Iván Dólar: el socio de Shanahan en el lavado de dinero de la banda del narco peruano Rodríguez Granthon

El nombre surgió de un teléfono celular secuestrado a Julio Andrés Rodríguez Granthon en la cárcel de Ezeiza. Entre los contactos del narco peruano había uno muy citado: Iván Dólar. El alias encubría a Iván Ferrarons, socio de Gustavo Pedro Shanahan en la cueva financiera de España 886, sexto piso, Rosario. Se trata de otro actor fundamental en el lavado de dinero con el puerto según la investigación federal. 

Ferrarons reside en España y después de conocer el pedido de captura y el alerta rojo solicitados a Interpol presentó un escrito ante el juez Carlos Vera Barros en el que pidió la eximición de prisión. También Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del dirigente nacionalista catalán Jordi Pujol, afronta un pedido de captura, que se suma a los problemas judiciales tiene en Barcelona junto a varios de su familia, una organización criminal dedicada al lavado de dinero.

El financista rosarino se mudó a la ciudad de Alicante poco antes de los allanamientos del 5 de noviembre de 2021 que pusieron al descubierto la oficina donde los narcos cambiaban divisas. “El contacto Iván Dólar nos dio la primera señal de la relación entre Rodríguez Granthon, la ubicación territorial del grupo narco en Villa Banana y la cueva de calle España”, recuerda el fiscal federal Federico Reynares Solari.

El dato del contacto telefónico se asoció con seguimientos que hicieron policías federales de la banda narco. Fue así como llegaron a la oficina de calle España y a otra en la calle Ovidio Lagos, “abierta como una especie de sucursal, para atender exclusivamente a la gente de Villa Banana, dado el flujo de dinero negro”, agrega Reynares Solari. La preocupación de los financistas era mantener a los narcos alejados del resto de la clientela, empresarios, comerciantes y ahorristas que también cambiaban pesos por dólares y que colocaban dinero para negocios blue.

“El contacto inicial con Rodríguez Granthon pareció tenerlo Ferrarons —sigue el fiscal federal—. Después, el que manejaba los contactos cotidianos con la gente de Villa Banana era Marcos Julián Díaz (ex Pumita, detenido en marzo de 2025 en un campo ubicado entre Strobel y Aldea Protestante, Entre Ríos). Díaz sabía claramente que ese dinero venía del narcotráfico, como se entiende en escuchas telefónicas”.

Iván Dólar, como lo llamaba Rodríguez Granthon, fue “el enlace financiero indispensable entre la matriz narcocriminal previa y el circuito de reciclaje y estratificación posterior”, según la exposición que hizo la fiscalía el 2 de septiembre ante el juez federal Carlos Vera Barros. En esa función, “recibió las masas de dinero en moneda nacional originadas en el comercio de estupefacientes, dispuso su recuento, su conversión a divisas extranjeras y su posterior salida e integración al circuito informal a través de operaciones financieras de cable, transferencias internacionales e intermediación directa con mesas de cambio y cuevas de la plaza local”.

“Shanahan sabía que ese dinero pasaba por la cueva —destaca Reynares Solari—. Se dedicó a circular dinero que venía del delito. Cuando se terminó el negocio con Jordi Pujol, aparecieron los narcos”. La fiscalía le atribuye en ese plano compra y cambio de fichas en el sector VIP del Casino de Rosario con la finalidad de “ocultar el rastro del dinero en efectivo no declarado y dar apariencia de origen lícito a las ganancias en moneda nacional provenientes del comercio organizado de estupefacientes”.

“No tienen forma de acreditar esa presunta maniobra —asegura Renzo Biga, codefensor de Shanahan junto con Iván Hernández—. Por el contrario, nosotros tenemos formas de comprobar que Gustavo Shanahan era un apostador, que incluso se ha autoexcluido en varias oportunidades. Alguien que utiliza el casino solo como un medio, a los fines de lavar dinero, no se autoexcluye en múltiples oportunidades. Gustavo perdió mucho más dinero del que ganó”.

El allanamiento de la oficina en calle España deparó el secuestro de 32 millones, plata fresca de los narcos según la fiscalía. “Shanahan declaró que ese dinero provenía de una comisión pagada por Vicentin por la compra de un campo y, a pesar de lo que sostiene la fiscalía sobre una apariencia de licitud, el hecho es objetivamente comprobable”, puntualiza Biga.

