La crisis en la fiscalía regional de Rosario ingresa en una etapa decisiva. Las citas de la fiscal regional María Eugenia Iribarren y de la fiscal general María Cecilia Vranicich con la Comisión de Acuerdo de la Legislatura, previstas para mañana y pasado, apuntan a dilucidar una cuestión central: cuál es la estrategia del Ministerio Público de la Acusación para resolver el problema y encauzar la situación en medio del fuego cruzado entre fiscales.
Iribarren llega a la convocatoria después de una semana atravesada por rumores respecto a su continuidad en el cargo. El impacto que generó el informe del auditor de gestión Leandro Mai sobre los legajos disciplinarios iniciados al fiscal Matías Edery propagó esas versiones, que no obstante perdieron intensidad en las últimas horas.
“No podemos tomar decisiones apuradas -adelanta la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión-. Hay una causa penal en marcha en la Fiscalía Regional de Santa Fe. Tenemos que esperar los resultados de esa investigación y puntualmente lo que nos vengan a decir la fiscal regional y la fiscal general”.
La luz de alarma que encendió el informe de Mai sigue encendida. “Por eso hay que ser prudentes, escuchar a todas las partes y encontrar una salida institucional porque al margen de la denuncia hay una unidad fiscal que por la complejidad que tiene debe funcionar bien”, destaca Cattalini.
El informe de Mai aportará los interrogantes de los legisladores ante Iribarren. El punto número uno será el manejo del registro de informantes en la fiscalía de Rosario, expuesto por el fiscal Pablo Socca en la denuncia que desató la crisis.
“Obviamente”, agrega Cattalini, se tratará además de saber “cuál es el plan para reconstituir la fiscalía regional, y cada uno de los doce legisladores que integran la Comisión hará sus propias preguntas”. La cita tiene un final abierto: “Después de escuchar a Iribarren veremos cuáles son los pasos a seguir”.
Mientras tanto persiste la incertidumbre respecto a la gestión de la crisis por parte del MPA. La fiscal general ordenó un proceso de monitoreo por noventa días en la Agencia de Criminalidad Organizada y en las unidades de Homicidios Dolosos y Balaceras. Se supone que el procedimiento apunta a construir un diagnóstico con recomendaciones para resolver la situación.
No obstante, la multiplicación de acusaciones entre los fiscales configura un escenario en el que parece difícil intervenir. Iribarren denunció a los fiscales Socca y Miguel Moreno ante el auditor del MPA, por el incumplimiento de sus directivas respecto a la audiencia en que imputaron a Mariana Ortigala.
La confrontación se plantea palabra contra palabra. Socca califica como “oscuro y precario” el registro de informantes y Moreno exhibe una comunicación del Prosecretario General de la Fiscalía General según la cual el ex fiscal general Jorge Baclini no estaba al tanto del registro; Edery afirma que su relación con Ortigala fue pública y tanto Baclini como Iribarren estaban al tanto, además de que no fue el único fiscal del MPA que mantuvo contacto con la ex testigo de la causa Alvarado y presunto testaferro de “Guille” Cantero.
Otra controversia puntual gira alrededor de la balacera contra un negocio de Matienzo y Montevideo. Socca puntualiza que Edery no compartió la información que tenía al respecto, proveniente de Ortigala, y el fiscal Federico Rébola, a cargo de la investigación del episodio, niega haber recibido un informe; Edery, en el descargo presentado ante la auditoría del MPA, afirma lo contrario. En estos contrapuntos se observa además una zona gris entre las comunicaciones institucionales y las conversaciones informales entre los fiscales.
La crisis se desencadenó en principio alrededor del vacío legal que rodea a la participación de informantes en investigaciones de criminalidad compleja, pero aparece incubada por otros factores de la historia reciente y hace visible una situación interna cargada de tensión y recelos. Los supuestos privilegios y recursos con que contaba la Agencia de Criminalidad Organizada habrían caldeado el clima interno hasta llevarlo a una temperatura insoportable.
El cuadro era impensable en marzo, cuando Iribarren fue electa fiscal regional con el apoyo unánime de la Asamblea Legislativa. En ese momento se valoró en particular su actuación para resolver el escándalo que conmovió a la fiscalía con las exoneraciones del ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad por complicidad con el juego clandestino.
La existencia de informantes es tan antigua como las investigaciones. La provincia de Santa Fe no adhiere a la ley 27.319, aunque el fiscal Edery dijo en su descargo que el registro de informantes en la fiscalía de Rosario se rigió por esa normativa. Hasta que estalló la crisis el vacío legal no fue un motivo de discusión jurídica ni de preocupación política. El escándalo la incorporó a la agenda del próximo gobierno de Maximiliano Pullaro.
