El modelo de dos economías que intenta consolidar el gobierno nacional trasciende el ámbito de los indicadores de actividad, que muestran un puñado de sectores extractivos en crecimiento y el resto sumergido en la crisis. En estos universos paralelos, también se disocian los que se endeudan para realizar y fugar excedentes y los que lo hacen para sobrevivir. De la misma manera, están los que reciben generosas promos tributarias a través de mecanismos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y los que sienten una presión fiscal que contradice las promesas libertarias en materia impositiva.
En un trabajo elaborado para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), Gustavo García Zanotti y Martin Schorr describieron que el monto real pagado en concepto de impuestos por las 500 empresas más grandes del país cayó 28% entre 2012 y 2024. En este último año, con los datos más recientes procesados por el Indec, los subsidios y exenciones fiscales llegaron a u$s 2.950 millones, el equivalente al 18% de las ganancias antes de impuestos de estas compañías.
En el informe, los investigadores discuten con la idea “ampliamente instalada en el debate público” sobre la “presión tributaria asfixiante” a la que la Argentina sometería al capital privado. No parece ser el caso, al menos, de las 500 empresas no financieras más grandes del país. Tal es la tendencia, que la participación de los impuestos netos de subsidios sobre el valor agregado generado por las grandes empresas cayó del 27% al 20% en el período analizado.
“En algunos sectores como minería, hidrocarburos, transporte y servicios públicos, los subsidios llegaron incluso a superar los impuestos pagados en algunos años”, señalaron desde el instituto.
Schorr y García Zanotti apuntaron a dos mecanismos que permiten explicar la reducción de la carga impositiva efectiva de las grandes empresas. El primero es la modificación de los regímenes fiscales aplicables a determinados sectores de actividad. Un caso emblemático es el Rigi. El segundo se vincula con la ampliación y el perfeccionamiento de estrategias de planificación fiscal agresiva. Para ello, despliegan estructuras societarias y financieras que incluyen filiales en jurisdicciones de baja o nula tributación.
El informe aclara que la menor carga fiscal no responde a que se generó menor excedente. Por el contrario, las grandes empresas ampliaron su apropiación del valor generado, sobre todo en momentos de fuerte cambio en los precios relativos. Entre 2017 y 2018, por ejemplo, el excedente bruto de explotación de este grupo creció 118 %, frente a una inflación del 47 %. En 2023, con la inflación acelerada tras las Paso y la megadevaluación de La Libertad Avanza, este indicador aumentó 142 %.
La reducción de la carga impositiva es particularmente marcada en los sectores extractivos. El Ipypp destacó que las retenciones pagadas por las petroleras pasaron de u$s 3.146 millones en 2012 a apenas u$s 114 millones en 2024. Además, minería e hidrocarburos “registraron en 2023-2024 una tasa efectiva de alrededor del 5% en el impuesto a las ganancias, muy por debajo de la alícuota teórica del 35%”.
Sobre esta estructura se montó luego el Rigi, un “sacrificio fiscal” que no promoverá “una mayor densidad industrial, desarrollo tecnológico o soberanía económica” pero sí “una estructura productiva concentrada en actividades extractivas, rentísticas y de intermediación”.
La presión a los chicos
En la otra Argentina, mientras tanto, la presión sobre los contribuyentes se vuelve más intensa. Un análisis elaborado por la Fundación Apertura de Rosario, en base a los datos obtenidos por un pedido de acceso a la información presentado en julio al Ministerio de Economía de la Nación, muestra cómo evolucionaron y sobre qué universo cayeron los embargos que ordena la sede local de la Agencia Recaudación y Control Aduanero (Arca). Señaló que tres de cuatro medidas cautelares fueron sobre microempresas. La participación de este segmento sobre el total pasó del 37,3% en 2021 al 87,4% en julio de 2026.
Según el informe, entre enero de 2016 y julio de este año, la delegación local del organismo recaudador trabó 27.045 embargos sobre 11.458 empresas. De ese total, 20.421 cayeron sobre microempresas, firmas de hasta siete personas ocupadas según los parámetros vigentes del registro mipymes. En siete meses de 2026 se ejecutaron 3.713 y en el año se proyectan 6.365. Se trata del segundo registro más alto de la serie y un 58% por encima de 2025.También se elevó la cantidad de medidas por empresa, de 1,1 en 2021 a 3,2 este año.
Nueve de cada diez embargos a mipymes caen en la microempresa. En cambio, solo 229 de los 27.045 del período alcanzaron a medianas (1%). “El universo alcanzado se achica y se concentra, mientras la intensidad y el monto por medida aumentan; el embargo dejó de ser un instrumento de excepción sobre grandes deudores para volverse una práctica de alta frecuencia sobre el segmento más pequeño del entramado productivo”, señaló la fundación. Se aplica, además, con “intensidad creciente y por montos reales cada vez mayores”.
Un reclamo contra la presión fiscal surgió también desde Bases Federadas, la entidad que representa a los pequeños y medianos productores agropecuarios. En un mensaje difundido el 8 de septiembre, Día del Agricultor, su comisión directiva denunció que “la promesa de reducir impuestos que hizo Milei no se cumple para los pequeños productores pero sí les llega a las grandes multinacionales beneficiadas con el Rigi y Súper Rigi”.
De hecho, expresó su “profunda preocupación y rechazo” por “una presión tributaria que continúa castigando” al segmento que representan. Por eso solicitó a las autoridades y legisladores nacionales que impulsen cambios en el impuesto a las ganancias, de modo de brindar un “tratamiento diferenciado y razonable” a las pymes del sector. Este mecanismo debería “proteger la reinversión productiva”, contemplando “las distintas realidades de los que producen y segmentando las políticas tributarias”.
