El Gran Rosario subió al podio del desempleo

La crisis del empleo en el Gran Rosario explotó en las estadísticas del segundo trimestre. El aglomerado volvió a convertirse en la capital de la desocupación luego de pegar un salto interanual de magnitud asociable a grandes sacudones económicos. Subió casi cuatro puntos hasta alcanzar el 11,5%. El giro se veía venir pero igual fue drástico porque suma todos los males: presión laboral, caída de la ocupación, precariedad y aumento del desempleo. El cuadro no es mucho mejor en el resto de la provincia. Tampoco en las ciudades emblemáticas de la región pampeana, atravesadas por las tensiones del cambio de modelo económico.

Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026 se sumaron 47 mil personas al ejército de desocupados en la región. El cambio de gobierno y de política económica llegó con mayor tensión laboral, en parte amortiguada por el crecimiento de la informalidad. 

Así, mientras los puestos registrados de trabajo bajaban todos los meses, la Encuesta Permanente de Hogares exponía un movimiento más gradual. El desempleo subía un poco, trimestre a trimestre, pero asociado a un aumento de la población activa. La oferta de fuerza laboral crecía, empujada por la disminución salarial, pero no era absorbida completamente pese a que el empleo también subía. La informalidad ofrecía un colchón, algo incómodo de acuerdo a los indicadores de subempleo y ocupación demandante.

Las cifras difundidas el jueves por el Indec indican que el colchón se rompió. El mercado de trabajo del Gran Rosario ya no enfrenta solo una presión difícil de administrar sino también la destrucción directa de empleo: en un año se relevaron 22 mil ocupados menos y 28 mil desocupados más, frente a una población activa que sumó unas 5 mil personas. El 35% de quienes están en actividad acusó problemas de trabajo, ya sea porque no lo tienen, porque es escaso o porque buscan otro.

El deterioro, con otras características, también se puso en evidencia en el Gran Santa Fe. En cambio, el desempleo bajó casi un punto en el cordón del acero conformado por la santafesina Villa Constitución y la bonaerense San Nicolás, que había liderado el desempleo nacional en el primer trimestre. Es probable que la construcción de la planta de Sidersa o cierta estabilización en la producción siderúrgica en un piso bajo haya moderado la evolución de un indicador que, de todos modos, sigue en un nivel alto de 8,4%.

La tasa de desocupación en el conjunto de los centros urbanos que mide el Indec en todo el país es más baja, del 7,9%. El crecimiento interanual fue de apenas tres décimas de punto y, además, la ocupación subió medio punto. 

Desempleo agropampeano

La nueva geografía que busca consolidar este modelo económico tiene su mapa laboral. La región pampeana tiene la mayor tasa de desempleo (9,7%) y la que más subió en doce meses. El fenómeno no se limita a los partidos del conurbano bonaerense, estigmatizados desde la Nación y buena parte de las provincias. Ese conglomerado ocupa el séptimo lugar en el ránking maldito. Lo superan Rosario (11,5%) y Córdoba (10,5%), las capitales de la Región Centro. Sigue Mar del Plata (9,9%) y, en el cuarto puesto llega Bahía Blanca (9,7%), otra de las ciudades del Sahel agropampeano. 

Es arbitrario pero tentador superponer este mapa con el de la ubicación de las principales Bolsas de cereales del país. Quizás dispare algún debate sobre el futuro de esta región que disputa centralidad económica con los nuevos enclaves energéticos y mineros, al mismo tiempo que su estructura productiva se fisura.

Neuquén y San Juan, con una tasa de desempleo de 3,2% en ambos casos, integran el grupo de ciudades con menor tasa de desempleo. Con menor tasa de actividad, encabezan ese lote Viedma – Carmen de Patagones (0,7%) y Santiago del Estero (0,9%). 

La migración del centro económico a la cordillera tiene su complejidad. La población económicamente activa de los cuatro aglomerados con mayor desempleo suma algo más de 2 millones de personas. La de los cuatro más favorecidos no llega a 500 mil. Si se volcaran en la comparación los padrones de Caba y los partidos del Gran Buenos Aires, con índices de desocupación de 5,6% y 8,8%, respectivamente, la diferencia sería enorme. En la misma Patagonia, la heterogeneidad se manifiesta. La desocupación en Comodoro Rivadavia es de 9,1%, en Río Gallegos de 8,8% y en Ushuaia – Río Grande, 8,1%.

El freno

Con todos los problemas que muestra para captar la realidad, el adelanto de la evolución del PBI que difundió el Indec el mismo jueves acompaña la descripción de una economía que, como mínimo, está estancada. En la medición desestacionalizada mostró una caída de 0,6% en el segundo trimestre. Se comió prácticamente la suba de 0,7% del primero. En la comparación interanual subió 2%, muy por debajo de la expansión de 6,5% en el mismo período de 2025. Una desaceleración de similar magnitud se ve en el acumulado semestral. En todas las comparaciones, cae la inversión.

