Poder salir a la calle, quedarse a tomar mate y charlar con los vecinos, ver cómo los chicos juegan en la vereda sin problemas. Los reclamos de los habitantes del barrio Las Malvinas son elementales. Pero en la ciudad de Rosario la vida normal aparece como algo extraordinario, lo que se perdió por el miedo al delito y los problemas crónicos de la seguridad.
El barrio Las Malvinas no es una isla en Rosario. El temor a ser víctima de un delito y la depredación constante del espacio público se extienden por la ciudad y determinan comportamientos y cambios en la vida cotidiana: hay escuelas que modifican su funcionamiento como prevención ante las balaceras, horarios en que rige una especie de toque de queda en determinadas zonas, kits de seguridad artesanales, cuidados informales entre vecinos ante la ausencia del Estado.
“El temor tiene una lógica expansiva, se traslada de un objeto a otro. Hace mucho tiempo lo tenemos presente y ha erosionado la vida social. El miedo impone la desconfianza, el escepticismo, la presunción generalizada de peligrosidad”, analiza el sociólogo Gabriel Kessler, autor de El sentimiento de inseguridad, entre otros estudios de publicación reciente.
No se trata ya del narcomenudeo ni de sus actividades derivadas en la extorsión, las amenazas y la usurpación de propiedades. Son los arrebatos que se denuncian, los robos de cables y de medidores de luz, de agua y de gas, la rapiña en domicilios, vehículos y lugares públicos para obtener lo que se encuentre a mano y en particular las demandas de bronce de un mercado negro que funciona sin inconvenientes.
El radio de estos episodios tampoco coincide con los barrios donde se registran la mayor cantidad de homicidios y donde los enfrentamientos entre bandas son seguidos por los medios como si fueran campañas deportivas. Las denuncias se recortan sobre el centro de la ciudad, las zonas comerciales y los barrios de clase media en los que el temor al delito deteriora la vida cotidiana.
En Rosario ni siquiera parece posible la paz de los cementerios: en La Piedad se suspendieron las visitas después de una serie de robos de placas de bronce y adornos de tumbas.
Vivir en peligro
Gabriel Kessler analiza el temor como “un problema que llegó para quedarse hace ya bastante en la sociedad y ante el cual se incorporaron prácticas de cuidado que se volvieron rutinarias”. Pero si bien “la victimización por pequeños delitos es alta en casi todas las ciudades argentinas y cada punto de delito tiene un efecto de resonancia, es omnipresente más allá de la cobertura de los medios”, la cuestión se plantea con particular intensidad en Rosario.
“Las ciudades suelen tener estrategias para disminuir el temor al delito —dice Kessler—. Algunas son buenas y otras tremendas, porque son prácticas excluyentes, discriminatorias y contra la ley porque lo que hacen es echar a los considerados peligrosos. Pero también existe lo que se llama prevención situacional, con la idea de la apropiación del espacio por parte de la comunidad”.
En el mes de mayo la comunidad educativa de Ludueña difundió un comunicado que tuvo menos prensa que el supuesto pedido de levantar un muro para resguardar a una escuela de los tiroteos. Contra lo que es habitual, no pidieron más policías: “Venimos a requerir a las autoridades que se hagan presentes en el barrio como actores políticos y presenten un plan de acción que incluya condiciones dignas de vida. El barrio es víctima tanto de la violencia generada por los tiroteos como de la violencia provocada por el olvido desde hace tiempo de políticas públicas básicas”.
El peligro de vivir en Ludueña no se explica solo por los enfrentamientos entre bandas ni se soluciona con el despliegue de fuerzas de seguridad, según la descripción de la comunidad educativa: “Han sido innumerables los reclamos realizados por la falta de luz y alumbrado público, el estado de las calles, la carencia de líneas de transporte público que ingresen al barrio, el vaciamiento en ofertas culturales y el poco acompañamiento a aquellas propuestas que aún siguen en pie”.
Los operativos de saturación policial resultan anacrónicos y son percibidos en Ludueña como “un despliegue superficial y momentáneo”, que no modifica los factores de peligro y provoca un efecto de hostigamiento y de prejuicios sobre la población. “El cruce entre políticas urbanas y de disminución del temor hace en cambio que la población esté más segura. Una calle vacía y sin iluminación es un lugar que da miedo. Donde la gente circula hay menos temor y menos delito”, dice Gabriel Kessler, también investigador del Conicet y profesor de las Universidades Nacionales de San Martín y de La Plata.
Las denuncias ya no se presentan en las comisarías sino en los medios de comunicación y en las redes sociales. La difusión virtual produce un efecto en cascada. Un tuit de la locutora María Fernanda Rey (“Hace 2 semanas y media me mudé. Van 5 robos que veo o escucho los gritos desesperados de las víctimas de arrebato en Francia y Mendoza”) provoca por ejemplo una sucesión de comentarios que amplifican la zona de peligro: el shopping Alto Rosario, la esquina de Córdoba y Rodríguez, otros sectores del barrio Echesortu.
El rebote de las denuncias también se verificó en una concentración de vecinos en Ayacucho e Ituzaingó. El caso de una mujer que fue víctima de un robo y violación en su departamento desató la indignación del barrio de la Sexta e hizo visible otros hechos cotidianos y sus efectos: negocios que cierran, robos de cualquier objeto a una cuadra de la Escuela de Cadetes de la policía, vandalismo en domicilios y vehículos. “Mucha gente está asustadísima”, dijo uno de los vecinos a la televisión, sobre el trasfondo de vecinos que aplaudían y pedían “seguridad”.
La capital del robo
Patricio Gigena fue brutalmente golpeado por dos ladrones que se llevaron una batería de su taller mecánico en barrio Azcuénaga. A los 82 años, ya jubilado, Gigena trabajaba por necesidad. Murió días más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El delito en la vida cotidiana no solo patentiza una expresión de violencia sino un proceso de deterioro social.
