A siete años de los allanamientos que descubrieron las maniobras y después de tres postergaciones, la mega estafa inmobiliaria que involucra a escribanos, gestores y empresarios se dirime a partir del lunes en un juicio oral que se extenderá al menos durante dos meses en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Se trata de un conjunto de causas en las que diversos propietarios fueron despojados de casas, terrenos, lotes y campos mediante la falsificación de instrumentos públicos y de operaciones para enjuagar los fraudes.
Los acusados son los escribanos Eduardo Torres, Juan Bautista Aliau, José Luis Gordó y Luis María Kurtzemann; el presunto gremialista Maximiliano González de Gaetano y su hija Magalí; el empresario Marcelo Basilio Jaef; el gestor Juan Roberto Aymo y su esposa Ramona Isabel Rodríguez; el vendedor de autos Omar Busellato; Sandra Fabiana Moresco, Andrés Alejandro Martín y Vanina Elisa Viglione.
Los vínculos con el ambiente narco atraviesan a varios de los implicados: Maximiliano González de Gaetano tuvo dos sociedades con Luis Medina, asesinado en diciembre de 2013, y el Sindicato Único de Monteros Argentinos, del que sería secretario, “fue un sello de goma utilizado para negocios ilegales”, según un investigador; Vanina Viglione es la pareja de Andrés “Gitano” Fernández, identificado como integrante de Los Monos y condenado por el asesinato de Diego Demarre, el dueño del bar Infinity donde fue asesinado Claudio “Pájaro” Cantero; Leandro David Pérez –acordó una pena de tres años de prisión, una multa millonaria y el decomiso de bienes– tuvo una sociedad con Ariel Spadoni, condenado por narcotráfico en la causa Carbón Blanco, y a varios miembros de Los Monos como clientes en la concesionaria Reina Automotores.
“Al inicio de la investigación se valoró que existían vínculos con integrantes de la familia Cantero. Con esa información se efectuó una presentación en la Justicia Federal, que motivó una denuncia de la Procelac también ante la Justicia Federal de Rosario”, dijo una fuente de la investigación.
El trabajo del Ministerio Público de la Acusación tuvo avances y retrocesos. Un suceso notable fue la intervención del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien sacó de la galera lo que se conoció como principio de oportunidad. Fue lo que permitió salir de la causa al agente de bolsa Jorge Oneto y al gerente del diario La Capital Pablo Abdala, a cambio de un resarcimiento económico a Ana Luppi, viuda del camarista Ernesto Navarro, quien vio esfumarse la propiedad de un campo de 124 hectáreas ubicado en jurisdicción de Villa Amelia en una vertiginosa cadena de compras y ventas urdida a partir de un poder fraguado en la escribanía de Torres.
Oneto y Abdala, sin embargo, no estarán ausentes en el juicio oral: integran la lista de personas convocadas a declarar por el fiscal Sebastián Narvaja. Se descuenta que las defensas de los acusados exhumarán la trama del arreglo que Serjal ordenó llevar adelante al fiscal Narvaja –antes de castigarlo con un destino alejado de las investigaciones y de cerrar la unidad de delitos económicos– y que en octubre de 2019 resolvió el juez de Cámara Daniel Acosta.
Serjal fue destituido al quedar involucrado en la protección del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, junto con policías y legisladores provinciales, de acuerdo a la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Entre otras consecuencias, el escándalo puso en discusión las operaciones políticas que rodearon a los nombramientos de Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad, también exonerado, y a los controles que se impusieron a los fiscales a partir de una investigación sobre los subsidios otorgados por los integrantes del Senado provincial.
El contexto actual no solo vuelve inviables intervenciones que provocan el entorpecimiento de las investigaciones y facilitan la impunidad de responsables de graves males sociales sino que exige la incorporación de nuevos instrumentos. En ese sentido podría inscribirse el decreto 85/2023 del gobierno nacional que el 22 de febrero modificó el reglamento de la Unidad de Información Financiera (UIF), por el cual el organismo podrá crear dependencias en las provincias.
