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Política

El discutido acuerdo con Afip, lejos de poder ser debatido en la Legislatura

Tras un fallo de la Corte en 2015, durante casi siete años, el Estado nacional mantuvo con la provincia de Santa Fe una deuda millonaria que finalmente se ha comenzado a abonar sobre una base de cálculo para su actualización que la gestión de Omar Perotti aceptó y que la oposición cuestionó. Lo mismo que con el medio de pago acordado entre la Casa Rosada y la Casa Gris, los bonos, que ahora ya han comenzado a llegar a manos de la Provincia y, por aplicación de una ley votada durante la gestión anterior, en la proporción correspondiente a los municipios y las comunas.

Pero además, otro asunto dividió aguas desde junio en adelante entre los dirigentes políticos provinciales y ocupó el centro de la discusión política tanto como la cuestión de los papeles, los plazos y los intereses: un acuerdo con la Afip por el que se estimaba que los santafesinos deberían pagar por año al organismo recaudador nacional unos 7 mil millones de pesos, a cambio de poder acceder a información de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En rigor, se trata de resolver cómo será en el futuro la relación entre los recaudadores nacionales y los provinciales. Si habrá un aceitado intercambio de información para dar en el blanco con los evasores o si ambas jurisdicciones —que aquí comparten el mismo coto de caza— convivirán sin darse avisos para colaborar. Se define esa relación y también si la provincia destinará una suma considerable para financiar al organismo nacional, como hacen los otros estados provinciales. Luego de la experiencia de carecer de ello, algunos en la oposición se preguntan para qué.



Decisión


El fin del reclamo de Santa Fe a la Nación por el pago de la deuda fue asumido, con sus beneficios de inventario y sus efectos colaterales no previstos, íntegramente por el gobierno de Perotti. Y debe decirse que su decisión política de no llevar la discusión del arreglo de la deuda a la Legislatura gustó a los integrantes del oficialismo que la consideraron una medida de valor en la gestión y, aunque no se lo haya dicho, alivió a los opositores. Aun a los legisladores del peronismo que han mantenido una línea de “oficialismo responsable”, como le gusta decir al bloque del Nuevo Espacio Santafesino del PJ en el Senado,  porque vieron en el gesto que se asumía el peso de la decisión y porque en su opinión no se violentaba ninguna norma ni precepto constitucional. Mientras, en los bloques opositores, sobre todo en el radicalismo de las dos Cámaras, se entendió que iba a ser difícil en un eventual debate legislativo rechazar un acuerdo que, con defectos y críticas, en cualquier caso significa por fin cobrar.

Más allá de que no hubo mensaje del gobernador a la Legislatura sobre el acuerdo para el pago con bonos de la deuda, los legisladores de uno y otro signo se prepararon durante la segunda mitad de 2022 para un debate parlamentario que nunca sucedió. Y que muy difícilmente suceda al menos en el mediano plazo (y se viene un año electoral).

En pocas palabras, hubo discusión política entre los partidos pero no debate legislativo sobre los millones impagos a Santa Fe, que bien pudieron ser llamados “deuda K”, porque fueron decisiones de gobiernos del kirchnerismo los que la generaron. Santa Fe, primero por la vía administrativa con Jorge Obeid y luego ante la Justicia con Hermes Binner, peleó y ganó la pulseada. La Corte falló a fines de 2015, justo cuando se iba del gobierno Cristina Kirchner y asumía Mauricio Macri. 


Invierno caliente


Este año no fue tan frío el invierno en la provincia del mapa de la bota y en política fue directamente caliente, por la cuestión de la deuda y, con el correr de las semanas tras el anuncio del gobernador Perotti y el aún ministro de Economía Martín Guzmán, por el famoso convenio con Afip que generó —por ejemplo— pronunciamientos conjuntos del socialismo y del radicalismo en todas sus vertientes (incluidos los que desde siempre son parte de Juntos por el Cambio o se han sumado en 2021). Aquellas fotos de la unidad opositora parecían reconstruir el Frente Progresista o fundar un Frente de Frentes unido por las críticas al Ejecutivo.

Hubo entonces una necesaria reunión de carácter institucional. El gobernador convocó al presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías a conversar sobre el tema. Y el compromiso del jefe de la Casa Gris fue que cualquier convenio con Afip tendría tratamiento legislativo, que sería enviado como mensaje a las Cámaras para que den la correspondiente autorización o su rechazo. 

Cuando se aproximó el tiempo de la firma del acuerdo por la deuda, desde la oposición hubo duras condenas a Perotti a quien se lo acusó de no cumplir con su palabra y de haber firmado también con el organismo recaudador. Pero los hechos demostraron lo contrario. No hubo mensaje, ni acuerdo con Afip. 



