Coordinar acciones, poner en común una agenda de trabajo, pensar en términos federales, cuidar lo que es de todos: bajo esas premisas generales fue diseñada la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA), una trama de actores de varias provincias del país que decidieron unir fuerzas ante la necesidad creciente de encarar acciones concretas frente a los desafíos que plantea la litigación ambiental colectiva. Este nuevo actor institucional del ámbito de la justicia, pensado en una reunión en Neuquén sobre finales de 2024 y formalizado hace un año y medio bajo la forma de una Asociación Civil, está compuesto por los Ministerios Públicos Fiscales de Neuquén, Salta, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Chaco, Córdoba y Entre Ríos, entre otras, y tiene como presidente al santafesino Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe. Con el telón de fondo global que significa la triple crisis ambiental —contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático— y las particularidades del debate argentino, la RAFA ya participa activamente de la discusión normativa nacional, como fue el caso durante la modificación de la Ley de Glaciares.
Unir voluntades
La Red comenzó su participación formal en el debate público el año pasado, cuando se emitió la primera Declaración de la Red Argentina de Fiscales Ambientales bajo la idea de mejorar la manera en la que se abordan los litigios colectivos ambientales y poder así responder de mejor manera a conflictos cada vez más complejos, tanto desde una mirada jurídica como desde lo social. “En un contexto de tutela judicial colectiva, desde la Red se intenta facilitar la identificación y enjuiciamiento de daños ambientales de carácter difuso que afectan a múltiples jurisdicciones, así como coordinar estrategias procesales e intercambiar experiencias y prácticas”, explicó Barraguirre, quien agregó que también se apunta a unificar criterios y a desarrollar mecanismos más eficientes para la ejecución de sentencias, siempre en los casos de litigios ambientales colectivos. “El trabajo de la Red está anclado en principios clave del derecho ambiental y procesal colectivo como el acceso a la justicia ambiental, la tutela judicial efectiva mediante la coordinación entre fiscalías, los principios precautorio y preventivo y la participación ciudadana”, enumeró.
Capacitación, información y visibilidad
La Red fue creada con algunas premisas centrales: la primera tiene que ver con que quienes trabajen en esta área de acción de la Justicia puedan acceder a capacitaciones y a instancias de adquisición de habilidades y competencias para una mejor litigación ambiental. Otra idea fuerza muy importante desde el principio fue garantizar la circulación federal de la información generada en cada distrito: “saber qué y cómo está haciendo un proceso algún colega en alguna de nuestras provincias, es clave”, señaló el procurador santafesino, quien además insistió con la urgencia de que todo el trabajo que hacen las diferentes fiscalías en todos los rincones de la Argentina gane visibilidad, para así sumar más fortaleza institucional. “Pensar y saber que no estamos más solos es fundamental, porque somos conscientes de que lo ambiental es algo que muchas veces roza o fricciona a la política, y eso requiere cierta espalda para el trabajo de los fiscales”. Ir más allá de las fronteras nacionales ayuda a reforzar esa espalda, y en ese sentido hay que anotar la presencia de representantes de la RAFA en reuniones del Acuerdo de Escazú, un tratado latinoamericano del cual Argentina forma parte que garantiza tanto el derecho a la participación popular como a la información ciudadana, en casos que involucren el cuidado del ambiente. “Todas esas acciones le suman legitimación a nuestro trabajo” dijo Barraguirre, quien formó parte de esas reuniones.
Los actores de la justicia ambiental
El trabajo de las fiscalías ambientales tiene que ver —y al menos en parte busca retomar— la larga tradición de defensa socioambiental de muchas organizaciones de la sociedad civil que de diferentes maneras y en diferentes geografías, han levantado esa bandera desde hace décadas en defensa del agua, de la tierra o del aire limpio. En ese sentido, para Barraguirre el artículo 41 de la Constitución Nacional sancionada tras la reforma de 1994 (“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”) ha sido sostenido durante más de dos décadas “básicamente por las organizaciones”. “Nosotros comenzamos a tener cierta visibilidad desde la Procuración de Santa Fe por lo que hacían algunas de sus fiscalías, como la de María Laura Martínez en Rosario, hacia los años 2017 o 2018, ya más desinflados de otras incumbencias. Eso permitió empezar a recuperar un trabajo institucional que se venía haciendo, por ejemplo, en Salta”, dijo el funcionario, para quien si se toma eso como punto de partida, es válido afirmar que la preocupación institucional de los ministerios públicos por los temas ambientales “es bastante nueva”.
El debate por Glaciares
El debate previo a la modificación regresiva de la Ley de Glaciares, que ya fue publicada en el Boletín Oficial y como tal ya rige en todo el país, es un ejemplo reciente y concreto de intervención argumentativa de la Red, que participó de las instancias previas abiertas al diálogo. Desde la Red se advirtió, por ejemplo, que la versión de la ley que finalmente fue aprobada podría ser motivo de dos objeciones constitucionales serias: la primera es la afectación del funcionamiento del sistema de leyes de presupuestos mínimos según el artículo 41 de la Constitución. La segunda, su regresividad, ya que disminuye los estándares de protección planteados en la ley original, lo que va en contra de la jurisprudencia en materia de derechos socioambientales consagrados en tratados internacionales. La nueva ley, además, podría entrar en conflicto con compromisos internacionales como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que le otorga importancia al cuidado del ambiente.
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