Explicaron que, para un pequeño productor, parte importante del resultado de una campaña “no constituye dinero disponible para consumir ni una verdadera manifestación de riqueza”. Es, en cambio, el capital que necesita para “volver a sembrar, alimentar la hacienda, reparar una máquina, comprar insumos, afrontar la próxima campaña o simplemente resistir un año malo”. Por eso, considera que “gravar ese resultado sin contemplar esta realidad” significa, en los hechos, gravar la capacidad de continuar produciendo”. Así, obliga al más chico a desprenderse de capital que debería utilizar para continuar produciendo y, de esa manera “profundiza el proceso de concentración” en el sector.
El agujero sin fin
La inquietud por la distribución de la carga fiscal crece en distintos sectores empresarios, en paralelo a la preocupación por el endeudamiento y la recesión en la que está inmersa al menos una parte importante de la economía.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) alertó la semana anterior sobre el crecimiento de las causas ingresadas por quiebras y concursos en la Justicia civil y comercial de la provincia. Las primeras crecieron 173 % interanual en 2025 hasta alcanzar los 2.000 expedientes y en siete meses de 2026 ya sumaron 1.656 nuevos trámites. Las segundas aumentaron 75 %.
En su última encuesta trimestral, la Unión Industrial Argentina (UIA) recogió entre sus asociados la alarma por la velocidad con que el impacto de la menor actividad se traslada a la situación financiera. El 47,6% de los sondeados dijo que tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos habituales. El 9,2% registró dificultades para afrontar todos.
La mitad de los consultados dijo que cayeron sus ventas. La debacle productiva en el sector fue corroborada por el índice de producción industrial de julio. Según el Indec, cayó casi 5% en la medición interanual. Ni siquiera los rubros “ganadores”, como los vinculados a alimentación, petróleo y minería, mostraron crecimiento. La construcción se hundió 4,5%.
El Indec informó que la caída de la producción fabril acumuló 2,7% interanual en los primeros siete meses del año. La Bolsa de Comercio de Santa Fe difundió un informe sobre la evolución del Icasfe, el índice de actividad provincial que elabora su centro de estudios, durante la primera mitad de 2026.
“Tras una leve recuperación en el primer trimestre del año y luego de cerrar el 2025 con un balance negativo, la actividad económica santafesina evidenció una nueva caída en el segundo trimestre de 2026”, contó la entidad. En todo el semestre, cuatro de los ocho indicadores que releva presentaron tasas acumuladas negativas: demanda laboral, remuneraciones al factor trabajo, patentamiento de automotores y recursos tributarios.
El centro de estudios subrayó que los recursos tributarios santafesinos cerraron el segundo trimestre de 2026 con una cifra apenas positiva, del 0,1%, por una dinámica más favorable en la coparticipación. Pero en términos agregados, la serie acumuló una tasa negativa del 1,7%, tras la caída experimentada en la recaudación de origen provincial.
Endeudarse para cobrar
La tensión que provocan la caída de la actividad y los efectos del ajuste nacional en la provincia quedó expuesta con la decisión del gobierno provincial de cobrar las acreencias que tiene con la Ansés, por la vía de descontar su monto del adelanto de coparticipación que tomó del gobierno nacional. Son $ 110 mil millones que el organismo previsional se comprometió a abonar cuando firmó en abril el convenio para restablecer el flujo de financiamiento parcial a la Caja provincial de jubilaciones. De doce pagos estipulados, solo cumplió uno.
“Recibimos solo la primera cuota de ese convenio pero, en los hechos, damos por cobrados los doce meses porque planteamos al gobierno nacional la posibilidad de adelantar el resto de las cuotas y descontar ese monto del adelanto de coparticipación que recibimos y tenemos que devolver”, dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante una rueda de prensa en la capital provincial. Según trascendió, Santa Fe tomó aproximadamente la mitad de esa línea de crédito ofrecida por la Nación, por $400 mil millones.
El titular de la cartera económica ejecutó así la estrategia que expuso cuando decidió tomar el préstamo nacional. Consideró en aquel momento que tomar esa deuda era la vía para “cobrarse” parte de la billonaria deuda que el Estado central tiene con Santa Fe.
La forma de cobro es ingeniosa pero, sobre todo, más amable que la que sufre buena parte de las 6 millones de familias endeudadas con prestamistas de distinta especie. El emplazamiento a las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación para que empiecen a discutir el medio centenar de proyectos que buscan aliviar esa mochila financiera fue una derrota para Javier Milei. A diferencia de 2025, cuando las grandes batallas parlamentarias se concentraron en pulseadas presupuestarias, la agenda parece ampliarse ahora a un abanico más amplio de urgencias. En el caso de los endeudados, la crisis social golpeó las puertas del Congreso. Pero otra agenda es hija de la crisis política y de la necesidad del pan-oficialismo de blindarse frente a sus probables consecuencias. Con esa hoja de ruta fue el presidente del Banco Central al Senado para defender la reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria. Aspira a perpetuarse en el sillón máximo de esa suerte de Vaticano neoliberal. Intentó empezar con el pie derecho, balbuceando algún dato sobre el destino del oro que sacó el Banco Central. Pero terminó mal, porque su testimonio se contradijo con el de los organismos de auditoría a los que debió someter esa decisión. Apenas un detalle luego de otro blindaje que garantizó esa Cámara a la casta política: el de la Justicia federal.
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