Pampa muerta: la crisis en el conurbano del interior

El Gran Rosario lidera la tabla de desempleo pero figura entre los cuatro aglomerados con menor índice de pobreza del país. Con datos de la misma fuente, la Encuesta Permanente de Hogares, el proceso estadístico devuelve resultados que suenan contrapuestos. En el medio hay una complejidad técnica pero también una polémica sobre la calidad de los instrumentos de medición. Más allá de este debate, un nuevo informe del Indec completó un cuadro de indicadores que, avanzado el año, pone en números la crisis que se nota en la calle.

La foto de la pobreza muestra para la región un aumento de menos de un punto en el primer semestre del año, hasta alcanzar al 23,1% de la población. Es mejor que el 32,3% que mostró el índice nacional, que subió cuatro puntos. En Rosario se sumaron 11 mil nuevos pobres hasta llegar a 315 mil. Pero el dato distintivo es el aumento de la cantidad de indigentes. Con una tasa que pasó del 3,9% al 6,2% en seis meses, se sumaron más de 30 mil personas al universo de pobres que, además, no pueden comprar los alimentos básicos. 

Este cuadro de pobres cada vez más pobres se extiende en la provincia. El Gran Santa Fe es el quinto aglomerado con mayor tasa de pobreza, del 38,6%. El que integran Villa Constitución y la bonaerense San Nicolás, en tanto, subió al podio de la indigencia, con el 10,3%. Los dos grandes centros urbanos santafesinos reúnen a 530 mil pobres, de los cuales 138 mil son indigentes. Si se suma el cordón del acero las cifras se elevan a 602 mil y 157 mil, respectivamente.

Las cuentas del miedo

Una semana antes, el Indec había difundido las estadísticas correspondientes al mercado de trabajo, que si bien provienen de la misma encuesta son ajenas a la polémica sobre los ponderadores que se utilizan para actualizar la canasta de gastos, uno de los elementos que generan controversia en la medición de pobreza. Esa pintura es dramática y anticipa males mayores: 83 mil personas desocupadas y casi 260 mil con problemas de empleo en el Gran Rosario. En los tres aglomerados que involucran en la provincia, 112 mil y 346 mil, respectivamente.

El último informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) expone otro lado de la crisis económica y social en la región. Son más de 454.000 los rosarinos endeudados con distintos tipos de acreedores. Unos 128 mil están en mora. Este flagelo, que en muchos casos encuentra del lado de los cobradores a organizaciones vinculadas a la economía del delito, afecta al 44% de los jóvenes.

Menos y peor empleo, caída del salario, deuda para reemplazar el ingreso y morosidad en aumento exponen las consecuencias de una política económica basada en el ajuste y la transferencia regresiva de ingresos. Los pronósticos no indican que vaya a despejar. En la semana, las petroleras dinamitaron el “buffer” de precios dispuesto para amortiguar la volatilidad de la cotización internacional del crudo, con un aumento de entre 2% y 5% en los surtidores. El jueves, una mayoría de senadores convirtió en ley la modificación al régimen de zona fría, que en Santa Fe significará un importante aumento de la tarifa de gas para 1,7 millones de personas.

Masacre industrial

Tampoco se ve una recuperación de la economía. El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de julio cayó 2,9% respecto de junio y 1,4% en relación al mismo mes del año anterior. Comercio, industria y construcción se hundieron. El arrastre estadístico todavía juega a favor en el acumulado de 2026 pero con una fuerte compresión: del 4,5% que presentaba a esta altura del año pasado, al 1,7% actual.

Un aterrizaje parecido se registraba hasta junio en la economía santafesina. Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae), en el primer semestre acumuló un crecimiento de 0,4%, desde el 5,5% de 2025. En pocos días el Ipec dará a conocer la medición de julio. Pero los indicios de deterioro abundan. La nueva caída de más del 6% en la actividad metalúrgica tomó cuerpo sobre el fin de semana con el anuncio del cierre definitivo de la planta de producción de línea blanca de Electrolux en Rosario. El punitivismo anti fabril se llevó otro establecimiento emblemático de la región y los 200 puestos de trabajo que todavía sostenía.

Según la Corte Suprema santafesina, en el acumulado hasta agosto aumentaron 74,3% los acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) y concursos preventivos presentados en los juzgados civiles y comerciales de la provincia. Los expedientes de quiebra crecieron casi 170% en un año y llegaron a 1.755. De ese segmento, 1.305 se registraron en la capital provincial. Este fenómeno llamativo estaría vinculado a la decisión de muchos deudores financieros, que en parte se endeudaron a través de códigos de descuento, de solicitar su propia quiebra ante la imposibilidad de refinanciar.

