Cada 60 minutos se produce un hecho de violencia con arma de fuego en la ciudad de Rosario. En 2021 la Central de Atención de Emergencias 911 atendió casi quince mil llamados por ese tipo de casos. Siete de cada diez homicidios registrados en Santa Fe entre 2014 y el año pasado se cometieron con armas de fuego. El insumo básico de la violencia que azota a la ciudad está a la vista y al mismo tiempo se sustrae a los dispositivos de control: la circulación clandestina de armas en la provincia es un interrogante central en las investigaciones en torno al delito.
Las estadísticas provienen del último informe sobre secuestros de armas del Observatorio de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia. El misterio en torno al tráfico de armas es, sin embargo, bastante relativo. La participación policial se repite como constante en los casos que delatan la existencia de un mercado negro, como en el reciente episodio del agente Juan Carlos Belotti que, con apenas tres meses de antigüedad en la policía de Rosario, se apoderó de once armas confiadas a la Sección Balística de la Región 2 y las canjeó por una moto a una banda del barrio Empalme Graneros.
El agente de Balística, de 21 años, fue detenido y recibió como primer castigo un sopapo de su mamá en la audiencia de imputación por peculado y sustracción de evidencia. Su economía de trueque salió a la luz el martes 19 de abril de 2022, cuando las armas aparecieron en el allanamiento a una casa de Garzón al 900 bis, y precipitó la intervención y una auditoría de la Sección Balística, después de constatarse a simple vista el descontrol encubierto bajo el funcionamiento burocrático. Si bien la auditoría se encuentra en curso, la evaluación inicial es significativa: había más armas del cálculo que hicieron los responsables de la sección.
“Hace veinte días se prorrogó la intervención —informa el fiscal Matías Edery, a cargo de la investigación—. En ese momento se había inventariado un veinte por ciento de las armas depositadas en Balística. Ya había contabilizadas tres mil armas, que era el número que ellos nos habían dicho que estaba en existencia. No sabemos por qué existe ese desfasaje entre lo que ellos pensaban que había y lo que realmente hay”.
Mientras la jefa de policía de la provincia, Emilse Chimenti, declaró que su hermano Cristian Chimenti, director de la región Sur del Área de Criminalística, no tenía vinculación con el episodio, Edery sospecha que el robo detectado no fue un caso aislado y también descarta la teoría de la manzana podrida, aplicada en el caso a Belotti, “porque era un agente que recién se iniciaba en la policía y parece difícil que fuera una práctica que no se hubiera realizado antes”.
En el caso que afectó a la Policía Científica de Casilda, la fiscal Marianela Luna detectó un grupo de policías que se había organizado para robar armas y otros pertrechos y ponerlos a la venta con la complicidad de un civil, empleado de un frigorífico. En agosto de 2021, Luna ordenó la detención de dos policías de la comisaría 15 —una agente fue declarada prófuga— y los acusó de integrar “una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos contra la administración pública y contra la propiedad”: entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021, los policías en cuestión robaron 27 armas de fuego, municiones, cartuchería, credenciales, celulares y hasta dinero falso que habían sido secuestrados en distintos procedimientos y cuyo rastro se perdió. Lo que venía del crimen volvió, se supone, al crimen.
Picnic en la sección Balística
Al crear la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, en 2020, el entonces ministro Marcelo Sain sostuvo que el propio Estado era el principal proveedor del mercado negro y puso como ejemplo el caso de cinco pistolas calibre 9 milímetros que se habían esfumado de la Armería de la Unidad Regional II y según la hipótesis de entonces circulaban en alquiler entre bandas dedicadas al delito.
“Lo que se ordenó ahora fue el registro de todas las armas y ver por qué estaban en Balística —explica el fiscal Edery—. No había nada en ese sentido, ni siquiera una planilla de Excel. Semejante desorden es un picnic para hacer desaparecer armas y para cometer delitos, básicamente. En cualquier tipo de administración el desorden es la posibilidad más clara para la corrupción. Pero no tenemos un diagnóstico definitivo, más allá de la información que fundamentó el pedido de continuar la intervención por tres meses”.
—¿Cuál es el recorrido que sigue un arma después de su secuestro?
—Es uno de los agujeros negros del sistema. Si un arma se encuentra en una causa donde una persona va a ser imputada, donde hay un delito en torno al secuestro de esa arma, existe un acta de procedimiento que llega al Ministerio Público de la Acusación. Por el procedimiento se imputa a la persona y se hace una pericia para comprobar el funcionamiento del arma. Ahora, hay muchas situaciones donde eso no ocurre. Por ejemplo, es notoria la cantidad de hallazgos de armas en la vía pública.
