El asesinato de Claudia Deldebbio, baleada en una parada de colectivo de Tablada, en el mismo episodio en que su hija Virginia Ferreyra resultó gravemente herida, abrió una saga de crímenes y balaceras que tiene como rehenes a los habitantes de Rosario, como en los peores momentos de la historia reciente. En la vertiginosa sucesión de los hechos las bandas dedicadas al narcomenudeo aparecen como el factor principal de la violencia, asociadas a problemas ya detectados pero que fogonean sin pausa el fenómeno, como el gerenciamiento del delito desde las cárceles.
La balacera en Isola y Maestros Santafesinos, donde fue asesinada Deldebbio y resultaron heridos su hija y un menor, es atribuida en el Ministerio Público de la Acusación a un enfrentamiento entre las bandas de René Ungaro y Alan Funes, por un lado, contra la de Matías César, condenado a 20 años de prisión por los tiroteos contra el Centro de Justicia Penal de 2018 y vinculado con Ariel Máximo “Guille” Cantero.
No se trata de Milton César, primo de Matías y condenado a su vez por homicidio, quien se hizo conocido en 2013 cuando sicarios de “Guille” Cantero asesinaron a su madre, uno de sus hermanos y un amigo al confundirlo con Milton Damario, señalado como ejecutor de Claudio “Pájaro” Cantero. “Hay una enemistad fuerte entre ambos. Matías es considerado un traidor en la familia César por haberse vinculado con los Cantero”, señala el fiscal Matías Edery.
Pareja de Lucía Uberti, también condenada por los atentados contra el Centro de Justicia Penal, hechos a los que definía en conversaciones telefónicas como “aplicar mafia”, Matías César fue un vecino histórico de Presidente Quintana y Esmeralda, en Tablada, y en su trayectoria en el delito a partir de la prisión pueden observarse dos nuevas características de las bandas narcocriminales: si históricamente se caracterizaron por estar ancladas en determinados barrios, ahora “hay un funcionamiento más transversal, una migración hacia otras zonas de la ciudad”, dice Edery; la cárcel, además, aparece como un espacio que redefine las alianzas y consagra a nuevos protagonistas en las disputas por el control del negocio.
Desde la cárcel de Piñero, Matías César aparece así involucrado en dos frentes de conflicto: en Tablada contra los Ungaro y los Funes, subsistente pese a los reiterados golpes que sufrió esta familia en sucesivas investigaciones del MPA; en Ludueña y Empalme Graneros, contra la banda de Francisco Ezequiel “Fran” Riquelme, y como responsable de un grupo desbaratado en mayo con la detención de Mauro Gerez, “el jefe de sicarios”, como lo describió el fiscal Pablo Socca, que reclutaba soldaditos en el Club Padre Edgardo Montaldo.
El fiscal Edery cuenta que en el MPA elaboraban un mapa para localizar a las distintas bandas en pugna en la ciudad de Rosario y que desistieron de hacer ese trabajo: “No tiene sentido. Se hizo imposible verlo en el plano de la ciudad porque el origen barrial pasó a segundo plano: hay que seguir las relaciones entre los actores”.
En la dispersión territorial se verifican algunas constantes. “Guille Cantero y Esteban Alvarado son fantasmas que sobrevuelan las investigaciones sobre bandas criminales en Rosario”, señala el fiscal Pablo Socca. Son presencias que se corporizan a veces inesperadamente, como en los chats interceptados entre Pablo Esteban Camino y Alexis “Tartita” Schneider, ambos detenidos, en los que rivalizaban por la lealtad hacia el líder de Los Monos.
“En todos los casos se da la misma lógica: hay una banda que tiene el respaldo de Los Monos contra otra más barrial que le hace frente. Fue lo que pasó con los homicidios que comete Brandon Bay en San Lorenzo o lo que observamos en las relaciones entre grupos de Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. No hay que pensar en Los Monos de 2013 sino en la actual conformación, más amplia”, destaca Edery.
“Cantero o Alvarado dan una especie de bendición —agrega el fiscal Socca—. No les importa cómo actúa cada banda, no deciden a quién extorsionar ni a quién matar. Sus recorridos en el hampa y los contactos que tienen los ubican en otro nivel. La guerra la llevan adelante los que están por debajo”.
