El hombre preguntaba por el camino a Ibarlucea y parecía desorientado. Sin llevar más que lo puesto, andaba a pie por la ruta 34 en dirección contraria a donde quería ir y no llegó muy lejos. El coronel retirado de la Fuerza Aérea boliviana Oscar Armando Caba Hurtado concluyó su accidentado viaje a la provincia de Santa Fe en la barranca del río Carcarañá, donde los bomberos de Pueblo Andino fueron a socorrerlo porque un vecino pensó que podía caerse al agua y llamó a la comisaría local.
Caba Hurtado, de 57 años, había bajado de una avioneta Cessna 206 entre Luis Palacios, en el departamento San Lorenzo, y Andino, departamento Iriondo. Los 475 kilos de cocaína que llevaba compactados en ladrillos sellados con la figura de un toro quedaron en la avioneta y fueron secuestrados por la Gendarmería.
La Estación Radar Tostado, inaugurada por la Fuerza Aérea Argentina en el mes de septiembre en esa localidad del departamento 9 de Julio, detectó el ingreso del Cessna al cielo de Santa Fe en la tarde del 30 de octubre. Pero el descenso no pareció tan apurado por la persecución de dos aviones Tucano que despegaron de la base de Reconquista como afirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en un comunicado de prensa que trató de realzar el procedimiento: “La avioneta aterrizó donde tenía previsto y donde la esperaban otras personas que se movilizaban en dos camionetas”, indicó una fuente de la investigación.
Sin embargo, a partir del alerta del Grupo de Control y Vigilancia Aeroespacial, el vuelo también fue esperado por efectivos de Gendarmería que recibieron las coordenadas del lugar de aterrizaje y encontraron la avioneta de matrícula boliviana con su carga intacta. Mientras tanto las camionetas se perdieron de vista sin que pudieran registrarse sus patentes y el militar boliviano quedó a pie e incomunicado, porque ni siquiera tenía un teléfono celular.
“El campo utilizado fue ocupado de manera clandestina; habían cortado la alambrada. No hay una vinculación acreditada con el dueño ni con el arrendatario”, puntualizó la fuente de la investigación. Además de la cocaína, los gendarmes secuestraron en el lugar nueve tanques de combustible para avión y dos bombas eléctricas de abastecimiento: el Cessna tenía previsto repostar en el mismo lugar y emprender el viaje de regreso apenas descargada la droga.
La zona caliente
El departamento San Lorenzo ubica un punto muy transitado en el mapa narco, tanto para la recepción como para el “enfriamiento” de cargamentos de cocaína y marihuana. La organización liderada por el prófugo Brian Walter Bilbao operaba con avionetas propias y los vuelos procedentes de Paraguay llegaban a Oliveros y Carrizales; en cambio, la del condenado y actualmente procesado Fabián Pelozo tenía su depósito de almacenamiento en Ibarlucea, en el departamento Rosario, allí donde quería llegar el coronel Caba Hurtado, con captura recomendada en su país por la masacre de diez civiles en la represión a una protesta contra la presidenta de facto Jeanine Áñez.
El militar boliviano aparece por el momento como una figura solitaria en un rompecabezas donde las piezas están ocultas. Los investigadores no creen que el sello del toro pueda iluminar el camino, aunque esas rúbricas funcionan como marcas de calidad y de origen en los cargamentos de cocaína: “Si identifica algo puede identificar a una organización vinculada en la producción que está en Colombia o en Perú y que no va a incidir demasiado para lo que nos toca averiguar”, asegura la fuente consultada.
La zona caliente comprende también al paraje rural de La Brava, en el departamento San Javier. “Conocido por los antecedentes que obran respecto de la existencia de pistas clandestinas”, según la Procuraduría de Narcocriminalidad, fue el lugar donde Carlos Andrés Suárez recibió 454 kilos de cocaína que terminaron incautados por la Gendarmería el 1° de julio. Las tareas de campo identificaron el sitio: un predio rural llamado La Taperita que pertenece a los padres de Gregorio Gómez, ex abogado de Fabián Pelozo y acusado de integrar la banda.
“Una pista clandestina se puede generar en cualquier campo o en cualquier camino. Las avionetas pequeñas que se utilizan para transportar droga no necesitan la instalación de un aeropuerto”, dice la fuente. Las precauciones se extreman y los pilotos tratan de reducir el tiempo de vuelo y de permanencia en la base, como habría intentado Caba Hurtado.
Ese no fue el caso de la organización de Bilbao, que dispuso de una pista de aterrizaje y un hangar en el club de campo y golf Campo Timbó, de Oliveros. El también prófugo Pablo Javier Raynaud fue señalado como propietario de un avión y de un campo en Carrizales que habría funcionado como otra terminal de cargas. El hangar y el campo estaban provistos de cámaras de seguridad con sensores de movimiento, amplio ángulo de grabación y visión nocturna; además de llevar “una vida ostentosa”, como puntualizaron los investigadores, Raynaud invirtió en seguridad.