“La ciudad de Rosario podrá tener su delegación de la UIF, tal cual lo pidió el gobernador Omar Perotti”, dijo el jefe de gabinete Agustín Rossi, y en consecuencia, se espera, “aumentar la eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, muchas veces derivado del narcotráfico”.
“Es un paso adelante. Se toma nota de que hay una cuestión que atender. Y se trata de causas muy sensibles, donde es importante conocer a las personas que están investigando”, señala Marina Marsili, la investigadora económica ahora incorporada a la Justicia Federal después de su destacada trayectoria en el Ministerio Público de la Acusación.
“Buenos Aires queda muy lejos. Una delegación de la UIF en Rosario es algo necesario, claramente. Veremos cuánto tarda en implementarse”, agrega Marsili, cuya tarea resultó fundamental en la condena contra Esteban Alvarado y particularmente en un logro poco frecuente de los juicios: la incautación de bienes y propiedades que son producto del lavado de dinero.
Otro investigador consultado para esta nota se muestra más cauto. “En términos ideales, una UIF más fuerte y descentralizada es un componente que ayuda al sistema de prevención del lavado –dice–. Pero hay que ver cómo se concreta el decreto, y además la UIF como política pública no pasa por un buen momento”.
Creada en 2000, “la UIF nunca tuvo ninguna carnadura hasta 2009, 2010 y esa situación fue uno de los factores por los que Argentina quedó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. La lista gris identifica a los países sin compromiso político contra el lavado de activos.
“A partir de entonces hubo una combinación de medidas desde el Estado nacional: se fortaleció la UIF durante la gestión de José Sbatella, los reportes de operaciones sospechosas crecieron de manera enorme, se hicieron reglamentaciones que faltaban y se creó la Procelac”, agrega el investigador.
Ese capítulo concluyó a fines de 2015. “Durante la presidencia de Mauricio Macri, la UIF quedó desdibujada, teóricamente abocada a casos de narcotráfico y con una estructura reducida –dice el investigador–. Con el gobierno de Alberto Fernández hubo una expectativa de que se iba a retomar una política más firme, pero no se concretó”.
Según una investigación de Melina Pasquet, desde la sanción de la Ley 26.683 en 2011 se dictaron en Argentina 31 sentencias de condena por el delito de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) en sus diversas modalidades, que abarcaron a un total de 136 personas humanas y se aplicaron sanciones a 31 personas jurídicas. El 58 por ciento de las sentencias señalaron a la narcocriminalidad entre los delitos precedentes identificados durante la investigación.
“Sin embargo, este es aún un número bajo teniendo en cuenta que abarca el lapso de más de una década, donde se han revelado pruebas e indicios del crecimiento de estas organizaciones criminales. En esta materia, Argentina sigue estando muy atrasada en comparación con otros países”, señala Pasquet en “El Sistema de prevención y combate del Lavado de Activos en Argentina frente a la problemática del Crimen Organizado: sus desafíos ante las nuevas tendencias globales”.
En los procesos penales por lavado de activos, desde las últimas décadas, “ya no sólo se buscan los objetivos de conocer la verdad y sancionar a sus culpables, sino que también se ha convertido en un objetivo central el recupero de los activos generados ilícitamente”, agrega Pasquet. Los resultados no son los mejores: entre 1989 y 2016, “el monto recuperado efectivamente por el Estado en causas de Lavado de Activos es de alrededor de 25 millones de pesos, 20 propiedades y 50 vehículos”, en contraste con los embargos preventivos dictados por la Justicia solo entre 2012 y 2016, que fueron por 17.300 millones, 176 propiedades y 567 vehículos. Tal vez los decomisos de vehículos y bienes dispuestos con las condenas contra Alvarado sean el punto de partida de otra tendencia en los tiempos de la Justicia.
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