La casuística de las bandas dedicadas al narcomenudeo es tan amplia como compleja en la historia reciente de Rosario y todavía no ha sido analizada. “Básicamente, en todos los territorios donde se vende droga bajo esta modalidad las bandas criminales están formadas de la misma manera—dice Ariel Larroude, abogado y director del Observatorio de Política Criminal—. Es decir: son clanes familiares, provenientes de los sectores más marginales de la sociedad, con estructuras horizontales de participación en su composición y con dinámicas de mando cambiantes en la medida que van siendo detenidos o muertos sus referentes”.
En ese marco, según Larroude, “la diferencia sustancial entre Rosario y el resto de las ciudades de la Argentina donde existe este tipo de comercialización de estupefacientes es que está bajo disputa territorial permanente, lo que se agrava por el alto grado fragmentación y connivencia policial con el delito y por el elevado índice de letalidad que transformó a Rosario en la ciudad más violenta del país”.
Emprendimientos familiares
El politólogo Sebastián Cutrona señala que las bandas dedicadas al narcomenudeo “están constituidas en función de clanes familiares en Rosario y de nacionalidades en la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de las organizaciones peruanas para la cocaína y el de las paraguayas para la marihuana”. El autor de Droga, política y actores sociales en la Argentina democrática, libro en el que le dedica un capítulo a la situación en Rosario, destaca que “sería ingenuo pensar que las bandas quedan desarticuladas por el encarcelamiento de sus líderes, cuando vemos cómo se reorganizan desde las cárceles”.
La banda de los Gorditos, como se llamó al grupo formado alrededor de Brandon Bay, surgió en el barrio Tiro Suizo y tuvo su período de mayor actividad entre 2015 y 2020. Desde ese año hasta el presente sufrió tres embates consecutivos de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación que llevaron a la cárcel a gran parte de la familia Bay, incluyendo a la madre, las hermanas y una sobrina, además de cómplices que cumplían funciones de tiratiros, sicarios, distribuidores de droga y encargados de quioscos.
Brandon Bay está preso desde 2017, cuando recibió su primera condena como jefe de una asociación ilícita. Desde entonces ordenó las operaciones de la banda desde las distintas cárceles por las que pasó: Coronda, Piñero y desde junio del año pasado, Marcos Paz.
Las estructuras de parentesco aparecen como claves para la expansión en el caso de los Gorditos y en las principales bandas rosarinas. Asentada en el llamado Fuerte Apache y en la villa de la calle Flammarión, en Tiro Suizo, la banda se extendió en principio hacia Villa Diego en base al vínculo entre Brandon y su tío Diego Bay, residente en esa zona y presuntamente vinculado con Los Monos.
Al mismo tiempo, la relación entre Diego Bay y su ex pareja Vanesa Barrios, actualmente esposa de Ariel Máximo “Guille” Cantero, proyectó a la banda hacia otro horizonte: la zona norte de San Lorenzo, donde entre agosto de 2019 y mayo de 2020 libró una serie de batallas contra una banda local según las órdenes de Brandon Bay y su criterio de “avanzar matando gente inocente”, según quedó registrado en una escucha telefónica. El enfrentamiento dejó al menos cuatro muertos.
¿Crimen organizado, bandas, clanes, mafia, crimen desorganizado? ¿Cómo definir el fenómeno? “Yo diría que el mejor término es “delito complejo de alta lesividad” por el funcionamiento propio de dichas estructuras criminales y por la alta cantidad de muertes que sufre Rosario —propone Ariel Larroude—. El término “crimen organizado” lo dejaría para aquellas estructuras criminales que no están en disputa territorial permanente y dominan su lugar de venta o comercialización en plenitud, como ocurre con ciertos cárteles de algunas ciudades de México”.
Con apenas 23 años, Alan Funes es otro ejemplo de carrera criminal desarrollada desde las cárceles. Su traslado desde Piñero a Ezeiza no lo dejó incomunicado con el ambiente del narcomenudeo. En marzo de este año fue identificado por el MPA como jefe de una organización dedicada a balaceras y venta de drogas en barrio Tablada, con epicentro en un búnker de Chacabuco al 4100, y esta semana publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que exhibe dólares y se jacta de sus ganancias.
En ese sentido, Alan Funes sigue los pasos de René Ungaro. Según dicen en el MPA, el “Brujo”, como lo apodan, era apenas un tiratiros cuando ingresó a la cárcel y fue condenado a trece años de prisión por el asesinato de Roberto “Pimpi” Caminos. El asesinato le dio prestigio en el ambiente narco y desde la prisión no solo se proyectó como una figura influyente sino que “se hizo millonario”, afirma una fuente judicial.
