Patricio Serjal fue el primero en darse cuenta. “Esto es de una gravedad institucional enorme”, dijo el 24 de julio ante la evidencia de que la Fiscalía Regional de Rosario colaboraba con Los Monos. Tanto que él mismo estaba implicado y tuvo que renunciar el 2 de agosto cuando salió a la luz su relación con Leonardo Andrés Peiti, el capitalista de juego que se considera un empresario.
La declaración de Peiti condujo a la renuncia del ex jefe de la Fiscalía Regional y a la detención y suspensión del fiscal Gustavo Ponce Asahad y descubrió un tráfico de influencias insospechado. Pero al focalizar los hechos en los funcionarios, el escándalo también desdibuja una trama más amplia en la que todavía queda mucho por investigar.
Peiti se muestra dispuesto a explayarse acerca del “infierno” que vivió a partir de diciembre de 2018, cuando Ponce Asahad le ofreció sus servicios para ponerse a cubierto de las investigaciones de la fiscalía de Melincué. Pero no parece tan locuaz para hablar sobre Maximiliano “Cachete” Díaz y su papel en la estructura mafiosa de Los Monos. En su presentación del jueves pasado en el noticiero de Canal 3 no dijo una palabra al respecto.
La movida del verano
El año comenzó agitado para Peiti. El 8 de enero, “Cachete” le pidió que acudiera a sus contactos para interceder por Claudio Humberto Ricaldez y Horacio Hernán Quinteros, detenidos por Gendarmería en posesión de un arma sin documentación. Ese mismo día, el “empresario” habló con Pablo Fortuny, dueño de una financiera y casa de cambios de Entre Ríos y Córdoba, y lo convenció de que accediera a la “protección” que le habían ofrecido en nombre de Guille Cantero a cambio de que no tomaran su oficina como polígono de tiro.
Ricaldez y Quinteros tenían la misión de realizar un atentado para convencer al Casino City Center sobre la conveniencia de negociar con Los Monos. Su captura fue un contratiempo y obligó a suspender el proyecto de causar un incendio en el estacionamiento del casino y recurrir a un Plan B, una típica acción de tira tiros.
El 9 de enero Peiti intercambió mensajes con el ex comisario Alejandro Alberto Torrisi, llamado Pipi entre sus amigos, y le envió la captura de pantalla a “Cachete” Díaz, para mostrar que se estaba moviendo. En la misma jornada se encontró en el bar de Mendoza y Río de Janeiro con Díaz y Fortuny, obligado a pagar 5 mil dólares a modo de anticipo, ya que la banda tenía en estudio su situación patrimonial, a fin de incrementar el monto de la extorsión.
Fortuny, dueño también de una empresa dedicada a la cobranza de impuestos, denunció en octubre de 2019 que tres ladrones armados le robaron un millón de pesos que iba a depositar, cuando salía de su casa en el country Kentucky Club de Campo. Los asaltantes sabían que llevaba un arma en la puerta del conductor. Ante el apriete de Los Monos en enero de 2020 prefirió irse del país.
El 10 de enero, mientras Peiti se comunicaba con Nelson Ugolini y el empleado de Ponce Asahad consideraba la situación de los presos, “Cachete” Díaz ultimaba los detalles del atentado contra el casino con el dominicano Otniel Alamonte De León. En la noche del 11 de enero, en una pasada rasante en motocicleta, De León hizo seis disparos contra el sector del complejo ubicado sobre Moreno a la altura del 6400, y provocó la muerte de Enrique Encino, el gerente bancario que había salido a fumar un cigarrillo.
La marca Cantero
Peiti apareció el jueves en televisión con aspecto afligido, preocupado por las repercusiones de los hechos y con la expectativa de alcanzar “un poco de justicia”. Este “empresario” que se queja de los obstáculos que “la burocracia de Santa Fe” pone al negocio del juego “tiene vínculo directo con el organizador de la asociación ilícita” y “cumple el rol de identificar a potenciales personas para que luego sean objeto de extorsiones por miembros de la asociación”, según la imputación de la fiscalía.
El 1° de julio de 2019 manos anónimas dispararon contra el frente de la casa de Peiti, en Servando Bayo al 1000, y escribieron con aerosol rojo “Leo pagá”. Además de los 4 mil dólares que desembolsaba mensualmente para Ponce Asahad, el “empresario” habría afrontado entonces el pedido de otros 400 mil dólares para Los Monos. Quizá los extorsionadores tenían un informe sobre su situación económica, que no es ningún secreto, ya que el propio capitalista exhibe negocios en Mar del Plata, Formosa, Misiones y Paraguay, una red de casinos, máquinas tragamonedas y explotación de quiniela que atraviesa el país y también al extranjero. Todo legal.
Peiti dijo que recurrió a sus contactos en la Justicia y Serjal le contestó que no podía darle garantías. Estaba muy fresco el recuerdo de su intervención en diciembre de 2018 para dejar en la nada la pesquisa de la fiscalía de Melincué iniciada con el descubrimiento de un garito clandestino en la localidad de Hughes. Puesto a negociar con Los Monos, el “empresario” se convirtió en socio de sus chantajistas.
