Las normas que contienen los números con los trazos centrales de lo que puede imaginarse para 2022 parecen tener encaminado su derrotero por ambas Cámaras, aunque cuando se trata de un año electoral siempre hay más condimentos.
Los dos mensajes del Poder Ejecutivo que ingresaron en las últimas semanas son de rutina cuando los meses del año se comienzan a escribir con dos dígitos. Y ya están listos para su discusión tras una primera lectura de los asesores especializados de los bloques.
Es entre las últimas sesiones ordinarias y las primeras del período extraordinario que se aprueban y seguramente se aprobarán la Ley de Presupuesto y la Ley Tributaria.
Hay consenso para ambas y salvo que aparezca alguna sorpresa en la letra fina, lo que perfectamente puede pasar en una norma tan extensa como la que calcula los números de los gastos y recursos para el año próximo, pero también define políticas públicas.
Diferencia
El año pasado, cuando se discutían las cifras del presupuesto hoy vigente, el gobierno provincial buscó avanzar en su extenso articulado sobre ley que regulaba la entrega de fondos del Plan Abre, además de darle 4.000 millones de pesos al Plan Incluir que lo sustituyó. Ese texto se corrigió y la Legislatura aceptó a regañadientes que ya no rija aquella ley porque se sabía que a la gestión esos controles no la afectaron. Recién cuando llegaba a su fin el tercer gobierno del Frente Progresista se aprobó una norma regulatoria que dejaba los números del Plan Abre a la vista, e imponía criterios técnicos (no políticos) para la distribución territorial y demográfica, tal como ocurre desde fines del segundo gobierno de Jorge Obeid con el Fondo de Obras Menores que llega sin quejas a todas las localidades (menos a las ciudades de Santa Fe y Rosario).
En la última sesión del Senado, un peronista del Nes crítico con el gobernador marcó que es un retroceso “para la democracia” que hoy rija un decreto en lugar de una ley. Que ese sea el instrumento que usa el Estado santafesino cuando se había avanzado en una norma de jerarquía superior. Rubén Pirola advirtió de qué épocas oscuras eran la aberración de los decreto-ley.
En la misma sesión, la Cámara alta santafesina le dio media sanción a un proyecto de ley para el Plan Incluir. Es del jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri, figura clave en el sector que apoyó en las Paso a Rossi-Rodenas.
Cuando Diputados complete el trámite, se le quitará al Ejecutivo la discrecionalidad en manos de sus funcionarios y evitará las discriminaciones según el color político de cada población. Es posible que no haya veto cuando el Ejecutivo advierta que su tiempo se agota.
Jueves caliente
De todo pasó el jueves 7 en la Legislatura. También en esa reunión de los senadores se votó por unanimidad una moción para interpelar a dos ministros con todos los rigores previstos por la Constitución. No es simplemente una formalidad, implica eventualmente jugar una carta mucho más dura: la de amenazar con el envío de posibles observaciones a la Comisión de Juicio Político.
Los invitados nada cordialmente al Senado son Danilo Capitani de Desarrollo Social, un ex par del departamento San Jerónimo en el que radicales y peronistas críticos han dejado de confiar, y Marcos Corach de Gestión Pública, un rafaelino de máxima proximidad con Perotti.
A los dos se los cita porque se busca cortar cuanto antes el uso de lo público para la campaña electoral. Ayuda social en el primer caso que, según la oposición puentea a las autoridades de las municipalidades y las comunas, y que se entrega con el candidato local de “Hacemos Santa Fe”; y recursos para obras de infraestructura en barrios marginados en el segundo, que ahí sí tienen como protagonista al intendente o el jefe comunal, siempre que sea un compañero del oficialismo según grafican radicales y admiten justicialistas distantes del gobernador.
Conectividad
Más allá de los pases de facturas para ambos miembros del gabinete (se habla de grabaciones y otras pruebas a exhibirle a Capitani y de estadísticas con números oficiales para Corach) en la Legislatura siguen pendientes de una negociación que no ha madurado, ni parece tener interesados en hacer que el consenso aparezca para tres leyes sobre Seguridad que están en la Cámara de Diputados desde el 22 de octubre de 2020. Antes el problema era Sain y ahora es que sin Sain no parecen ser de máxima prioridad para el oficialismo. Algunos legisladores que apoyan a Perotti las reclaman y otros del mismo palo piensan en las ventajas de un tratamiento selectivo, norma por norma, con tiempo.
