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Balaceras, amenazas a un fiscal y órdenes desde una cárcel, las piezas para armar un rompecabezas criminal

Los lugares para las balaceras no parecieron elegidos al azar. Tampoco sugiere un acto precipitado al momento de los hechos, unas horas después de que se conociera el veredicto por el crimen del contador Enrique Ensino. Y menos todavía la mención del fiscal Matías Edery en los mensajes que acompañaron los tiroteos. Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación tienen una sospecha para armar ese rompecabezas criminal: las bandas narcocriminales vuelven a desafiar a las agencias estatales.

Las balaceras fueron perpetradas por dos jóvenes que se desplazaban en moto, en el término de media hora. El primer blanco fue la base de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Lamadrid 450, cuyo portón de entrada fue perforado por nueve disparos de bala. A continuación, el destacamento policial número 24, en Abanderado Grandoli y Güiraldes, acusó el impacto de ocho balazos. En ambos casos se dejó el mismo mensaje, garabateado sobre trozos de cartón, con amenazas contra Edery y contra Rodolfo Masini y Pablo Nicolás Camino, presos en la cárcel federal de Rawson.

Los mensajes venían con firma. Los cartones conservaban la huella dactilar de Lautaro Román Núñez, de 21 años, ahora imputado como el tirador contra las dependencias policiales y como autor del homicidio de Laureano Gabriel Cardozo, asesinado en la noche del 18 de agosto mientras paseaba su perro en Flammarion y Lamadrid. Precisamente el viernes 1°, cuando se celebró el Día Mundial de la Dactiloscopía, el invento de Juan Vucetich volvió a mostrar su utilidad para las investigaciones.

La relación entre ambas balaceras surge del vehículo utilizado, del número de personas involucradas, de la coincidencia en el calibre de las vainas recolectadas y del dibujo de calaveras en ambas notas. Un vecino de 34 años que esperaba el colectivo fue herido en el atentado contra el destacamento policial y permanece internado en estado crítico.

Núñez frecuentaba “la planchada”, un nombre que designa a una explanada en bulevar Seguí y Chacabuco y a la vez al grupo que se reúne en el lugar, y tiene entradas por diversos delitos desde que era menor. “Se ofrecía al mejor postor”, dice una fuente de la investigación que relativiza la pertenencia del detenido a alguna banda. La sospecha es que la orden para perpetrar las balaceras “provino de un preso rosarino de alto perfil que está en un cárcel federal ubicada en la provincia de Buenos Aires”, aunque falta construir el circuito de la comunicación.

Los hechos ocurrieron cuatro horas después de que el Tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez impusiera 17 años de prisión a Ariel Máximo “Guille” Cantero como instigador del crimen de Ensino y otras condenas a cuatro acusados. “No tenemos nada que relacione a Cantero con las balaceras”, dice Darío Monti, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad.

El fiscal Schiappa Pietra no termina de suscribir las conjeturas que podrían hacerse por la mención de Masini y Camino: “Puede haber vinculación con la disputa entre las facciones de Los Monos. No lo sabemos. Creo que los autores intelectuales están interesados en que se comunique otra cosa al margen de esa interna”.

Schiappa Pietra agrega que “elegir como blanco de ataque a la Agencia de Investigación Criminal señala un objetivo muy ostentoso” y destaca el significado de las amenazas contra Edery: “Le dan una connotación particular a los hechos. Se quiere generar un mensaje dirigido contra las agencias del Estado. Esa es la novedad del caso: marcar una disputa a nivel estatal”.

La mención de Edery parece repetir una práctica ya registrada en otras balaceras que provocaron fuerte conmoción en lo que va del año, como la alusión al intendente Pablo Javkin en el mensaje dirigido al supermercado Único de la familia Roccuzo o la de Maximiliano Pullaro en la nota que apareció después de un tiroteo contra una filial del Banco de Santa Fe, en Granadero Baigorria. Schiappa Pietra, sin embargo, no cree que se trate de una estrategia para llamar la atención, expresa “preocupación por la posible vinculación de los actores que aparecen a la luz con otros de mayor peso” y destaca que las amenazas “también fueron proferidas en la nota contra policías, jueces y fiscales en general”.

A partir de la identificación del tirador intervino la Dirección de Inteligencia de la AIC. Núñez fue detenido cuando caminaba por pasaje Villar y Chacabuco. “El miércoles se hicieron once allanamientos en los que secuestramos cocaína, un elemento de cartón que podría haber sido utilizado para las notas, una moto robada y otra Gilera 950 de color negro y sin patente, igual a la utilizada en las balaceras. Por otra parte está pendiente la pericia caligráfica sobre los mensajes, pero a simple vista estarían escritos por la misma persona”, detalla el subsecretario Monti.

El jueves por la noche hubo otro allanamiento en una casa de pasillo de Chacabuco al 3400. La AIC detuvo a una mujer de 34 años e incautó una pistola 9 milímetros.


El fiscal Edery

La trama narcopolicial


El fiscal Schiappa Pietra dice por su parte que “no se puede desconocer” el contexto en el que se produjeron las balaceras, en alusión al juicio por el crimen de Ensino y una serie de extorsiones cometidas en nombre de Los Monos contra financistas y comerciantes.

Además de Cantero, el Tribunal impuso 29 años de prisión para Maximiliano “Cachete” Díaz, como organizador de la asociación ilícita en la calle; 18 años para el dominicano Otniel De León Almonte, autor material del crimen del contador del Banco Nación; 17 años para Carlos Damián Escobar, que además tiene una condena reciente a prisión perpetua por encargar el homicidio de un joven albañil y un año y medio para Rodrigo Ortigala, por complicidad en una extorsión.

La interna en Los Monos enfrenta a Masini y Camino con Escobar y Leandro Vinardi, detenidos en la cárcel federal de Ezeiza. Según la investigación de los fiscales Schiappa Pietra y Edery, el motivo de la disputa es la explotación de negocios ilegales vinculados con la barra brava de Newell’s. La trama involucra además a policías rosarinos retirados y en actividad y es motivo de otra causa que investiga el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

Un protagonista central en esa trama sería el ex oficial de policía Juan José Raffo, quien sigue con paradero desconocido y captura recomendada. Raffo tiene más de una década de vinculación con la barra brava de Newell´s, desde sus tiempos de policía en activo que supuestamente denunciaba los manejos de Roberto “Pimpi” Camino, y quedó expuesto en el juicio a Los Monos como hombre de confianza de Ramón Machuca, “Monchi Cantero”, al que le cambiaba pesos por dólares en financieras del centro de la ciudad.

La causa perdió a uno de los principales sospechosos en el mes de marzo, cuando la camarista Gabriela Sansó otorgó la libertad al barrabrava Alejandro Ficcadenti, involucrado en el asesinato de Nelson Saravia. El crimen de Saravia, ejecutado con una ametralladora en presencia de niños de 8 y 13 años, habría respondido a la pelea por la jefatura de la barra.

El antecedente es ahora invocado por Guillermo “Chupa” Sosa, quien también reclama la excarcelación. Sosa aparece en la investigación como enlace entre los principales actores de la trama: la banda de Los Monos y sectores corruptos, retirados y en actividad, de la policía. Parece confiar en que hay una luz al final del túnel de la Justicia de Rosario.


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