Presupuesto 2027: Dios proveerá, los mercados decidirán y la motosierra ajustará

El 15 de setiembre pasado a las 23:59 el gobierno libertario cumplió con la manda constitucional de elevar el proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso Nacional a fin de trazar la hoja de ruta de lo que podría ser su último año de mandato. 

Al igual que en el anterior, el Poder Ejecutivo ratificó su compromiso de preservar el equilibrio fiscal, como ancla de la política económica, utilizando para ello una técnica de elaboración conocida como “presupuesto base cero”. Es decir, el gobierno luego de definir el objetivo fiscal prioritario, que en este caso es alcanzar el superávit primario capaz de cancelar todos los intereses de la deuda pública, procede a estimar los recursos públicos del ejercicio, para finalmente, como residuo asignar las partidas del gasto. Es decir, las prioridades del gasto público están condicionadas al pago a los acreedores, la recaudación y el “humor” de los mercados. Ergo, ante cualquier complicación en estas variables, el gasto deberá ajustarse las veces que sea necesario hasta lograr mantener el resultado global. Una doble pinza fiscal para controlar los egresos.

En términos generales, la estrategia oficial vincula ese superávit con la continuidad de la desinflación y la estabilidad macroeconómica. Pero detrás del papel, aparece una primera pregunta: ¿cuánto depende ese equilibrio de que todos los supuestos del gobierno se cumplan al mismo tiempo?

El escenario proyectado supone un crecimiento del PIB del 4% durante 2027, después de un 3% estimado para 2026. El consumo privado debería crecer 3,4%, mientras que la inversión tendría que pegar un salto del 9,2%.
Es decir, el presupuesto necesita una economía que no solamente crezca, sino que acelere significativamente la inversión. En otras palabras, debería ser el mejor año de la última década para que esto suceda.

El frente externo tampoco queda al margen de esta apuesta.
Las exportaciones crecerían 7,4% en valor, pero las importaciones avanzarían 9,8%. Aun así, el Gobierno proyecta un superávit comercial de 15.560 millones de dólares. 

El otro supuesto determinante es la inflación. El Presupuesto calcula un 18% para 2027, frente al 29% previsto para 2026. Al mismo tiempo, estima un tipo de cambio de 1.847,60 pesos para diciembre de 2027 y una reducción promedio del tipo de cambio real bilateral. La combinación implica que la economía debería crecer mientras continúa la desinflación y se mantiene una apreciación real moderada con lo que ello implica: una apreciación cambiaria sostenida puede tensionar la competitividad de los sectores que generan divisas, provocando en aquellos ganadores, dificultades en sus ventas externas, y por el otro, para aquellos sectores “mercado internistas” un horizonte negro de ventas, fusiones y cierre de empresas. 

En materia fiscal, el proyecto de ley estima recursos por 198,96 billones de pesos y gastos por 198,72 billones. El resultado financiero positivo —después de pagar intereses— sería de apenas 246.741 millones, mientras que el resultado primario alcanzaría 15,36 billones —antes de pagar intereses de la deuda—, equivalente al 1,1% del PBI. La duda que surge aquí es la fragilidad del resultado expuesto, dado que no hay margen para errores. Cualquier cambio de contexto macro entraría en déficit y la motosierra debería encenderse automáticamente. Una desviación relativamente moderada en la recaudación o en los gastos puede reducir sustancialmente ese resultado.

Además, el 99,7% de los recursos de la Administración Nacional corresponde a ingresos corrientes. Los ingresos impositivos crecerían 30,6%, mientras que los aportes y contribuciones a la Seguridad Social lo harían 19,6%.
El equilibrio, entonces, necesita que la recaudación continúe expandiéndose en un escenario donde la inflación, según el propio presupuesto, debería desacelerarse. Circunstancias que no parecerían convalidar al propio presidente.

Por el lado del gasto, la estructura también resulta reveladora.
El 98,1% corresponde a gastos corrientes, mientras que los gastos de capital representan una porción insignificante. En materia de inversión pública, el monto presupuestado alcanzaría 3,77 billones. La inversión real directa crecería 19,3% y las transferencias de capital 24,5%. Aquí las dudas que surgen, especialmente en los gobernadores, es si será verdad que esta vez se cumplirá con la ley habida cuenta de la penosa subejecución del gasto de capital realizada durante 2026. 

Otro puntal que domina la estructura presupuestaria es la Seguridad Social la cual representa el 58,9% del gasto total de la Administración Nacional, incluyendo prestaciones previsionales, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales, transformándose en uno de los principales determinantes de la dinámica fiscal. En este punto es dable advertir que la cantidad de beneficiarios ha descendido, es decir, la totalidad de jubilados y pensionados en el 2027 será menor que la existente en el 2026 en términos absolutos. Hecho inédito que sólo se registró en el año 2026 y se proyecta al 2027.

Finalmente, aparece el otro capítulo, escondido entre muchas otras urgencias pero que obliga a mirar más allá del resultado fiscal: la deuda pública. En efecto, las fuentes financieras previstas alcanzan 325,28 billones de pesos y de ese total 324,05 billones corresponden a endeudamiento público e incremento de otros pasivos. Tamaña cantidad de obligaciones deberán ser administradas para evitar el colapso del sistema financiero argentino. De ahí su trascendencia y la importancia que reviste, a tal punto que todo el superávit se destinará a pagar los intereses del ejercicio. De ahí que el superávit fiscal no significa que desaparezcan las necesidades de financiamiento.

En síntesis, el Presupuesto 2027 no parece haber sido elaborado para soportar imprevistos, sino para que no ocurran. Todo funcionará si crece el PIB, salta la inversión, baja la inflación, aumenta la recaudación, se sostiene el superávit comercial, no se deteriora el tipo de cambio y la deuda puede refinanciarse sin sobresaltos, una conjunción de planetas imposibles de alinear en un año electoral. Y cuando los planetas no se alinean, en la Argentina ya sabemos quién termina pagando el costo del desorden: el bolsillo de los compatriotas.