De changarín a remisero y de remisero a propietario de un parque automotor y de un conglomerado inmobiliario disimulado a través de testaferros elegidos entre familiares. El ascenso económico de Delfín David Zacarías “es de tal entidad que no hace falta probar el origen delictivo de los fondos, porque va de suyo”, sostuvo el fiscal Federico Reynares Solari en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal número 1. La causa por lavado de activos podría sentar por fin un antecedente histórico: el primer decomiso de bienes provenientes del delito por parte de la Justicia Federal de Rosario.
Detenido el 5 de septiembre de 2013 en Funes, Zacarías cumple una condena a 16 años de prisión confirmada en el mes de abril por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esa causa se desprendió la actual por administración de bienes provenientes de las ganancias recibidas por narcotráfico, que afrontan “el rey de la cocaína”, como lo llamaron, y otras siete personas de su confianza. Detrás de un par de empresas de apariencia legal, “todo era opaco, oscuro, trucho, ilegal”, enfatizó el fiscal.
Además de penas de prisión y multas para los acusados, la fiscalía pidió el decomiso anticipado de los bienes de la organización que lideraba Zacarías, que fueron detallados con sus valores en una tabla. “Como medida cautelar”, además, exigió “que se designe un administrador y sean convocados la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Unidad de Información Financiera”. Para afectar al crimen organizado donde más le duele.
La frecuencia del lavado
A diferencia de Esteban Alvarado, que diseñó una telaraña de operaciones de lavado para encubrir la propiedad de inmuebles y vehículos, Zacarías se preocupó tarde y mal por disimular su vertiginoso enriquecimiento. La remisería Frecuencia Urbana, en Granadero Baigorria, fue una pantalla que no ocultó demasiado: el fiscal Reynares Solari sostuvo que hubo “un defecto de planificación” en el lavado, y que esa falla permitió llegar al juicio.
Sin embargo, en otro tramo de la acusación el fiscal dijo que la remisería “parecía capaz de afrontar el desafío de la blancura, blanqueaba cualquier cosa”. Se refirió así al crecimiento patrimonial de Zacarías, que acumuló más de setenta vehículos, treinta y siete cocheras y al menos setenta y siete lotes en barrios cerrados. El lavado le permitió amasar una fortuna de 3.465.646 dólares, si los números no engañan a la acusación.
En forma pedagógica, la fiscalía explicó como parte del alegato que el lavado de dinero comprende tres etapas: la inversión del dinero en la economía formal para disimular su origen; el diseño de operaciones que alejan a los fondos de su origen a través de testaferros; el blanqueo propiamente dicho, cuando los activos se integran a la economía. Si el juicio contra Zacarías y allegados resulta posible es porque sus movimientos fueron detectados en el segundo paso. “¿Qué hubiera ocurrido si terminaba de construir el gimnasio?”, se preguntó Reynares Solari a propósito del proyecto más ambicioso de la organización: la construcción de un polideportivo en San Lorenzo que iba a funcionar como fachada de un laboratorio de cocaína. Si lo hubiera logrado, conjeturó el fiscal, además de industrial narco “hoy quizá sería candidato a diputado como un emprendedor”.
“Todo lavador de dinero tiene que ser prolijo desde el punto de vista fiscal” para disimularse mejor. El fiscal citó un artículo de una revista de la editorial Rubinzal Culzoni (no especificó el autor), según el cual “los lavadores son los mejores contribuyentes” a fines de asegurar las ganancias: “para no levantar la perdiz el lavador deberá dejar parte de sus ganancias en las arcas del Estado”. En ese marco, cuatro integrantes de la organización se adhirieron en 2008 a la ley de blanqueo 26.476, lo que “lejos de una justificación prueba el lavado”. El objetivo de la remisería “era inyectar dinero de la actividad narcocriminal” pero no funcionó como cobertura ya que las cuentas entre los ingresos y los gastos, sencillamente, no cierran. “¿Cuántos ingresos pudieron devenir de hacer algunos viajes para las ART?”, se preguntó retóricamente el fiscal en alusión a la actividad de Frecuencia Urbana.
El alegato del fiscal se extendió más de tres horas, con cuarto intermedio solicitado por el Tribunal, y combinó citas de jurisprudencia y del derecho penal económico con referencias informales pero muy expresivas en términos argumentales. Reynares Solari dijo así que un contador de la API citado como perito por la defensa le recordaba “al Polillita Da Silva, que después de jugar en River pasó a Boca” y definió a Top Crane, la sociedad constituida en 2012 por Zacarías y su hija Flavia para alquiler de volquetes y servicios de construcción, como “el sidecar de Frecuencia Urbana”.
