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Política

Dos empresas presentaron propuestas para el balizamiento de la Hidrovía y se renueva la polémica

Dos fueron las empresas que presentaron sus ofertas técnicas para realizar el balizamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná hasta septiembre de 2022, en el proceso de la llamada “licitación corta”. Suma Política accedió a esa información de manera extraoficial; los nombres de las firmas oferentes no fueron revelados hasta el momento, algo que hará oportunamente, en función de las normas legales de procedimiento, la Administración General de Puertos (AGP). 

La apertura de sobres, este martes 28 de diciembre, se dio en un contexto que reavivó polémicas en torno a quién, cómo, sobre qué programas estratégicos y por cuánto tiempo deben realizarse las obras de balizamiento, que, como las de dragado, resultan centrales para la economía argentina: por el canal navegable sale prácticamente el total de las exportaciones del país. Rosario está en el centro de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Algo similar había ocurrido el 17 de diciembre pasado, cuando se supo quiénes participarían de la “licitación corta” para el dragado. Fueron cuatro: Jan de Nul, a través de Compañía Sudamericana de Dragado (Jan de Nul es la operadora actual y manejó la Hidrovía desde 1995); la segunda oferta fue de una Unión Transitoria de Empresas (UTE): la belga Dredging International, la china CCCC Shanghai Dredging CO y la argentina Servimagnus SA; la tercera, de la holandesa Boskalis; finalmente, una surgida de la unión entre la dinamarquesa Rhode Nielsen y Emepa SA (esta última es conocida en Argentina por los procesos judiciales que enfrenta). 

En los próximos días se sabrá entonces qué empresa tendrá a su cargo los trabajos de dragado y qué otra los de balizamiento, para garantizar la navegación del gran canal hasta septiembre de 2022. El gobierno nacional tiene pensado llamar a una licitación internacional que garantice esos trabajos por una década. 

La concesión sobre la Hidrovía —prorrogada sucesivamente por gobiernos de distinto signo desde su puesta en marcha, en 1995— concluyó el 30 de abril pasado y, para entonces, todos suponían que estaba encaminado el llamado a licitación para concesionar el dragado y balizamiento desde entonces y por diez años. 

Sin embargo, surgieron voces que alentaron a “nacionalizar” el sistema, sin precisar cómo y con qué herramientas. Especialistas con ideas radicalmente opuestas desde la política coincidieron entonces en que Argentina no cuenta hoy con la infraestructura para garantizar los trabajos de dragado y balizamiento. Así las cosas, sobre fines de abril el gobierno nacional prorrogó la concesión por tres meses a la firma Hidrovía SA (controlada por la belga Jan de Nul), para garantizar la navegación del Paraná y, sobre todo, la exportación de la cosecha.

En julio, el presidente Alberto Fernández, a través del decreto 427/21 y en acuerdo con las voces que pedían una “nacionalización” del sistema, transfirió la gestión de la Hidrovía a la Administración General de Puertos (AGP). Ello implicó, básicamente, que el Estado pasó a cobrar las tarifas de peaje al usuario para luego transferir al concesionario (hasta entonces, este último la cobraba de manera directa).

En ese mismo momento, otra vez, el gobierno firmó contratos directos con la misma empresa Hidrovía SA; sólo que, a esos fines, ésta se desdobló: Compañía Sudamericana de Dragados (CDS), empresa local de la belga Jan de Nul, tomó el dragado, y Emepa SA, el balizamiento. Esos contratos directos fenecen el 22 de enero de 2022.

Antes de la finalización del contrato de Hidrovía SA parecía imposible que el gobierno diera una nueva oportunidad a la compañía de Gabriel Romero (Emepa), ya que el empresario confesó como arrepentido haber pagado 600.000 dólares en 2010 para prorrogar la concesión hasta 2021.

Se supone ahora que el 22 de enero de 2022 —fecha demasiado próxima, por cierto— deberían hacerse cargo de dichas obras las empresas que resulten ganadoras de las licitaciones cuyos sobres se abrieron el 17 de diciembre (para el dragado) y el 28 de diciembre (para el balizamiento).

