Son más de cien mil millones de pesos los que la Nación le pagará a Santa Fe, probablemente en bonos del Tesoro Nacional ajustados por CER y de manera escalonada, que la provincia coparticipará con municipios y comunas, y destinará a inversión en obras de infraestructura básica, equipamiento y tecnología. El resultado de esa deuda histórica equivale a un tercio de la masa salarial de la provincia de un año.
Aunque tanto el gobernador Omar Perotti como su ministro de Economía Walter Agosto evitaron calificar de “histórico” al esperado fallo de la Corte a favor de Santa Fe, no dudaron en hablar de “conformidad”, dijeron que es “conveniente” para la provincia y “favorable” para los intereses de los santafesinos.
El reclamo atravesó nada menos que cinco gobernadores, pasando por Jorge Obeid, que hizo el primer reclamo administrativo ante el gobierno nacional, los socialistas Hermes Binner, que fue quien desembarcó en la Corte Suprema, seguido por Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que renovó ese planteo, y ahora Omar Perotti, que reveló haber trabajado desde el primer día de su gestión con este objetivo en dos frentes: ante el gobierno de Alberto Fernández y en la Corte, donde realizó un total de seis presentaciones. Dijo que su accionar fue “constante, persistente y permanente, pero no para la tribuna”, aclaró.
Sorprendió el actual gobernador con un gesto público de reconocimiento hacia las gestiones socialistas que lo precedieron. Perotti historió el origen del reclamo y detalló todos los planteos preexistentes, mencionando a cada uno de sus antecesores en el cargo. No se quedó en el fallo judicial, sino que destacó también el significado institucional del planteo de la provincia, en la defensa común de los intereses de los santafesinos. “Por más que cambie el signo político —resaltó— cuando trabajamos detrás de un objetivo común, los resultados llegan”.
Más en el plano técnico reconoció que la resolución del problema “nos hubiese gustado que hubiera sido antes”, pero explicó que durante las negociaciones con el gobierno nacional “se llegó muy cerca de un acuerdo, pero la decisión de la Corte con la deuda de San Luis parecía un mejor resultado y fue ese un piso para encarar las negociaciones de Santa Fe”. Así se justificó ante algunos planteos de la oposición que le reprocha demora e inacción con el tema en una economía inflacionaria.
Qué falta
Lo que sigue ahora es el cálculo fino de la deuda desde el 2002 hasta el presente, una cifra que la provincia calcula tener clara en unos días, tras aplicar este nuevo índice de actualización que estableció la Corte y que es distinto del que determinó para la deuda de San Luis. Después vendrá una presentación formal ante la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional y acordar cuanto antes la modalidad de pago.
Se aclaró que “va a ser un flujo de fondos importante para la provincia, pero no se va a pagar todo junto”, y se prevé que en un año se pueda saldar toda la deuda, que hasta tanto estará protegida por este índice que es más beneficioso que el que logró la provincia cuyana con el anterior fallo de la Corte nacional.
Lecturas políticas
Dos interpretaciones políticas quedaron descartadas a poco de que empezaron a instalarse. Una fue que en la decisión de la Corte haya influido que la mitad de los miembros del actual tribunal supremo sean desde noviembre dos santafesinos: el presidente Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
Otro planteo será saber qué rol jugó el vice de la Corte actual, Carlos Rosenkrantz, que se abstuvo de votar porque ahora es juez pero en su momento fue parte, cuando el ex gobernador Hermes Binner lo contrató junto a Ricardo Gil Lavedra para defender los intereses de la provincia, en una decisión que despertó polémica por el pago de honorarios a dos abogados de afuera de la provincia.
“Cuando la Corte falló a favor de San Luis, se sentó un precedente que iba a ser difícil desconocer”, explican para disminuir la posibilidad de que hayan actuado esas influencias.
La otra especulación política fue la incursión del ministro de Justicia de la Nación Martín Soria, que el mismo día que se conoció el fallo a favor de Santa Fe hizo una tumultuosa visita a la Corte nacional. “El fallo estaba redactado. En todo caso pudo acelerar el anuncio la torpeza del ministro nacional, que le reclamó al máximo tribunal que retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social”. Y le respondieron con el caso de Santa Fe, que es en contra del gobierno nacional, y no parece ser el que tenía en mente cuando fue a hacerles su reclamo.
Para los conocedores del alto tribunal “cuando a la Corte se la prepotea, como hizo Soria, suele producir este tipo de atenciones. Y en ese marco Santa Fe la ligó de rebote”, arriesgan en una interpretación que no valora tanto las gestiones provinciales.
Quienes se detienen en el contenido de la resolución judicial sostienen que “más vale tarde y mal que rápido y dudoso”, y explican que la deuda tardó en determinarse porque había reclamos cruzados entre Nación y Santa Fe que incluían desde deudas con la administración nacional, con la Afip, la Anses, de la EPE con Cammesa y hasta reclamos por presos federales y provinciales.
Un billón de pesos
El monto original orillaba los cien mil millones de pesos, que a valor dólar hoy daría una deuda de casi un billón de pesos actualizada al tipo de cambio oficial. El poder adquisitivo de lo que va a cobrar la provincia se deterioró y lo mismo hubiera pasado con cualquier otro indicador de actualización. Buena parte del monto adeudado, el valor real de la deuda, pierde siempre frente al paso del tiempo.
Se reconoce que la Corte le hizo un guiño al Tesoro de la Nación cuando fijó el valor de actualización de la deuda por la tasa activa (la que se cobra cuando se pide un crédito), y no la pasiva del Banco Central (la que se paga cuando se hace un depósito), que es la que consiguió San Luis. Entre una y otra hay una brecha y entre la tasa pasiva y la inflación, otra. Pero ahora se sabe cómo se va a pagar la deuda, y en días habrá un monto cierto para un reclamo concreto, que hasta ahora no podía hacerse.
Los más críticos podrán resaltar la falta de vocación federal del gobierno nacional actual y del anterior, que necesitaron que se expida la Corte para pagarle a Santa Fe lo que legítimamente le corresponde.