En cambio, es mayor el interés en que haya una ley de Conectividad que incluye una autorización para tomar un préstamo por 100 millones de dólares y otra para crear una empresa, una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, para administrar esa red de transporte de datos. Implica administrar nuevos recursos y crear más cargos.
Larga lista
A esos temas se agregan los que la oposición de ambas Cámaras tiene más chances de aprobar, si logra acordarlos con el bloque del PJ-Nes, Juan Domingo Perón, en el Senado. También figuran los que impulsan los oficialistas, en franca minoría.
La lista de asuntos a tratar es enorme. En un caso, una ley para que Santa Fe tenga mayor previsibilidad que un programa modificable por decreto para la autogeneración de energía a cargo de los usuarios.
Es curioso, en esa ley coinciden dos candidatos al Senado nacional, la diputada Clara García del Frente Progresista y el senador por Rosario Marcelo Lewandowski del bloque Lealtad del PJ (que llegó por el mismo sector bielsista de Capitani y luego fue la opción acordada entre la Casa Gris, la Rosada y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para encabezar al Frente de Todos).
El proyecto iniciado en la Cámara baja avanzó con modificaciones propuestas desde el Senado y es el resultado de dos iniciativas de sendos cuerpos legislativos (lo que envió el Ejecutivo es tan simple que se acomoda sin problemas a ambos textos). Los asesores técnicos encontraron el consenso, los legisladores no.
Educación y ESI
En cambio, hay diferencias bastante más grandes –de las ideológicas– entre bloques sobre una ley de Educación Sexual Integral. A la Cámara alta llegó una media sanción de Diputados que la Iglesia cuestiona. Y hay otro proyecto del bloque del peronismo con su propia visión del tema, de cuando estaba unificado.
Aunque en este jueves caliente haya dado un paso importante en Diputados la posibilidad de que Santa Fe cuente por fin con una ley de Educación, será muy difícil que el tema avance en la otra Cámara.
La media sanción de los diputados socialistas, radicales, del PRO y de izquierda tiene idénticos objetores religiosos en general y eclesiásticos en particular de buena llegada al Senado santafesino.
Pese a los esfuerzos de la nueva media sanción (ahora no hubo unanimidad porque rechazaron la norma los bloques celestes que llegaron a la política santafesina con Amalia Granata) está claro que el entendimiento de radicales y justicialistas del Senado tiene otras prioridades.
Nombres y negociaciones
Las tensiones en torno al pliego de Oscar Biagioni enviado por el gobernador Omar Perotti se resolverán durante la semana que termina el 15 de octubre.
Al presidente del Tribunal de Cuentas lo impugnan la Mesa de Mujeres por la Paridad y dos empleadas que aseguran haber sufrido graves hechos de violencia laboral y machismo.
Por otra parte, es indudable que el contador tiene un muy amplio respaldo en el resto del personal que así lo indicó en un petitorio firmado por los empleados y las empleadas, que se presentó ante el gobernador y a los legisladores. Una manifestación numerosa de la Asociación Personal de Organismos de Control (Apoc) acompañó a Biagioni. A los legisladores les dijo que piensa que hay otros gremios (que ya no son parte en las negociaciones salariales del Tribunal de Cuentas) que quieren su cabeza. Se dice que no lo dijo en broma.
Biagioni fue clave para un asunto espinoso reciente. El controlador no objetó el decreto con el que el gobernador Omar Perotti otorgó el juego on line a los casinos, lo que fue denunciado ante la justicia por diputados radicales. Es otro tópico a tener en cuenta. Pero además, existen publicaciones periodísticas que hablan de una escucha judicial al ex jefe de la Policía Rafael Grau, preso e imputado por corrupción, en la que Biagioni le ofrece su apoyo y colaboración al comisario que sabía que era investigado.
Se dice que no hubo preguntas al respecto en la Comisión de Acuerdos que lo entrevistó el miércoles 6, porque ese tópico no fue formalmente parte de las objeciones al pliego.
Durante la semana se especuló con el cómodo camino de la aprobación ficta, sin quórum en la Asamblea Legislativa como la que ya fracasó el jueves 7. Si se repite, siete días después el pliego quedará aprobado. La reunión volverá a ser virtual y solo podrán asistir los jefes de los bloques y las autoridades de ambas Cámaras, lo que deja pocas excusas para que no haya quórum. Y hay otro detalle: todavía no se ha firmado el dictamen favorable que tiene en un borrador la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, es difícil que no haya el número necesario para que Biagioni sonría, por acción u omisión de la mayoría en la Legislatura.
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