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Sociedad

De qué hablan los que hablan de mafia

Fueron varios disparos contra el portón de ingreso a Avenida Perón 8101, el edificio de Televisión Litoral, y sus ecos resuenan desde la madrugada del lunes pasado en los medios y en las redes. La repercusión no hubiera sido tanta sin el cartel manuscrito que acompañó a la balacera y sin el antecedente del trapo con amenazas a periodistas que apareció colgado el 11 de octubre en la reja exterior de Telefe Rosario. Si todavía se desconoce la identidad de los autores, el hecho es revelador.

En la cámara de vigilancia se observa al atacante mientras corre al trote poco más de media cuadra, con la cabeza cubierta por un casco de moto, y extiende su brazo y dispara con un arma no especificada para finalmente subir a un Volkswagen Up color gris. Ocurrió a las 0.35 del lunes, y el registro también permite apreciar que, a pesar de la hora, el tránsito era intenso en la avenida. La circulación de otros vehículos y la garita de seguridad del multimedios no disuadieron al agresor.

Como el caso del atacante que llegó y se fue caminando tranquilamente de los Tribunales Federales después de hacer un disparo contra la garita de seguridad, la balacera en Televisión Litoral patentiza la pérdida del control sobre el espacio público por parte del Estado. Los operativos de saturación y las difundidas persecuciones policiales a arrebatadores de teléfonos no son suficientes para disuadir a quienes planifican atentados de la idea de tirotear edificios emblemáticos.

Sin embargo, ante el episodio, el gobernador Omar Perotti declaró que la provincia necesita ayuda nacional y más efectivos. El miércoles de la semana pasada, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández estuvo en Rosario y detalló que la provincia cuenta con 2.357 efectivos de Gendarmería, 708 efectivos de Prefectura Naval, 150 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 238 de la Policía Federal. ¿Cuántos serían necesarios, si ese aporte no es suficiente?

La presencia de las fuerzas federales no impidió que el departamento Rosario alcanzara una cifra récord de homicidios: 274 en el año en curso contra 264 de 2013, el año del asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero. El gobernador dijo que debe observarse la tendencia macabra de la década y no solo el período de su gobierno, donde el número de muertes crece año tras año. Pero la estadística agrava la situación del presente y debería servir para la reflexión: en 2013, al fin de cuentas, no había fuerzas federales en la ciudad y se produjeron menos crímenes que este año, el de la saturación en los barrios, el lanzamiento del Comando Unificado de las fuerzas federales y las fotos de prensa del Ministerio de Seguridad que nos muestran a oficiales y funcionarios sentados alrededor de una mesa.

No solo resultaron inútiles las fuerzas federales para contener la violencia sino que agregaron otros problemas: según la estadística que difundió el diputado provincial Carlos del Frade en un proyecto para que el gobierno informe sobre la situación, entre el 1° de junio y el 15 de noviembre hubo 1.075 detenidos en distintos procedimientos, de los cuales 888 fueron identificados como consumidores de drogas. El hilo del narcotráfico ni siquiera se corta por lo más delgado: “se criminaliza a consumidores y consumidoras”, señaló del Frade.

La gravedad de la balacera contra Televisión Litoral consiste también en que las respuestas de la política suenan vacías y prometen más concesiones a la demagogia punitivista. En la conferencia de prensa sobre los procedimientos en las cárceles de Ezeiza y Piñero, donde se detectó un nido de teléfonos celulares, la fiscal Valeria Haurigot dijo que “la mafia”, la rúbrica de estilo en los atentados, no significa nada: funciona como una especie de argumento retórico en amenazas y extorsiones, pero no cabe pensar en una organización aceitada y todopoderosa como las que vemos en las películas. Y sin embargo, el discurso político volvió a hablar de “las mafias”.

En su intervención durante el seminario de Fundeu Argentina “Violencias urbanas, comunicación e imaginarios colectivos”, realizado durante noviembre en la Biblioteca Argentina, el criminólogo Esteban Rodríguez Alzueta advirtió sobre la circulación de estereotipos en los discursos corrientes sobre la seguridad y los definió como palabras terraplanistas, que “achatan la realidad, palabras que, lejos de aproximarnos a la realidad, de volverla incluso transparente, nos distancian de ella y le agregan una pátina de opacidad”. Mafia, las mafias, en el discurso político y mediático, tienen esos usos: son palabras cuyo significado se da por sobreentendido, pero que circulan vacías, despojadas de historia y de sentido.

