“Mientras más se demore en avanzar con las reformas, peor va a ser el problema de la Caja”. La definición fue formulada por Osvaldo Giordano y refiere a la Caja de Previsión Social de los empleados públicos de Santa Fe, cuyo déficit para este año se estima en 400 mil millones de pesos.
Giordano sabe de lo que habla; estuvo dos períodos al frente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba, y posteriormente ocho años en el Ministerio de Finanzas, que tenía la Caja a su cargo.
Hace pocos días contó en la Legislatura santafesina su experiencia y las sucesivas reformas que se hicieron en Córdoba para reducir el déficit. “Hay que hacer dos cosas: reclamar que la Nación cumpla con sus obligaciones y envíe el dinero para las Cajas y a la vez hacer las reformas que se necesitan”, le dijo a este medio en una entrevista telefónica. Desde la asunción de Javier Milei, Nación dejó de transferir las partidas que marca la ley; esa deuda es 70 mil millones. Pero el problema no empezó ahora sino que se arrastra desde hace años: la deuda global se estima en 700 mil millones.
Giordano estuvo dos meses al frente de la Anses de Javier Milei y lo echaron porque su esposa —Alejandra Torres, diputada por Córdoba— votó en contra de algunos artículos de la Ley Ómnibus.
Este es el diálogo que mantuvo con Suma Política:
—En su exposición en la Legislatura santafesina, usted dijo que el gran desafío para las provincias es mejorar la gestión previsional. ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?
—En general cuando se habla de lo previsional se habla de reformas paramétricas, es decir de reglas, como la edad de la gente que se jubila, que sin dudas es importante, pero se descuida la administración del sistema. Y si bien son muchos aspectos, hay dos muy importantes: uno es la relación con la gente, es decir que el funcionamiento de los organismos sea más ágil, que los trámites previsionales no sean una tortura sino simples y seguros, y que no estén sujetos a discrecionalidad o riesgos de fraude. Y el otro es tener una política más activa de transparencia, no sólo en relación a los riesgos de corrupción, que los puede haber, sino para difundir información sobre el funcionamiento del sistema. Brindar parámetros objetivos para que la gente entienda cuál es la situación, cuáles son los ingresos, de dónde vienen, cómo se gasta. Si no hay buena información, se pueden generar prejuicios y una creencia distinta a la realidad, como que hay recursos ilimitados o que no se les paga mejor a los jubilados porque no se quiere. Para contrarrestar eso hay que tener un manejo transparente, producir mucha información para que haya un conocimiento amplio e incluso un mejor debate.
—¿Cuáles fueron las reformas que hizo Córdoba?
—Una fue mejorar la gestión de la Caja, lo que hablamos antes. Ahora en dos semanas se hace el trámite de una jubilación, está todo digitalizado, no hace falta perder tiempo ni tener un amigo para que acelere los expedientes. Y luego una sucesión de reformas, no menos de seis, que arrancaron en 2002: las edades se adaptaron a las que rigen a nivel nacional, el cálculo del haber inicial, la actualización, cuidar las incompatibilidades. Fue una sumatoria bastante grande de reformas.
—En Santa Fe la relación en la Caja es de dos activos que aportan por cada pasivo. ¿Hay una relación que se considere ideal?
—Es parecida a la de Córdoba. El caso de los sistemas que cubren empleados públicos no es el mismo de los que cubren empleados privados. Esa relación en los sistemas públicos no es muy relevante porque los aportantes también los paga el Estado. Tener más aportantes sería más empleo público, más gasto público, lo cual no es solución. Al final, lo que gano en la Caja lo pierdo en la Tesorería. Hay que pensar por el lado del gasto y evitar que crezca al altísimo ritmo que viene creciendo.
—¿Cómo funciona el régimen de jubilaciones anticipadas y la compra de aportes?
—Esas son algunas de las cosas que se fueron eliminando. Lo mismo que si una persona excede los 30 años de aportes puede bajar la edad de retiro, en Córdoba no se puede adelantar ni tampoco comprar aportes. Se cuentan los años que la persona trabajó y aportó y en ningún caso se puede jubilar antes de la edad fijada.
—¿Las jubilaciones y pensiones tienen topes?
—Hay un tope relacionado con el sueldo del gobernador, pero no afecta a los empleados judiciales, con lo cual tiene un impacto no tan grande. Por lo que excede el 82 por ciento del gobernador se aplica un descuento del 10 por ciento. Ese problema está también en Córdoba, no se avanzó mucho en ese punto.
