Hubo un cambio de planes pero nadie está sorprendido. María Eugenia Iribarren fundamentó la renuncia presentada el 16 de agosto a la Fiscalía de Rosario en la discrepancia entre su programa de trabajo y los lineamientos de la fiscal general María Cecilia Vranicich. Pero la pelea de fondo es por la orientación del Ministerio Público de la Acusación a partir de las denuncias cruzadas entre fiscales en septiembre de 2023.
Iribarren fue elegida fiscal regional de Rosario en abril de 2023 por concurso y con la aprobación por unanimidad de la Asamblea Legislativa, “lo cual implicó el reconocimiento del rumbo de trabajo que venía ejerciendo desde hacía tres años”. Esa legitimidad se pierde ahora en medio de un llamativo silencio. La renuncia siguió a la decisión de Vranicich de prorrogar por seis meses la intervención de la fiscalía de Rosario, a cargo de Matías Merlo, “una falta de confianza y deslegitimación de la autoridad que ejerzo” por otra parte comunicada de manera informal.
Después de ser elegida como fiscal regional, Iribarren destacó la necesidad de “replantear” la policía de la provincia, “repensar” las cárceles provinciales para contener la alta reincidencia en el delito y contar con mayor número de fiscales. No son precisamente los problemas que visualizó Vranicich desde su propia elección y en particular los fundamentos para intervenir la fiscalía regional: “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales.
La autoridad de Iribarren comenzó a desmoronarse en público cuando los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno desoyeron sus instrucciones y acusaron al fiscal Matías Edery de proteger a Mariana Ortigala en una audiencia que tenía otro fin. Pero puertas adentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) existía una virtual división y un malestar que se incubaba desde tiempo antes.
Los críticos de Iribarren en el MPA analizan ahora su renuncia como un síntoma de inadecuación a los nuevos tiempos de la provincia y de la institución. “¿Puede renunciar un funcionario diciendo que no comparte los lineamientos del jefe? Los desacuerdos y la diversidad de opiniones son normales, pero en una organización piramidal hay alguien que toma decisiones y el resto debe acatar esas órdenes. Venimos de diez años donde las fiscalías regionales tenían mucha autonomía y fragmentaban al Ministerio Público”, señala la fuente consultada.
Desde el propio concurso, la fiscal general Vranicich expuso a la vez los principales objetivos de su política criminal: atender “la violencia altamente lesiva” y su factor de alimentación, la circulación de armas de fuego. También anticipó su postura en torno a ordenar la fiscalía regional de Rosario antes de la intervención del fiscal Matías Merlo, que no significó solamente acallar las disidencias internas sino desmontar el esquema de organización diseñado por Iribarren con unidades destinadas a problemas específicos, como fue la organización de la fiscalía de balaceras.
Cultor del bajo perfil, Merlo llegó precedido por actuaciones que trascendieron el marco de su regional: una investigación propia sobre el juego clandestino en el departamento General López —donde confrontó con la cobertura judicial rosarina y policial de que gozaron los casinos de Leonardo Peiti— y otra sobre mega estafas inmobiliarias, homónima de la rosarina, pero muy diferente en las condenas que logró, en particular del abogado venadense Antonio Di Benedetto.
Merlo acredita otro capital. A diferencia de los ruidosos fiscales rosarinos, es más bien parco y poco afecto a las declaraciones públicas. En las conferencias de prensa por los crímenes de trabajadores del mes de marzo, dejó que otros fiscales expusieran sobre las investigaciones. La prórroga de la intervención lo avala y hasta lo proyecta como candidato en un eventual concurso que formalice la jefatura.
“La gestión política le tiene mucha estima a Merlo, por su desempeño en Venado Tuerto y por sus buenas relaciones con todas las autoridades políticas del departamento General López. Es un fiscal que resuelve y está todo el tiempo encima de los problemas”, valoró la fuente consultada.
El reordenamiento de la Fiscalía de Rosario está todavía en curso. Una nueva unidad al mando del fiscal Gastón Ávila focalizará en investigaciones sobre la circulación de armas y municiones, una zona gris que recorren integrantes de fuerzas de seguridad y de bandas criminales y es poco contemplada hasta ahora. Será un instrumento para determinar, por ejemplo, cómo fue posible que los crímenes de trabajadores del mes de marzo se produjeran con municiones que pertenecían a la Policía de Santa Fe o qué destino tenían los continuos robos hormiga de armamento detectados en el depósito de la sección Balística de la policía según una auditoría de 2022.
El viento sigue soplando
Una señal elocuente se produjo ya en febrero, cuando se cumplieron diez años de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia y Vranicich convocó a un encuentro en el que participaron las máximas autoridades de la provincia. La fiscal general entregó un reconocimiento al exgobernador Antonio Bonfatti, de la que fue funcionaria como Secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, y en el mismo acto respaldó la investigación del auditor Leandro Mai sobre el fiscal Edery por la supuesta protección a Mariana Ortigala.
La gestión de Bonfatti no salió bien parada del juicio contra Esteban Alvarado por el homicidio de Lucio Maldonado y otros delitos. El testigo Rodrigo Ortigala afirmó que el primer jefe de policía de Rosario del exgobernador estaba al servicio del narco y, por otra parte, escuchas telefónicas de la fiscalía de San Isidro revelaron que la sucesión de la jefatura de policía provincial después de la renuncia de Hugo Tognoli fue una especie de loteo entre sectores policiales en el que se escuchó la opinión de Alvarado. Ahora como diputado, Bonfatti integró la Comisión Bicameral de Acuerdos que suspendió a Edery por cuatro meses.
