El 21 de enero Agustín López Gagliasso aceleró a 120 kilómetros el Peugeot 206 que conducía en el túnel Arturo Illia y al salir atropelló a una familia cordobesa que pasaba unos días en Rosario. El accidente provocó la muerte de Tania Daniela Gandolfi y de su hija Agustina Magalí García, mientras Diego García, el padre, y la otra hija del matrimonio, Victoria, se salvaron de milagro. Entre las personas que se encontraban en la zona de Wheelwright y Presidente Roca y se acercaron al lugar se encontraba Lucas Verdún, un policía del Comando Radioeléctrico, el primero en llegar.
La intervención de Verdún llamó la atención de los medios: el policía abrazó a Diego García, lo contuvo después que el conductor del Peugeot le respondiera una barbaridad ante la recriminación por la tragedia —“mirá cómo me quedó el auto”— y lo acompañó durante los días que el hombre pasó junto a su hija Victoria en el hospital. La actitud quedó en segundo plano ante la conmoción pública por el accidente y las demandas punitivas que surgieron de funcionarios y de legisladores pero mostró una imagen tan poco frecuente en la policía provincial como valorada por la sociedad, a juzgar por la difusión del episodio y los comentarios en redes sociales.
El ejemplo de Verdún contrasta con otros de signo opuesto. El policía pertenece a un área de la Unidad Regional II que en el último año ha sido investigada por diversos delitos y prácticas irregulares. Unos días antes del accidente, diez policías de esa sección fueron imputados por robos, allanamientos ilegales y detenciones justificadas solo a los fines de los propios delitos que cometieron. La escucha de una conversación entre integrantes de la Brigada Motorizada, difundida el jueves pasado durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal, resuena sobre ese trasfondo: “Todas las guardias están llevando plata, droga, cosas”.
El contraste también se marcó al mes siguiente de la tragedia de Wheelwright y Presidente Roca, cuando se viralizaron fotos de cadetes recién egresados de la policía provincial que ostentaron armas e hicieron bravuconadas. De un lado, un policía empatizaba con la víctima y a la vez actuaba de modo profesional y con compromiso emocional en una emergencia; del otro, la imagen institucional quedaba asociada con jóvenes ingresantes a la fuerza que no se distinguían de los integrantes de una banda criminal. Y el problema vuelve a actualizarse en los días que corren.
Los agentes de control
La alarma sonó en la cárcel de Piñero. Una suboficial de 21 años que trabajaba en la Central de Emergencias 911 fue detenida el 19 de mayo cuando visitaba a su novio, acusada de proveer información de las cámaras de vigilancia que contribuyó a la balacera contra un colectivo del transporte urbano. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció al día siguiente la implementación de controles socioambientales y de tests para detectar consumo de drogas en policías, agentes penitenciarios y aspirantes a ingresar al Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (Isep).
Los tests también alcanzan a los funcionarios políticos, empezando por el ministro Pablo Cococcioni. Pero los controles apuntan sobre todo a quienes eligen la carrera policial: el caso de la suboficial, que además tiene un hermano de 18 años imputado por la balacera contra una denunciante de corrupción en la Unidad Regional II, plantea la pregunta acerca de quiénes ingresan actualmente a la policía de Santa Fe y la necesidad de contar con “un mapeo” al respecto, como lo expresó Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio.
Según la resolución, importa saber en qué condiciones vive el cadete y cuáles son sus grupos familiares y de referencia para prevenir “comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, comerciales o de otro tipo que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad”. El caso de la suboficial no es el primero en exponer relaciones que vinculan a jóvenes integrantes de la policía provincial con participantes en actividades criminales; no se trata de la típica colusión que suele darse en la fuerza sino de cuestiones de procedencia social, de relaciones afectivas y de vecindad.
El incidente con los aspirantes que posaron con armas en las redes sociales ya había planteado la preocupación por los controles en el ingreso a la policía de Santa Fe. Pero también, en los integrantes de la propia fuerza, por la formación impartida en el Isep y por los conceptos y valores que se transmitían en el área entonces a cargo del comisario Marcelo Villanúa.
Ex jefe de la policía de la provincia y de la policía de Rosario, Villanúa dirigió el Isep desde diciembre de 2023 hasta presentar su renuncia el 7 de mayo. El lineamiento pedagógico durante su gestión no fue difundido, pero el pensamiento representativo de Villanúa pareció condensarse en una frase que se volvió célebre y que profirió el 13 de marzo de 2018 en un acto de entrega de patrulleros para la Unidad Regional I: “Cuando el Harry (el delincuente) vea que aparece uno de estos móviles le tiene que temblar la pera” (sic).
