La Corte en pleno planteó su oposición a las reformas que impulsa Pullaro en legislación penal y de seguridad

Los siete miembros de la Corte Suprema de Justica de Santa Fe asistieron a un plenario de dos comisiones de la Cámara de Diputados, tras aceptar una invitación para exponer sus opiniones sobre el contenido de proyectos de ley del gobernador Maximiliano Pullaro que cambian los procesos, las prácticas y los límites que hoy existen para fiscales, policías y para los ciudadanos.

Se trata de textos que crean más atribuciones a las fuerzas uniformadas, incluso por sobre lo que mandan la Constitución de Santa Fe y la Constitución Nacional, según dejaron en claro este miércoles los siete miembros de la cabeza del Poder Judicial.

La profundidad de las críticas formuladas por quienes actuaron como voceros del máximo tribunal —en una sesión que no contó con versión taquigráfica ni grabación oficial pero fue abierta a la prensa—, se resume en la palabra “inconstitucional” para describir varios de los puntos oscuros de lo que se busca legislar. Pero además hubo expresiones sobre el “riesgo para las garantías”, y la posibilidad de establecer en zonas geográficas delimitadas un verdadero “mini estado de sitio”, según la expresión utilizada por la Corte.

Se criticó además la falta de oportunidad de los mensajes en discusión legislativa ante una situación que “ha mejorado notablemente” en la lucha contra la inseguridad.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Lionella Cattalini, y su par de Seguridad Pública, Martín Rosúa, condujeron la reunión en el recinto al que luego también acudieron autoridades del Ministerio Público Provincial de la Defensa Penal y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Con los jueces y los diputados dispersos en las tres primeras líneas de las bancas de diputados y el estrado vacío (solo pasó a dar sus saludos la presidenta Clara García, que no integra dichas comisiones) las críticas fueron fundadas en criterios técnicos, doctrinarios y también estadísticos.

Los jueces hablaron en un lenguaje llano, muy directo e incluso quien actuó como su principal vocero admitió luego, en diálogo con los cronistas parlamentarios, que buscó ser “en extremo gráfico” para que se comprenda la gravedad de los cambios pedidos por el Ejecutivo.

Toda la nueva Corte, con sus integrantes de años, los recientes y los debutantes estuvieron en la sede del Poder Legislativo. La última vez que se produjo una visita de tamaña importancia institucional fue durante la Convención Reformadora. Antes no. 

El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, llegó junto a los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel. Más o menos en ese orden es que los ministros fueron oportunamente votados por la Asamblea Legislativa, en ese mismo recinto. De hecho, Baclini, Zabalza, Weder y Maciel lo fueron por la actual composición de las Cámaras legislativas.

Sus voces fueron calmas pero firmes. Los diputados optaron en su enorme mayoría por escuchar, sin formular preguntas. Seguramente han tomado nota de las expresiones textuales que aquí se exponen.

Erbetta fue en sus palabras “vocero” del máximo tribunal y aclaró que con el mayor de los respetos por otro poder y por los textos aún en debate se formularon las objeciones. Fueron de tal gravedad que los pocos cronistas que acertaron a cubrir la reunión se preguntaban cuál era el término más adecuado para titular lo ocurrido. Y en efecto, las críticas fueron supremas por sobre cualquier otra jerarquía.

“Se plantea que un ciudadano pueda ser detenido 48 horas sin que intervenga un juez por averiguación de antecedentes. En la Constitución sancionada en 2025 se estableció que nadie puede estar detenido más de 24 horas sin que un magistrado intervenga”, dijo Erbetta.

“Nuestra diferencias están en línea con el esquema” que lleva décadas en Santa Fe, del Código Procesal Penal de la reforma de Santa Fe que establecieron “primero Jorge Obeid y luego Hermes Binner” y que “es el único esquema que admite nuestra Constitución y la de la Nación”.

En ese esquema acusatorio “los fiscales son parte acusadora, a ellos les corresponde la investigación y la persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con las restricciones de derechos fundamentales requiere del control jurisdiccional: esa es la función de los jueces”.

En el proyecto “vemos una delegación de facultades jurisdiccionales a los fiscales e incluso a la policía” que “pueden entrar en conflicto con las normas constitucionales provinciales y nacionales y con los estándares internacionales”, resumió.