También subrayó que el progreso del changarín devenido en empresario y presunto benefactor de la sociedad no provocó ninguna sospecha en la ciudad de San Lorenzo: “Los concejales le creyeron. A nadie le pareció raro el gimnasio. Vemos que (la maniobra) funcionó”. Por eso pidió al Tribunal que no bien la condena quede firme se ponga al tanto “a la municipalidad y al Concejo Deliberante de San Lorenzo para que tomen las medidas administrativas necesarias para prevenir el lavado de dinero”.
El enriquecimiento de Zacarías habría sido el resultado de una historia criminal que se remonta por lo menos a 2001, cuando se declaraba changarín. Ese año fue detenido en Valentín Gómez y San Patricio, noroeste de Rosario, cuando circulaba con estupefacientes en un Volkswagen Senda. “Si seguía diez cuadras, llegaba a lo de (Olga Beatriz) Tata Medina”, dijo el fiscal.
Conocida como vendedora de drogas al menudeo bajo protección policial y con una condena reciente en la Justicia Federal, Medina puso involuntariamente a Zacarías en el radar de las investigaciones. La causa contra “el rey de la cocaína” comenzó bajo el nombre “Boedo y Ghiraldo”, donde Medina tenía un quiosco fijo; Joel David Zacarías, hijo de Delfín, recibió entonces un auto Chevrolet Spark como pago por la provisión de droga y así se abrió otra línea.
El antecedente de 2001 se proyecta además sobre la historia posterior. Zacarías habría decidido no cometer el mismo error: si lo detuvieron en un auto, trataría de no repetir la historia. “Lo primero que hace cuando sale de la cárcel, en 2005, es poner una empresa de remises. Queda claro para qué: de esa manera ya no iba a ser sospechoso”, resaltó el fiscal.
En tren de refrescar la historia Reynares Solari también recordó a Jorge Halford. En una causa de 2011, el histórico narco rosarino dijo que Zacarías le había encargado el traslado de un cargamento de marihuana desde Corrientes hasta Roldán, por el que lo juzgaban. Halford hizo entonces otra declaración memorable, aunque recibida con indiferencia por la Justicia Federal: “El único cartel de la droga que conozco es el de la policía de Rosario”.
Una casuística en progreso
La fiscalía pidió 9 años de prisión y el pago de una multa por más de 42 millones de pesos para Zacarías; 7 años y la misma multa para su ex esposa, Sandra Marín, ya condenada a 14 años de prisión en la causa anterior. También solicitó penas de prisión y multas por un monto similar para Joel Zacarías y Flavia Zacarías, Jorge Roberto Zacarías (hermano de Delfín), Néstor Fabián Fernández y Edgardo Radovani y condenas de ejecución condicional y multas menores para Fernando Ermacora, Gloria Amanda Zacarías (hermana), Andrea Belén Altamirano y Gonzalo Román Jaime.
Los bienes de la familia Zacarías se encuentran bajo medidas cautelares mientras se desarrolla el juicio. “Tener un inmueble cautelado es antieconómico. En realidad el Estado pierde plata con eso. Hay una ley de 1974 que prevé la compactación de los vehículos, pero no tenemos legislaciones ágiles sobre el tema”, comentó el fiscal, consultado al respecto antes del alegato.
El fiscal retomó el punto en el alegato: “Tenemos una situación con las cocheras (de Zacarías). ¿Quién aprovecha el usufructuo? Eso tendría que estar siendo utilizado por el Estado. Se podía haber pedido en la etapa de instrucción”.
La Justicia Federal puede disponer el decomiso de bienes que sean instrumentos de delitos o utilización de ganancias provenientes de actividades ilegales. En las causas por lavado de dinero los bienes confiscados pasan a disposición de la Unidad de Información Financiera y en las de narcotráfico intervienen el Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas) y el Poder Judicial de la Nación.
El patrimonio de Zacarías quedó expuesto en 2013 con la intervención primero de la Unidad de Información Financiera y después de la Procelac, pero el dinero en efectivo pasó las redes de la investigación. Las investigaciones sobre bienes de la familia Cantero también son decepcionantes respecto al flujo de efectivo. “No hay plata ni grandes cosas, fuera de detalles en la construcción en los barrios por encima de la media”, admite el fiscal federal.
Ariel “Guille” Cantero y Marcos McCaddon tienen por otra parte un juicio pendiente ante la Justicia Federal. El líder de los Monos y condenado a 113 años de prisión afronta varias causas en las que está acusado por “habilitar” actividades delictivas en zonas de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y el cordón industrial, y además por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Arroyo Seco, donde su papel también habría sido el de conceder el santo y seña para autorizar la operación. MacCaddon acaba de ser condenado a siete años de prisión como proveedor de marihuana de una banda liderada por Gisela Bibiana Rodríguez, empleada de limpieza en una compañía de seguros devenida en referente dentro del ambiente del narcomenudeo.