Edery se reincorporó a la fiscalía a principios de mes y fue destinado a la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, mientras todavía enfrenta una investigación a cargo de fiscales santafesinas. La causa contra el senador Armando Traferri por supuesta protección del juego clandestino y el juicio contra el ex fiscal Patricio Serjal y el empleado Nelson Ugolini, por la cobertura judicial, podrían activarse en un escenario en el que, como querían los acusados, ya no se encuentran Edery ni el fiscal Luis Schiappa Pietra.
Si había sido relegada en sus funciones durante la gestión de Iribarren, e incluso objeto de un sumario por declaraciones a la revista Noticias, la fiscal Valeria Haurigot asumió protagonismo a partir de diciembre de 2023 cuando por la resolución número 463 pasó a conducir el equipo especial de microtráfico conformado en el ámbito del MPA.
En el segundo encuentro del Foro “Debilidades y Desafíos de la Justicia Penal en Santa Fe”, convocado en abril por el Instituto de Ciencias Comparadas en Estudios Penales y Sociales (Inecip), Haurigot asumió el rol de virtual vocero de “los nuevos lineamientos”. En su intervención aclaró justamente que no hablaba a título personal y que su exposición era el “resultado de una experiencia que llevamos adelante en conjunto y en equipo” también con el Organismo de Investigaciones.
Haurigot enumeró críticas a “cómo se venían dando las políticas de persecución de la narcocriminalidad en los últimos años”: a saber, la falta de investigaciones sobre “la administración de lo producido con la actividad narcocriminal”; “no se bajaron los índices de violencia asociada al microtráfico”; “no se logró la pacificación de los barrios”; “no se frenó el desarrollo de las organizaciones criminales sino que se volvieron polirrubro”. Y a la vez señaló los nuevos vientos que soplan en el MPA: unificar criterios en toda la provincia, desarmar unidades temáticas e involucrar al conjunto de los fiscales en las cuestiones del narcomenudeo, priorizar las investigaciones sobre hechos de violencia altamente lesiva y apuntar a lograr decomisos de bienes y demoler búnkers antes que prisiones preventivas. Esto último no se estaría logrando si se tienen en cuenta las estadísticas difundidas por el Inecip el 14 de agosto: en Santa Fe la cantidad de personas “encerradas por la justicia provincial” ascendió a 8.121, de las cuales 1.059 están detenidas en comisarías.
La fiscal ahora impulsada por el gobierno provincial para integrar la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria expresó su adhesión a la reforma de la ley 13013 del MPA —que para unos fortalece a la fiscalía general y para otros consolida la subordinación de los fiscales al poder político— y dio cuenta de métodos de trabajo “a los que no estábamos acostumbrados”, en relación a “guías de trabajo para fiscales y para el personal policial y reuniones permanentes de intercambio y coordinación”. El foro contó también con la participación entre otros de Leo Graciarena, el periodista de La Capital que falleció en el mes de junio.
“Soy muy obediente”, dijo Haurigot en dos tramos de sus intervenciones. Se refirió a los requisitos de los organizadores, pero la frase no puede menos que resonar en un ámbito como el MPA donde precisamente se busca “cohesión” —fue la palabra de la fiscal Vranicich sobre los objetivos de la intervención en Rosario— y en consecuencia se desalientan expresiones como las de Iribarren.
La pieza que falta
La renuncia de Iribarren fue recibida hasta el momento por un profundo silencio en la política y la justicia provinciales. Nadie parece tener comentarios al respecto, como si la ahora ex fiscal hablara de temas que conciernen a otro mundo. Una excepción inesperada es la de Marcelo Sain en la red X: el ex ministro de Seguridad de la provincia compartió un enlace con la imagen de Iribarren y un comentario que alude a la ex fiscal regional y a los fiscales Edery y Schiappa Pietra: “A uno lo limpiaron de forma grotesca; al otro lo domesticaron con su aquiescencia, y a ella la corrieron porque bajo su gestión se investigó al poder”.
A uno lo limpiaron de forma grotesca; al otro lo domesticaron con su aquiescencia, y a ella la corrieron porque bajo su gestión se investigó al poder “Renunció la fiscal regional de Rosario, con duras críticas a la conducción judicial de la provincia” https://t.co/bTiK0tKYFj
— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) August 21, 2024
La publicación de Sain permite recordar que hay otra pieza determinante para acomodar en el tablero del MPA: la causa por el llamado espionaje ilegal, en la que están acusados el ex ministro y parte del equipo que lo acompañó en la gestión. Juan Lewis, defensor de ex funcionarios, afirma que la causa “está paralizada hace un año y medio”, aunque circulan rumores sobre una próxima definición del fiscal de Santa Fe Ezequiel Hernández y un nuevo intento por reinstalar la figura del espionaje, ya rechazada en dos instancias judiciales.
“La fiscalía echó a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hacía cargo —resalta Lewis—. Si hubo espionaje, debe ser investigado por la Justicia Federal. Un fallo de Cámara dice que esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término sin calcular las implicancias jurídicas del tipo penal”. El abogado y exministro de Justicia agrega que “todo se sigue manejando con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”.
Lewis también explicita la relación de aquella investigación que parece olvidada y distante del interés periodístico con la actualidad: “esta causa se dio en el marco de una renovación de autoridades judiciales y del MPA y en el marco de una puja entre autoridades judiciales y políticas”. La situación que derivó en la renuncia de Iribarren parece configurada en el mismo marco.
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