En su discurso del 25 de mayo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el default estaba a la vuelta de la esquina. La advertencia no se tomó a la ligera entre los economistas que ven con preocupación la dinámica del endeudamiento público, el crecimiento del déficit de las cuentas externas y las dificultades para sumar reservas por otra vía que no sea pedir prestado.
El equipo económico que conduce Luis Caputo asegura que no le interesa acumular reservas porque el superávit de las cuentas fiscales lo blinda de una crisis. Por eso insiste en no comprar dólares por arriba del piso inferior de la banda cambiaria, aun a costa de dejar pasar el flujo estacional de agrodivisas que se activó con la cosecha. Con la reducción de la inflación como foco de la política económica y electoral, Economía prefiere seguir pidiendo dólares a fondos de inversión, bancos o ahorristas, e incentivando el crédito en moneda dura entre privados, antes que meter demanda adicional cambiaria, con el riesgo asociado de que se empine la cotización y, luego, los precios.
La despreocupación que exhibe el gobierno por acumular reservas contradice las metas de acumulación pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de recibir un salvataje financiero de 20 mil millones de dólares. Según este compromiso, a fines de junio deben incorporarse casi 4.500 millones de dólares a los activos del Banco Central.
La reciente colocación de un bono para inversores extranjeros por mil millones de dólares, que se podía suscribir en dólares y pagaba en pesos, es parte de la ingeniería financiera desplegada para seguir juntando reservas con endeudamiento. La licitación atrajo ofertas por 1.600 millones de dólares aunque la tasa cerrada fue mayor a la esperada por el mercado.
La rueda financiera
“El esquema económico del gobierno libertario se maneja como una gran rueda financiera”, describió Cristián Módolo, que hace pocos días presentó en la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Rosario su monitor económico correspondiente al primer cuatrimestre del año. El economista es uno de quienes toma como válidos los temores sobre un default. De hecho, recordó que la propia directora de Estrategia y Sustentabilidad del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, no quiso firmar el nuevo crédito que el organismo multilateral le otorgó al gobierno argentino.
Es que, apuntó, el crecimiento de la deuda marcha a una velocidad muy superior al de la economía. De hecho, el pasivo del sector público no para de subir. “En los últimos 17 meses acumuló más de 100 mil millones de dólares, a una tasa del 27 por ciento, inédita desde la recuperación de la democracia”, subrayó el economista. El stock a abril de 2025 alcanzó a 475.557 millones de dólares, tres veces más que en 2001. Según sus números, en los dos últimos cuatrimestres del año, el Tesoro enfrenta vencimientos, descontando los compromisos intrasector público, por 108 billones de pesos pagaderos en moneda extranjera por el equivalente a más de 10.178 millones de dólares.
En uno de los últimos reportes del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), el economista Claudio Lozano señaló que el stock de deuda saltó del 57,42 % al 73,86 % en el primer año de gestión del actual gobierno. El 45 % está en moneda local y el 55 % en moneda extranjera. La deuda en moneda local aumentó en un 101,64 %. De acuerdo a sus cálculos, los vencimientos de capital e intereses para todo 2025 suman 134.885 millones de dólares, de los cuales 29.319 millones son en moneda extranjera y 105.566 millones en moneda local.
“El superávit primario necesario para pagar los intereses que vencen en 2025 debería ser un 36 por ciento superior al de 2024, cuando no alcanzó para pagar los intereses, de modo que un porcentaje se pagó tomando nueva deuda”, explicó. Para este año, estimó que el 1,3 % de resultado fiscal positivo proyectado por el gobierno tampoco alcanzará, de modo que “el Estado necesitará tomar nueva deuda por entre 135 billones y 139 billones de pesos”.
Su conclusión es que existe “el riesgo de default o reperfilamiento; la deuda crece más que la economía y para pagarla habría que romper alguna de las anclas en las que el gobierno basa su política antiinflacionaria”.