El centro de estudios Fundar sumó los últimos datos de su monitor mensual de empresas a esta pintura apocalíptica. A junio suman 31.342 empresas las que cerraron en la era Milei. Casi la mitad, 16.386, lo hicieron en el último año. La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) también aportó sus números rojos. El viernes informó que la producción industrial cayó 2,9% en julio y 3,1% en siete meses de 2026. El 66% de las ramas operó bajo el nivel del año pasado. En doce meses se perdieron 4.700 puestos fabriles en la provincia.

Rojo fiscal

Esta crisis suma presión a la “política económica contracíclica” que el gobierno santafesino expuso a la hora de explicar el déficit financiero de 717.739 millones de pesos que presentaron las cuentas provinciales en el primer semestre. El equivalente al 10% del gasto total y, según el diputado provincial y ex ministro de Economía santafesino Walter Agosto, el más alto de la última década.

La retracción de 8% real interanual en el ingreso por recursos tributarios de origen nacional influyó en el saldo negativo. También la decisión de sostener una inversión pública elevada en términos históricos, de 811.994,21 millones de pesos, 60% más que en el mismo período del año anterior. 

El ahorro económico, producto de la diferencia entre recursos y gastos corrientes, financió el año pasado buena parte de este nivel de gasto de capital. Pero al promediar 2026 ese superávit se achicó a 48.037 millones, ocho veces menos que en el mismo período de 2025. Esto es producto de que estos gastos corren al 44% interanual y los recursos al 33%.

En este contexto cambió el financiamiento de los gastos de capital. El 70% proviene del uso de disponibilidades de ejercicios anteriores: superávits de 2024 y 2025 y saldos no invertidos. El resto, de préstamos para obra pública (6,58%), convenios bancarios (5,7%), recupero de anticipos (5,43%), ahorro económico (5,92%) y recursos de capital (6%).

El gobierno provincial acompañó la publicación del informe de análisis de las finanzas santafesinas con una serie de comunicados en los que destacó la nota de riesgo crediticio de las calificadoras internacionales y subrayó la persistencia de superávit corriente. La defensa más razonable, sin embargo, parece ser la asociada a la decisión de “sostener el nivel de actividad”, sea con inversión inversión pública o con la erogación puntual de compromisos corrientes del Estado, como remuneraciones (44,75%), prestaciones de seguridad social (20,04%) y transferencias corrientes (17,7%).

Pero la explicación más sencilla encuentra un límite político en la identificación discursiva del Ejecutivo local con el relato nacional sobre el superávit y orden macro. Un aura que farmea Nación a costa de las provincias. El propio informe de la cartera económica santafesina aclara que “si no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 355,74% mayor”. 

El presupuesto

Los Estados subnacionales son parte de una inmensa mayoría que sufre la motosierra.

Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), al mes de agosto, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) cayó 32% real en comparación con igual período de 2023. Pocos rubros se salvan del ajuste. Entre ellos está la Secretaría de Inteligencia del Estado, con un incremento del 42%, y los servicios de la deuda pública, que ya concentran el 12% del gasto ejecutado.

El proyecto de presupuesto 2027, ingresado en la semana a Diputados, profundiza esta dinámica. Además de aumentar el gasto tributario ampliando la promo fiscal a beneficiarios del plan económico, propone recortes en el financiamiento a universidades y en las pensiones por invalidez, e insiste con un viejo intento: desenganchar a la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la movilidad automática. También prevé mayor presión de impuestos como el de los combustibles y contempla una ejecución de gasto geográfico en Santa Fe por debajo de la inflación.

El ajuste sin fin expresa la lucha del Ministerio de Economía por mantener la foto de orden macroeconómico frente a la crisis autogenerada. Los actores empresarios afines se apuran a pedir el blindaje de “las transformaciones” que le aplauden a la actual administración. A fin de mes se realizará una nueva edición del coloquio de Idea en Mar del Plata. El programa de contenido y asistentes fue estructurado en función de asegurar que “la estabilidad actual” permanezca más allá de un eventual cambio político. En la conferencia de prensa que convocaron para anticipar estos tópicos, los ejecutivos pusieron ejemplos concretos de lo que quieren atornillar: Rigi, deuda, desregulación y reforma laboral. Serán panelistas el ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, especialistas que hablarán sobre los modelos de Australia e Israel, funcionarios nacionales y una amiga de la casa, Patricia Bullrich. Pero el mensaje más descarnado sobre la voluntad de hacer valer su pliego es la invitación a Diego Luciani, el fiscal del polémico juicio por la causa Vialidad que derivó en la condena de Cristina Kirchner.