—¿Está de acuerdo en que todos los miembros de la Caja aporten el mismo porcentual de su salario, ya sea juez, maestro o policía?
—Eso fue cambiando. Si bien la experiencia de Córdoba fue positiva y logró el resultado esperado en términos de evitar que la crisis se profundice, lo de los aportes no fue exitoso. Es relativo que los aportes sean una solución porque generalmente lo que pasa es que si se suben los porcentajes de aportes se genera una presión para aumentar salarios, con lo cual te aumenta el gasto del Tesoro. Yo tengo dudas de que por ahí haya mucha solución. No es el camino, como sí lo sería en el sector privado. Puede generar más ingresos pero también una presión al gasto.
—¿Las provincias deben acostumbrarse a convivir con el déficit de las Cajas?
—Es un dato de la realidad, hoy es así. Parte de los impuestos de Santa Fe o de Córdoba, de lo que pagan los contribuyentes, se destina a cubrir ese déficit. Cambiarlo de un día para otro no se puede, es imposible. Es un problema mundial, los sistemas previsionales están en permanente crisis. Y no es casual, hay una explicación y es la demografía. Pero si uno es más activo y va adaptando los sistemas a ese cambio de realidad cada vez más desafiante, la dimensión de los problemas va cambiando. En el caso de las provincias se pospusieron decisiones, que obviamente son muy difíciles, pero eso lo pagamos con enormes déficits, que terminan perjudicando a toda la comunidad porque implica que el Estado tiene que sacar recursos de otro lado para atender el sistema previsional.
—Los gobiernos provinciales afrontan un escenario complejo: los déficits de las Cajas son enormes y además Nación no cumple con su obligación de pago.
—Un punto que yo enfáticamente señalé en Santa Fe es que hay que hacer las dos cosas: reclamar a nivel nacional, porque es muy injusto que la Nación no cumpla. Anses en parte se financia con fondos coparticipables como el impuesto al cheque y usa esa plata para cubrir el déficit de algunas provincias que transfirieron sus Cajas y no les manda nada a las que no lo hicieron. Hay que exigir que Anses cumpla con la ley. La otra parte de la historia es que las provincias tienen reglas que es necesario revisar. Por eso valoro mucho lo que se está haciendo en Santa Fe de discutir, evaluar y buscar una salida racional y equilibrada para que ese gasto sea lo más pequeño que se pueda. Casi nadie lo ha hecho y merece ser destacado.
—En estos días, el gobierno de Maximiliano Pullaro recurrió a la Corte por la deuda de 70 mil millones que tiene Nación con la provincia por las partidas que no envió desde la asunción de Milei.
—Ninguna provincia ha recibido fondos desde diciembre y hay una mora de una deuda anterior, de no menos de cuatro años. Es un problema serio y los reclamos ante la Corte tienen absoluta legitimidad, porque no solamente es injusto que a algunas provincias se les pague el déficit y a otras no, sino que además es ilegal, porque la ley obliga a Nación a hacerlo. Y después aparece lo que hacen las provincias con el resto, Córdoba hizo cosas y me parece muy bueno que Santa Fe esté pensando en hacerlas. No alcanza con que la Nación cumpla con su parte, hay que hacer las dos cosas: reclamar y hacer las reformas. Mientras más se demore en avanzar con las reformas, peor va a ser el problema.
—¿Está de acuerdo con las provincias que decidieron conservar sus cajas previsionales?
—La Constitución nacional dice que tienen esa facultad. Son legítimas tanto una alternativa como la otra. Desde el punto de vista operativo no veo problemas; pero claro, eso funciona en la medida que haya un tratamiento legal lógico de parte de Nación. Lo dice la norma: Anses tiene que transferir a las Cajas de las provincias lo que le costaría si hubiesen pasado a su órbita. El problema es que Anses nunca lo cumplió y ahora peor todavía porque hace cero transferencia y eso genera un desequilibrio muy grande. Uno ve las cuentas públicas de una provincia con Caja de jubilaciones y de otra sin Caja y son drásticamente distintas.
—¿Cuál es la situación actual de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba?
—Era más deficitaria que Santa Fe hasta 2010 aproximadamente; a partir de las reformas se fue corrigiendo y hoy entiendo que Santa Fe está en peor situación. Hay otras provincias que están más complicadas aún, como Entre Ríos, y algunas menos, como Misiones. Creo que a Córdoba se le adelantó la crisis; en 2008 estuvo al borde del colapso porque no podía pagar, de hecho tuvo que cubrir con bonos parte de las jubilaciones y ahí se acentuaron las reformas.
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