El gobierno de la provincia de Córdoba anunció que llegó a un acuerdo con la gestión de Javier Milei para cobrar al menos una parte de lo que el Estado nacional le debe por la no transferencia de su Caja de Jubilaciones.
Fue en el marco de una audiencia de conciliación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hoy le da a las autoridades cordobesas un flujo mensual de 5.000 millones de pesos, sólo durante un año. Parte del acuerdo consiste en que el gobierno libertario reconoció por primera vez formalmente, y ante el máximo tribunal del país, que existe una deuda previsional con esa provincia pero no su monto.
La noticia de esta semana era esperada en la Casa Gris santafesina y hubo distintas lecturas. Unas para dar a la prensa y otras puertas adentro. Sobre ambas es interesante reflexionar.
En el hall de la Legislatura, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), titular del radicalismo santafesino, dijo que “hay que ver qué gobierno tenía Córdoba antes de la actual gestión”, cuando un periodista le trajo la comparación odiosa del caso. ¿Por qué Córdoba sí y Santa Fe no?, fue palabras más palabras menos lo que sacó a Michlig del tema que había provocado la rueda con cronistas parlamentarios: Santa Fe tiene previsto tomar una deuda en bonos por mil millones de dólares para “blindar” su plan de obras públicas ante lo que se podría describir como una deserción del Estado nacional en la materia, por vía de la reducción de fondos de ATN, una coparticipación fluctuante, o la evidente extinción de inversiones nacionales en el mapa de la bota. Ambos temas, como se verá más adelante, están muy emparentados.
En la misma dirección, y siempre extraoficialmente para no complicar los acuerdos con el ex gobernador Omar Perotti que permitieron el consenso para la reforma parcial de la Constitución, la explicación técnica y jurídica es que Córdoba —en efecto— se presentó ante la Corte seis meses antes que Santa Fe para efectuar su reclamo por la falta de actualización o el atraso de la deuda nacional por la Caja de Jubilaciones no transferida. “Estamos en lista de espera”, lamentó un experto en el asunto en un alto despacho de la Casa Gris.
Mientras, Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe, dijo en medios de Rosario que más allá de las comparaciones obvias, “tenemos diferencias” con lo aceptado por Córdoba. Fue el que llegó más lejos a la hora de formular una declaración. Y explicó que a Santa Fe la Nación le debe “casi el doble” que a Córdoba.
Recordó de inmediato otro asunto fundamental, que recorre toda la relación entre el gobierno de Milei y la provincia que una y otra vez el gobernador Pullaro nombra como “la invencible”.
En efecto, antes era con el ejército vencedor del brigadier López, ahora con un simple “no” ante los acuerdos que el poder central está en condiciones de hacer con estados provinciales débiles, endeudados en el exterior más allá de sus posibilidades de pago, o con sus economías regionales en crisis. No es por cierto el caso de Santa Fe.
El año pasado, Pullaro no adhirió al régimen que estableció el decreto 969 del Poder Ejecutivo Nacional para la “extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y las provincias”, recordó Boasso. Y agregó que “Córdoba sí lo hizo. Nosotros somos solo acreedores de la Nación, nosotros no le debemos nada a la Nación”, sino que ocurre lo contrario.
Antecedentes para entender
Vale recordarlo: en los 90, para reducir sensiblemente los fondos coparticipables de la Nación a las provincias (y así poder bajar impuestos) el entonces ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, ofreció a los estados subnacionales la nacionalización de todas las jubilaciones por entonces a cargo de cajas provinciales. La mayoría aceptó bajarse nada menos que un 15 % la coparticipación, pero Santa Fe, Córdoba y San Luis no lo hicieron. Y desde entonces —por ley— rige la obligación del gobierno nacional de compensarlas porque santafesinos, cordobeses y puntanos aportan a sostener jubilaciones en las demás provincias porque nada hay más deficitario que el sistema previsional.
Unos cálculos complejos, basados en el déficit de cada caja, en su eficiencia, y otros indicadores, determinan qué debería haber pagado no solo Milei, también Alberto Fernández a las dos provincias de la Región Centro que hoy reclaman.
El segundo capítulo de estas disputas entre santafesinos y la Nación (que esta vez no se resolvieron con sangre en el Arroyo del Medio) lo protagonizaron los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social frente a Cristina Fernández de Kirchner, que arbitrariamente llevó a cabo una quita en la coparticipación a las tres provincias que deben cobrar 15 % más de coparticipación que las demás.
La foto del socialista Hermes Binner al argumentar como gobernador la posición santafesina iniciada por el justicialista Jorge Obeid, con ambos en la Corte, resume la coherencia y hasta la fortaleza institucional de Santa Fe en el reclamo. Un fallo impecable jurídicamente pero de neto contexto político reconoció a los santafesinos que la Nación debía pagarles, pero lo hizo a días de la salida del kirchnerismo del poder… El condenado fue Mauricio Macri, pero no lo aceptó: se limitó entonces a cumplir en adelante con la coparticipación en tiempo y forma, no saldó la cuenta generada antes. Algo así pasó ahora con Milei pero con la enorme diferencia de que la actual gestión, hasta el presente arreglo con Córdoba, ni se reconocía en mora.
