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Política

El Juicio por Jurados, otra deuda de la Legislatura santafesina con la sociedad y la Constitución

Los vimos en las películas, desde la siempre citada “12 hombres en pugna” (1957), pasando por la taquillera “Philadelphia” (1993), la impredecible “La raíz del miedo” (1996) o la inquietante “La jurado” del mismo año, la intriga de “Tribunal en Fuga” (2003) o el cinismo de “Fracture” (2007). El cine nos familiarizó con el concepto de duda razonable, el alegato y el veredicto, aunque también dejó cierta desconfianza en el sistema con manipulaciones, intenciones ocultas y juegos de poder. Pero eso es ficción. ¿Qué dice la realidad entonces? 

El Juicio por Jurados es una herramienta propia del derecho anglosajón (Common Law), donde una parte acusadora y otra defensora se debaten para imponer su postura a un grupo de doce ciudadanos comunes que no están emparentados con el mundo jurídico. Es obligatorio, sólo pueden ser impugnados ante una sospecha de parcialidad y deben decidir con su opinión personal sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado. 

En Argentina la propia Constitución Nacional expresa la obligatoriedad de adoptar el Juicio por Jurados en los artículos 24, 75 inciso 22 y 118. A esto se suma que el 2 de mayo de 2019 la Corte Suprema de Justicia le dio un espaldarazo en el fallo “Canale” al confirmar que “es constitucional que las provincias establezcan el Juicio por Jurados para juzgar los delitos cometidos en su jurisdicción”. Sin embargo, son pocas las provincias que incorporaron esta modalidad: Córdoba, Mendoza, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires, Rio Negro y Chubut. Aunque con ciertas particularidades en cada una, todas coinciden en aplicarla en los delitos graves que afectan al orden público, como los homicidios. 

“Tribunal en Fuga” (2003)

En Santa Fe no se consigue 

La Asociación Argentina de Juicios por Jurados nos aporta buena información sobre la historia del proceso en Santa Fe. “El 26 de julio de 2018 la Cámara de Diputados de Santa Fe ya había dado media sanción a un proyecto de ley de Juicio por Jurados ejemplar que impactó en todo el país”, documenta en su sitio web y allí comenzó todo. El proyecto fue enviado por el gobernador Miguel Lifschitz a instancias de su ministro de justicia, Ricardo Silberstein, y obtuvo una abrumadora mayoría en Diputados con cuarenta votos positivos contra siete negativos. Sin embargo, en el Senado santafesino durmió tanto que perdió estado parlamentario. Ahora, el 21 de julio de 2021, ingresó otro proyecto a Diputados, autoría del legislador Ariel Bermúdez que todavía está en comisión. “Por otro lado, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso V.R.P, V.P.C y otros Vs. Nicaragua ha ratificado que el Juicio por Jurados no incumple con las garantías enunciadas en el artículo 8 de la Convención Americana, recogiendo muchos de los argumentos ya desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, aporta el doctor Franco Gatti, Docente e investigador de la UNR, master en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Público. 

Oscar Blando es profesor de Derecho Político en la UNR y exdirector de Reforma Política y Constitucional del Gobierno de Santa Fe. Refiere que “el Poder Judicial es un poder «contramayoritario», el único poder del Estado que no tiene una legitimidad democrática directa del pueblo” y que democratizarlo “no es partidizarlo sino pluralizarlo e independizarlo de (todos) los poderes”. Blando cita al jurista italiano Luigi Ferrajoli que entiende que “la actuación judicial puede ser conceptualizada como la participación en un diálogo entre los distintos poderes del Estado, para la concreción de un programa jurídico-político establecido por la Constitución o por los pactos de derechos humanos”. Para Blando ese “diálogo” institucional se logra incluyendo a los destinatarios del sistema judicial con el Juicio por Jurados en el proceso de administración de justicia.

“La implementación del Juicio por Jurados en la Provincia de Santa Fe constituye una deuda con el texto constitucional, que así lo prescribe”, asevera Gatti. “Pero, además, contribuiría enormemente a elevar los estándares de transparencia, imparcialidad, publicidad de los actos de gobierno y compromiso de la ciudadanía con el servicio de justicia”.

La necesidad de los jurados populares quedó plasmada en una carta que enviaron en 2019 un grupo de juristas y académicos (el ministro de la Corte provincial Daniel Erbetta; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini; la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione; el rector de la UNR, Franco Bartolacci, y el decano de Derecho, Hernán Botta) a la Legislatura para que el proyecto no perdiera estado parlamentario. “Significa un avance notable en la democratización del Poder Judicial, haciéndolo más transparente y dando participación a la ciudadanía”, insiste el rector Franco Bartolacci. La implementación del Juicio por Jurados en el ámbito de la provincia de Santa Fe es un anhelo que desde los sectores académicos se acompaña fervientemente. “A los fines de generar confianza, la participación a través del sistema de Juicio por Jurados es determinante. Ello en cuanto implica lisa y llanamente habilitar al ciudadano a llevar a cabo un verdadero acto de gobierno”, reflexiona el decano de Derecho de la UNR, Hernán Botta.

