La emergencia agropecuaria entre dos sequías: la hídrica y la legislativa

El ministro de Economía Sergio Massa ostenta la inusual virtud de haber cumplido los objetivos que se propuso. Es cierto que en un plazo bien corto y con una insatisfacción velada entre sectores internos de la coalición de gobierno. Pero es de los pocos que puede mostrar un desempeño semejante. Sin embargo, esa no es una condición suficiente para despejar las tormentas del 2023 electoral. 

La consolidación fiscal se choca con los ingresos populares derrumbados y una magra producción de trigo que ofreció 12,4 millones de toneladas, una cosecha un 44 por ciento inferior a la campaña previa. El recorte de producción total producto de la sequía se calcula en 28,5 millones de toneladas. El Estado ingresará 1.000 millones de dólares menos en retenciones de trigo, soja y maíz, y 2.500 millones de dólares menos de otros impuestos y contribuciones. 

El ritmo de la devaluación diaria tendrá que ver con los niveles de inflación alcanzados. Y de la combinación de esos dos factores surgirá la necesidad de un potencial dólar Soja III. Los precios internacionales no aseguran compensar los menores volúmenes y la economía mundial se encamina hacia un crecimiento más moderado y con precios de insumos, energía y fletes manteniéndose elevados. 

La actual es la campaña más seca en 60 años y se perdió el 25 por ciento de la soja. La siembra se ajustó a 16 millones de hectáreas. Santa Fe fue la provincia más afectada: se recortó la intención original en 360 mil hectáreas. Es el recorte en nivel de hectareaje más importante en los últimos 15 años. 

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las pérdidas por hectáreas sembradas y no cosechadas serán de 760 millones de dólares y por las hectáreas que no se sembraron de más de 1.100 millones de dólares. La caída compromete 14.190 millones de dólares: 2,2 puntos del PBI. En ese marco productivo se dan las idas y vueltas de las sesiones extraordinarias, donde la ley Agroindustrial vuelve a ser un accesorio al final de una larga lista de otras prioridades.

La Santa Fe norteña

En el plano de lo real, donde se juegan los destinos de miles de familias ligadas a la producción agraria, la situación es crítica: una sequía que destrozó los cultivos y mató a los animales, un cuadro financiero de alta volatilidad y un horizonte incierto por una emergencia agropecuaria con pocos precedentes.  

Los productores del departamento de 9 de Julio reclaman abrir las compuertas de los embalses río arriba en el sistema hidrológico del Río Juramento-Salado. El pedido interjurisdiccional hacia Santiago del Estero y Salta por el caudal de agua en el cauce del río Salado expone la dimensión geopolítica al interior del territorio nacional, donde cobran relieve las características de la Santa Fe norteña.  

Los gobiernos nacional y provincial vienen desarrollando líneas de crédito y asistencia ante una situación límite para muchos productores de la provincia con repercusiones directas sobre la vida económica de regiones enteras. Las pérdidas son generalizadas y no discriminan escalas ni solidez patrimonial. La muerte de animales deshidratados al norte es la otra cara de los lotes de maíz echados a perder y que debieron picarse para el ganado en el sur. 

La parálisis legislativa 

En 2022, el Congreso sesionó menos, sancionó una baja cantidad de leyes y tuvo menor actividad en las comisiones. El escenario de empate técnico en un marco de enfrentamiento cegado complica la posibilidad del quórum. La grieta devoró legislaciones vitales para los sectores económicos más dinámicos de la Argentina: en el medio quedaron los servicios tecnológicos, la bio y nanotecnología, la maquinaria agrícola y la agroindustria. 

El año pasado, los proyectos vinculados a la agrobioindustria representaron el 10 por ciento del total. La mitad fueron presentados por legisladores de Juntos por el Cambio, un 40 por ciento del Frente de Todos y un 10 por ciento los restantes. De todas las leyes sancionadas, el 11 por ciento fueron regímenes o fomento de la producción. Las obstrucciones políticas tienen su versión parlamentaria: de los 3.168 proyectos de ley presentados, 600 fueron tratados en comisión, solo 57 obtuvieron media sanción y 37 sanción definitiva. 

El temario de las sesiones extraordinarias se obnubila con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Pero incluye el proyecto para el blanqueo de capitales, la promoción de nuevas energías e inversiones en el sector energético, la modificación del Indec, el monotributo Tech y la postergada ley Agroindustrial, que está al borde de caer en caducidad. 

Las sesiones se convirtieron en un espacio para las pujas intestinas de la clase política. Entre la realidad productiva que puede sustentar cualquier plan económico durante un año electoral y las rencillas propias del juego de la política nacional se abre un abismo de distancia. Lo bueno es que siempre hay una nueva chance para subsanarlo.