“Por fin, senador Seisas”, dijo Felipe Michlig luego de leer el último artículo, “de forma”, del texto de la nueva ley “anti cuidacoches” que, desde que comenzó el año, espera el intendente Pablo Javkin, que ya anticipó que la semana próxima enviará un mensaje al Concejo para que rápidamente Rosario se adhiera a la norma provincial recién sancionada.
Y entonces sí, tras la unanimidad del Senado, hubo una exposición sobre la norma que en Santa Fe prohíbe la actividad de los cuidacoches o “trapitos”. Que convierte esa forma de mendicidad en un delito pasible de ser penado con hasta 20 días de privación de la libertad para los reincidentes.
El presidente provisional de la Cámara lo dijo también como un mensaje interno a Unidos para Cambiar Santa Fe. En Diputados el oficialismo y la oposición tuvieron sobre este tema otros planes que ya han quedado definitivamente atrás, y llegaron a contemplar la creación de fiscalías y cargos de jueces para dedicarse a estos casos.
A la ley sancionada solo le resta ser promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial (ya varias veces sostuvo que no puede distraer en este tema a la policía salvo que haya delitos como amenazas, daños u otros más graves). Una vez que la Ley tenga su número en el Boletín Oficial vendrá lo más difícil, imponerla en las calles, hacerla cumplir.
Para que esto último se intente, será necesario el debate y una ordenanza de cada uno de los concejos municipales que decidan su adhesión. El tema por supuesto muestra situaciones de enorme diversidad en cada localidad.
Bicameralidad
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La forma en que se gestó y finalmente sancionó la norma de Seisas es una cabal muestra de las ventajas del sistema bicameral, que permite discusiones más severas que la unicameralidad. Y también, de los cambios que agilizaron el proceso de sanción de las leyes a partir de la Reforma de 2025.
Si el cuadro de situación política que aquí se expone hubiera ocurrido bajo las formas constitucionales dispuestas hace más de medio siglo, que regían hasta el año pasado, la demora sin dudas hubiera sido mucho mayor.
Desde la reforma de 2025 ya no son cinco revisiones sino solo tres cuando las cámaras de la Legislatura no están de acuerdo. Y sencillamente se impone aquella que logró mostrar mayor consenso o un número mayor de adhesiones.
“Por fin”, había celebrado antes en los pasillos de la Cámara alta también Ciro Seisas al anticipar que habría ley. Y algo parecido había dicho también después de la reunión de jefes de bloques el titular de la bancada radical, Rodrigo Borla, de San Justo. En departamentos no tan poblados los dramas más extremos de la marginalidad no están en los semáforos o en las veredas para pedir (o exigir) dinero por cuidar los vehículos.
Era muy curioso que tres de los senadores con más poder en el oficialismo, es decir Michlig, que tiene la representación de la Cámara y las funciones de un vicegobernador; Borla, que preside su bloque, y Seisas, que representa al territorio con más electores hubieran estado tan de acuerdo y, sin embargo, durante tanto tiempo no hubieran hecho más que postergar el tratamiento del tema, desde principios de junio hasta mediados de septiembre.
A la Casa Gris primero y a la Iglesia y otras organizaciones religiosas y no religiosas, incluso de militantes por los Derechos Humanos, en nada les gustaba la idea de reprimir a esa forma de “pedir la moneda” en las calles.
Defender lo público
“Por fin, aprobado”, quedó flotando en una sesión que dejó atrás otros cinco jueves en las que se le renovó la preferencia al expediente que pretende “cumplir con la idea de que el espacio público es sagrado y nadie puede apropiárselo”, subrayó el senador por Rosario.
“Por fin, aprobado”, como si fuera un resultado deportivo o de otra índole y no el producto de una decisión política compleja, que más abajo se intentará exponer.
Próxima sesión
La ley busca dar respaldo a la idea de no negociar con los “cuidacoches” y va a confrontar con quienes pretenden “romantizar la marginalidad”, según la definición de Seisas. La negociación entre cámaras estuvo siempre atada a otra ley que se definirá en la próxima sesión de Diputados y que también interesa especialmente a Rosario.
Se trata de una reforma a los procedimientos que pueden agilizar los reclamos de los ciudadanos contra el Estado, que bien pueden luego derivar en juicios.
Por ahora es solo un proyecto con dos versiones muy distintas en Diputados y en Senadores del texto de la ley sobre el proceso contencioso administrativo.
Todo indica que la semana próxima Diputados repetirá su votación anterior que logró la unanimidad, o se verá si acepta las reformas que luego hizo el Senado, más cercanas a la posición del Palacio de los Leones.
En Diputados se hicieron modificaciones a un mensaje de ley del Poder Ejecutivo provincial que consiguieron el voto de todos los miembros de la Cámara. Y otro tanto en el Senado, que también obtuvo el mismo consenso, pero la del jueves 24 será la tercera revisión y 50 pueden más que 19.
La síntesis final es que Senadores se impone en el tema “cuidacoches” y Diputados en el contencioso administrativo, con cambios que generan en la administración de Javkin temores por sus efectos económicos.
Se dice que esta semana, entre el lunes y el miércoles conversaron sobre el asunto el ministro de Gobierno Fabián Bastia y el intendente rosarino y que la Casa Gris explicó que también para el Ejecutivo Provincial se abre una válvula que puede crear algo más que un flujo controlable de reclamos judiciales. Pero que la decisión política es avanzar porque se trata de una parte de las reformas planteadas en 2025.
Aparentemente, habría existido un compromiso de revisar la norma a sancionar si se produjera un “efecto no deseado”.
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