El ex administrador de Terminal Puerto Rosario (TPR) entregó su teléfono durante el allanamiento de la cueva. Los investigadores descubrieron mensajes intercambiados con Guido Garay, directivo de la financiera Cofyrco, a raíz del asesinato del narco Marcelo “Coto” Medrano en septiembre de 2020 y de la investigación siguiente de fiscales provinciales. “Shanahan estaba preocupado porque una financiera apareciera vinculada con el narcotráfico. Finalmente Garay le dijo que se quedara tranquilo porque sólo se investigaba lavado de dinero”, dice Reynares Solari.

Según la acusación, Ferrarons compartió con Gustavo Shanahan y Esteban Shanahan la administración de las personas jurídicas Increase y Natural Food, utilizadas para operaciones de lavado y desvíos de dinero hacia cuentas offshore. La fiscalía se opuso a su eximición de prisión. Uno de sus hermanos, Juan Pablo Ferrarons, compareció esta semana en indagatoria como representante de Natural Food.

Terminal Puerto Narco

Shanahan compareció ante el juez José De la Mata, en Madrid, después de hacer declaraciones periodísticas en esa ciudad que enlodaron a su socio en el puerto de Rosario. La investigación española sobre Jordi Pujol Ferrusola revela ahora “el patrón delictivo que la secuencia de hechos posterior reproduce, con notable similitud, en el territorio de la República Argentina”, afirmaron los fiscales Reynares Solari, Diego Velasco y Matías Scilabra ante el juez Vera Barros.

En 2013 Shanahan declaró al diario El Mundo, de Madrid, que Terminal Puerto Rosario recibió 12 millones de dólares procedentes de paraísos fiscales de Andorra, Suiza y Panamá. Un respaldo de esta afirmación es un correo electrónico del 22 de diciembre de 2005, en el que Pujol Ferrusola comunicó al financista rosarino que iba a inyectar 1,5 millones de dólares: 750.000 amparados en el concepto de ampliación de capital, y otros 750.000 presentados como un préstamo entre las sociedades Brandtridge (del empresario catalán) y Loster Company (uno de cuyos accionistas era Pablo Salazar, hijo de Jorge Guillermo Salazar, presidente de TPR). Otro correo electrónico da cuenta de una transferencia en euros enviada por la secretaria personal de Pujol Ferrusola y recibida por la entonces Directora de Relaciones Institucionales del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro).

“Pujol tenía un gestor inglés muy antipático que era su testaferro. Se llamaba Herbert (Towning), vivía en Londres y era el que le movía el dinero. Jordi no tenía plata blanca, lo metió todo en negro. Ahora es más difícil mover capitales en el mundo, pero hace unos años nadie preguntaba de dónde venía el dinero… y Argentina no es como España”, dijo Shanahan al diario El Mundo. Towning era un especialista en la creación de sociedades fiduciarias en paraísos fiscales.

Shanahan amplió detalles para la prensa española: “Pujol metía el dinero por transferencias que iban a parar a cuentas de distintas compañías en Panamá y se monetizaban en una casa de cambio. El dinero entraba en el puerto (de Rosario) tal cual. Si agarrás los balances, no te vas a dar cuenta de nada porque registran pérdidas. Están certificados ante notario, santificados (…) no reflejan el dinero que entraba”.

Pujol Ferrusola y su pareja Mercé Gironés fueron imputados en 2014 por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. Pero el 24 de abril de 2015, Shanahan desmintió los dichos a El Mundo en una declaración realizada bajo juramento y ante escribano público en Argentina. Según la Justicia española esa rectificación le costó a Pujol Ferrusola 850 mil dólares, pagados en cuotas entre marzo de 2015 y diciembre de 2017; ante la rectificación de Shanahan, exhibieron el comprobante de una transferencia por 135 mil dólares, considerada primer pago del presunto soborno.

