Hay un juez en Santa Fe que hace 30 años se aseguró el beneficio de su jubilación en las condiciones que permitía hasta ahora el sistema previsional vigente, aunque sigue trabajando. Otros jueces hace varios años (cuatro o cinco) que tramitaron el mismo beneficio, pero nunca concretaron el cese de actividades o su retiro.
El motivo por el que congelaron los beneficios actuales es ponerse a resguardo de los cambios que se avecinan y no ser afectados a la hora de calcular el futuro haber jubilatorio, conservando esa anterior mejor situación. Un ejemplo claro de cómo se verán afectadas las jubilaciones más altas es el nuevo cálculo del tope jubilatorio, que bajaría de los más de 10 millones de pesos actuales a 7 millones.
Hoy se calcula ese tope en base al sueldo más alto de la Corte Suprema de Justicia (un 80 %), y podría pasar a ser un importe sensiblemente inferior: similar al que resulte de sumar veinte jubilaciones mínimas. El valor actual equivale a más de 30 mínimas.
Los jueces “adelantados” congelaron así el beneficio que les toca y recién ahora es probable que retomen esos trámites que estaban en suspenso, tratando de no ser afectados por los plazos y nuevas reglas que fijarán las reformas a la ley previsional que impulsa el gobierno provincial, en caso de ser aprobadas.
Todos los empleados que han detenido sus expedientes voluntariamente por más de seis meses antes de la promulgación de la ley, deberán iniciar el trámite de nuevo y se les aplicará el nuevo régimen.
Son estos algunos ejemplos de las “avivadas” que permite el actual sistema previsional santafesino afectado por un déficit millonario terminal, “ciertas ventanillas que existían para acceder al beneficio”, según expresiones de los ministros de Gobierno Fabián Bastía y de Economía Pablo Olivares, después de la presentación oficial del proyecto reformista que ahora tiene que tratar la Legislatura.
“Queremos terminar con esas avivadas dentro de la ley, pero para nada justas para el resto. Hay gente que ha especulado. Muchos vieron y supieron que la Caja iba perdiendo sustentabilidad y aumentaba su déficit. Son acciones reprochables desde lo ético, y más desde lo institucional”, explicaron para enumerar los cambios que propicia la ley en ese sentido.
Los beneficios que se terminan son los del conocido 2×1, que permite adelantar la edad de jubilación a partir de los años de aporte, o completar aportes para alcanzar porcentajes más altos comprando años en moratorias nacionales.
Las reformas propuestas para modificar el régimen jubilatorio de los empleados públicos y funcionarios del Estado santafesino son integrales: incluyen un aumento progresivo del porcentaje de los aportes mensuales, crea nuevos aportes solidarios obligatorios para activos y pasivos (después del que cobra dos salarios mínimos), no modifica el límite de edad para el retiro a nivel general, y establece una contribución especial para la Caja del propio gobierno y otra a cargo de la casta política de Santa Fe. Este aporte involucra a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo organismos descentralizados y empresas del Estado. También establece una forma distinta de cálculo del haber inicial de las futuras remuneraciones.
Bastía y Olivares destacaron algunos detalles poco conocidos que permitía el actual sistema. En ese repaso revelaron las “avivadas” que se vinieron haciendo con un sistema que ofrecía ciertas vulnerabilidades y permitía atajos legales que generaban situaciones de injusticia.
En ese pasaje apareció una larga lista: desde el caso Adelfa, a los abogados que son “expertos en gambitos”, la situación de los casamientos “in extremis” acordados cuando se aproxima el final de la existencia del aportante-beneficiario para seguir cobrando las pensiones, y los matrimonios de altos funcionarios del más alto nivel de la escala salarial, que al cobrar dos beneficios cuando uno de ellos fallecía se convertían en beneficiarios de privilegio. “Estaríamos generando emperadores”, dijeron los ministros.
Esa situación va a cambiar con las reformas propuestas a la ley porque a la hora de establecer el nuevo tope para el cobro de haberes se considerará a cada persona como la suma de todos los beneficios que pueda tener. Antes cada beneficio tenía un tope individual y por eso alguien podía cobrar dos haberes (jubilación y pensión) máximos. Ahora se van a sumar esos importes y habrá un cálculo único por beneficiario, no por beneficio como es ahora.
El caso Adelfa
Para dar un ejemplo concreto de lo que se quiere evitar y hasta ahora se permitía con la ley vigente se mencionó el caso Adelfa, famosa por haberse casado en 2007 a los 82 años con un joven de 24 y fallecer pocos meses después.
El viudo de Adelfa heredó así la pensión que la mujer cobraba, y llenó de dudas la intención de la boda.
Para evitar que se repitan casos como ese, el proyecto previsional incluye un capítulo dedicado a las pensiones. Uno de los cambios que propone es incrementar el plazo para considerar a un matrimonio “in extremis”: propician que se pierda el derecho a pensión o muerte por una enfermedad preexistente dentro de un año, salvo que el matrimonio se hubiera celebrado para regularizar una situación de hecho.
También se intentará poner límite a otro tipo de situaciones creadas por quienes el gobierno llama “expertos en gambitos”, como por ejemplo la “cesión” del derecho a percibir haberes —pensiones— a personas que se hacen cargo del cuidado de un beneficiario en los últimos años de su vida, también a través de “matrimonios”, se presume que como forma de pago o para evitar reclamos indemnizatorios.
En el mismo rubro pensiones también se introducen mejoras respecto a lo que existía en cuanto al beneficio, ya que en el régimen actual quienes estudian quedan desprotegidos a los 21 años. Ahora se propone extender el límite de edad hasta los 25 años.
También se incluye a los cónyuges separados de hecho dentro de la nómina de herederos. La pensión a la que tendrán derecho será en proporción a la cuota alimentaria, y se pierde ante un nuevo matrimonio o nueva convivencia.
Para el caso de quienes acceden al beneficio de la pensión en edades tempranas se otorgará sólo “por tiempo determinado”, ya que se considera que la persona se encuentra en condiciones de acceder al mercado laboral. “Se trata de evitar que se paguen beneficios por más de 50 años”, se dice en los fundamentos.
La pensión en esos casos será según la temporalidad que haya tenido la relación: se pagará la pensión como límite por el tiempo que duró el matrimonio.
Como contrapartida, se contempla la situación de los beneficiarios mayores de 55 años, a los que se les otorga el beneficio con carácter vitalicio si se demuestra que no tiene otro sustento de vida. También reconoce el proyecto a los pensionados, en los casos en que el fallecimiento del aportante se produjese en ocasión o por causa del empleo.
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