Miguel Lifschitz, como antes Antonio Bonfatti, buscaron que se pague lo adeudado pero no hubo manera ante presidentes de otros signos políticos. Recién Omar Perotti, justicialista como Fernández, logró que Santa Fe cobrara sin detracciones en pesos (pero en bonos) en 2022.
Tres años atrás parecía que no habría otras malas nuevas en el vínculo de los gobiernos santafesinos con la Casa Rosada pero no fue así. En los últimos años de la anterior gestión del peronismo se repitieron los atrasos y la mora. Cuando llegó Milei, directamente se dejó de pagar y tampoco se admitió la existencia de la deuda. Como si no hubiera leyes que cumplir. Parecido también en eso a CFK.
Ganadores y perdedores
“No juzgamos lo que una provincia amiga, autónoma e integrante de la Región Centro acuerda, pero tenemos diferencias”, indicó en LT8 Boasso. La declaración es impecable porque tanto permite interpretar que las diferencias son entre las realidades de ambas provincias como que hay diferencias con el arreglo cordobés.
Suma Política preguntó en altas esferas de la Casa Gris si Córdoba ganó o perdió con el acuerdo. Y también si fue o no una decisión política de la Corte haber atendido primero el reclamo hecho por Córdoba.
Las consultas fueron a despachos distintos, donde además se interpreta con matices lo sucedido. Sobre lo primero hay unanimidad entre legisladores y funcionarios: el ganador está en Balcarce 78 de la ciudad de Buenos Aires, aunque para el gobierno de Llaryora el alivio de unos 60 mil millones de pesos extra es importante, le “oxigena” las cuentas, interpretó el diario Comercio y Justicia.
El problema es todo lo que quedará impago (según el mandatario mediterráneo la deuda era de un billón) será difícil de volver a reclamar en 2026 y lo peor es que “en términos estrictamente políticos” Córdoba ya perdió con la sobreactuación presente “la bandera del reclamo”. A ese discurso ya no se podrá apelar en La Docta, Río Cuarto, Villa María o San Francisco en las campañas electorales.
Sobre lo segundo hay más de una opinión. Para afuera se dirá lo que respondieron Michlig y Boasso: que Córdoba inició medio año antes su presentación ante la Justicia, pero puertas adentro ha comenzado una suerte de revisión sobre qué hacer frente al gobierno nacional. Se intentó la seducción, luego el diálogo, más tarde el reclamo institucional y ahora no parece haber más caminos que el de profundizar el reclamo judicial. Pelearle en tribunales al poder central que al menos cumpla las leyes. Las evidencias muestran que lo anterior no dio frutos.
Primera señal
Esta semana hubo una diferencia más entre Córdoba y Santa Fe. Aquí se dan los primeros pasos para obtener la autorización de la Legislatura para tomar una deuda de mil millones de dólares en bonos para “blindar” el plan de obras públicas. Los cordobeses hacen malabares para pagar su deuda y festejan el dólar quieto. Allá de cada suba se escriben titulares sobre el costo de su endeudamiento.
Además, en Santa Fe la oposición justicialista en el Senado ha aprobado sobre tablas una preferencia para el expediente de los mil millones de dólares, a fin de tratarlo en la próxima sesión, bajo la promesa de que los cinco del PJ serán recibidos por los ministros de Economía Pablo Olivares y de Gobierno, Fabián Bastia, tal como antes ocurrió con la mayoría radical, para que la distribución de los beneficios en infraestructura sea equitativa. (Ya hay abundantes quejas sobre discriminación por parte de esos senadores).
Hay otra razón por la que legisladores como Rubén Pirola, que lidera la bancada del Justicialismo y Alcides Calvo (muy próximo a Perotti), ambos muy habituados al estudio de los presupuestos y la economía, hayan guardado un prudente silencio. Saben que Santa Fe tiene un enorme margen para el financiamiento externo. Y que la cifra es manejable para las arcas provinciales.
Lo dijo Michlig sin que se lo consultaran: “Hoy tenemos apenas un tercio del monto de la deuda de Córdoba con organismos internacionales”, destacó cuando expuso a periodistas sobre el plan de ingresar fondos para garantizar que se lleven a cabo los contratos en marcha y agregar más inversión en obvia respuesta a la decisión nacional de desinvertir en Santa Fe.
El interminable diálogo con la Nación por el traspaso de las rutas nacionales para que Santa Fe las arregle o modernice, repleto de maniobras dilatorias desde Buenos Aires, se agotó cuando los funcionarios libertarios exigieron doblegar a Santa Fe con la adhesión al decreto 696.
“Nos piden que resignemos la deuda que la Nación tiene con Santa Fe a cambio de que nosotros pongamos los recursos que el gobierno central no destina a las rutas nacionales en territorio santafesino”, resumió meses atrás el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico.
En pleno año electoral, en la medida en que escale la pelea de LLA con el PRO (que es parte del oficialismo provincial) y que la justicia no haga respetar los derechos de Santa Fe frente a la Nación, habrá que suponer una mayor tensión para los meses que vienen. Y los mil millones de dólares a baja tasa para obras requieren, además de una ley en Santa Fe, de una autorización nacional.
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