Parte de la discusión actual consiste en establecer si Shanahan dijo la verdad en la entrevista periodística o en la rectificación posterior. “Sostiene que la declaración al diario El Mundo fue a los fines de presionar a Pujol para que le pagara una deuda. En el concurso preventivo de TPR, Shanahan había cubierto con sus bienes el pasivo correspondiente al 30 por ciento de acciones que poseía Pujol. Cuando el puerto se vende a Vicentin, Pujol cobra la venta de sus acciones y Shanahan le reclama el reintegro del dinero que él había puesto para cubrir el pasivo que le correspondía poner a Pujol en razón de sus acciones. Al no tener respuesta hace esa nota”, dice el abogado Biga.

Se supone que el dinero inyectado por Pujol Ferrusola en el puerto de Rosario provenía del narcotráfico; el origen, no obstante, se pierde en una nebulosa en la que se entrecruzan sociedades y operaciones off shore todavía no despejada.

Los tiempos de la investigación

Biga se declara sorprendido por “la exposición mediática de las detenciones de Shanahan y su familia”. No se refiere al interés periodístico: “Es una causa de la que estábamos en conocimiento por lo menos desde 2023. La investigación no es novedosa y mucho menos la teoría que expone la fiscalía sobre los hechos. No existía riesgo alguno, ni hubo ningún evento que haya modificado el panorama o justificara la salida urgente a detener personas”.

Shanahan se encuentra en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple una condena de siete años de prisión por narcotráfico. Asistente por zoom a la indagatoria, expresó su indignación por esa sentencia —“nunca tuve droga en mis manos”— y reivindicó su trayectoria como empresario. Su hijo, Esteban Gustavo Shanahan, sigue detenido, mientras recuperaron la libertad su esposa, Graciela Niobe Tuero, y su hija Lucila Shanahan.

“La acusación contra la esposa y los hijos es muy endeble y pasa por cuestiones registrales —afirma Biga—. No hay una conducta de participación en delitos sino de sucesos que se explican dentro de un entorno familiar, como la titularidad de un auto. La casa que alquilaba Esteban Shanahan para vivir, cuyo verdadero propietario según la fiscalía sería el padre, fue recibida por herencia por quienes son sus titulares”. 

El defensor también argumenta que Shanahan “entra en el puerto en 2005, cuando Jordi Pujol ya llevaba por lo menos tres años con Salazar Boero y los hechos de corrupción que le atribuyen a Pujol surgen recién en 2013, cuando la justicia comercial decretó la quiebra de Shanahan”. Antes de la venta de acciones a Vicentin, “hubo una auditoría sin que el juzgado interviniente hiciera alguna referencia respecto de que los fondos con que se aumentaba el capital del puerto fuera de origen ilícito”.

La quiebra en cuestión se produjo como desenlace del accidentado desarrollo del complejo Los Pasos Jockey, que Shanahan administró en relación con el Grupo Rosental. “Puedo demostrar que antes de mi ingreso al puerto yo tenía un pasar económico y empresarial y que lejos de enriquecerme el puerto me fundió”, dijo el financista en la indagatoria.

“Los hechos imputados son improvisados en cuanto a las pruebas y en lo que la fiscalía considera que configura el delito de lavado. Cada una de las maniobras que le adjudican tiene una explicación lícita y lo vamos a exponer en un descargo oral y por escrito, para lo que pediremos la ampliación de indagatoria”, adelantó Biga.

“Esta causa tiene otro impulso a partir de 2023 con el nombramiento de Matías Scilabra como fiscal y de fiscales coadyuvantes por la ley de fortalecimiento de la Justicia Federal —dice Reynares Solari, a propósito de los tiempos de investigación—. En 2024 se crea el área de Delitos Complejos, donde tomamos la decisión de ir fuerte en las causas por lavado de dinero”.

El fiscal destaca así “una suma de factores estructurales por los que el Ministerio Público Fiscal tiene otra actitud”. El pasado reciente es el ejemplo para no seguir: “En la etapa anterior una estructura raquítica generó comportamientos institucionales raquíticos. Hubo un debe enorme de la Justicia Federal de Rosario. ¿Cómo puede ser que a alguien se le haya ocurrido que el delito de lavado de dinero, que afecta al orden económico y financiero de la Nación, pueda ser de competencia provincial? El problema fue que nadie estaba haciendo nada al respecto en Santa Fe”.