De Washington a Río Tercero, las provincias están bajo fuego. Guiado por el manual imperialista de fines del siglo XIX, el nominado embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, marcó a los gobernadores como parte de sus objetivos de presión en el marco de la disputa geopolítica con China. La advertencia llegó en el contexto de la pulseada fiscal que los jefes territoriales tienen con la administración de Javier Milei. Una tensión que puede escalar en la medida que se profundice la crisis social provocada por las decisiones de política económica. El jueves, mientras los mandatarios de la Región Centro participaban de una cumbre en Córdoba, tomaba forma una marcha multitudinaria contra los despidos masivos en el complejo petroquímico del centro de esa provincia.
Allí, en octubre del año pasado Petroquímica Río Tercero cerró la planta de TDI, un producto básico para la fabricación de colchones. Por gracia de los encadenamientos productivos, en esa cadena de valor se encontraba con los polioles que la multinacional Dow producía en la santafesina de Puerto San Martín, otra fábrica engullida por el actual modelo económico. En el caso cordobés, la empresa despidió a 140 trabajadores a fines del año pasado pero siguió con las operaciones en el área química. Hasta que hace pocos días “militarizó la fábrica, paró la producción y despidió a otros 124 trabajadores”, contó Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp). El dirigente alertó que también hay problemas en las vecinas Fabricaciones Militares y Atanor, golpeando económica y socialmente a esa ciudad de 45 mil habitantes, con fuerte perfil industrial, típica de la región central del país.
En la marcha hubo un reclamo fuerte para que el gobernador cordobés Martín Llaryora “tome distancia” de la política económica de Javier Milei. La percepción de los referentes gremiales es que los jefes provinciales reaccionan más rápido para asumir los reclamos de sectores empresariales que el de los obreros. “Al gobernador Pullaro siempre se lo escucha reclamar por el campo pero nada dice de la grave situación que atraviesan los trabajadores”, disparó Daniel Yofra, secretario general de la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso, durante el segundo congreso obrero y salud del trabajo organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (Soear) en General Lagos. De ese encuentro -en el cual 160 delegados de comités mixtos de salud de todo el país relataron las disputas que la ofensiva flexibilizadora impone dentro de las fábricas- participaron también referentes de distintos gremios en conflicto. Allí estuvieron los obreros de Río Tercero pero también los de la láctea Verónica, que promete dejar un tendal en el centro santafesino. Los temblores se sienten en distintos sectores y puntos del país. El gremio petrolero de Neuquén, por caso, lanzó un paro de 48 horas para la semana próxima en Vaca Muerta, en rechazo a las más de mil cesantías que se produjeron allí en los últimos meses.
Es cierto que los jefes provinciales que se reunieron el jueves en la capital mediterránea se enfocaron en la seguridad, agenda urgida por los recientes episodios de violencia en el límite de Santa Fe y Córdoba, y en la exigencia de bajar las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Se posicionaron así ante los anuncios del presidente Javier Milei en la exposición rural. En cambio, la disputa abierta por el reparto de los impuestos a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entró en receso invernal. No así la pelea por la retirada nacional de la inversión en infraestructura.
Un lugar en el mapa
Y en el medio apareció el aspirante a embajador de Estados Unidos en Argentina, que durante su exposición ante el Congreso norteamericano expuso una lista precisa de intervenciones políticas y judiciales que piensa realizar si lo autorizan a ocupar la sede diplomática. Su programa convierte en paloma a Spruille Braden y no solo involucra el apoyo electoral al “amigo Javier” sino la persecución judicial a Cristina y, en el capítulo territorial, la “vigilancia” sobre las provincias para que “no hagan acuerdos con los chinos”.
Según el mapa de exportaciones que realiza anualmente la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2024 hubo cinco provincias que tuvieron como principal socio a China, seis a Estados Unidos y otros seis a Brasil. Santa Fe es un caso especial, porque sus principales clientes son India, Brasil y Vietnam. En los primeros seis meses del año, el gigante asiático fue el sexto mercado de las exportaciones locales.
Claro está que la preocupación del diplomático está menos orientada al eje comercial que a las inversiones asiáticas en recursos estratégicos. De hecho, poco después de conocerse la exposición del embajador, el gobierno nacional rechazó el pedido de la empresa Ganfeng para ingresar un proyecto de minería de litio en Salta en el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi).