Según la estadística del Observatorio de Seguridad, el 49,7 por ciento de las armas secuestradas entre octubre de 2020 y diciembre de 2021 fueron reportadas en la vía pública. “Parece que los policías salen a caminar y encuentran armas tiradas por la calle —afirma Edery—. Es llamativo porque también vemos muchos episodios de robo calificado con armas en los cuales el presunto ladrón es detenido en flagrancia, minutos después del hecho, pero la policía no encuentra el arma”.
La estadística sobre secuestros de armas de fuego del Observatorio de Seguridad de la provincia es por otra parte incompleta, ya que el mismo informe advierte que “la información existente en la materia se encuentra fragmentada y dispersa: los datos judiciales y policiales no se triangulan y no se cotejan con información proveniente de otras áreas estatales como la ANMaC o las fuerzas federales de seguridad”.
Según la ONG Red de Desarme, existen tres millones de armas en la Argentina, de las cuales solo se encuentran registradas la mitad. “El mercado de las armas está más clandestinizado que el de sustancias. Comprar un arma es mucho más difícil que comprar cocaína o marihuana”, afirma Eugenia Cozzi, investigadora del Conicet y del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires.
Cozzi acaba de publicar (en ebook y pronto en papel) De ladrones a narcos. Violencia, delitos y búsquedas de reconocimiento, libro en el que formalizó un prolongado trabajo de campo con jóvenes en situaciones de violencia en las ciudades de Rosario y Santa Fe. “Lo que aparece en todos los relatos es una mayor accesibilidad de armas y de mayor calibre en los últimos años, y además esa mayor circulación aparece ligada a la policía y al llamado mundo narco, en el sentido de que existe una distribución de mayor cantidad de armas, de mayor calibre y más municiones”, destaca.
No basta poseer las armas. También es necesaria la exhibición del poder de fuego, como sucede con bandas que se disputan el narcomenudeo y guardan registros de arsenales en sus teléfonos celulares. El retrato de la nueva camada de Los Monos en compañía del trapero Zaramay, armados hasta los dientes, como se dice, las exhibiciones de Alan Funes para festejar el fin de año con ráfagas de ametralladora o los videos que Nahuel Riveros le envió a su novia para que lo admirara mientras posaba con una pistola y una ametralladora con mira telescópica demuestran que la posesión de las armas es también una cuestión de estatus, de advertencia a los competidores y de determinación a la violencia en el ambiente criminal.
No basta poseer las armas. También es necesaria la exhibición del poder de fuego, como sucede con bandas que se disputan el narcomenudeo y guardan registros de arsenales en sus teléfonos celulares
El arma que la policía informa hallada en la vía pública sin personas individualizadas está destinada al limbo de la burocracia policial-judicial, una zona gris donde puede filtrarse el tráfico clandestino. “El circuito lógico es que el personal de calle hace el secuestro y lo pone a disposición del fiscal, el fiscal ordena que vaya a Balística, en Balística se hace la pericia y vuelve al MPA para quedar en el depósito que está en el Centro de Justicia Penal —dice Edery—. Pero eso empezó a pasar recién ahora; antes las armas quedaban en Balística hasta que la causa iba a juicio y después del juicio, donde podía ser usada como evidencia, se ordenaba su destrucción”.
Del dicho al hecho hay un trecho que puede alargarse indefinidamente en estos casos. Versiones extraoficiales afirman que el depósito de Balística incluye también al menos un millar de armas cuya destrucción fue ordenada alguna vez. En la feria judicial de enero pasado, alguien sustrajo cuatro pistolas 9 milímetros que estaban guardadas en un cajón sin llave del Centro de Justicia Penal y constituían parte de la evidencia exhibida en un juicio oral y público sobre un caso de homicidio que implicó a dos hermanos policías, fallado el 1º de diciembre de 2021. Las armas debían ser destruidas, pero surgió un entredicho en torno a la documentación entre la Oficina de Gestión Judicial y el MPA y el trámite quedó en suspenso. La bucrocracia le abre ventanas al delito.
No es tampoco un suceso anormal en la provincia: el 4 de diciembre del 2015 el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad acordaron en la ciudad de Santa Fe la destrucción total de un lote de 715 armas de distintos tipos (pistolas 9 milímetros FM, calibre 11.25 Colt, 22 Colt, escopetas calibre 12.70, ametralladoras y vainas servidas) y por más que el lote fue trasladado hasta un horno de fundición una parte no precisada reapareció en distintos allanamientos, como si nunca hubieran sido secuestradas. La fiscal Mariela Jiménez denunció al prosecretario de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Marcelo Esquivel, y al ex secretario de Armas de la Provincia Matías Palavecino por falsedad ideológica, ya que ambos insertaron una declaración falsa y aseguraron haber presenciado la destrucción de armas que nunca ocurrió. Pero según la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe incurrieron apenas en un exceso de confianza, por lo que decidió su sobreseimiento en un fallo del mes de abril.