Contra las críticas por la llamada “puerta giratoria” de la justicia Erbetta recurrió a datos. No mencionó esa metáfora de la impunidad pero advirtió que “desde que se reformó el proceso penal en Santa Fe” y se pasó del esquema inquisitorio al acusatorio “se triplicó” la tasa de detenidos. Y subrayó: “no hay en América Latina una estadística de este tipo”. Y puntualizó: “a las detenciones las firman los jueces, no los fiscales que hacen la acusación: cada uno hace su parte”.

Más tarde, en diálogo con la prensa, abundó: “Santa Fe ha pasado de tener los peores guarismos en la historia del país, a unos niveles aceptables, bajo control”, consideró.

La Corte puso el foco tanto en la gravedad de las potestades que se busca otorgar a policías y fiscales por sobre los ciudadanos como a lo “innecesario” de esos cambios, en vista de los resultados de las actuales políticas públicas provinciales de seguridad. Las críticas al ministerio de Seguridad que redactó los proyectos de ley cuestionados por la Corte se hicieron, curiosamente, sobre la base de los elogios a los resultados en materia de lucha contra la seguridad.

Durante el debate, Roberto Falistocco, quien hoy carga con ḿas años entre los miembros del máximo tribunal, disparó: “¿Qué ha cambiado en la actualidad para que se piense en modificar las normas que han dado buenos resultados?”, preguntó a los legisladores.

Gutiérrez pidió poner especial cuidado en la formación de los policías, mejorar sus conocimientos sobre el derecho y los derechos de los ciudadanos, si el propósito normativo general vuelve a buscar mecanismos para darles “un mayor poder”.

Baclini, el ex fiscal general, fue claro al advertir que otro proyecto que ya tiene media sanción de los Senadores y habla de cómo enfrentar el robo de teléfonos celulares padece en su articulado de una “presunción de ilicitud excesiva”. En pocas palabras, la ley que pide la Casa Gris y que solo le resta acuerdo de Diputados permite que un policía solicite en la calle a los ciudadanos revisar el código de seguridad que identifica a cada aparato de telefonía móvil y que el solo hecho de negarse lo habilite a retenerlo.

Un pesado paquete

El gobierno provincial dividió en dos un pesado paquete de mensajes con proyectos de ley pedidos a la Legislatura en materia de Seguridad. Son textos que buscan imponer fuertes cambios en el proceso penal santafesino.

Una parte de los cambios solicitados ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y así han pasado tras su aprobación por unanimidad a Diputados. Para la otra, en cambio, las normas propuestas por el gobernador Maximiliano Pullaro se iniciaron en la Cámara baja.

En definitiva, hoy está en manos del cuerpo de 50 bancas —bastante más heterogéneo que el de 19— la totalidad de los cambios que el Poder Ejecutivo Provincial pretende para su último año de gestión, obviamente con la expectativa inédita en Santa Fe de obtener otro mandato.

Uno de los diputados que ha formulado duras críticas públicas sobre estos proyectos es Carlos del Frade. En un escrito a las comisiones (no pudo participar por una operación imprevista de la que se recupera) enumeró: el Mensaje del Poder Ejecutivo ingresado el 14 de mayo bajo el número de expediente 58.987 “supone diez modificaciones al Código Penal, ley 12.734; a la ley 14.243 acerca de la pena preventiva de libertad; a la 14.246 de inteligencia; cuatro cambios en la ley 13.494 del fondo de recompensas y a la ley 7.395,  orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe de 1975”.

Entre los fundamentos que anteceden los 19 artículos del proyecto, se lee que el objetivo es atacar la “criminalidad compleja, organizada y violenta” y se mencionan “limitaciones estructurales”, el “derecho a la seguridad” y las “herramientas tecnológicas”.

Cita el mensaje del Ejecutivo que se apoya en la idea del “equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia penal y la protección de la comunidad” y opina que “esa definición manifiesta el objetivo del Ejecutivo de relativizar las garantías individuales en pos de la eficacia penal y la protección de la comunidad”. Más adelante lamentó que se piense a las normas como las de un “estado de excepción”.