Facturación por zonas y tarifa menor para barrios menos favorecidos, entre los cambios que se estudian en Aguas
Redacción Suma Política
El gobierno provincial dio el primer paso para cambiar el funcionamiento de Aguas Santafesinas. El gobernador Omar Perotti creó una comisión que revisará durante seis meses el marco regulatorio y avanzará hacia una modificación del sistema de facturación de la empresa. La intención de la compañía es dejar atrás la tarifa plana vigente desde hace años e ir hacia un esquema por zonas, donde se pague más según donde vive el usuario. Un modelo similar al que rige en el municipio con los radios catastrales para la Tasa General de Inmuebles.
El objetivo de fondo de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) es que la empresa sea sustentable y tenga mayor margen de maniobra y autonomía. Hoy sus ingresos por facturación apenas cubren el 50 por ciento de los gastos operativos de la firma. El resto surge de subsidios que aporta el Tesoro provincial.
Aguas opera en las 15 principales ciudades de la provincia. Y además es proveedor mayorista de agua potable para cooperativas y municipios a través del Sistema de Grandes Acueductos de la provincia.
Assa fue creada en febrero de 2006 durante la gestión del gobernador Jorge Obeid tras la rescisión del contrato con el grupo francés Suez. Ocurrió en medio de una ola estatizadora de empresas de servicios públicos, en los primeros años de hegemonía kirchnerista a nivel nacional.
Desde entonces funciona con un marco regulatorio que sus autoridades pretenden modificar. Por ejemplo, por ser una sociedad anónima paga millones por ganancias presuntas pese a ser una compañía altamente deficitaria. Y no puede gestionar de manera directa préstamos con organismos de crédito internacional a tasa más baja que la del mercado financiero.
Además está controlada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), “que reclama obras más allá de que se trata de una empresa que depende de los aportes del gobierno para gastos operativos y, obviamente, para obras”, apuntan desde Aguas.
De allí la idea de ir hacia la conformación de una sociedad del Estado que gane en autonomía y margen de maniobra. Y que pueda con acuerdo de la Legislatura cambiar su modelo de facturación vigente que contiene enormes inequidades.
Hoy, Aguas factura una tarifa plana. “Y se dan casos increíbles como que un departamento de un Fonavi pague más que uno de Puerto Norte por diferentes formas de calcular el consumo. Todavía coexisten formas de cálculo de la época de la Dipos y otras de la etapa privatizada”, grafican.
Una idea en estudio es ir hacia un esquema por zonas, donde se pague más según donde vive el ususario. Un modelo similar al que rige en el municipio con los seis radios catastrales para la Tasa General de Inmuebles. Allí se paga distinto en base a una serie de indicadores: desde el valor de la tierra, la calidad de sus construcciones y el nivel de acceso a los servicios públicos. También se proyecta diferenciar los usos. No es lo mismo el consumo de una fábrica de gaseosas, que una cochera o un departamento.
Todo esto empezó a tomar forma días atrás cuando a través del decreto 186 Perotti creó la Comisión de Estudio de la Reforma Normativa de Prestación de los Servicios Sanitarios en el ámbito del Ministerio de Infraestructura. Allí se estableció que deberá elaborar un proyecto de nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios.
Sobre las tarifas el texto firmado por el jefe de la Casa Gris le encomienda a la comisión en su artículo sexto “realizar un estudio pormenorizado de la situación actual del régimen tarifario del servicio, que garantice sustentabilidad económico-financiera y en caso de ser necesario formule cambios estructurales”. Se pide garantizar “equidad y progresividad” contemplando “la incorporación del sistema de tarifa social”.
El Ministerio de Infraestructura podrá invitar a participar de la comisión a representantes de la Comisión de Seguimiento del Proceso de Transición de los Servicios Sanitarios, a legisladores, representantes de cooperativas de servicios de agua potable, intendentes, gremios sanitarios y a organizaciones de defensa de los consumidores.
No es la primera vez que desde el Ejecutivo se promueve un cambio en el marco regulatorio de Aguas. “Pero es la primera vez que hay un decreto provincial que le da impulso político y plazos concretos al proceso de revisión”, destacaron desde la empresa.
Corralitos y robo de medidores
En lo que va del año Aguas Santafesinas denunció un fortísimo incremento en el robo de medidores domiciliarios. “Se duplicaron este año respecto al anterior”, precisó Guillermo Lanfranco, gerente de Relaciones Institucionales de Assa.
La empresa estima que del material robado los delincuentes funden el cobre y lo venden en el mercado ilegal. Por eso lo han denunciado penalmente, entendiendo que además afecta a la salud en plena pandemia.
“La comisión de la sustracción en el marco de la pandemia agrava las características de los hechos que se denuncian, ya que la imposibilidad de contar con agua potable como barrera al contagio agrava la situación del usuario y de su familia y la del sector de la comunidad”, señala el escrito judicial presentado por los apoderados de la firma meses atrás.
Lanfranco apuntó que la empresa comenzó a implementar un esquema de protección de los medidores con cemento alrededor de los aparatos para que no sea tan sencillo su hurto. “Las imágenes de algunas cámaras muestran que los delincuentes no tardan más de 10 segundos en concretarlo”, indicó.
En paralelo informó que actualmente hay en la ciudad entre 80 y 100 corralitos por hundimiento de la calzada. “El número se mantiene estable en los últimos años y el tiempo de arreglo está en torno a los 20 días hábiles”, cerró.
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