“La política es la asignatura que este gobierno vuelve a llevarse previa”. Ese fue el comentario que hicieron fuera de micrófono los diputados opositores que, después de largas horas, decidieron postergar para febrero el tratamiento del presupuesto provincial.
No es el mismo escenario que afronta el gobierno nacional con el rechazo de la ley de leyes. En Santa Fe habrá una nueva oportunidad de entendimiento, tal como se viene dando en otros proyectos (conectividad, emergencia en seguridad), pero que tropezó cuando hubo que tratar números.
En el centro del debate estuvo una promesa que tenían los intendentes de Rosario y Santa Fe para que queden convenientemente explicitados y actualizados los fondos del conurbano que recibirán en 2022. El resto de los municipios lo tienen establecido en la ley de obras menores.
Pero no es sólo ese punto el que trabó la aprobación que al Senado le llevó pocos minutos. Que el proyecto siga en comisión fue una forma de manifestar contrariedad de parte de quienes se sintieron desplazados del centro de las negociaciones.
“Vemos un control abusivo de las finanzas que le gana a la eficiencia de gestión y hoy también le ganó a la más alta decisión política de esta provincia”, exclamó en la última sesión del año la socialista Clara García.
“No hubo sintonía fina con los diputados” comentaban molestos los que recelaron de las tratativas que el gobierno tuvo con el Senado y que pensaban se trasladarían automáticamente a los diputados a través del bloque de Maximiliano Pullaro.
Cuando la Cámara Baja decidió no sesionar la semana pasada fue una señal clara de que las negociaciones no estaban para nada encaminadas, y los tiempos iban contra el reloj de fin de año.
Una coincidencia entre los referentes de la oposición es que está demasiado fragmentada la coordinación política del gobierno y persiste la desconfianza en sus relaciones con la Legislatura, pese a que el parlamento santafesino viene aprobando la mayoría de las leyes que le reclamaba el Ejecutivo. Varios de ellos le apuntan al ala económica del gobierno, a la que le atribuyen intransigencia a la hora de negociar acuerdos que, consideran, son sencillos de cerrar.
“Lo trabaron los diputados”, explicaban los senadores, que esperaban que hubiera sanción definitiva, como ocurrió con la ley tributaria, aunque se impuso el proyecto que modificó Diputados. El nuevo esquema aprobado favorece a municipios y comunas en el reparto de la recaudación del impuesto inmobiliario: históricamente fue 50 para ellos y 50 para la provincia y desde ahora será 60 % y 40 % (lo que representa unos dos mil millones de pesos a favor de los pueblos y ciudades).
¿Qué puede pasar en febrero? Que se pongan de acuerdo en las diferencias en una instancia de mejor diálogo o que el tema termine en un verdadero ping pong entre diputados y senadores, y hasta que se imponga mediante un veto del Ejecutivo el presupuesto original del gobierno con las modificaciones que realizó la cámara de origen (Senado).
También deberá resolver la Casa Gris si acepta o veta la nueva distribución aprobada para el impuesto inmobiliario.
Lo que falló esta vez fue que la negociación del gobierno no se dio con las dos cámaras a la vez, como ocurrió el año pasado, o pasaba antes con el gobierno socialista, y que además hubo dos alas habilitadas, una económica y otra política, que no siempre coincidieron.
“Que Perotti le dé la lapicera a uno y se banque la negociación”, piden a gritos los legisladores acostumbrados a otras reuniones. “El responsable de este tropiezo es el Ejecutivo que debería tener un buen negociador para buscar consensos, y hay un error de los diputados que van a obligar al Ejecutivo a tener un presupuesto reconducido, con lo que tampoco van a poder imponer sus cambios”, dicen a modo de síntesis de este nuevo desencuentro.
Las puertas de una negociación diferente tendrán que imponerse en el primer mes entero del verano.
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