Según la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Gisela Paolicelli, las actividades de la estructura armada por “Cachete” Díaz se remontan por lo menos a agosto de 2019. El negocio comienza con la venta de la marca Cantero: hablan en nombre del líder de Los Monos y ofrecen protección a cambio de no ejercer violencia. Es una especie de aplicación, como dijo Lucía Uberti, detenida como allegada a la banda en una de sus incontables ramificaciones: “aplicale mafia”, ordenó a uno de sus soldaditos, que no necesitó mayores explicaciones para entender qué debía hacer con un cliente remiso a pagar deudas.
En julio se conoció la odisea de un comerciante de Libertad al 1400 de Villa Gobernador Gálvez que recibió amenazas y tiroteos en su casa por parte de personas que nombraban a “Guille”. El comerciante tenía la duda de si realmente podía tratarse del líder de Los Monos o de oportunistas que aprovechaban la fama del jefe narco, pero de todas maneras anunció que se iba de la ciudad.
Esa duda no existe en el caso de “Cachete”. La presencia de Mariano Ruiz —acusado en el primer juicio contra Los Monos por lavado de activos y dueño de los bares Mansa y Brava, de avenida Pellegrini, donde se cobraban las extorsiones—, las advertencias a través de balaceras y de la exhibición de información precisa sobre las víctimas, y hasta la misma voz de Cantero en mensajes de WhatsApp son pruebas de que la banda no usaba su nombre en vano.
“Cachete”, por otra parte, presumía de ser “el narcotraficante más conocido de la ciudad”. También podía ser el más ordenado, ya que armó una estructura en la que los roles estaban bien determinados, entre quienes se comunicaban con las víctimas, los que realizaban ataques, los que administraban el negocio y, por último pero no menos importante, los que procuraban cobertura institucional y explotaban quiniela y casino ilegales (rol específico de Peiti, según la fiscalía).
La marca Cantero es garantía de violencia extrema y de impunidad. El largo brazo de los Monos ha llegado a golpear donde se lo propuso, desde un celular que transportaba a presos con custodia hasta edificios de la Justicia. Desde su detención Guille Cantero peregrina por distintas cárceles del país y hasta se pensó en un traslado a Ushuaia; pero aunque se lo confinara en la Antártida su negocio seguiría intacto, porque a esta altura se trata de una especie de franquicia a disposición de los interesados.
Cambio de rubro
La extorsión clásica —la que aplicaba “Cachete” Díaz y que tantos frutos le dio a los Cantero— saca provecho de empresarios y personas cuyas actividades transcurren en una zona gris entre las actividades legales y las ilegales. Los Monos no se mueven exactamente al margen de la ley sino en los resquicios entre la economía formal y la economía del delito. Tampoco se trata de actividades secretas o desconocidas sino que transcurren a la luz pública y —como es el caso emblemático de la quiniela clandestina— están naturalizadas por la costumbre.
Las víctimas de las extorsiones no acuden a la Justicia porque “no hay garantías” de continuar con los propios negocios, como le explicó Serjal a Peiti. O porque han tenido alguna relación previa, como le ocurrió a Rodrigo Fabiani, a quien Los Monos acusaban de quedarse con dinero de un narco de Tablada —una plata manchada con la sangre de un crimen— y le exigían un pago en consecuencia.
Si bien los enfrentamientos entre bandas continúan y el reguero de sangre no se detiene en las calles de Rosario, Los Monos parecen haber diversificado su perfil de operaciones, que ahora exceden al narcotráfico. Los beneficios, además, se inyectan en la economía legal —como parecen indicar las inversiones del otra vez prófugo Mariano Ruiz en el rubro gastronómico— y así disimulan mejor su origen.
A las extorsiones le agregaron sus “inversiones” en el juego ilegal, a partir de lo que es su específico know how, las balaceras que ofician de mensaje intimidatorio. Se trata de un negocio que históricamente tributa en las cajas negras de la policía, y de ahí la importancia en la banda de un personaje que ha pasado a segundo plano en los últimos días, el ex comisario Alejandro Torrisi.
Ex jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución, Torrisi fue detenido el 20 de julio con un sobre en el que llevaba 150 mil pesos, al salir de un garito clandestino en Comandante Espora 229, Villa Gobernador Gálvez. Hasta ese momento era un visitante asiduo de la Jefatura de Policía de Rosario, por motivos que todavía se ignoran. Quizá porque un policía siempre sigue ligado a la fuerza, aunque se haya retirado, y sobre todo si llega a la máxima jerarquía, como el ex comisario.
De acuerdo a la acusación de los fiscales, Torrisi es “el encargado de brindar auxilio a los integrantes de la Organización cuando estos son detenidos” y “el encargado de administrar negocios ilícitos relacionados al juego clandestino”. La incorporación de este jefe policial a la banda significa también el intento de los Monos de desplazar a la policía de la explotación del juego ilegal; su teléfono, dijo el fiscal Edery, “es un libro abierto” sobre el crimen organizado, aunque todavía no se divulgó el contenido.
