El incendio llegó hasta las puertas de la Casa Rosada y no hizo falta que el intendente Pablo Javkin se plantara en el obelisco porteño, como hizo para llamar la atención sobre el ecocidio en las islas del Paraná. El presidente Alberto Fernández grabó un mensaje para anunciar lo que se le reclamaba desde la provincia y desde el municipio: el envío de más efectivos federales junto con otras medidas para “desarticular las organizaciones del crimen” en Rosario.
Las decisiones del gobierno nacional incluyeron una visita de Aníbal Fernández a Rosario para poner formalmente en operaciones a un refuerzo integrado por 300 gendarmes. Después de decir que el gobernador Perotti hablaba “burradas” y de afirmar que Javkin nunca lo había llamado, el ministro de Seguridad de la Nación se mostró un poco más conciliador —aunque agresivo con la prensa— y dijo que las gestiones actuales heredaron los problemas, un argumento que parece destinado a relativizar responsabilidades más que a comprender la situación.
Cuando se conmemoran cuarenta años de democracia, el Frente de Todos enviará al Ejército a los barrios de Rosario. Para diferenciarse de la mano dura que reclaman por esos medios dirigentes de Juntos por el Cambio el oficialismo afirma que realizarán trabajos técnicos, comparables a los realizados durante la pandemia, para participar “en la urbanización de barrios populares”. Sin embargo, la decisión del presidente tiene un peso simbólico muy fuerte por referencia a la historia reciente del país y a la experiencia latinoamericana de combate al narcotráfico y constituye “un hecho grave, una acción espasmódica e improvisada”, en la opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Parece difícil decir cuánto hay de política meditada y cuánto de apuro para sofocar la crisis en las medidas anunciadas. Después de la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo, el gobierno nacional pareció apropiarse del eslogan municipal: Aníbal Fernández también podría haber dicho “hacemos nuestra parte”. El refuerzo de efectivos federales aparece como la única medida de aplicación inmediata y el hecho de que se repita desde 2014 y que el problema se agrave hace igualmente urgente que la provincia se decida a tomar sus propias medidas con la policía y el Servicio Penitenciario.
Además de la delegación en Rosario de la Unidad de Información Financiera, ya anunciada por el jefe de gabinete Agustín Rossi, el presidente prometió cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y un convenio con el Registro Nacional de las Personas para aplicar el sistema de identificación segura en los operativos policiales. La gravedad de la situación llegó también a la legislatura nacional, donde Roberto Mirabella presentó un proyecto para crear 27 fiscalías federales, 9 defensorías y 6 juzgados federales, y también a la provincial, donde diputados y senadores tratan tres proyectos de ley que fueron presentados por los Familiares de Víctimas de la Inseguridad, un actor con creciente protagonismo en el debate público y al que tanto el gobierno provincial como el municipal reconocen como interlocutor.
Santa Fe, caso testigo
Uno de los proyectos de los Familiares de Víctimas de la Inseguridad, sancionado por el Senado, dispone la creación del Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos como una respuesta ante el mercado negro que prospera particularmente en Rosario —“capital nacional del robo de cables”, según la definición de directivos de Telecom— ante la falta de investigaciones y de mínimos sistemas de control.
Las otras dos iniciativas contemplan la prisión preventiva como medida para quienes lleven o utilicen armas “al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito” —lo que requiere la modificación del Código Procesal Penal, a lo que el Senado dio media sanción— y también “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de género”. Habrá más presos en las superpobladas cárceles santafesinas.
“Esperamos contribuir a que los violentos no estén en la calle sino presos”, dijo el senador Lisandro Enrico durante el tratamiento de los proyectos. Sin embargo, la provincia no tiene un déficit al respecto: según el último informe del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2022 había 9.350 personas privadas de libertad y más de la mitad fueron detenidas en los últimos tres años.
La cifra duplica a la de 4.458 registrada en 2012. El récord de presos coincide con el aumento histórico de los homicidios en Rosario, registrado en 2022. Santa Fe podría ser un caso testigo del fracaso de las recetas del punitivismo: el encarcelamiento aumentó en la misma medida que la violencia.
Por otra parte, la cantidad de personas privadas de libertad sin condena firme aumentó entre 2021 y 2022 y alcanza a 4.119 presos, un 44 % del total. Se registró una sobrepoblación de 1.887 personas en dependencias del Servicio Penitenciario, lo que implica un exceso del 29,6 % sobre la capacidad disponible. En la cárcel de Coronda la sobrepoblación es del 50 %; en Piñero, 48,3 % y en el Complejo Penitenciario Sub 2 de mujeres —donde se reiteran condiciones deplorables de detención y dos presas sufrieron graves quemaduras en medio de un reclamo por atención médica— del 38,6 %.
El miércoles, la jueza Silvina Lamas González dispuso la prisión preventiva de Juan José Villazón y Cristina Campos por el plazo de dos años, por amenazas contra el padre de Máximo Gerez, el niño asesinado en Empalme Graneros. Campos tiene un tumor cerebral y se moviliza con bastón porque padece una disminución visual y Villazón está medicado por artritis reumatoidea y presión arterial. Había tres armas en la casa, pero no tienen antecedentes delictivos.
Villazón y Campos son los padres de Cristian Villazón, el Salteño, condenado por el triple homicidio de una familia en 2020 y destinatario del ataque en el que fue asesinado Máximo Gerez. Su detención expone otro problema grave: la criminalización de familiares de detenidos por narcomenudeo o episodios de violencia vinculados con ese negocio.