Tanto Funes como su novia Jorgelina Selerpe, también en prisión, son la segunda generación de familias vinculadas con el delito. Lo significativo consiste en el cambio de actividad con el paso de las generaciones, de la delincuencia común a la venta de drogas. Si hasta mediados de los años 90 el narcotráfico fue una actividad lateral en el ambiente delictivo y mucho menos respetada que las tradicionales prácticas del robo, en la actualidad es un eje de las actividades delictivas. No obstante, el fiscal Socca advierte una nueva inflexión en esa modalidad con la generalización de las balaceras, “una práctica delictiva que apenas requiere de un teléfono y de un tiratiros y que saca provecho del miedo de los comerciantes”.
Si la cárcel interrumpía o por lo menos obstaculizaba los circuitos delictivos, ahora los potencia, los incrementa y los vuelve más letales. “Todos los jefes de las principales bandas están presos”, dice el fiscal Edery. Entre otras consecuencias, el encarcelamiento de los líderes de bandas aparece como uno de los factores que implica progresivamente a la totalidad de las familias en el narcomenudeo. El último procedimiento contra los Funes incluyó así por un lado imputaciones contra la tía y un primo de Jorgelina Selerpe y por otro contra una hermana menor de edad, el cuñado y la abuela de Alan Funes, encargada de guardar el dinero.
El hecho de que la familia Funes haya sido sorprendida en su último avatar con la droga y el armamento del que disponía y con el dinero en efectivo es un dato de la precariedad de su organización, y de la desconfianza del mundo narco en contextos de pobreza respecto de otros circuitos de la economía, como mostraron también los Bay al atesorar sus ganancias en efectivo bajo un parrillero o el propio Esteban Alvarado, que habría enterrado 900 mil dólares según declaró el mecánico Carlos Argüelles.
La estructura familiar de las bandas se observa también en los grupos que disputaron el narcomenudeo en la zona noroeste de Rosario, organizados por Olga Beatriz Medina, Emanuel Sandoval — “Ema Pipi” — y Hernán Ramón Romero. Se trata de grupos con trayectorias dilatadas en el delito, resistentes a procedimientos judiciales, encarcelamientos e incluso muertes: después del asesinato de Ema Pimpi el 25 de octubre de 2019, en la casa que le alquilaba a un juez, dos de sus hermanos fueron imputados por balaceras y venta de drogas.
Las primeras menciones de Medina en las crónicas policiales se remontan a 2010 y la vinculan por entonces a la venta de drogas en La Cerámica y Parque Casas. Uno de sus hijos fue asesinado en Granadero Baigorria en junio de 2011 y otro en una casa de Alberdi Oeste en febrero de 2012. La mujer es conocida como la Tata y también como la Rubia, el apodo con el que se referían a ella los policías cómplices del narco Delfín David Zacarías, y tiene otro hijo, Milton Ferreyra, condenado a prisión perpetua por doble homicidio en febrero de 2020.
Medina cumple una condena por narcotráfico y enfrenta otro proceso en la Justicia Federal, por su sociedad con una familia liderada por Pedro Villalba y también vinculada en diversas ramas con el narcomenudeo. Dos de sus hijas están acusadas en el juicio y su casa de Agüero al 4300 fue objeto de balaceras en marzo y noviembre de 2021, cuyos motivos se desconocen. El búnker que administró en Ghiraldo al 1700 podría reclamar el título de decano entre los quioscos de drogas en Rosario.
“El clan Romero domina la zona norte desde hace una década”, dijo el fiscal Federico Rébola en julio de 2021, cuando acusó a cinco personas del grupo por balaceras, usurpaciones de casas, extorsiones y venta de droga. Las órdenes provenían de Hernán Romero desde la cárcel de Piñero y los quioscos de drogas funcionaban en Maradona y Génova y en Maradona y José Ingenieros, barrio Stella Maris. Residente en Nuevo Alberdi, la familia extendió sus actividades y confrontó con los Sandoval.
La familia Abregú, en cambio, quedó fuera de juego después del encarcelamiento de su líder, Walter Daniel Abregú. La banda tenía su radio de operaciones en los monoblocks del Fonavi de Parque Oeste, en barrio Godoy. Abregú le rezaba a San La Muerte y a Tony Montana, el personaje de Al Pacino en la película Scarface, y su detención en agosto de 2019 condujo también a la captura de tres hermanos —entre ellos Damián Alberto, apodado “Mafia” —, su pareja y sus padres. Emprendimientos familiares al servicio de la violencia.