Dimensión desconocida
El episodio que provocó el escándalo en Balística resulta revelador por más de un motivo. “Llamativamente, las armas que robó el agente estaban dentro del universo de armas que por la burocracia no terminaban siendo analizadas ni utilizadas por un largo período. Pareciera que fueron cuidadosamente elegidas en ese lote donde una falta era difícil de detectar, con lo cual hay menos elementos para sostener que fue un caso aislado”, plantea el fiscal Edery.
Las armas que fueron a parar a lo que parecía la base de operaciones de una banda, previo paso por un gimnasio, conservaban su numeración. “Lo habitual en los secuestros es encontrar armas con la numeración limada. Este robo parece un paso inicial para el ingreso de armas en el mercado negro”, agrega el fiscal.
En el último secuestro importante, el del arsenal confiscado a Uriel Cantero en el mes de enero, incluyendo la pistola Taurus que Lorena Verdún dijo conservar como recuerdo de Claudio “el Pájaro” Cantero, pocas de las 24 armas halladas conservaban su numeración, un dato que ahora sirve para conocer su procedencia. Los detenidos por el ataque contra el suboficial Gabriel Sanabria tenían cuatro armas, entre ellas una Uzi de fabricación casera y una ametralladora FMK 3, rezagos del mercado negro.
Las armas de fabricación casera aparecen en episodios de violencia doméstica y de problemas entre vecinos; en general se hacen escopetas. No son las que se usan en homicidios y en disputas entre bandas, y representan un porcentaje minoritario en los secuestros de armas. Esas armas denuncian la actividad de armeros improvisados que reciclan restos y utilizan cualquier material disponible: un saber que se impone a la precariedad de los medios y suele transmitirse en las cárceles.
Entre enero de 2019 y diciembre de 2021 las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad secuestraron 9.982 armas en todo el territorio de la provincia, a un promedio de 9 por día. Según el mismo reporte del Observatorio de Seguridad, por cada arma de fuego se secuestraron entre seis y ocho municiones. “En una buena parte de las intervenciones policiales en las que se secuestraron armas de fuego —puntualiza el estudio—, la cantidad de municiones secuestradas es baja, habiendo pocos hechos en los que se secuestraron 50 municiones o más”, en contraste con la sobreabundancia de pertrechos de que dan cuenta las balaceras y los crímenes que sobresaltan a Rosario.
“El problema son las municiones —destaca Edery—. Parte del flujo de municiones viene de organismos estatales. Tenemos investigaciones que vinculan a personal de las fuerzas de seguridad con la provisión de municiones. También hay muchas balas de recarga, por lo que hay que encontrar los lugares donde se hace esa práctica”.
Entre 2015 y 2021 se extraviaron o fueron sustraídas 483 armas cortas y 30 armas largas asignadas a policías, según el Departamento Judiciales de la policía de Santa Fe. Un expediente en trámite procura investigar qué pasó con 800 mil municiones calibre 9 x19 mm provistas a la fuerza entre abril de 2018 y junio de 2020. En ese contexto, el senador provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de ley para establecer un mecanismo de identificación de los materiales controlados por la policía provincial y los servicios de seguridad.
“Las armas en manos de la policía es otra cuestión —agrega Edery—. Los policías no tienen que portar armas todo el día. Como se hace en otros sistemas, deberían recibirlas cuando están de turno, después del registro del armamento, y devolverlas al finalizar el servicio. No es solo desconfianza, se dan casos de robo y extravío y muchísimos casos de violencia de género que involucra a personal policial con armas de fuego. Hay innumerables denuncias sobre policías que utilizan sus armas para amenazar a sus parejas”.
“Hay poca información y pocos estudios sobre el mercado de armas que reconstruyan el circuito. Es difícil poder dimensionar el problema. Los depósitos de armas ni siquiera tienen buenos sistemas de registro”, señala por su parte Eugenia Cozzi.
Pero lo que no se sabe, aclara Cozzi, podría aportar una clave que excede a la cuestión en sí y permite comprender otro problema más amplio: “Para explicar la violencia en Rosario hay que mirar el mercado de armas, antes que el de las drogas ilegales”.
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