Una nota pegada sobre el pilar de la luz frente a la fábrica. Así se enteraron los trabajadores de la cooperativa rosarina Trechel-Linares que el gobierno nacional les daba diez días para desalojar el predio donde trabajan desde 2013, en el corazón de Refinería. En el lugar trabajan catorce personas que temen por su fuente de trabajo. Por eso, este martes asistieron al Concejo para intentar gestionar instancias de diálogo y buscar alternativas al desalojo. Sin embargo, advierten que la falta de funcionarios nacionales en la ciudad dificulta una mesa de trabajo. “Nosotros no nos vamos a ir, porque no somos ocupas. Hace un montón de años que está funcionando la fábrica”, adelantó Carlos Gavio, representante de la cooperativa.
La fábrica produce en un galpón ubicado en Junín y Caseros, a pocos metros del shopping Alto Rosario. Son terrenos fiscales pertenecientes al ferrocarril, donde en 1952 empezó a funcionar la empresa Bodegas Litoral. Por más de medio siglo, los propietarios pagaron un alquiler a la ferroviaria Nuevo Central Argentino (NCA), pero ese acuerdo dejó de funcionar en 2013, cuando la firma presentó la quiebra y los trabajadores tomaron las riendas de la planta, organizados en una cooperativa.
Desde entonces, en el lugar producen bidones de agua filtrada y amargos sin alcohol que se comercializan bajo la marca Linares. Con la nueva conformación hubo diversos intentos por regularizar la situación del lugar. Mientras tanto, funcionarios nacionales vinculados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizaron controles sobre el lugar para corroborar que el espacio seguía funcionando como un centro de producción, en terrenos estatales. La cooperativa comenzó con 24 trabajadores y hoy en día la sostienen 14.
Pero el pasado martes se encontraron con una notificación pegada en la entrada de la planta. Era una intimación firmada por Hugo Gasalla, coordinador de la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE, para que desalojen las instalaciones en diez días hábiles. Ese plazo vence el miércoles 13 de mayo. La notificación habla de “intrusos” y “ocupantes”. Los trabajadores adelantan que no van a dejar el lugar.
El predio es amplio y se encuentra en una zona que fue ganando interés inmobiliario en los últimos años. En ese marco, una de las sospechas instalada entre los trabajadores es que el apuro por desalojar el terreno se vincula con el interés por desarrollar algún proyecto en el lugar.
Seguir trabajando
“Nos notificaron de un desalojo porque supuestamente estamos usurpando el lugar, pero ni siquiera nos dieron el papel en la mano. Tampoco tuvimos mucho contacto, porque no hay ninguna oficina para constatar nuestra situación. Desde que los patrones presentaron la quiebra hace 13 años que nos hicimos cargo de la empresa como cooperativa. Nosotros no nos vamos a ir, porque no somos ocupas. Hace un montón de años que está funcionando la fábrica”, comentó Gavio a Suma Política. “No estamos de intrusos, estamos habilitados por el juzgado, que dio viabilidad a que podíamos seguir trabajando”, añadió.
Además de sus intenciones de seguir trabajando en el lugar y sostener los puestos de trabajo, desde la cooperativa remarcan que el desalojo es inviable. No solo porque el plazo es escueto para lo que implica desmantelar una fábrica, sino que además las máquinas son tan antiguas que, al moverlas, se corre el riesgo de que dejen de funcionar. En ese marco, la abogada de los trabajadores prepara un escrito para presentar ante la AABE, con el objetivo de buscar alguna alternativa a la situación.
“La fábrica tiene mayor movimiento en verano, que es cuando más se vende el producto. En el invierno merma un poco. Pero lo que hay que entender es que acá somos 14 familias que vivimos de esto y nos están pidiendo que, de un día para el otro, dejemos el lugar donde trabajamos hace años”, sostuvo Gavio. “Estamos distribuyendo en Rosario y localidades de la zona, como Villa Constitución, San Nicolás o Arroyo Seco, entre otras. Y tenemos interés en seguir creciendo, no de abandonar la fábrica. Creemos en sentarnos a dialogar y buscar acuerdos, pero no nos vamos a ir”, remarcó.
Sin interlocutores
Ante la notificación, los integrantes de la cooperativa solicitaron una audiencia en el Concejo que se concretó este martes, cuando asistieron a la Comisión de Producción. Allí expusieron la situación y solicitaron la intervención de las autoridades políticas para gestionar instancias de diálogo o alternativas de relocalización. Desde la comisión se comprometieron a seguir el tema, aunque también se sabe que tampoco son muchas las herramientas que tiene el legislativo local ante una decisión del gobierno nacional.
“La cooperativa tiene un aval para seguir produciendo en ese espacio, pero se encontraron con una notificación de la AABE que los quiere desalojar. Me parece que es una muestra más de la política antiproductivista que tiene el gobierno nacional”, cuestionó el concejal Pablo Basso, en diálogo con Suma Política. “En este caso hay un agravante y es el desconocimiento que tienen algunos funcionarios del gobierno nacional a la hora de tomar decisiones, sin contemplar las consecuencias que esa decisión tiene”, remarcó.
Una de las propuestas que surgió de la comisión fue la posibilidad de elaborar una mesa de trabajo entre los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, surge una complicación: la Agencia de Bienes del Estado ya no tiene más funcionarios en Rosario.
“Antes tenían su oficina en la vieja estación Central Córdoba, pero ya no están más. Había una presencia física y, con el cambio de gobierno, se retiraron esos cargos como se han retirado un montón de otros cargos de distintas agencias”, explicó.
Y completó: “Eso tiene sus complicaciones, porque siempre es más fácil gestionar con alguien que conoce lo que pasa en la ciudad o que puede reconocer la importancia de una cooperativa que recuperó una fábrica de una quiebra para seguir trabajando. Pero lo más grave es que toman decisiones desde Buenos Aires sin conocer el territorio”.
Contexto
Hay un dato que no es menor: la Comisión de Producción está presidida por Anabel Lencina, concejala de La Libertad Avanza. Por eso, parte de la discusión también giró en torno a la posibilidad de que el espacio libertario pudiera interceder y entablar gestiones ante funcionarios nacionales. También el concejal mileísta Lautaro Enriquez forma parte de la comisión. El compromiso, al menos de palabra, quedó establecido.
Como curiosidad, aunque relacionado, en esa misma reunión se trató un proyecto de ordenanza impulsado por La Libertad Avanza que propone la adhesión de la Municipalidad de Rosario al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La iniciativa busca promover inversiones productivas mediante beneficios fiscales locales.
Algunos actores que formaron parte de la discusión recordaron que en Rosario ya existe un régimen de promoción del suelo productivo. Pero también pusieron el foco en el contexto de la presentación: no pareciera ser un momento en donde las inversiones estén frenadas por la carga fiscal que afrontan. Más bien parece un momento de “supervivencia” para gran parte de las pymes. “Algunos proyectos parecen más una intención de rendir tributo a medidas nacionales que cuestiones que puedan servir efectivamente a la ciudad”, apuntaron por lo bajo.
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