Una mano en la Justicia
“Cachete” Díaz fue detenido el 13 de enero por el crimen de Encino y la organización quedó sin su líder. El arreglo entre los fiscales y Peiti siguió mientras tanto su curso: el 18 de febrero, Nelson Ugolini le hizo un informe al “empresario” sobre las causas por juego clandestino y por extorsión que afrontaba en Rosario, y el 8 de marzo agregó información sobre lugares que iban a ser allanados como parte de procedimientos contra el juego clandestino.
El teléfono de Flavia Broin, pareja de “Cachete” y también detenida, recuperado de un intento de destrucción, fue otro libro abierto para las investigaciones. El 16 de junio, Patricio Serjal visitó el Organismo de Investigaciones y tomó nota del avance de la causa contra Peiti; al día siguiente volvió con Ponce Asahad para examinar el organigrama elaborado por la fiscalía. El fiscal regional observó un error: Peiti era una víctima.
El 30 de junio, el fiscal Ponce Asahad hizo un alto en la encarnizada persecución que llevaba adelante desde marzo contra los infractores de la cuarentena y le advirtió a Peiti sobre la bola de nieve en que se estaba convirtiendo la investigación en su contra. El asunto tenía arreglo, y puso sus condiciones: 100 mil dólares contra la promesa de que la causa quedara frenada y el nombre de Peiti, siempre preocupado por la mala fama que lo rodea, saliera sin una mancha. También le recomendó destruir el teléfono.
El 23 de julio, en un encuentro furtivo realizado en la cochera de Jujuy y Alvear, Ponce Ahasad reformuló la propuesta ante el abogado Luis Rossini: el silencio de Peiti a cambio de la impunidad. Tal vez había otro plan, porque en el teléfono de Ugolini se encontró el borrador de una denuncia anónima sobre un hecho falso contra Edery y Schiappa Pietra, como un intento de correr el ángulo de la pesquisa y, como dice el tango, quedar todos manoseados en el mismo lodo.
El “empresario”, agregó Ponce Asahad, tenía que resignarse a pasar unos días preso, pero eso no estaba en sus planes. El fiscal parece haber tenido una especial habilidad para manejar los resortes de los organismos que integraba: en el Juzgado de Instrucción Número 5, de María Luisa Pérez Vara, tenía la llave del despacho y gozaba de la mayor confianza de la jueza; en el Círculo Argentino Árabe, en Dorrego 1265, a la vuelta de su casa, tenía la llave; y, sobre todo, tenía la llave de la llamada “Unidad de Allanamientos” y en consecuencia el control de los procedimientos policiales.
Sin poder acudir a Los Monos, con su contacto policial preso y los fiscales fuera del juego, Peiti no supo qué hacer. Pero es creyente, dijo, y Dios lo ayudó: el auto tuvo un problema mecánico cuando viajaba a Buenos Aires, “a la altura del kilómetro 115”, por lo que se salvó de ser detenido en el allanamiento de su casa y pudo negociar, ahora con la Justicia. Según dijo nunca quiso estar en la situación de tener que hablar en público y de convertirse en arrepentido. Se sinceró: “Lamentablemente tuve que decir la verdad”.
Serjal asumió sus funciones en abril de 2017 con un mensaje en el que prometía combatir la corrupción. Enseguida se hizo conocido como el funcionario que “podía dar una mano” a determinadas personas en problemas con la justicia. Eso fue lo que dijeron al abogado Antonio Di Benedetto, de Venado Tuerto, preso como organizador de una banda dedicada a fraudes con propiedades urbanas y rurales del sur de la provincia. Y lo que demostró en La Gran Estafa Inmobiliaria, la causa iniciada en 2016 por más de 50 fraudes con propiedades, cuando impuso una especie de pase mágico al cuerpo del expediente e hizo zafar a los principales involucrados con una solución que dejó sin trabajo a los abogados defensores.
Si bien Ponce Asahad aparece más expuesto, con las anécdotas sobre cómo embolsaba su mensualidad, según la fiscalía el arreglo fue refrendado entre Serjal y Peiti “desde al menos marzo de 2019” y ratificado el 14 de noviembre en el lobby del Hotel Etoile, del barrio de la Recoleta. “Manejate con Gustavo”, fue la indicación del ex fiscal regional. “Tampoco creo que sea mala gente —dijo Peiti, sobre los fiscales, lamentándose por el “daño” que produce con sus declaraciones—. Opté por decir la verdad”.
Peiti parece seguir pensando en sus negocios. Según contó en la entrevista televisiva, está “haciendo fuerza” para lograr un convenio entre las loterías de Santa Fe y de Misiones “para colocar los productos” que tiene en las 2.500 oficinas de Lotería de la provincia. Un negocio que, afirmó, le reportaría entre 600 y 1.000 millones de pesos mensuales a Santa Fe, con los cuales se podría equipar a la policía y remediar “tanta inseguridad”. El juego continúa.
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