La referencia a “las mafias” en el discurso político se asocia además con “la necesidad de pacificar” que invocan funcionarios de seguridad. Como si la ciudad estuviera atravesada por una guerra, se apela a discursos que habilitan las intervenciones represivas. En sus declaraciones después del atentado, el empresario Gustavo Scaglione dijo que la política santafesina parecía “disociada de la realidad”. No lo aclaró, pero tal vez se refería al reclamo que volvió a hacer el intendente Pablo Javkin para hacerse cargo del manejo de la policía en Rosario.

Querellante en la causa contra el ex ministro Marcelo Sain, propietario de los medios donde se “filtraron” audios y videos que fogonearon la condena social y mediática contra los acusados, Scaglione apeló a la responsabilidad de la política. “Están viendo el mismo hecho y lo ven de otra manera”, agregó el empresario en una entrevista con Radio 2. Pero también los medios de comunicación rosarinos tienen responsabilidades en el asunto y deberían examinar la forma en que ven los sucesos y los presentan ante las audiencias.

Fabio Giménez, un preso de Coronda acusado por homicidios y extorsiones, amenazaba a sus víctimas enviándoles el link de una nota en Rosario 3 dedicada a los delitos que le imputaron. La crónica sensacionalista era su tarjeta de presentación: el crimen encontró en ese tipo de periodismo un interlocutor que destacaba su actividad y demostraba su poder y su capacidad de infligir daño, lo que se dice un espacio de publicidad.

Si la policía debería escoltar a los periodistas cuando se dirigen, por ejemplo a Vía Honda, o proveerles chalecos antibala como hizo y exhibió Telefé Rosario con periodistas y camarógrafos, ¿qué cuidados se tomarían con los vecinos de ese barrio? Se trataría de recuperar el espacio público más que de atrincherarse en una redacción con custodia policial. El Veredazo, la iniciativa de las Vecinales Rosarinas que propone salir a la calle y recuperar un modo de sociabilidad contra el miedo y la inseguridad, demuestra que los problemas de la seguridad tienen otras soluciones posibles, inmediatas y concretas.



El mensaje y sus interpretaciones


El empresario Scaglione salió en la misma mañana del lunes a hablar sobre la balacera. Sin embargo el mensaje “mafioso” no estaba dirigido a Televisión Litoral, y este es otro aspecto del hecho que no fue observado: el blanco fue elegido para asegurar la difusión del mensaje, con el antecedente de lo que pasó con el trapo en la reja de Telefé, un suceso que se viralizó y tuvo trascendencia nacional. La prensa mira desde el punto de vista del sensacionalismo.

El cartel decía: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días, dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode”. El mensaje remite a una saga de balaceras específica, que se registra en el transcurso del año: el 22 de mayo, contra la Alcaidía; el 20 de septiembre, contra la cárcel de mujeres, ambas ubicadas en Avenida 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de Rosario; el 4 de noviembre, contra la cárcel federal de Marcos Paz, donde se encuentra Ariel “Guille” Cantero; el 8 de noviembre, contra el portón de la cárcel de Riccheri y Zeballos.

En esta serie también se inscriben el ametrallamiento de un coche del Servicio Penitenciario estacionado en la puerta de la Unidad N° 16, en el límite entre Rosario y Pérez, que provocó la muerte del preso Osvaldo Maximiliano “Popito” Zalazar, de 31 años, en presunta venganza por el crimen del “Pájaro” Cantero, por el que Zalazar fue considero sospechoso; y también los ataques a piedrazos contra el Centro Municipal de Distrito Sur, el 2 de setiembre y el 4 de octubre, con mensajes contra los fiscales Matías Edery y Pablo Socca.

La alusión a Alvarado y los Funes se reitera en mensajes que acompañaron a los atentados y señalan por omisión a sus rivales: los Monos. En el ataque contra el penal de Marcos Paz apareció un cartón con la advertencia “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario” y el sambenito “Con la mafia no se jode”. El abogado Jesús Romero denunció el 17 de noviembre torturas y condiciones irregulares de aislamiento que implican “una muerte lenta” para Cantero.

En el caso de la balacera contra la Unidad 3 el mensaje tuvo una firma particular: “Dejen de molestar a los pibes del pabellón 5 de Piñero. Atte: Los colombias”. Si algunos de los presos en las cárceles santafesinas son señalados como los que ordenan crímenes y extorsiones callejeras, ahora también exportan los reclamos por las condiciones de detención.

Scaglione dijo que la política “tiene las mayores responsabilidades”, pero los medios de comunicación también están involucrados. Como dijo Rodríguez Alzueta en el coloquio de Fundeu Argentina, “se duplicaron las tareas para el periodismo: no solo tiene que deconstruir los mitos que ayudó componer durante todos estos años, sino agregarle complejidad a sus coberturas, dejando espacio para que podamos reflexionar”. Habrá que ver si hay algún lugar en la agenda para otras maneras de ver las cosas.


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