“Es la continuidad de lo que vimos en la causa Los Patrones —dice Reynares Solari—. En ese momento Emanuel Chamorro fue condenado a 17 años de prisión en base a una gran cantidad de escuchas telefónicas donde se evidenció que estaba en la minucia de la organización cotidiana, mientras que Cantero recibió una pena menor, a 15 años, porque aparecía en pocas conversaciones. Pero era el mismo rol: habilitar a personas y habilitar zonas. Y tiene la misma responsabilidad, aunque no sepa cuánta cantidad de droga se venda en concreto según sus indicaciones”.
El Tribunal Oral Federal número 1 impuso ocho años de prisión a Gisela Rodríguez por comercio de estupefacientes, siete años y seis meses a Hugo Daniel Oliva y además condenó a nueve personas como partícipes de una red de venta al menudeo de cocaína y marihuana. La categoría de crimen organizado no parece indicada para un grupo como el de referencia, integrado por un pintor, un albañil, un gestor polirrubro (MacCaddon), una manicura, un panadero y un ama de casa, bajo las órdenes de una empleada de limpieza. Apenas se decomisaron dos vehículos.
El grupo cultivó un perfil bajo, ajeno a las disputas que convulsionan al mercado local del narcomenudeo. Su proveedor, Maximiliano Iván Giménez, alias Maxi Rey, fue sin embargo asesinado el 29 de enero de 2022 en el triple crimen de Ibarlucea. MacCaddon ocupó el lugar de Giménez, según las conclusiones del Tribunal. La investigación no avanzó más allá de los condenados, el último eslabón de la cadena: el hilo se cortó por lo más fino.
En la causa contra Olga “Tata” Medina, por venta de drogas al menudeo en la zona noroeste de Rosario, la fiscalía pidió el decomiso de cinco domicilios señalados como bocas de expendio de drogas, cuatro autos y cinco motos, pero el Tribunal rechazó el pedido. “El pedido no venía precedido de una investigación patrimonial que dijera realmente de quiénes eran esos domicilios —recordó Reynares Solari, consultado por otra nota—. Habría que trabajar también en ese sentido. Determinar a quiénes pertenecen los lugares utilizados como puntos de venta es complicado por la informalidad que se observa en los barrios y por las usurpaciones, pero no se hacen investigaciones efectivas”.
Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Capuano afrontan otra causa por lavado de dinero que se dirimirá en la Justicia Federal. Ambos están acusados por comprar y poner en circulación vehículos valuados en más de diez millones de pesos para blanquear dinero de la venta de drogas. El decomiso de esos bienes agregaría otro golpe a una economía ya tambaleante por las confiscaciones de la Justicia provincial.
Se vende
La ley provincial que regula el decomiso y la disposición de los bienes o derechos patrimoniales que sean instrumento, producto, provecho o efectos relacionados” con actividades delictivas, lleva el número 13579 y fue sancionada el 22 de septiembre de 2016. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la autoridad de aplicación de la ley y como tal la que tramitó las subastas públicas en las que entre otros bienes salieron a remate inmuebles y vehículos confiscados a Esteban Alvarado.
En el transcurso del gobierno de Omar Perotti se realizaron siete subastas, en las que salieron a remate departamentos, lotes y viviendas en barrios cerrados, vehículos, electrodomésticos, una lancha y otros objetos. El dinero obtenido en los remates es destinado a políticas educativas y asistenciales y a asociaciones civiles de distintos puntos de la provincia, según informó Aprad.
A principios de julio, en Rosario, fueron rematados once vehículos y tres propiedades vinculadas con hechos resonantes: una vivienda en la calle Misiones 865 del barrio abierto “Tierra de Sueños”, de Roldán, escriturada a nombre de un testaferro de Alvarado; un departamento de dos habitaciones más cocheras y baulera en Condominios del Alto II, donde vivía el ex jefe de Inteligencia de la policía provincial Javier Makhat; y una casa de Bolivia al 1300, en Rosario, que perteneció al ex policía de Drogas Peligrosas y en algún momento candidato a jefe de policía de la provincia Gustavo Spoletti, condenado en un juicio abreviado. En cambio, quedó sin vender una vivienda en calle Miramar entre Mar del Plata y Punta del Este, del barrio “Tierra de Sueños”, en Funes, escriturada a nombre de la esposa de Makhat, un policía que decía combatir al narcotráfico mientras era cómplice de Alvarado.
En agosto, fueron a remate en Santa Fe un conjunto de motos, bicicletas y un cuatriciclo, y la vivienda de Funes volvió a salir a la venta sin encontrar comprador. Una oferta que no parece tentar al mercado inmobiliario, como esas casas de las que se presume que albergaron algún tipo de maleficio. El lote fue declarado desierto, pero según informaron en Aprad el inmueble está destinado a cubrir la pena de multa que indica la sentencia judicial. El crimen tiene que pagar.
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