El fiscal Socca dijo que no había sido notificado del nombramiento de Ortigala como informante, “a menos como la ley nacional lo manda”, y afirmó que se le exigían “obligaciones por fuera de todo marco normativo”. Ortigala fue “integrante en un rol preponderante de una asociación ilícita investigada en la actualidad por el fiscal Edery”, por lo que según la acusación habría gozado de protección por parte de la fiscalía cuando debió ser incluida como parte de la asociación ilícita.
El fiscal Moreno amplió la denuncia diciendo que se había presentado en su oficina el abogado Leopoldo Monteil para darle detalles sobre una relación de Edery con Natalia Nancy Salinas, una joven trabajadora sexual que fue asesinada el 10 de febrero de 2021. Monteil aportó capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp y un panfleto anónimo que se volanteó en el Centro de Justicia Penal.
“Si bien no me consta”, agregó Moreno, “es vox populi que existe un audio en el que un masculino aludiendo a Salinas refiere que sabe que se relaciona con Edery”. Estos rumores de rumores se complementan en su presentación con la afirmación de que “tiene noticias” respecto a que la fiscal Viviana O’Connell, a cargo de la causa por el crimen de Salinas, se negó a revelar el audio.
Esta declaración hizo que la fiscal O’Connell se dirigiera a su vez a la Auditoría para rechazar la versión y pedir que se investigue a Moreno por la difusión maliciosa de un comentario de pasillo.
Peiti, otra vez testigo
El 14 de septiembre Iribarren ordenó a Socca y Moreno resguardar a Ortigala y al mismo tiempo pidió a la Fiscalía General que analizara “la necesidad de dictar las disposiciones necesarias para tornar operativa la norma respecto de la utilización de la figura del informante”. La Fiscalía General desconoce el registro de informantes de la fiscalía de Rosario.
Socca enfatizó en el carácter presuntamente irregular del registro de informantes e incluyó en su denuncia un punteo de las investigaciones realizadas por Edery desde 2018 en torno a Los Monos y sus grupos satelitales. La cuestión será tratada en la entrevista de los legisladores con Iribarren, lo mismo que el destino de un legajo instruido en los Tribunales de Rafaela por amenazas de Ortigala a Leonardo Peiti, el empresario del juego clandestino.
El 1° de abril de 2021 Peiti declaró en Rafaela que los fiscales del MPA le pidieron que testimoniara contra Armando Traferri, al tanto de la relación que mantenía con el senador, y que fue amenazado por Ortigala, quien se jactó de supuestas influencias. El legajo fue recibido por la Fiscalía Regional de Rosario el 22 de abril de 2021 y no tuvo desarrollo.
La declaración de Peiti parece cobrar sentido incriminatorio en el contexto actual. En su informe, el auditor Mai hace un extracto del testimonio. Peiti dice que fue extorsionado por Los Monos a partir de información que los hermanos Ortigala –por otra parte sus vecinos en el mismo edificio donde vivía, en la calle Servando Bayo- proporcionaron a la banda; que la inmobiliaria de los Ortigala era una pantalla para captar víctimas de Los Monos; y que lo instruyeron –no identifica quiénes- para no mencionar a Mariana Ortigala en su declaración en la causa sobre el juego clandestino.
En este sentido, las cuatro cajas con pruebas que según se dice entregó el auditor Mai a los legisladores se abastecen de otros conflictos irresueltos durante el gobierno de Omar Perotti: los enfrentamiento político-judiciales en que derivaron la investigación sobre el juego clandestino y la causa por presuntas irregularidades en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain.
El auditor Mai agrega en el informe con el que se inhibió de seguir la causa los legajos disciplinarios a partir de las entrevistas realizadas con la abogada Evelyn Andriozzi y su padre, el ex comisario Ernesto Andriozzi. Estos testimonios vuelven sobre la causa del llamado espionaje, donde la abogada Andriozzi es querellante.
El punto que comenzará a dirimirse es si el Ministerio Público de la Acusación está en condiciones de ordenar la coyuntura. “No es nuestra función recomponer la situación –advierte Cattalini-. La ley nos da una función de control y de instrumentar procesos disciplinarios. Pero la fiscal regional y la fiscal general son las encargadas de delinear hacia adentro la política del MPA y por eso están citadas: para saber cómo piensan la continuación del proceso”.
El camino para salir del atolladero todavía no parece despejado, pero si hay algo positivo en la crisis es que expone otra necesidad: fortalecer al Ministerio Público de la Acusación, como pregonaron el oficialismo y la oposición durante la última campaña electoral, no solo implica la incorporación de tecnología y de recursos humanos sino también potenciar atribuciones y estructuras para intervenir ante situaciones como las que hoy ponen en jaque a la institución. Las promesas se cumplen.
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