Tan complejo es el proceso que eso tampoco es seguro ya que, legalmente, puede haber impugnaciones y más. Por ello, en el mismo pliego licitatorio de la “licitación corta” se garantiza que, si algo de eso ocurre, las dos empresas mencionadas seguirán a cargo de los trabajos hasta tanto se defina el panorama. Así las cosas, la apodada “licitación corta” puede ser más breve aún, teniendo en cuenta que concluye en setiembre, cuando, a su vez, debe estar lista la final, que establezca una concesión a diez años.

Para tener una idea de lo que implica el control económico sobre los peajes en la Hidrovía —según datos oficiales publicados por la AGP en su último informe de gestión—, durante los primeros tres meses de su administración, que comenzó en setiembre, se facturaron 42.150.000 dólares, con un total de gastos de 37.650.000. Resultante: 4.500.000.

Repercusiones en Rosario

“Lo del gobierno es muy pobre y está todo atado con alambre —dijeron ayer a Suma Política especialistas de Rosario vinculados con el sector portuario y de infraestructura—. Hace once años que sabíamos que terminaba una concesión en 2021 y nada se previó, también durante estos once años reclamamos mejoras al sistema de navegación: canales de acceso, cruces, radas… Nada se hizo. Después se le dio la administración a la AGP que, básicamente, es el puerto de Buenos Aires, ¿Qué hizo el puerto de Buenos Aires?: subdividió en dos contratos los servicios que antes prestaba una sola empresa y terminó contratando a las mismas: Jan de Nul y Enepa, con todo lo que eso conlleva…”

“El Gobierno arma esto sobre lo inexistente: todavía no ha definido cómo va a continuar este sistema y le transfiere la potestad de una licitación de largo plazo a un ente nuevo que creó… Todo es muy improvisado”, dijeron las mismas fuentes.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Puertos Privados de la Argentina, Luis Zubizarreta —que fuera entrevistado hace seis meses por este portal— volvió a reclamar “certidumbre”. Lo hizo en el reciente XXXI Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior 2021, organizado por GlobarPorts, donde sostuvo que “hay que darle fecha definitiva y un cronograma certero a la próxima licitación pública” y se mostró partidario de “evitar intermediarios en el movimiento de flujos que generen sobrecostos”. Esta última apreciación conlleva un pedido: volver al esquema en el que el concesionario privado sea el que cobre el peaje, a diferencia de lo que empezó a ocurrir desde setiembre, cuando comenzó a cobrar el Estado.

Por su parte, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Soberanía Popular, opinó ayer, irónicamente, que el gobierno “ha cumplido con el último decreto en el que marcaba que la AGP iba a hacer el control hidrológico y cobrar el peaje; por eso —dijo— el dragado sigue siendo de la Jan de Nul y el balizamiento de Emepa”.

“Sigue viva la trama privatista de los años 90 —sostuvo el legislador de la izquierda santafesina—; eso de la AGP es fulbito para la tribuna, porque en realidad la pusieron de administradora de un negocio que va a quedar cada vez más en manos extranjeras, vamos a la reprivatización del servicio y a la pérdida absoluta de soberanía por lo que pasa por el río Paraná, que es la mayor cantidad de riqueza que produce la Argentina”. Categórico, sentenció: “Lo que veo es que se profundiza la política de los 90 con un Estado bobo y cómplice; un Estado que está sólo para poner el sellito de lo que se llevan las multinacionales”.

La licitación final

Así las cosas, se espera ahora que el gobierno nacional logre, de aquí a setiembre, tener listos los pliegos de licitación final, esos tan mentados que garantizarían obras y concesionario durante diez años. 

Ariel Sujarchuck, ex intendente de Escobar, ahora presidente del Ente de Control y Gestión de la Hidrovía (otra nueva entidad creada este año desde el Estado que, además, funcionará en Rosario) aseguró días atrás que “en seis meses” aquellos pliegos estarán listos. Tampoco está claro qué rol jugará el Estado argentino en ese nuevo concierto, según qué recen esos pliegos. 

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