Connect with us

Hi, what are you looking for?

Política

Entre rumores y “proyectos fantasma”, el calendario le pone límite a la batalla por la ley de biocombustibles

El calendario avanza, el 12 de mayo está cada vez más cerca y 54 plantas ubicadas en 10 provincias permanecen en vilo. Es que ese día vence el Régimen de Promoción de Promoción de Biocombustibles sancionado durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuya prórroga por cuatro años fue aprobada de manera unánime el año pasado en el Senado. Al ser girado a Diputados, el futuro del régimen quedó empantanado, hasta que la semana pasada ingresó un proyecto impulsado por el camporista Marcos Cleri, que recibió fuerte rechazo dentro y fuera del Congreso. En diálogo con Suma Política, el rosarino dio por hecho que su iniciativa será sancionada antes de que el actual marco regulatorio caiga. Pero los tiempos apremian, Juntos por el Cambio apeló al protocolo que regula las sesiones virtuales para frenar la firma del dictamen y un ala del oficialismo en el Senado ya expresó que no está dispuesta a habilitar un tratamiento exprés. Se barajan dos escenarios para salir del laberinto.

Desde que arrancó el año, el sector de biocombustibles está a la espera de que Diputados sancione la prórroga de la Ley 26.093. Por ser impulsado por la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, se daba por descontado que en la Cámara baja el asunto sería un trámite. Es más, en la última sesión que se celebró en 2020, su presidente, Sergio Massa, se comprometió a avanzar con el tema cuando se llevara adelante el primer debate del período de sesiones extraordinarias. Pero Alberto Fernández jamás incluyó el asunto en el temario.

A partir de ese momento, surgieron rumores de todo tipo. Que el Ejecutivo dejaría caer el actual régimen; que avanzaría con la creación de una sociedad anónima que regularía el sector —financiada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses—. Luego, pululó un borrador, bautizado como “Proyecto Fantasma” por algunos opositores, cuya redacción le atribuyeron a Máximo Kirchner.

Hasta que ingresó el proyecto de Cleri, que cosechó fuertes críticas por parte de la oposición y de los empresarios del sector. A eso se le sumó un duro comunicado de ex secretarios de Energía, que propusieron prorrogar un año el régimen y aprovechar ese lapso para debatir en el Congreso una nueva ley de promoción para el sector.

Letra chica

En palabras de Cleri, su iniciativa —que busca reemplazar el régimen nestorista sancionado en 2006— garantiza el funcionamiento de “todas” las plantas que surgieron gracias a que la iniciativa —y una sucesión de resoluciones—, fijaron en 10% el corte de biodiesel para el gasoil y en un 12% el de bioetanol para las naftas. 

“Además del cupo, tratamos de garantizar precio, y que eso no impacte de manera negativa en el surtidor. Asimismo, le da a la Secretaría de Energía la posibilidad de elevar o bajar el corte para poder tener las plantas en funcionamiento y, sobre todo, habilitar la posibilidad de la sustitución de importación en el caso de que el commodity baje y el combustible fósil esté más caro o bajar el corte en el caso que el commodity suba y el combustible fósil esté más barato”. Con estas palabras resumió el camporista, en diálogo con este medio, su iniciativa.

La potestad que se le otorga a la autoridad de aplicación que, en palabras de Cleri no varía respecto del régimen actual, es uno de los ítems que más cuestionó la oposición. “Si la ley le asigna a la autoridad de aplicación potestades ilimitadas para ir en contra de la propia ley, entonces, han perdido tiempo en hacer una ley que no vale nada”, cuestionó el diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez al ser consultado sobre la letra chica del proyecto. Su compañero de interbloque, el santafesino Enrique Estévez, del Bloque Socialista,coincidió al definir como “inaceptable” el texto, entre otros ítems, por  “el poder concentrado y discrecional que se le otorga a la Secretaría de Energía”.

Asimismo, la diputada radical Ximena García le planteó a Suma Política que se debe recortar el poder de la autoridad de aplicación al advertir que «gracias a la discrecionalidad que hoy tiene, el año pasado las petroleras no cumplieron con la mezcla obligatoria”. Y explicó que, como es la autoridad de aplicación la que establece los precios, y el año pasado no actualizaron los valores de los costos de producción, “las plantas productoras de biocombustible quedaron paralizadas porque no le daban los costos y, como consecuencia, las petroleras no cumplieron con el corte”.

Otro punto que rechazaron desde la oposición, y con especial énfasis desde el sector empresarial, tiene que ver con la baja de los cortes. “El proyecto del Frente de Todos baja a la mitad el corte actual del biodiesel del 10% al 5%, pudiendo la autoridad de aplicación reducirlo al 3%, cuando la ley debería incluir una progresividad creciente de utilización de biodiesel y bioetanol en los cortes de gasoil y nafta”, advirtieron en un comunicado los legisladores de Juntos por el Cambio de Santa Fe.

Sobre este planteo, Cleri argumentó: “El corte de biodiesel de la ley que se busca prorrogar es del 5%. Luego, con resoluciones, se fue dando un mayor aumento”, y continuó: “Si se da la prórroga de la ley, esa resolución no se aplicaría”.

“Independientemente de que la ley original establezca este piso (5%), lo que dice es que progresivamente se va a ir ampliando este corte, y así fue instrumentándose mediante resoluciones”, retrucó García. Para la santafesina, mantener ese piso representa un retroceso en términos de desarrollo, pero también en la transición hacia las energías limpias y renovables.

Es que, de acuerdo a los datos que arrojó la radical, los biocombustibles reducen casi un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero con relación a los combustibles fósiles. Y los biocombustibles de segunda generación (que se hacen con desechos orgánicos) un 90%.

