“Sólo con el voto de todos los diputados nacionales por Santa Fe, la ley de reforma judicial que beneficia a la provincia se podría haber aprobado en 2021”. La ex senadora María de los Ángeles Sacnun le reprocha a los legisladores de la oposición que ahora esgrimen discursos a favor de fortalecer la justicia federal pero no votaron, cuando pudieron hacerlo, a favor de un paso que prometía un cambio profundo para la provincia.
Habla de lo mismo que el presidente Alberto Fernández mencionó en su discurso ante la asamblea legislativa. El proyecto que contemplaba la creación de una Fiscalía General en Rosario, y una regional en Santa Fe y en Rosario para fortalecer el proceso de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la provincia, que por ahora sigue sin fecha de implementación.
También creaba una secretaría especializada en medio ambiente para garantizar la investigación de los delitos ambientales, entre los que entrarían las quemas en las islas, y una secretaría especializada en derechos de usuarios y consumidores y derechos colectivos.
Además incluía una nueva sala penal para la Cámara Federal de Rosario, una sala de la Cámara Federal de Rosario con asiento en la ciudad de Santa Fe, dos juzgados con competencia penal en Rosario y Santa Fe, uno en Venado Tuerto, y otros dos en Rafaela y San Lorenzo. Además de más cargos de fiscales penales de primera instancia para Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo.
También contemplaba sumar cargos de defensores públicos para Rosario, Santa Fe, Reconquista y San Lorenzo.
Para Alberto Fernández, esa reforma que impulsó en 2020 y que fue aprobada sólo por el Senado, “fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas”.
“Saben —dijo en su último discurso en el Congreso— que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.
Para Sacnun, ese es el motivo por el cual en la Cámara de Diputados nunca se pudo alcanzar el número necesario para que la reforma sea aprobada. “Privilegiaron el rol nacional y rechazaron la justicia para Santa Fe”, resume la flamante directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior.
La ex senadora del kirchnerismo sostiene que esa reforma “era un avance enorme para la provincia”, y reclama a los legisladores y representantes de la oposición que hablan de la importancia de la justicia federal en la lucha contra el narcotráfico que “podrían contribuir sancionando esa ley”.
“A la hora de hablar del fortalecimiento de la justicia federal podrían explicar por qué no votaron ese proyecto” expresó, y le reclamó a la actual senadora nacional Carolina Losada cuando reclama que el tema fue una promesa de campaña que “depende del Congreso, porque los juzgados no se crean por un decreto”.
“Cuando me dicen que esta reorganización de la Justicia no tiene absolutamente nada que ver con lo que les pasa todos los días a los argentinos y argentinas, les digo que la inseguridad es fruto del narcotráfico, que es un delito federal, la falta de recursos del Estado es fruto del lavado de activos, de las empresas offshore, de la evasión impositiva, de la evasión que sufrimos y que hace que después no tengamos recursos para derivar a la salud, a la educación, a la vivienda, al apalancamiento del sector productivo”, repite Sacnun.
Un trámite con largo debate
El Senado aprobó la reforma judicial el 28 de agosto de 2020 por 40 votos a favor (del Frente de Todos y sus aliados) y 26 en contra (de la bancada opositora Juntos por el Cambio, que consideró que no era prioritaria en medio de la pandemia). Los senadores por Santa Fe eran Sacnún, Roberto Mirabella y Carlos Reutemann.
El trámite no fue sencillo. Sacnun presidía la comisión de Asuntos Constitucionales y en ese ámbito se llevaron a cabo seis encuentros de más de veinte horas, con la presencia de 50 expositores propuestos por todos los bloques.
Producto de ese debate, se realizaron modificaciones en el Senado al proyecto enviado por el Ejecutivo. Estos fueron los puntos principales de esos cambios:
- Sorteo de causas: para avanzar en la transparencia se establecía que los sorteos de las causas debían ser grabados, bajo apercibimiento de nulidad. Esto tendía a evitar que siempre resulten elegidos los mismos jueces.
- Selección de candidatos: se mantenía en los concursos de selección el examen escrito y el anonimato, además de las audiencias públicas.
- Criterio de especialidad en el ámbito no penal: después de escuchar a especialistas se decidió que no se unifiquen el fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Para resolver los conflictos de competencia, que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales, se creaba un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.
- Derechos humanos: se atendió el planteo de los organismos que luchan por la memoria, la verdad y la justicia para que las secretarías con competencia específica en ese tema la conserven, con personal asignado para obtener rápida respuesta.
- Proceso acusatorio: se planteaba como una reforma gradual y progresiva. La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal iría adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde a los principios internacionales. El próximo turno de aplicación es en Mendoza y Santa Fe, pero por ahora no tiene plazos definidos.
- Juzgados y cámaras: se creaban juzgados federales de primera instancia con asiento en provincias y sus respectivos cargos de juez, así como nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, que tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.
- Perspectiva de género: se incorporó en todos los artículos referidos a la selección de candidatos la perspectiva de género como un estándar de igualdad.
- Temáticas referidas a usuarios y consumidores, procesos colectivos y medio ambiente: se establecían secretarías especiales en las principales ciudades del país para garantizar que esos derechos sean resguardados en tiempo oportuno y de manera eficiente.
Por qué se trabó
La iniciativa creaba nuevos fueros penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias. Desde el oficialismo se consideraba que era el “puntapié inicial” de una reforma que debe ser más amplia.
A último momento se realizó una modificación para facilitar el consenso: se eliminó la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original y que había introducido en el debate el senador Oscar Parrilli.
Desde el Frente de Todos se criticó a los legisladores de Juntos por el Cambio por “oponerse por oponerse” y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones. Por su lado, la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.
La mayoría de los discursos del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma buscaba “garantizar la independencia de los jueces” y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado una persecución judicial contra la ex presidenta y miembros de sus dos gobiernos.
En respuesta, senadores de la oposición sostuvieron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
En ese contexto, los cambios que Santa Fe necesita y reclama quedaron tironeados por la grieta y con una sanción a medias.
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