Villanúa ratificó la declaración un año después y profundizó, si corresponde el término, diciendo que “la volvería a repetir porque es así y el que va en contra de esa frase es porque avala la comisión del delito o apaña al delincuente”. Esas palabras resuenan en los comentarios de los cadetes que posaron con armas —“Vengan a joder no más q a mí sí me enseñaron y no me va a temblar”, “Hoy el que me diga algo malo lo mando a dormir de una”— y muestran el problema de que la formación policial esté influenciada por modelos de mano dura.
La formación básica en el Isep transcurre durante dos años. Los aspirantes obtienen el título de Auxiliar en seguridad, con lo que reciben un uniforme y un arma; con un año más de cursado, obtienen la Tecnicatura superior en Seguridad pública y ciudadana. En ese período se tramita para los cadetes el pasaje de civil a policía, lo que supone en teoría la adquisición de nuevas relaciones y prácticas sociales y una inserción institucional e ideológica respecto de qué significa ser policía.
Un factor central en ese marco son las razones por la que los jóvenes ingresan a la policía provincial. Según el Censo Policial de 2020, la mayoría de los integrantes de la Unidad Regional II (el 83 %) afirmó que la estabilidad del empleo y el salario son el motivo principal; la referencia a la “vocación profesional”, una respuesta típica, quedó en minoría. Otro factor es la imagen social de la fuerza: los policías encuestados atribuyeron mayoritariamente las representaciones negativas a los medios de comunicación, un 52 % consideró “bastante mala” o “muy mala” la relación con la comunidad e identificó a la corrupción policial como el principal motivo de desconfianza de la ciudadanía.
El Censo también detectó que el 51 % de los policías provinciales pensaba que denunciar actos de corrupción institucional podía desencadenar problemas laborales. El dato puede ponerse en correlación con los atentados con explosivos contra la casa del ex habilitado de la Unidad Regional II Christian Güemes, denunciante de irregularidades; las excusas para no identificarse del personal que levantó la perdiz del fraude con el combustible de los patrulleros, “por razones de seguridad de mi persona y familia”; la paliza y las amenazas de muerte recibidas por el denunciante de la recaudación clandestina durante las jefaturas de Omar Odriozola y Rafael Grau en la policía provincial, después de una cadena de información que según se expuso en el juicio reciente implicó al ex secretario parlamentario de la legislatura Ricardo Paulichenco, al presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia Oscar Marcos Biagioni y al propio Grau.
Debajo del uniforme
Una opinión corriente dentro de la policía provincial es que los medios de comunicación refuerzan prejuicios negativos y que los hechos de corrupción reciben mayor atención que las intervenciones virtuosas. También es común una idea sobre la influencia de estos casos en la opinión pública: los policías que delinquen inciden en la identificación de la institución en conjunto con prácticas irregulares y en la generalización de una mala imagen que impide ver el esfuerzo cotidiano de muchos integrantes de la fuerza, “el compromiso silencioso” como dice un policía, y otros aspectos de un trabajo que implica riesgos y situaciones de estrés.
La atención que recibió Lucas Verdún después de asistir a la familia cordobesa en Wheelwright y Presidente Roca permitió vislumbrar una historia que puede ser la de otros policías que trabajan en Rosario y también una reacción singular. Verdún tiene 28 años, tiene a su familia en Reconquista y para verla viaja ocho horas en colectivo; es parte de los agentes que fueron reasignados a la ciudad para reforzar los patrullajes de prevención; el día del accidente hacía servicios adicionales a menos de cien metros.
Verdún contó que su reacción para contener a Diego García, el hombre que acababa de perder a parte de su familia, resultó impensada. “Fue lo que me salió, fue lo que tenía debajo del uniforme, del corazón, fue la persona”, recordó en un cruce televisivo con García. En otra entrevista agregó: “En ese momento se me pasó por alto que era policía. Me convertí en un civil”.
El policía asoció su empatía a las cuerdas más sensibles que pudo haber afectado el hecho. “Yo también soy padre”, dijo, y como la víctima del accidente se encontraba además lejos de su lugar de origen, en una ciudad ajena. Lo reconoció el propio García: “Estuviste justo en ese momento y me apoyaste, porque en otra provincia estaba solo y no tenía a nadie”.
El abrazo y la comunión en una situación límite marcaron un tipo de intervención policial que fue extraña hasta para el propio involucrado. El episodio puede evidenciar que los controles no se requieren solamente para los ingresantes a la institución. En el gesto del policía oriundo de Reconquista se resolvió de manera ejemplar una materia que parece difícil de implementar en la carrera de formación policial.
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