“La implementación del Juicio por Jurados en Santa Fe es una deuda con el texto constitucional (…) Pero además contribuiría a elevar los estándares de transparencia, imparcialidad, publicidad de los actos de gobierno y compromiso de la ciudadanía con el servicio de justicia”

“12 hombres en pugna” (1957)

Más a favor que en contra

Entre este final de septiembre y comienzos de octubre, la ciudad de Buenos Aires vota en su legislatura la implementación del Juicio por Jurados para convertirse en el noveno distrito que lo adopte y Catamarca hace lo propio con media sanción de Diputados. Sólo algunas discusiones urgentes entre otras tantas que se plantean entre juradistas y antijuradistas: la compatibilidad del Juicio por Jurados con el recurso y el voto por unanimidad de los 12 integrantes o condena por mayorías, el “desuetudo” de la manda constitucional, el aumento desproporcionado de las condenas y hasta la “situación económica” (grieta de por medio) como obstáculo.

La controversia por este proceso judicial no es pacífica ya que las posturas son fuertemente argumentadas por ambos lados. Mientras algunos critican el desconocimiento de los jurados en materia jurídica, sus posibles prejuicios, que los ciudadanos puedan ser influenciables, los costos y hasta la irrevocabilidad de la decisión final, otros expresan que los doce seleccionados le otorgan mayor equidad y garantías al sistema que un decisor calificado.

María Piqué es fiscal ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y docente de la UBA. Es una defensora incansable del Juicio por Jurados e hizo un seguimiento pormenorizado del caso George Floyd que conmovió recientemente a la sociedad estadounidense. 

“El principal aporte del Juicio por Jurados es la calidad del procedimiento para la fiscalía, para la defensa y para la querella. No es lo mismo litigar ante un juez o jueza profesional que ante doce ciudadanos y ciudadanas comunes. Necesariamente cuando se está ante un jurado popular, el tipo de discusión cambia, el tipo de lenguaje cambia, los juicios tienen que ser continuos, orales, con una verdadera discusión de la prueba y sobre la teoría del caso, clara y definida”, explica Piqué.  Al igual que muchos defensores del Juicio por Jurados, asegura que esto implica una mayor calidad de los procedimientos, de forma transparente, sin dogmática penal para que lo entienda cualquier persona y donde no opere la complejidad del discurso jurídico que produce lo que los teóricos llaman opacidad del derecho. Porque la ciudadanía está alejada de los asuntos penales, obedece leyes, pero no las elabora y en la mayoría de los casos, no las conoce.

“El principal aporte del Juicio por Jurados es la calidad del procedimiento para la fiscalía, la defensa y la querella. No es lo mismo litigar ante un juez o jueza profesional que ante doce ciudadanos y ciudadanas comunes”

Oscar Blando, Franco Gatti y María Piqué

Nosotros y los miedos

La idea de que un jurado popular es más influenciable porque tiene muchos prejuicios se transforma en la principal duda de todo lego en la materia. ¿Cómo sabemos que no se inculpará a inocentes o se dejará libres a culpables? Piqué explica el proceso previo al que se supedita la participación de los doce elegidos: “El jurado popular garantiza muchísimo más la imparcialidad que uno profesional porque se los somete a un interrogatorio de audiencia previa llamado voir dire, audiencia de selección (o deselección) donde las partes evalúan los perfiles y si existe sospecha de sesgo o prejuicios en contra de la parte acusatoria o defensista lo pueden recusar. En cambio, las causales de recusación de jueces son más restrictivas, sólo se aplican las taxativas de la ley y eso no incluye los prejuicios o estereotipos de los magistrados”. 

Para Franco Gatti “es falso que el juicio por jurado lesione las garantías del imputado o no permita su satisfacción plena. Suele argüirse que, por ejemplo, no está asegurado el derecho a obtener una decisión judicial razonablemente fundada, sin embargo, el jurado interviene a través de instrucciones y existe un nivel de deliberación mucho más alto que en los juicios encargados a jueces técnicos.”

En este sentido Piqué rescata el “enorme beneficio” para la ciudadanía porque habilita su participación en un espacio de poder. “En la Constitución está prohibido que la ciudadanía discuta sobre cuestiones penales en los referéndums o consultas populares, por ejemplo, entonces el jurado les habilita una participación reservada para una élite, operadores y operadoras de la justicia penal. Hay estudios que demuestran un cambio social en la mirada sobre la justicia y la relevancia institucional de mandar a una persona a la cárcel, luego de la experiencia de ser parte de un jurado”.

Todos los juristas consultados coinciden en que la participación popular en los procesos penales va a democratizar el Poder Judicial, alejado o ajeno en la percepción general y en la práctica. “El sistema se traduce en notas de inclusión, de democratización, de apertura, de participación, de transparencia, de compromiso institucional, lo consideramos positivo, por cuanto son aspectos que desde la universidad pública siempre celebramos”, agrega Botta. 

Los sectores más refractarios, que han detenido las reformas “lo hacen sobre la base de una creencia o mirada de que el derecho penal es un saber oscuro de una élite. Porque significa una democratización y no todos los sectores quieren ceder el poder a la ciudadanía porque es más difícil de controlar que un jurado profesional”, expresa la fiscal Piqué.

La idea de doce personas que aporten su responsabilidad ciudadana a los estrados parece un proceso imparable que va a alcanzar a todas las provincias y quizás al Estado federal. Santa Fe está en el lote de los que esperan una norma que ponga en funcionamiento un sistema que a todas luces parece ventajoso, pero que se cocina a fuego lento. 

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