Fechas


“Es una cuestión que parece una discusión técnica pero en realidad es —como siempre— una definición política lo que se necesita”, resumió una fuente en la sede gubernamental. El interlocutor sabe qué se piensa en el gobierno: que con el acuerdo habrá que pagar una suma importante, pero que los beneficios de control fiscal que obtendrá Santa Fe serán como mínimo el triple del costo de ese aporte que, por otra parte, las demás provincias hacen. Sea porque lo escuchó en los pasillos del Ministerio de Economía o porque lo piensa quien habló con Suma Política, es válido hacerse preguntas: ¿en un mundo en el que es cada vez más fácil girar beneficios al exterior, cómo hará Santa Fe, una jurisdicción subnacional, para obtener información internacional? ¿No sería bueno que Santa Fe pueda, por ejemplo, tener información confiable sobre lo que produzca en términos impositivos el acuerdo con Estados Unidos que se anuncia para quienes no aprovechen el blanqueo? ¿Es lógico que sólo Santa Fe no financie a Afip?

Más allá de los 7 mil millones en juego, de los eventuales 21 mil millones a ganar, subsiste el problema de una provincia aislada de la organización impositiva nacional. ¿O será acaso una ventaja?

El gobierno santafesino cree en un convenio con Afip, pero sencillamente no ha acordado cuándo entraría en vigencia con la Nación. Si a la fecha en que se firme o cuando la Legislatura lo acepte (si eso pudiera ocurrir). Con ese panorama está claro que no será parte de las sesiones extraordinarias y seguramente tampoco del próximo año legislativo.


Tanquecito


En parte de la oposición, en cambio, dejó fuertes marcas la pulseada que los gobiernos de Antonio Bonfatti y de Miguel Lifschitz mantuvieron con la Nación, por la deuda y también por el convenio de la Afip.

Son evidentes las desconfianzas respecto de qué se podría realmente obtener de positivo al pagar 7 mil millones al año a la ex DGI. Y a favor de esa lectura debe señalarse que no hubo en Santa Fe una caída de la recaudación por no tener información de Afip.

En los años de aquella sigla, en especial de 1976 hasta el regreso de democracia, la Dirección General Impositiva era vista como “el tanquecito”, gracias a un dibujo animado de la dictadura que buscaba aleccionar a los que no pagaran sus impuestos. Los ponía del lado de “los enemigos”.

Más adelante, en los 90, con Carlos Menem, el peronismo prefirió otra imagen acorde a la reforma del Estado. Creó la de los sabuesos y además cambió hasta el nombre a la repartición. 

Hay una visión crítica sobre los recaudadores nacionales que anida en parte de la oposición en Santa Fe, que ha nacido de la experiencia de tener que trabajar con información propia desde 2017. No se los piensa como simpáticos investigadores con buen olfato para perseguir a los infractores ni como cobradores castrenses con cañones, sino como parte de una gran familia, de una corporación tan importante como otras de la esfera pública, que goza de muy altos ingresos respecto del promedio de los salarios en el Estado.

Esa corriente de opinión ve a la Afip como una organización estatal con burocracia de tipo “circuito cerrado” que asciende con el tiempo y hace valer su poder. Está claro que, al menos de la economía en blanco, conoce más de la vida privada de las personas, por sus gastos e ingresos, que otras agencias estatales. Además, es responsable de controlar todo lo que entra y sale del país. Con tantos datos, es posible suponer que en las últimas dos décadas creció el vínculo entre Afip y los servicios de inteligencia, se cree entre quienes hoy hubieran colaborado con un debate legislativo desde las bancadas opositoras.



Sin novedades


En la Legislatura ya del tema casi no se habla, aunque tiempo atrás era central. A las Cámaras llegó de la Casa Gris el llamado “Acuerdo complementario” al “Acuerdo de Ejecución de Sentencia” de la deuda, pero sólo fue enviado “para conocimiento de los legisladores”. Nunca se envió mensaje para su ratificación y el tema se enfría.

Para el gobierno provincial es una oportunidad que comienza a darse por perdida. Logró el pago de la deuda y en efecto, cumplió su palabra. No  firmó el convenio con Afip de espaldas a la Legislatura, donde se sabe que el tema difícilmente prospere. 

Para muchos en la oposición, volver a aportar a la Afip es retrotraer a la misma situación que se tenía hasta el fallo de la Corte. Casi un renunciamiento.

Sostienen que hasta el triunfo de Santa Fe en la máxima instancia de los tribunales argentinos, la Afip compartía sólo cierta información “a pedido y parcial”. No era un permiso de libre acceso a las bases de información fiscales lo que existía, sino apenas un esquema de colaboración.

Todo indica que será un tema interesante para preguntar a los candidatos a gobernador en 2023, porque la próxima gestión tendrá el doble de presión nacional que la actual. Santa Fe ya no será acreedora del Estado Nacional y los funcionarios de Afip volverán a la carga. 


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