La Procunar reconstruyó en particular un itinerario de traslados de Bilbao y otros miembros de su organización entre julio y agosto de 2023. Los viajes unieron pistas clandestinas y legales: la de Oliveros, el Aeroclub de la ciudad de San Martín en la provincia de Chaco, el aeropuerto de Las Lomitas, en Formosa, y la localidad de Posta Cambio Zalazar, en esa misma provincia y a pocos kilómetros de la frontera con Paraguay. En escuchas telefónicas, surgieron además datos sobre el alquiler de pistas en Santiago del Estero.
El narcotráfico desregulado
“Muchas veces se entiende el tráfico de drogas según una cadena lineal —comenta el investigador—. La realidad es más difusa y se despliega en redes. El que hace un vuelo chárter no trabaja siempre para el mismo cliente. El que se dedica a recibir droga tampoco está vinculado de forma permanente con la misma organización”.
El negocio del narcotráfico se fragmenta y cada eslabón es autónomo y sus obligaciones con las otras partes son ocasionales y restringidas a negocios particulares. “Un solo vuelo puede abastecer a organizaciones distintas. No significa que la droga que lleva tenga un solo dueño”, agrega el investigador.
En ese rubro se especializó el boliviano Javier Adalid Granier Ruiz, “operador logístico de servicios de taxi aéreo de gran parte de las organizaciones narcocriminales que operan en este país”, y entre ellas las de Pelozo y Esteban Alvarado desde 2013, según la Procunar. Detenido en Brasil, Granier Ruiz fue extraditado a la Argentina y enviado a la cárcel de Ezeiza, donde espera juicio por el secuestro 389 kilos de cocaína en poder de Adelaida Castillo en Ramallo, el 24 de septiembre de 2020.
Los fiscales presentaron escuchas telefónicas donde Granier Ruiz detallaba su tarifa: 320 mil dólares por transporte, adelanto de 50 mil dólares y capacidad máxima de carga de 400 kilos de droga. La droga fue recibida y guardada por Pelozo, quien resultó condenado a nueve años de prisión en la causa.
“Pelozo enfriaba la droga para quien se lo pidiera —dice la fuente—. No trabajaba para Castillo ni para Granier. Cada uno hacía su negocio. El de la reina Titi (apodo de Castillo) era distribuir la droga; el de Granier transportarla hasta el punto que le indicaran; el de Pelozo, recibir y enfriar, lo que significa dejar la cocaína en stand by, asegurarla un tiempo hasta retomar la posta del tráfico”.
René “Manudo” Guzmán, detenido en Santiago del Estero en abril de 2023, representa otra especialidad dentro del comercio: el transporte terrestre. Acusado de organizar el transporte de 484 kilos de cocaína secuestrados por Gendarmería en una carga de porotos que había salido de Campo Durán, Salta, con rumbo al Mercado Central de Buenos Aires, en Villa Celina. “Guzmán era independiente, no trabajaba para otros —dice el investigador—; sus servicios consistían en ofrecer la logística de camiones que transportaban cargas lícitas y llevar la droga descargada de avionetas donde se lo pidieran, Rosario o Buenos Aires”.
La organización de Bilbao surgió a la luz después del frustrado aterrizaje de una avioneta en zona rural de Cañada de Gómez, el 24 de agosto de 2020. La investigación de la Justicia Federal develó que la banda proveía de drogas a personas de Córdoba y Buenos Aires y se mantenía a distancia del convulsionado mercado de Rosario. Apodado Patoruzek, con parte de su familia radicada en Asunción del Paraguay, Brian Bilbao apareció como “una persona de gran poder adquisitivo, lo que le permitiría no sólo la compra de grandes cantidades de estupefacientes, sino también de aeronaves de bajo porte”.
La organización asumía entonces dos tareas: el transporte de la droga desde Paraguay y el acopio en fincas, campos y departamentos de Rosario, Roldán y Funes para su entrega final a los distribuidores. La flota propia de aeronaves recurrió además a una tripulación colombiana: piloto, copiloto, mecánico e ingeniero aeronáutico, detenidos en Oliveros. El perfil contribuyó a la nula visibilidad de la banda en el escenario público, lo mismo que la apariencia empresarial y de hombres de negocios que adoptaron los jefes de la banda.
En la investigación surgieron también los vínculos de Bilbao con Gustavo Daniel Núñez y Sebastián Romera, detenidos en 2021 en Villa Gobernador Gálvez con 400 kilos de cocaína. Según la investigación del fiscal Walter Rodríguez, de Santa Fe, ambos importaban la droga desde Paraguay en avión, utilizaban como pista de aterrizaje un campo de Larrechea, en el departamento San Jerónimo, y otro en el sur de la provincia y distribuían en el norte de la provincia de Buenos Aires.
“El narcotráfico sigue una lógica de red y no tanto una lógica de cadena. Hoy los mecanismos son más difusos”, insiste el investigador. En ese marco, imputado por contrabando de droga, el coronel Caba Hurtado emerge como un peón en un tablero en sombras.
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