Ley ómnibus: pese a las concesiones del gobierno quedan muchas dudas por despejar mientras se viene el paro

Retrocediendo algunos escalones, el gobierno nacional le concedería a la oposición amigable algunas modificaciones al gigantesco proyecto de ley ómnibus que sin embargo no modifican de manera sustancial —en caso de aprobarse— un probable daño profundo a vastos sectores sociales y económicos. Refieren, entre otros temas, al acortamiento temporal y parcialmente temático de una cantidad de facultades delegadas del Legislativo al Ejecutivo como nunca antes sucedió en la historia de la democracia. Las cúpulas de los bloques del PRO, la UCR, y de Coalición Federal, prestarían acuerdo a un borrador de dictamen que circula en estas horas del fin de semana y que podría transformarse en letra escrita para los primeros días de la próxima.

Con todo, tanto dentro del bloque UCR como del que orienta el rionegrino Miguel Pichetto, es probable que persistan diferencias hasta el final de la negociación y se expresen en el recinto, cuando llegue el momento aún incierto de discutir la ley en el pleno.

“En algunas cosas podremos acordar y en otras no, dentro de nuestro interbloque”, reconoció la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein (PS), que está bajo la conducción de Pichetto en el interbloque Coalición Federal.

La pregunta relevante, sin embargo, es por el volumen numérico y político de los desprendimientos que pudieran producirse en los bloques de constitución heterogénea: por caso, tampoco son unánimes las posiciones al interior del bloque UCR, donde su presidente Rodrigo De Loredo le pone mucha voluntad al acuerdo con La Libertad Avanza mientras Facundo Manes —entre otros— mira todo más de lejos.

Y otra incógnita clave: si sectores de la oposición amigable, que impugnan el 80 por ciento de los artículos del proyecto (que tiene 665), decidirán rechazar en general y eventualmente apoyar algún capítulo en particular, o por el contrario —lo más probable— apoyar la ley en general y luego decirle “no” a la gran mayoría de sus artículos. Esa posible conducta ambigua, aunque no novedosa en la historia parlamentaria, le permitiría al gobierno nacional tener un tablero de aprobación por mayoría de la ley ómnibus, aunque luego se le caigan en el camino una gran cantidad de artículos. Para la foto, la aprobación en general es la que cuenta.

Las propuestas de cambios en el dictamen respecto del original, muchas y variadas, están cargadas por la necesidad y urgencia del presidente Milei, que necesita reforzarse políticamente y buscará evitar por todos los medios un impensado revés parlamentario en su primer intento. La Casa Rosada enfrentará a la sexta semana de asumir el poder un paro general impulsado por todas la centrales sindicales y centenares de organización sociales y civiles de muy variado origen. Nunca pasó antes que un gobierno impulsado por una abrumadora ola de 14,5 millones de votos, tenga su primer quiebre relevante con la sociedad en sólo seis semanas, únicamente explicado por el violento deterioro de las condiciones materiales de vida de la población.

Y lo más relevante, aunque por ahora incipiente, la caída progresiva de la imagen presidencial, que según una encuesta de la consultora Analogías, sobre 2.542 casos, publicada por Clarín, ya se ubica levemente por debajo del 50 por ciento de aprobación. Y con una perspectiva de futuro incierto dentro del universo de votantes de Javier Milei, una parte de los cuales van mutando del inolvidable eslogan menemista —ahora revitalizado— “estamos mal, pero algo había que hacer, y vamos bien”, a “estamos mal y vamos mal”.

Otro capítulo aparte de la ley ómnibus, el mega DNU que firmó el gobierno, y ya rige, que complementa y se entrelaza con el proyecto de ley, empieza a quedar progresivamente desnudo. No tendría los votos en ninguno de los dos recintos. El gobierno, que ya conoce la situación, viene “durmiendo” la creación de la comisión bicameral para su tratamiento (las presidencias de ambas cámaras, en manos de LLA, deben armar la Comisión Bicameral). Desde ya, siempre el Congreso tiene una solución posible en manos de las mayorías: la de constituirse en el recinto, formar la bicameral y avanzar con el tratamiento del mega DNU.

Otra vez, la oposición “blanda”, por fuera de Unión por la Patria y del FIT, que ya se manifestó contra el DNU, ¿impulsará una acción de fuerza como sería la de armar una sesión contra la voluntad de la Casa Rosada y con el objetivo de tumbar el DNU?

Es lo que pretenden el peronismo y la izquierda clasista, y buscan acuerdos en ese sentido. Mientras tanto, por caso, la ley de alquileres que rige en la actualidad (el DNU derogó la ley votada hace pocos meses en el Congreso), es única en el mundo por su grado de flexibilidad y discrecionalidad a favor de la parte propietaria.

Antes y después del paro

Mientras tanto, el peronismo tuvo en la semana que termina un primer encuentro de relevancia, con Axel Kicillof a la cabeza, las conducciones de ambos bloques del Congreso, gobernadores, intendentes, y lo principal, la cúpula sindical que recibió apoyo y ánimo para su primer paro nacional contra el programa político y económico del gobierno.

La apuesta opositora es dar un golpe político y de masividad con el paro y la movilización del próximo 24 de enero. Y sacar de eje, al menos por unos días, el dominio gubernamental sobre la ley ómnibus en el Congreso. Tras el regreso del presidente al país, el gobierno busca con ansiedad un acuerdo para meter su primer gol en el recinto y aprobar el proyecto ómnibus en Diputados lo más temprano que pueda. No es seguro que lo consiga antes de que se exprese la CGT, y a partir del 25 de enero todo cálculo político dentro del Palacio estará marcado por la movilización del 24. No tendrán el mismo efecto político algunas decenas de miles, que, eventualmente, cientos de miles expresándose contra Milei.

En la sexta semana del gobierno de Milei, al cabo, asoma la primera batalla política importante que darán el gobierno y la oposición, y que podría empezar a marcar una dirección futura de las probables batallas que se sucedan. En ese marco, asombra el discurso bélico del gobierno para enfrentar la protesta política y social. Lo peor sería que se concrete en los hechos. Un nuevo escenario político podría surgir, con asombrosa velocidad, y de impredecibles consecuencias.