El oficialismo en el Congreso suma sorpresas, escándalos y disparates, y trata de introducir un debate político y cultural sobre los derechos humanos. Un asunto que fue largamente tramitado por todos los estamentos del Estado durante 40 años, y desde hace dos décadas asumido por amplias mayorías sociales. Cuando no parecía necesario ni conveniente, La Libertad Avanza (LLA) desnudó una avanzada por dar vuelta como una media el consenso político y social respecto a la dictadura del 76 y, en especial, su obra más atroz: el terrorismo de Estado.
La visita de seis diputados de LLA al penal de Ezeiza el 11 de julio pasado, en la búsqueda de abrir una brecha que posibilite al menos la prisión domiciliaria de los condenados por delitos de lesa humanidad, retorna con más fuerza día a día, y daña la consistencia de la alianza de mayorías que hasta acá dominó las cámaras. El último miércoles, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de Diputados, quedó encaminado un tratamiento rápido de la conducta de los excursionistas a condenados por lesa humanidad, que será implementado desde un plenario de dos comisiones: Peticiones y Asuntos Constitucionales.
La primera reunión será entre los días 3 y 5 de septiembre. Y luego una segunda, donde se prevén al menos dos dictámenes: uno de UxP y la izquierda que irá por la separación del sexteto de diputados, y otro, con epicentro en el PRO y la UCR, que buscará alguna forma de amonestación más leve. Todo se ventilará en el recinto, en sesión especial, y serán los votos de la mayoría los que finalmente inclinen la balanza.
El oficialismo no consiguió realizar su plan originario, que viene trabajando desde marzo y con distintas acciones (no sólo la visita del 11 de julio), y se le escurrió entre las manos el borrador de ley con que los condenados soñaron para apurar una prisión domiciliaria.
La ruptura escandalosa con la diputada Lourdes Arrieta (LLA de Mendoza, renunció al bloque minutos antes de que la echen), que integró la delegación pero luego se dio vuelta, denunció a sus compañeros en la Justicia y, lo más grave mediáticamente, publicó los chats donde escracha la operación “domiciliaria”. Y que dejó en un lugar de gran debilidad al presidente de la Cámara, Martín Menem, que dijo desconocer el viaje a Ezeiza, pero que luego se verificó estaba al tanto de todo.
Con un pie afuera y con otro adentro, la santafesina Rocío Bonacci, que defiende a la ahora desplazada Arrieta, medita a estas horas cuál será su destino. La confianza entre Bonacci y el bloque está rota, tanto de uno como de otro lado. Otra diputada que tambalea en el bloque de LLA en Diputados es la ex periodista Marcela Pagano. De confirmarse estos alejamientos, y sumando otras cinco deserciones que ya tuvo, el bloque oficialista que empezó el verano con 43 miembros habría pasado a 35, en ocho meses.
Otra resolución de este miércoles, en el plenario de Peticiones, Poderes y Reglamentos, fue el desplazamiento del diputado santafesino Nicolás Mayoraz (LLA, activo defensor de las políticas de la última dictadura) de la presidencia de una comisión estratégica, Asuntos Constitucionales. Debido a que Mayoraz aparece en reiteradas oportunidades en los chats de los organizadores de la visita a Ezeiza (aunque no concurrió el 11 de julio al penal) aceptó autoexcluirse de la cabecera de una comisión que tendrá la tarea de investigar y sancionar una conducta de la que él fue parte. En su lugar actuará, al menos para este tema, María Eugenia Vidal (PRO), número dos de Asuntos Constitucionales.
A este panorama enrarecido, dominado por una discusión impensada en la Argentina democrática, y dentro del propio Congreso, se sumó el primer acto oficial de una figura muy relevante: Victoria Villarruel. La vicepresidenta y titular del Senado hizo un acto castrense en pleno Salón Azul para reivindicar al terrorismo de Estado, aunque orientó su discurso a apuntar a las organizaciones políticas de la izquierda armada de entonces; en especial a “todos los Montoneros”. Villarruel se ufanó: “Abriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la Justicia haga lo que debió hacer por más de 20 años”.
Sin apoyos políticos relevantes, la vice no calibró que las causas judiciales no las abre ni las cierra el jefe del Senado, al cabo un rol institucional menor en la pirámide del poder de la República. La diferenciación entre delitos de lesa humanidad, y los cometidos por las cúpulas guerrilleras de los 70, además de completamente asimétricos, ya fueron minuciosamente estudiados y clasificados por todas las instancias jurídicas nacionales e internacionales. Los primeros no prescriben; los segundos, cometidos por civiles (y en muchos casos, juzgados), están prescriptos.
De un modo táctico, con todo, Villarruel no quiso intervenir directamente en la discusión por la prisión domiciliaria de represores. La derecha autoritaria, ahora con máscara libertaria, juega fuerte a la vez que toma el riesgo de encerrarse en su propio laberinto.
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