Devorador de dólares
Este desafío se despliega sobre un escenario áspero en materia de cuentas externas. Pese a obtener, vía devaluación originaria, un abultado saldo comercial en 2024, éste se fue achicando. De esa forma metió presión a una cuenta corriente que ya se venía tensionando por los efectos del posterior atraso cambiario, como el déficit de la balanza turística. En el primer trimestre, el saldo comercial fue de 838 millones de dólares, un 90 % menor al mismo período del año pasado. En marzo se registró el primer déficit de la era Milei, de 456 millones de dólares. Y en abril, aunque volvieron los números verdes, lo hicieron montados en una dinámica desequilibrada, con un crecimiento de 2 % en las exportaciones contra un aumento del 37 % en las importaciones.
El economista Roberto Feletti recordó que en 2024 el ministro de Economía “se gastó 18.600 millones de dólares del superávit comercial, 23 mil millones del blanqueo y ahora amenaza con hacer lo mismo con los 20 mil millones del FMI”. Pese a ello, concluyó, “las reservas brutas siguen en el orden de los 38 mil millones de dólares”.
“Caputo está haciendo lo mismo que hizo durante su paso por la administración macrista, cuando tomó 65 mil millones de dólares en un año”, subrayó. Los resultados no serían muy distintos. “Los dólares nunca alcanzan para pagar la tasa de financiamiento que Caputo ofrece a los especuladores financieros para que solventen su modelo”.
Más ajuste
Las obligaciones que impone el alto endeudamiento obligan al gobierno, a su vez, a profundizar el ajuste fiscal. Módolo advirtió, en este punto, que “la novedad que presenta esta etapa es la tendencia a profundizar los recortes en los programas sociales, a excepción de la AUH”. El recorte de los primeros cuatro meses del año fue de 1,7 billones de pesos, equivalente a un 20 % de lo ejecutado el año anterior para el mismo período. Volver al trabajo (-42 %) y políticas alimentarias (-16,7 %) fueron algunos de los programas más afectados.
Sin dólares, con alta carga de deuda y en medio de una actividad que no termina de despegar, el gobierno busca combustibles alternativos para darle algo de vida a la economía. En ese plano se inscriben, a juicio del economista rosarino, los anuncios sobre la relajación de los controles fiscales sobre el uso de dinero no declarado.
“Hasta ahora los anuncios se circunscriben a la flexibilización de la mirada de la agencia de recaudación sobre los movimientos en pesos”, aclaró. Y analizó que lo que busca el Palacio de Hacienda es que se muevan “pesos y dólares” para revivir una economía atenazada por el tope a los aumentos salariales, el impuesto a las Ganancias sobre el salario, la falta de crédito y los efectos en el empleo de un tipo de cambio pisado.
El partido de las provincias
En este contexto, aunque con otros motivos, las provincias comienzan a pedir pista para tomar deuda. Santa Fe dio el paso más audaz al poner en marcha un operativo relámpago para recomprar bonos y colocar nuevos títulos en Wall Street por 1.000 millones de dólares. El proyecto no tiene como objetivo perpetuar una rueda financiera sino blindar la obra pública y, en consecuencia, la gestión política del gobierno provincial hasta el fin del mandato; recibió el visto bueno de forma exprés en el Senado.
Aunque se espera también la aprobación de la Cámara baja, su tratamiento promete en esa instancia una mayor discusión. El pedido de informes del diputado y ex ministro de Economía Walter Agosto, que abroqueló tras de sí a los legisladores peronistas, focaliza el cuestionamiento en la magnitud del endeudamiento, que triplicaría el actual stock de pasivos, y la oportunidad. “El gobierno nacional aún no salió a colocar deuda en el mercado internacional debido al elevado nivel de riesgo país y a la volatilidad que presenta el contexto global”, observó. Y advirtió que “endeudarse a tasas elevadas y en moneda extranjera” podría recrear “la situación de 2016/17, que llevó a muchas provincias a la cesación de pagos y/o reestructuración de sus deudas”.
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