En ese sentido, para citar casos notorios, la empleada del PAMI de la provincia de Córdoba que facilitó datos para que su hijo se apropiara de una casa en Ludueña y la empleada de la comuna de Ricardone que al parecer asistió a su hijo en la distribución de drogas y sufrió una condena mediática fulminante por tres frases entresacadas de la transcripción de un audio, no parecen parte de una conspiración del mal, para retomar el maniqueísmo del intendente, sino exponentes de la creciente penetración social del narcomenudeo, un problema que difícilmente resolverá la cárcel.
El árbol y el bosque
Vecinos de Empalme Graneros recibieron con aplausos a los gendarmes que llegaron al barrio como parte del refuerzo provisto por el gobierno nacional pero también manifestaron que su presencia terminó cuando se retiraron las cámaras de televisión. La situación expone una desconfianza justificada: los despliegues espectaculares de fuerzas de seguridad y los anuncios de incorporación de recursos, de creación de unidades y de lucha contra el delito se repiten en las crisis de la historia reciente sin concretar ningún cambio apreciable.
El secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero, informó esta semana que las tareas de calle de la policía registraron 150 puestos de venta de droga en Rosario y que la información está en la Justicia Federal. El ministro de Seguridad Claudio Brilloni ya lo había adelantado al asumir: “Sabemos dónde están los bunkers, pero hay que darle pruebas a la Justicia para allanar”. Como si el problema estuviera del otro lado. Al margen de que la fuente de información no es confiable porque está demostrado que tiene intereses en el asunto y que del informe no se reveló más que el número de bunkers, lo mínimo que se espera de una acusación es, efectivamente, que haya pruebas.
Los problemas de darle carta blanca a la policía y de cerrar los ojos en la Justicia ante sus rutinas quedaron expuestos en la causa donde se condenó a Ignacio Actis Caporale y al ex comisario Alejandro “Speedy” Druetta, el policía que construyó la imagen de un cruzado contra el narcotráfico cuando en realidad participó de su organización en Rosario, Villa Constitución y Venado Tuerto. Esta causa volvió a actualizarse con el procedimiento de la Agencia contra la Criminalidad Organizada en un galpón de Guatemala al 2200 donde compartían un asado policías retirados y en actividad, entre ellos dos que fueron mencionados por Actis Caporale: el comisario retirado Alejandro Franganillo y el inspector Luciano David Arellano, “Lucho”, para los narcos.
En su alegato durante el juicio donde fueron condenados Actis Caporale, Druetta, el sargento Juan “Tiburón” Delmastro y varios de sus cómplices, el fiscal Federico Reynares Solari señaló que las deficiencias investigativas de la Justicia Federal resultan funcionales tanto al negocio narco como a la corrupción policial. “El sistema jurídico permite que se detenga sin orden judicial y tiende a creerle a los funcionarios policiales ante la negativa de los acusados y así se han aceptado como ciertos los discursos policiales”, advirtió.
“Como las fiscalías no están conectadas entre sí y no hay una estrategia de política criminal unificada, simplemente se gestionan los partes preventivos que trae la policía —agrega Reynares Solari—. Son pequeñas causas, pequeños árboles para que nunca podamos ver el bosque. En la causa de Olga Medina (los policías provinciales) ni siquiera hacían caer el narcomenudeo. Ese esquema terminó implotando porque era alevoso”.
El esquema, no obstante, parece vigente respecto al fenómeno de la corrupción policial. La complicidad de policías de diferentes jerarquías con distintos grupos criminales se reitera pero los casos aparecen aislados y no existe una investigación de conjunto que permita reconstruir los circuitos y las conexiones. La falta de esa investigación sostiene los nichos de corrupción y constituye un mensaje desmoralizador para los policías que no participan del negocio narco.
La irrupción de la Agencia contra la Criminalidad Organizada en medio del asado que compartían policías y civiles amigos iba en busca de Juan José Raffo, el ex oficial de policía que fue condenado como parte de la banda de Los Monos y cuenta ahora con pedido de captura nacional e internacional. Según las investigaciones, Raffo estaría vinculado al asesinato del barrabrava de Newells Nelson “Chivo” Saravia, el 23 de octubre de 2021, y a operaciones de lavado de dinero de grupos criminales.
Desde el presente, Raffo aparece como un precursor de las maniobras de la extinta División Judiciales y del ex comisario Druetta. Irrumpió en la escena pública hacia 2009 como denunciante de cajas negras y construyó una imagen de policía honesto y valiente que libraba una batalla contra la corrupción y los malos policías. Pero sus intervenciones en los medios y con los medios del Estado apuntaban en realidad a incidir en la interna de la barra brava de Newells y sus actividades ilegales.
La investigación actual apunta a demostrar que una década después Raffo sigue vinculado con la barra de Newell’s. También continuaría con las tareas que cumplió con Los Monos: aporte de información y lavado de dinero. Y según una causa en trámite en la Justicia Federal sus contactos actuales son todavía más calificados: la delegación rosarina de la Agencia Federal de Investigación.
La detención de Raffo fue ordenada además por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien investiga una organización narco que opera en Rosario a partir de una denuncia anónima. Se reitera así una circunstancia que ocurrió con Esteban Alvarado: el impulso para las investigaciones viene desde afuera de Santa Fe porque en la provincia no están a salvo de filtraciones. Según la web de Apropol, un sitio al que no le faltan fuentes policiales, Raffo actuaba además como agente inorgánico de la delegación local de la AFI. Se repetiría entonces otro problema grave: la penetración de los grupos criminales en los organismos del Estado que deberían investigarlos.
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