“Atenta contra el principio de progresividad que está establecido en la Ley General del Ambiente, en donde a medida que avanzamos en derechos para el cuidado del medioambiente no podemos dar pasos en falso ni retroceder en estas conquistas”, sentenció García.

Empresarios en alerta

En medio de estos planteos, esta semana, una quincena de expositores —invitados por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio— dieron su visión sobre la iniciativa ante la Comisión de Energía en Diputados. De ellos, apenas tres apoyaron el texto de Cleri. Aunque dos de los tres expresaron sus reparos a propósito de llevar al 5% el corte con biodiesel para el gasoil.

Los empresarios y expertos en la materia no solo advirtieron que la iniciativa va a contramano de los cuidados del medioambiente, sino que implicaría el cierre de plantas, pérdidas de puestos de empleo y concentración en el mercado.

Para dar algunos datos del sector, solo en la provincia de Santa Fe existen 18 plantas que ya hicieron inversiones de por al menos 2.000 millones de dólares. Asimismo, según García, el rubro genera casi 200.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta: 7.500 en el sector de biodiesel para mercado interno y externo, 160.000 en el de bioetanol a base de azúcar y 25.000 en el bioetanol a base de maíz.

Retomando la voz de los empresarios en Diputados, uno de los más duros fue Alejandro Abad, presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, quien consideró que «sería lamentable volver para atrás» al señalar que el proyecto establece en 5% el corte de biodiesel. Y advirtió que, de avanzar en este sentido, podrían cerrar las empresas que abrieron al calor del régimen impulsado en 2006.

“El punto fundamental que simplemente determinará nuestra subsistencia o no es el artículo 8, que establece una baja del corte al 5%, con una posibilidad de reducirlo hasta el 3%», indicó, al tiempo que aseguró que con esta baja el volumen elaborado se reduciría entre un 50% y 70%. «Este corte terminará siendo abastecido por pocas empresas que trabajen a alta capacidad, cerca del puerto o en ellos», avizoró. Además, alertó que de las 28 empresas que hoy elaboran biodiesel, de sancionarse el proyecto, quedarán seis a ocho empresas.

“Se logra una ecuación de equilibrio, pensando en el proyecto de país y dándole a cada uno de los sectores la posibilidad de seguir participando, generando empleo y tener un circulo virtuoso de crecimiento”, había asegurado Cleri a Suma Política apenas presentó su proyecto. En la previa al inicio del tratamiento en comisión, además, había destacado —a contramano de lo que finalmente dejó la reunión con empresarios y expertos— que el marco normativo que impulsa fue “construido con diálogo con todos los sectores, con los legisladores nacionales”. 

“Debemos darle previsibilidad al sector empresarial que ha tenido un desarrollo fenomenal a partir del marco regulatorio sancionado en 2006”, planteó el senador Roberto Mirabella, en medio de la incertidumbre previa al proyecto de Cleri. De acuerdo a datos que ofreció el santafesino, la Argentina exportó entre 2007 y 2020 más de 14.000 millones de dólares en biodiesel.

Asimismo, el oficialista recalcó que durante el debate en la Cámara alta, en octubre, pasado todos dejaron en claro que la prórroga se votaba “en función de tener un escenario de certidumbre para el sector empresarial, pero que después nos dé la posibilidad de discutir con tranquilidad un nuevo plan estratégico para los futuros años en la Argentina”. De hecho, el propio Mirabella presentó un nuevo proyecto.

“Lo que planteamos es discutir un nuevo plan, pero, con tranquilidad, no a las apuradas. Saquemos una prórroga, que quizás no sea de la extensión que votamos en senadores. Pero no podemos discutir una nueva prórroga en dos minutos”, consideró. Y recordó que el régimen actual llevó dos años de discusión.

Además, el senador graficó la relevancia que el sector tiene en Santa Fe. Por caso, en biodiesel, la provincia tiene la capacidad de producir el 80% de lo que hay en la Argentina. Lo que, en términos petroleros, equivale aproximadamente a 60.000 barriles de petróleo por mes. “Seríamos la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Chubut, Neuquén y Mendoza”, explicó.

Laberinto parlamentario

«Los tiempos legislativos dan para llegar antes del 12 de mayo con la sanción definitiva del proyecto y, vencido el régimen, continuará el nuevo régimen, que es una nueva etapa», aseguró Cleri a este medio. Su objetivo era que el texto obtuviera dictamen favorable este viernes pero la virtualidad le dio a Juntos por el Cambio una llave para frenar la firma y ganar tiempo: el protocolo que regula las sesiones mixtas establece que la firma virtual debe contar con el consenso del presidente y vicepresidente de la comisión. Omar de Marchi (PRO), vicepresidente, no lo dio.

Por ello, el Frente de Todos optó por convocar para el martes, de manera presencial, a los diputados. Aspiran a firmar el dictamen ese día y dejarlo listo para tratar en el recinto. Resta saber si, previo a firmar, se retocará el corte del biodiesel para acercar posiciones, incluso con diputados del oficialismo, que por lo bajo dejaron entrever su malestar. 

En el medio se barajó otra opción: prorrogar por 90 días el régimen actual, decreto presencial mediante, y en ese lapso modificar el texto conforme a los reclamos del sector y de los propios legisladores.

“La clave es el Senado”, advirtió uno de los integrantes de ese cuerpo a este medio. Según afirmó ese senador oficialista, que prefiere no dar su nombre, allí “no hay consenso para votar en cinco días un nuevo marco regulatorio”. Cuanto mucho, habría consenso para que se vote una prórroga más corta. “Hacer esto en año electoral no tiene ni pies ni cabezas”, remató.

Facebook comentarios

Autor

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Suma Política. Todos los derechos reservados. 2020