La ausencia de la policía es un dato constante en las denuncias. Y también las situaciones que se vuelven crónicas, sin intervención alguna: el 12 de octubre, vecinos de la zona oeste afirmaron en la televisión que cinco manzanas alrededor de bulevar Seguí al 4100 llevan ocho meses sin luz ni internet por el robo de cables. “Hicimos el reclamo pero nunca vinieron”, afirmaron los denunciantes, que exhibieron además un video donde se veía a dos personas en el acto de un robo, a la luz del día, como si fuera una actividad normal.
El 4 de octubre más de cien vecinos del barrio Las Malvinas se manifestaron bajo una bandera que decía “queremos vivir tranquilos”. La situación ya fue exteriorizada en mayo, cuando cuatro personas armadas hicieron un raid de robos con familias que pasaban una tarde de domingo en el parque Scalabrini Ortiz. “Salimos a pelear para recuperar lo que más nos merecemos: la tranquilidad que tenía el barrio en donde podíamos tomar mate en la vereda y nuestros hijos podían jugar en la calle”, afirmaron los vecinos que, como los de la República de la Sexta, se autoconvocan e interpelan al gobierno municipal y al provincial.
La vida normal es una utopía y el riesgo está hasta señalizado por el hartazgo ciudadano y la crítica política: las banderas con la leyenda “zona sin paz ni orden”, en alusión a las promesas electorales del gobernador Omar Perotti, advierten al transeúnte que “probablemente sea acuchillado, asaltado o baleado”.
En los barrios Pichincha y Luis Agote hay reclamos por arrebatos de celulares y ausencia de la policía y se hacen reuniones entre vecinalistas y concejales y funcionarios del ministerio de Seguridad. Una vecina se jactó ante la televisión de que Luis Agote “es un barrio pionero en la instalación de alarmas comunitarias” y exhibió un kit de fabricación artesanal, que reúne en un mismo objeto un arma blanca, un pulsador de alarma y un aerosol de gas pimienta. Un aporte de los rosarinos contra el peligro de estar por la calle a la luz del día.
Un grupo de vecinos de barrio Martin, escenario de arrebatos de celulares y de robos con escalamiento en edificios, le pide a la Municipalidad autorización para instalar garitas de seguridad frente al parque Urquiza. Los vecinos se ofrecen a hacerse cargo de los costos y de la contratación de seguridad privada y se quejan de que el expediente lleva tres años de iniciado y no tiene respuesta.
¿Las iniciativas propias indican que los vecinos ya no esperan la intervención del Estado? “Sí y no —responde el sociólogo Kessler—. El ciudadano pide respuestas al Estado, pero al mismo tiempo si está asustado compra sus propias medidas de seguridad. La gente es más punitiva, quiere leyes más duras, pero al mismo tiempo está en contra del uso de armas en la población. El punitivismo es preocupante, pero no hay un sálvese quien pueda”.
Kessler relativiza la extensión de la inseguridad: “Depende de las ciudades, no todo va para peor, que es lo que genera mayor miedo. Buenos Aires se ha vuelto más segura en el último tiempo porque hay una yuxtaposición de medidas públicas y privadas, un espacio público más gentrificado y menos victimización. Hay una prevención situacional por la que hay menos áreas desprotegidas en cuanto a las políticas urbanas”.
En el barrio Larrea los vecinos no salen de noche como precaución ante las balaceras. Las fuerzas de seguridad aparecen en controles de tránsito en Juan José Paso y Provincias Unidas, lejos de las calles donde impera el miedo. “Los policías duermen más de lo que trabajan” fue la curiosa observación de un testigo.
En octubre de 2021 el vocero de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco, denunció que el robo de medidores “crece a pasos agigantados y ya se transformó en un saqueo al espacio público”. El objeto es abastecer a un mercado negro de metales —también receptor del robo de tapas de alcantarillas— y un circuito de chatarrerías invisible para las fuerzas de seguridad. La rapiña suele dejar sin agua a las zonas afectadas.
La Empresa Provincial de la Energía denunció también el año pasado 200 robos de cables en el término de cuatro meses en Rosario, a un ritmo de dos por día. Representantes de Telecom contabilizaron a su vez en mayo el robo de 150 mil kilos de cobre en la provincia, según lo calcularon ante la Cámara de Diputados, y describieron a su vez a Rosario como “la capital nacional del robo de cables”, otro título que se agrega al oprobio con que carga la ciudad en términos de seguridad.
Los proyectos más ambiciosos de la obra pública se pueden transformar en terreno de libre vandalización, como demuestra el desguace sistemático que dejó al Hospital Regional Sur sin aberturas ni vidrios sanos. Lo que surgió en 2011 como promesa de una mejor calidad de vida hoy es una realización de la inseguridad.
En septiembre, las autoridades de la Escuela Técnica N° 472 “Crisol”, Magnano 6365, modificaron el horario de clases en el turno tarde por las amenazas cruzadas entre bandas en las redes sociales y los anuncios de enfrentamientos armados a la hora de salida de los alumnos. El establecimiento ya fue baleado el 14 de noviembre de 2021, cuando los tiratiros dejaron además un mensaje: “O se comunican con la mafia o siguen las balaceras”.
“En la desesperación, la presencia de un patrullero en la escuela aparece como una primera defensa, muy elemental. No se trata de que haya un móvil policial en cada esquina. Sabemos que no es la solución”, declaró el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello. El problema es también que ni siquiera esos recaudos parecen garantizados en la ciudad, mientras el ministro de la Seguridad de la provincia afirma que “los patrulleros están donde tienen que estar”.
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