Los ahorristas autoconvocados por incumplimientos de Bauen Pilay se volvieron a movilizar este miércoles frente a las puertas de la empresa, esta vez tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, para hacer pública “información clave que la empresa ocultó durante casi 20 años” y que consideran es “el pecado original” del grupo desarrollador.
Según detalla un comunicado difundido en la sede local, en Oroño 166, la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación le había prohibido a Pilay ya en 2003 la venta de viviendas a futuro a través de su sistema tradicional —similar a los grupos de autoahorro— pero, mientras apelaba la medida, la empresa no sólo no la acató sino que intensificó sus campañas para captar nuevos clientes hasta 2012. En esa fecha la prohibición quedó firme, tuvo que dejar de operar con esa modalidad y cambió su plan de negocios.
“En el medio, atrapados, quedamos nosotros y nuestros ahorros”, denunciaron los autoconvocados, que afirman que “las explicaciones económicas que esgrime la cúpula de Pilay SA para justificar sus incumplimientos son una cortina de humo. El origen del problema es el propio sistema de consorcios que durante décadas captó dinero de los ahorristas cuando no tenía autorización del Estado para hacerlo”.
“La empresa comercializaba desde 1986 sus afamados planes tradicionales sin contar con el aval de la autoridad competente hasta que una denuncia presentada en abril de 2003 por Comercio Interior de la provincia de Santa Fe impulsó la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo nacional que fiscaliza entidades dedicadas a operaciones de ahorro y préstamo”, revelaron los autoconvocados. “La investigación concluyó el 12 de noviembre de 2003, cuando a través de la resolución 1.459 la IGJ ordenó a la UTE integrada por Bauen, Pilay y Pilares el cese inmediato en todo el territorio del país de la concertación de nuevos contratos que importen la captación periódica de fondos de terceros para su administración”.
La medida del organismo fiscalizador le prohibía al grupo desarrollador “la realización de cualquier tipo de publicidad” relacionada con esa operatoria y lo obligaba “informar públicamente sobre la imposibilidad de concertar nuevas contrataciones”.
Siempre de acuerdo al comunicado de los perjudicados, el grupo empresario desconoció el efecto suspensivo que la resolución de la IGJ debió tener sobre el sistema cuestionado, continuó vendiéndolo y realizó numerosas “campañas publicitarias para multiplicar aportantes y crear nuevos grupos de consorcio”.
Recién “ocho años después, el 16 de diciembre de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial” dejó firme la resolución de la IGJ y el “sistema tradicional” se cayó.
“La empresa nunca informó a los nuevos clientes que captaba (entre 2003 y 2012) sobre la existencia de la resolución” de la IGJ pero “tampoco lo hizo en 2012, cuando la prohibición quedó firme. No hubo comunicaciones públicas, advertencias ni información clara dirigida a los ahorristas que ya integraban los grupos o seguían suscribiendo nuevos contratos, mientras nos ocultaban información clave para nuestras decisiones, nuestros ahorros y nuestro futuro”, denunciaron los autoconvocados, que volvieron a exigir que el grupo cumpla con la entrega de los departamentos comprometidos y respete las zonas y plazos pactados. “Quienes llegamos hasta acá —concluyeron—, miles y miles de clientes que terminamos de pagar o estamos próximos a finalizar las 240 cuotas exigidas, somos los mismos que hace veinte años firmábamos contratos con una empresa que nos ocultó las restricciones jurídicas sobre su revolucionario sistema Pilay”.
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