Torpe por momentos, políticamente pillo por otros, el gobierno nacional finalmente llega, implacable, a concretar en el Congreso la híper mega Ley Bases. Fueron seis meses de mucha audacia, algo de suerte y ningún escrúpulo ético ni estético. La próxima semana, última de junio, en Diputados, se terminará de resolver un asunto que ya viene con muchas horas de cocción y al que sólo le falta saber el día, la hora y algunos elementos que en la volcánica irrupción de nuevos instrumentos jurídicos califican como “detalles”, pero que en cualquier escenario de normalidad parlamentaria deberían tener un amplio debate, tema por tema.
Se trata, por caso, de la aplicación del impuesto a los Bienes Personales, a las Ganancias (trabajadores con salarios medios y altos), el Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones (RIGI) y, entre otros, si Aerolíneas Argentinas queda o no a tiro de un nuevo remate como ya sucedió a principios de los años 90, con los resultados conocidos.
La tensión política acerca de si semejante mega ley contraria a casi toda la tradición legislativa de al menos los últimos 23 años en la Argentina, podía o no atravesar el Congreso, quedó saldada: consiguió los votos, aunque de manera providencial, en el Senado. No sin negociaciones de trueque de favores (en al menos dos casos, a la vista de todos, como los de Edgardo Kueider y Carmen Lucila Crexell) pero la aprobación llegó. Las resistencias a la ley por fuera del Palacio tampoco tuvieron el vigor necesario para impedirla y en todo caso construyeron una escena propicia para que el gobierno libertario aplique un aspecto principal de su política: represión ilegal y sin precedentes (por su volumen) de las fuerzas de seguridad sobre los movimientos callejeros de los manifestantes.
A estas horas (diez días después) permanecen detenidos cinco ciudadanos: Patricia Calarco Arredondo, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, David Sicay y Cristian Fernando Valiente. Todos ellos fueron manifestantes pacíficos o simples transeúntes por la zona del Congreso o autores de delitos menores que en ningún caso ameritan una detención que se prolongue más allá de las 24 horas. Los detenidos en aquella jornada del 12 de junio fueron 33, todos en modo cacería, de los cuales 28 fueron liberados, aunque continúan con amenazantes causas penales sobre sus cuerpos.
Bases, sumada al vigente DNU 70/23, llega a la meta impregnada de gases tóxicos, pero con el consentimiento de al menos la mitad de la clase política dentro y fuera del Palacio y una mirada al menos pasiva de otro tanto de la opinión pública, que no mostró hasta acá una resistencia decidida al viraje histórico que implementa legitimado por los votos el primer gobierno de ultraderecha en la Argentina. Este hecho inédito en la vida nacional sólo podría explicarse por el profundo hastío que vastos sectores medios y bajos tendrían con varios pilares del régimen anterior que dominó por casi dos décadas: el débil Estado de “bienestar” del peronismo, sustentado, parcialmente, en las múltiples ayudas estatales a millones de desenganchados del sistema laboral y productivo privado.
Pocos lo vieron venir —salvo Milei— pero había algo que estaba podrido en el sistema de planes sociales, subsidios y expresiones callejeras de protesta. Millones, incluso presuntos beneficiarios, continúan ahora esperando una luz al final del camino neoliberal recargado al infinito que trae el nuevo presidente como novedad y solución final económica para todos los males.
Entre los próximos martes y jueves se terminarán de definir algunas posiciones de bloques amigables del gobierno, y queda la duda si el resultado final será una ley más parecida a la que votó el Senado o a la que aprobó Diputados hace un mes. Si una mayoría de Diputados ratifica la media sanción inicial, quedará firme. Si, por el contrario, aceptan los cambios que introdujo —morigerando su contenido— el Senado, entonces será esa la versión final que pasará a la Casa Rosada para su reglamentación.
Mientras tanto no hay noticias buenas para casi nadie. El FMI ya habla abiertamente de una nueva devaluación, pero queda en pie, todavía consistente, la narrativa oficial acompañada por la escena mediática y en especial por el algoritmo que domina los teléfonos celulares de cada uno de los argentinos: el único camino es el ajuste, y, al final del camino, se verían los resultados.
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