Las relaciones entre las bandas son otro aspecto del problema. “Las alianzas son efímeras —dice el fiscal Edery—. Los acuerdos de hoy pueden cambiar en seis meses. Los equilibrios de poder en los barrios son dinámicos y se alteran por la coyuntura, por la aparición de nuevas bandas, por los efectos de las detenciones”.
Algunos de esos episodios son ya parte de la historia. Las bandas de René Ungaro y de la familia Funes hicieron causa común en su enfrentamiento con las familias Camino y Segovia en el barrio Tablada, se distanciaron entre sí al punto de sostener balaceras entre setiembre y diciembre del año pasado y habrían vuelto a amistarse para enfrentar a la banda vinculada con Matías César. El clan Romero y la banda de Los Monos a su vez se enfrentaron entre 2019 y 2020 a partir de la discusión sobre la propiedad de viviendas usurpadas.
Las alianzas surgen también de compromisos afectivos: Claudio “Morocho” Mansilla extendió sus actividades del barrio Santa Lucía a Capitán Bermúdez a partir de vínculo con Jessica González, por otra parte ahijada de Delfín David Zacarías, el industrial de la cocaína; la relación entre Esteban Rocha y Brisa Leguizamón unió a familias narco de Tablada y Parque Casas, aunque la boda desembocó en el triple crimen de Ibarlucea y la pareja se dio a la fuga.
Un descubrimiento repetido
La complicidad policial es un descubrimiento repetido en las investigaciones. En los allanamientos contra la banda de Brandon Bay de junio de 2020 fueron detenidos el comisario Raúl Alberto Fleitas, jefe de la seccional 7ª de la Unidad Regional XVII, y el sumariante Marcelo Álvarez. En la oficina del jefe había un arma con la numeración limada y marihuana y en su casa tenía otra arma con la numeración limada y una escopeta tumbera. En mayo pasado, la detención de Mauro Gerez dio publicidad a denuncias de vecinos sobre un paso del jefe de sicarios por la comisaría 12a que no quedó registrado en los libros policiales. Los jefes de la comisaría 10a, de barrio Alberdi, fueron acusados a su vez en setiembre de 2021 de complicidad con la banda de la familia Sandoval y de ofrecer sus servicios para sacar de competencia a un grupo rival.
“El trabajo de las fuerzas federales no puede ser complementario de las fuerzas locales cuando está demostrado el nivel insólito de connivencia entre los grupos criminales que azotan la ciudad y la misma fuerza policial que tiene por misión reprimirlas”, dice al respecto Ariel Larroude. En el informe “Rosario: un sueño de paz”, elaborado por el Observatorio de Política Criminal, “propusimos que sean las fuerzas federales las que temporalmente tengan delegadas las tareas de seguridad ciudadana y de prevención, análisis y represión del delito complejo, por lo menos hasta que se depure la unidad regional rosarina y las nuevas camadas de jóvenes policías puedan desarrollar sus tareas sin la obligación de participar del entramado criminal”.
Invitado el 10 de agosto a disertar en el ciclo de conferencias sobre seguridad que organiza el Foro Regional Rosario, Larroude cuestiona también los reclamos del intendente Pablo Javkin, “quien pretende darle más poder y discrecionalidad a la policía rosarina copiando el modelo neoyorquino de tolerancia cero, algo inaplicable hoy en día no solo por la policía sino por la falta de estructura judicial para repeler delitos menores”.
Larroude plantea un diagnóstico: “El problema de Rosario es que la clase dirigente nunca entendió que esta situación de violencia no le conviene a nadie en términos de proyección política. Cuestión que además se agrava porque en Santa Fe no hay reelección de gobernador, lo que produce que no haya planes de seguridad a largo plazo y que, a su vez, todo intento de revertir esta violencia estructural por parte de la clase política gobernante fracase si en los primeros dos años no se obtienen resultados”.
“El problema de Rosario es que la clase dirigente nunca entendió que esta situación de violencia no le conviene a nadie en términos de proyección política”
En el MPA recuerdan que el financista Gustavo Shanahan fue detenido con 37 millones de pesos que provenían del peruano Julio Rodríguez Granthon y representaban los beneficios de apenas una semana de actividad en el mercado de la obra. “Estoy convencido de que si no fuera porque parte de la ganancia delictiva proveniente del narcotráfico se entremezcla en las cuevas financieras con la ganancia proveniente del círculo rojo de la agroindustria, esto ya hace tiempo se hubiera resuelto —señala Larroude—. Hay una gran hipocresía de la dirigencia política, en todos los niveles”. Mientras tanto, el ciclo de violencia se intensifica y lleva a Rosario a sus peores registros.
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