios.



Los 5 cambios probables y los 3 que no 


Para sacar del medio las principales amenazas que aparecen cada vez que se plantea la idea de revisar el sistema previsional, el gobernador Pullaro aclaró que hay tres decisiones políticas que tomó antes de avalar una batería de posibles cambios:

1. La primera es que la Caja va a continuar en el ámbito de la provincia, es decir que no va a ser transferida a la Nación.

2. La segunda es que va a seguir siendo un sistema de reparto, o sea que no se piensa cambiar el modelo actual por un sistema de capitalización como fueron las AFJP en Argentina o el que se dio en Chile con Pinochet en 1982. “Acá eso no”, ratificaron.

3. No se afectarán derechos adquiridos ni se va a tocar el 82 % móvil con el que se retiran los empleados públicos en Santa Fe.

Despejadas esas posibilidades, lo que el gobierno plantea es llevar a cabo una reingeniería del sistema para que la Caja previsional sea sustentable. “Es imprescindible y necesario hacerlo”, enfatizan a nivel oficial.

“Es muy injusto desde el punto de vista de la justicia social que un quiosquero, un comerciante, un industrial y en alguna medida los dos millones de santafesinos tengan que solventar todos los meses el déficit de la Caja jubilatoria de los empleados públicos, que tiene 102.500 beneficiarios”, repiten en la provincia. “Es un tema muy grave y hay que resolverlo, porque hoy el déficit lo bancan los que pagan los impuestos de la API, Ingresos Brutos, todos”, explican. 

Ante la pregunta de cuáles son los cambios buscados, desde el gobierno responden: “todo lo que se pueda”, pero apuntan algunos de los que les parece razonable plantear:

1. “Primero, hay que parar el grifo del dos por uno”: se refieren a las facultades que da la ley actual para compensar el exceso de años de servicio para anticipar la edad jubilatoria. Eso posibilita que se jubilen legalmente a los 53 ó 54 años. En principio este cambio no afectaría a su contrario, que permite compensar el exceso de edad para aumentar los años de servicio. 

Actualmente la edad de jubilación estatal en Santa Fe ronda los 60 años, si se hace un promedio entre hombres y mujeres. Está en los 52 años para los policías, en los 60 para docentes y en los 62 en el Régimen Civil.


Gráfico: Guillermo Odino, coordinador Caja de Jubilaciones de la Provincia.

2. “En segundo lugar acordar algún cambio progresivo para elevar y unificar la edad jubilatoria de hombres y mujeres por encima de los límites actuales”. La edad es un asunto más sensible a discutir. El gobierno esgrime que la expectativa de vida actual supera los 80 años, y dentro de 20 ó 30 años podría aumentar una década más. “No se puede seguir jubilando a los 53”, argumentan.


Gráfico: Guillermo Odino, coordinador Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“En esta provincia hay jubilados que se jubilan de jubilados, y pensionadas que se pensionan por dos períodos de vida”, revelan como ejemplos de esa distorsión.

Por ahora la permanencia en el beneficio da unos 17 años para los hombres y 21 para las mujeres, promediando en 19 años a nivel general desde el momento de acceder a la jubilación.

Aclaran que todos los cambios referidos a la edad serían progresivos, para no perjudicar a quienes están en el límite del cambio.


Gráfico: Guillermo Odino, coordinador Caja de Jubilaciones de la Provincia.

3. El otro asunto polémico a considerar es elevar el aporte del empleado y del gobierno empleador, que actualmente suma un 32% (14,5% lo que se descuenta a los empleados y 17,5% lo que contribuye el gobierno). En Córdoba recientemente se elevó al 20 % para cada parte, llegando al 40 % entre los dos y en Entre Ríos está a la firma un incremento por decreto de las alícuotas de aporte que hoy están en el 16% para cada sector (trabajadores y el gobierno patronal). “Ese cambio tiene que ser ya”, opinan a nivel oficial. En este punto los gremios plantean que significaría una rebaja salarial. El gobierno responde que “también se trata de garantizar cómo se les va a pagar a los activos actuales cuando se jubilen”.

“Si no que nos hagan una lista con los jubilados de cada sector a los que no les vamos a poder pagar cada mes. Si no les pagamos a 30 mil de los 100 mil que tenemos, nos darían los números, pero no podemos hacer eso. Que me expliquen entonces de qué manera —si no es haciendo cambios— se puede paliar el déficit que tenemos, para no seguir usando recursos de todos”, desafían desde el gobierno. 

4. Otro punto a discutir es un cambio en el sistema de pensiones. Para el gobierno deberían ser temporales y no permanentes como son ahora en Santa Fe y a nivel nacional. “¿Cómo una persona puede estar pensionada durante 40 años?”, cuestionan. “La pensión es para que una persona que se queda sola porque muere su cónyuge pueda seguir sosteniéndose por un tiempo”, explican.

También plantean una situación especial: “Hay matrimonios de jueces, con los sueldos altos y las jubilaciones elevadas que conocemos. Cuando muere uno de ellos a los 40 años, el otro sigue siendo juez hasta que se jubile y además cobra una pensión millonaria. Es injusto con los demás. No es necesario en esos casos”, plantean.

5. Un quinto punto a debatir podría ser el ya mencionado de cómo calcular el tope para el cobro del haber más alto en la provincia. Que no sea distorsivo con respecto al resto de las jubilaciones, y que se fije por debajo del sueldo del gobernador, que además no tiene adicionales por antigüedad, y daría un importe bastante menor a los 8 millones actuales.

El modelo en el que se inspiran en Santa Fe para concretar estas reformas es el Pacto de Toledo, por el que se convinieron una serie de modificaciones para España en 1995 como parte del Pacto de La Moncloa. En este caso estudió cómo hacer sustentable el sistema de seguridad social español. En ese encuentro se acordó “despartidizar y desideologizar” la discusión. Y también se creó una comisión de seguimiento y de propuestas para continuar adaptando en el futuro el sistema a las nuevas realidades.

En el gobierno esperan llegar a un consenso y se molestan con el “no por el no” con el que le responden a veces los gremios. “Lo ideal sería que ocupen los cuatro lugares que tienen los sindicatos en la comisión que va a evaluar los cambios y propongan algo alternativo. Por ahora sólo vemos carteles con un No a la reforma jubilatoria pero no nos dicen cómo afrontar el déficit, y cómo vamos a hacer para pagarles a ellos cuando se jubilen”.


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