Sí firmó los incentivos para el plan de inversión de Sidersa, por u$s 286 millones, destinado a ampliar su planta de San Nicolás y construir una acería, la primera en cincuenta años. El programa data, en rigor, desde antes de 2022 pero el nuevo régimen abrió una puerta para acceder a beneficios fiscales.
La economía reptante
El anuncio aparece como un alivio en medio de un desierto de actividad. El Indec reportó una leve caída de 0,1% mensual de la economía en mayo, que revela las dificultades que tiene para arrancar, aun cuando las comparaciones interanuales todavía muestran crecimiento por el desastre del primer semestre del año pasado. La baja del consumo popular, que se expresó en una disminución de 1,2% en el índice de venta en los supermercados durante el quinto de mes del año va en línea con esta estadística reptante. Aun cuando ese período, con una inflación de 1,5%, mostró un repunte formal del poder adquisitivo, ya que el índice de salario del sector registrado aumentó 2,4%.
No está claro que este cuadro se repita cuando se conozcan los números de la evolución salarial de junio, cuando la inflación se aceleró al 1,6% en el ponderado nacional pero 2% en los principales distritos. La Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario aportó esta semana otro dato preocupante: el costo de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, subió 5,7% en la ciudad durante el mes pasado y la canasta alimentaria, a partir de la cual se calcula la tasa de indigencia, se elevó 4,5%.
En el inicio del segundo semestre bajó la temperatura de la economía pero subió la del mercado financiero. El llamado del JP Morgan para pausar el carry trade fue la piedra de toque. El dólar viajó a la mitad superior de la banda cambiaria, en medio de turbulencias y traspiés que derivaron en los últimos días en brutales subas de las tasas de interés, que tendrán su efecto en la actividad económica, el aumento del gasto público y la inflación. A pesar de que arrancó la semana alertando sobre el “nivel crítico” al que habían llegado las reservas, el staff del Fondo Monetario Internacional la cerró abriendo las puertas al desembolso de u$s 2 mil millones correspondientes al crédito otorgado en abril. El primer tramo fue de u$s 12 mil millones, pero el 44% de esos recursos ya son historia.
La agencia internacional Moody’s también le tiró una soga a Caputo, al mejorar la nota de la deuda argentina, de Caa3 a Caa1. El gobierno de Santa Fe salió rápidamente a difundir que la misma calificadora elevó la valoración crediticia del Estado provincial a B3, por encima de la nacional. Esta competencia noventista no se pudo traducir todavía en la emisión de deuda correspondiente al programa crediticio por u$s 1.000 millones que autorizó la Legislatura. Pero, mientras tanto, sirvió para dar una estocada al ego del superministro. “En un escenario en el que la Nación aún enfrenta restricciones de financiamiento voluntario y una calificación comparable a la de países en default, Santa Fe logra diferenciarse por su responsabilidad fiscal y capacidad de pago”, subrayó un comunicado de la Casa Gris.
La coparticipación
Como un intento de la academia por sintetizar estos conflictos federales puede entenderse la propuesta que presentó oficialmente el centro de estudios Fundar para cambiar el régimen de coparticipación. El coordinador del trabajo sobre coordinación tributaria, Guido Zack, había anticipado su contenido hace poco más de un mes al exponer en la Legislatura santafesina.
Ejes centrales del plan son consolidar la masa de recursos coparticipables, elevando la participación de los impuestos directos, eliminar las retenciones e integrar a la masa distributiva impuestos que hoy son de asignación específica. A la hora del reparto primario reconoce como un tercer actor a la seguridad social, que se financia en buena parte con impuestos que integran la masa de coparticipación. Y para la distribución entre provincias propone revalorizar, como método de actualización, los criterios de población, densidad poblacional y brechas de desarrollo establecidos en la ley de coparticipación 20.221, del año 1973. También promueve “estandarizar” los gastos subnacionales, estableciendo niveles de provisión mínimos de servicios de salud, educación, etcétera, que se deben garantizar con recursos de la coparticipación. Esto lleva a instrumentar mecanismos de compensación para cerrar la brecha de ingresos entre distritos.
A nivel institucional se unificarían la Comisión Federal de Impuestos, el Consejo de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Arbitral en un organismo con autoridad para obligar a cumplir los compromisos asumidos. La coordinación tributaria, incluida la armonización fiscal entre las provincias, se presenta como un antídoto contra la atomización y desintegración a la que llevan tanto los esquemas de competencia fiscal que impulsa la Nación como los inquietantes programas intervencionistas de algún embajador.
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