“Es de locos que, por una obsesión de política económica nacional, esta recesión brutal conviva con el auge de materias primas que está favoreciendo al país”, enfatizó la economista Mercedes Marcó del Pont durante una entrevista con Punto Pyme, el streaming de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresario (Apyme). La presidenta de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (Fide) destacó la oportunidad que brinda el superávit energético (“Que no es producto del Rigi sino de inversiones realizadas años atrás luego de la decisión de Cristina de recuperar YPF”, aclaró) para diseñar un plan de desarrollo y ensayar una gradual desdolarización de la economía y acotar el bimonetarismo, que hoy consume el abultado saldo comercial en la fenomenal fuga de divisas.

Las tensiones cambiarias y financieras de esta semana en la que se volvió a disparar el riesgo país, parecen darle la razón. Incluso se adelantó la dolarización habitual de los años electorales. “El Banco Central pasó de comprar 150 millones de dólares a 15 millones diarios”, explicó la economista.

Banco de pruebas

Cuando fue presidenta del BCRA, Marcó del Pont impulsó hace algo más de diez años la modificación de la carta orgánica que ahora el gobierno nacional quiere volver a cambiar para cortar funciones y objetivos a la autoridad monetaria. El Senado votó con cambios el proyecto oficialista, por lo que volvió a Diputados. Los legisladores relajaron el blindaje pedido para Santiago Bausili, al reducir de dos tercios a mayoría simple los votos necesarios para su remoción. Pero sostiene la autorización para poner las reservas como garantía de nueva deuda. Una facultad que la economista considera peligrosa. 

“Con la reforma el gobierno quiere mandar a endeudarse al BCRA poniendo como garantía las reservas”, advirtió. También subrayó que el avance oficialista sobre la autoridad monetaria “debería preocupar a empresarios y gobernadores porque impacta en el financiamiento a productores y provincias”.

Por una mezcla de identificación ideológica, temor o desinterés, los jefes provinciales dejaron pasar la oportunidad de convertir la ofensiva de Milei en un debate sobre la federalización del Banco Central, siguiendo, por ejemplo, el modelo estadounidense. Atrincherados en la pelea por la coparticipación, resignaron la disputa por la gobernanza del sistema financiero, que seguirá en manos de la city porteña. 

Deuda provincial

Esto no les impide endeudarse. En el caso de Santa Fe, con un sesgo externo. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) señaló que el 96,5% de la deuda pública está nominada en moneda extranjera. En el conjunto de las provincias que tomaron préstamos en dólares, esa relación es del 80%. 

Sin despegarse de una historia de prudencia en materia crediticia, la exposición del Estado santafesino a la deuda aumentó. En un informe difundido durante la semana, el centro de estudios explicó que el indicador de servicio de deuda sobre ingresos corrientes pasó de 1,2% en 2024 a 2,6% en 2025, el “segundo valor más alto de la última década”.

Este mayor costo, aclaró, se registra “sin reflejar todavía el pago del capital del bono SF34 que colocó el año pasado la provincia por 800 millones de dólares” para financiar el programa de obras públicas. 

Los economistas del Ceso pusieron el foco en ese título porque entienden que significó un “giro audaz de la deuda en dólares”, que multiplica el monto de las emisiones en moneda extranjera realizadas en 2016 y 2017 y concentra sus vencimientos, cuatro cuotas de capital, entre 2031 y 2034. Un compromiso, apuntaron, que “supera en conjunto a todo el resto de la deuda externa provincial combinada en esos mismos años”. 

El estudio describe que la estructura de “gracia larga y amortización acelerada al final” traslada el esfuerzo de pago del bono y “permite mostrar bajo costo financiero inmediato”.  Es el mismo diseño que utilizaron otras provincias y la propia Santa Fe en otros períodos. “La diferencia relevante está en la escala: nunca antes un solo instrumento de deuda externa santafesina había concentrado un monto de capital comparable en una ventana de apenas cuatro años”, explicó. Este riesgo, advirtió, se suma a la exposición cambiaria.

El informe observa también el contexto. El destino de la deuda nueva es financiar la inversión. Y en lo que va del año, hasta mayo, ese recurso apalancó el 83,41% de la ejecución de gasto de capital. “Esto contrasta con la proyección del presupuesto 2026, que preveía que el 92% sería financiado con ahorro corriente”, señaló el Ceso. Este patrón, agregó, es consistente con las alternativas que tomó la provincia para compensar el retiro del financiamiento nacional: “El endeudamiento externo y la compresión del salario real del sector público, de 21% en promedio entre 2024 y 2026”.

El proyecto de presupuesto que envió el gobierno nacional al Congreso profundiza esta disyuntiva, con una casi nula pauta de inversión en obra pública en territorio santafesino. Esta avaricia contrasta con la reserva que escondió en los pliegues de la ley de leyes para repartir discrecionalmente hasta el equivalente por 10 mil millones de dólares. Una caja para negociar manos dispuesta a votar, literalmente, cualquier cosa.