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Sociedad

Los rastros de las quemas se pierden en los laberintos de la burocracia y los tribunales entrerrianos

La Justicia Federal de Victoria, que ahora lleva todas las investigaciones por los incendios en el Delta del Paraná, recibió finalmente la información catastral del gobierno de Entre Ríos sobre los puntos donde se detectaron los últimos focos ígneos. Se identificó a seis dueños de campos privados. El resto, la gran mayoría de los lotes, corresponde al dominio público provincial entrerriano y se desconoce si han sido cedidos en contrato de comodato a particulares. El gran interrogante que se abre es si con esta información podrá determinarse algún tipo de responsabilidades sobre los siniestros en las islas. En tanto, tres apicultores y un isleño permanecen detenidos luego de ser encontrados iniciando fuego en flagrancia.

El 17 de agosto pasado se dio a conocer que el gobierno de Entre Ríos giró el informe catastral solicitado por el juez Federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, respecto a las coordenadas donde se detectaron los últimos incendios en el Delta de Paraná. La latitud y longitud de los sectores donde hubo fuego fueron aportadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, a través de su detección por los Faros de Conservación y la geolocalización satelital. El titular de la cartera nacional, Juan Cabandié, había insistido públicamente en dar a conocer estos datos para poder llegar a los responsables de las quemas. Pero el detalle dominial de estas parcelas abren algunas preguntas y siembran muchas dudas más.

Según la documentación girada por la Dirección de Catastro de Entre Ríos, sobre los datos parcelarios de 33 ubicaciones aparecen 21 sectores donde “no se halla información en volcado parcelario”, según se lee en el informe al que accedió Suma Política. Las coordenadas ubican doce puntos de fuego en jurisdicción del departamento Victoria, ocho casos en el departamento Gualeguay y uno en Diamante. Respecto a esta ausencia de datos se aclara que “para aquellos inmuebles en los que no se ha encontrado información en el volcado parcelario, resulta probable que integre el Dominio Público del Estado Provincial, motivo por el cual se sugiere elevar la consulta a la Dirección de Administración de Tierras Fiscales”, señala el escrito elaborado por Dirección de Catastro de Entre Ríos. 

Por otro lado, en la respuesta al oficio del juez Martín se señala a seis propietarios privados, con focos de fuego que se repiten dentro de una misma propiedad, y sobre los que se precisa son “datos de Titularidad Dominial (que) en todos los casos deberán ser cotejados con el/los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble por ser materia específica de su competencia (teniendo los datos actualizados)”. Surge así que en los inmuebles donde hubo incendios fueron identificados a nombre de: 

  • Luis Carlos Pérez (islas de Victoria), con domicilio fiscal en ciudad de Santa Fe.
  • Laura Beatriz Becherucci (islas de Victoria), con domicilio fiscal en ciudad de Santa Fe.
  • Jorge R. Casals Sociedad en Comandita por Acciones (islas de Victoria), con domicilio en la ciudad de Rosario.
  • Copra SA (islas de Victoria), con domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Rufino Pablo Baggio (islas de Victoria), con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Deltagro SA (islas de Gualeguay), con domicilio en La Plata provincia de Buenos Aires. 


En tribunales


La Justicia ahora deberá dirimir qué curso darle a esta información. El nuevo fiscal Federal de Victoria, Claudio Kishimoto, es quien por ahora lleva adelante el expediente que reúne las denuncias por los últimos incendios, el N° 6.507/22. Lo hace hasta tanto se logre identificar a un presunto o los presuntos autores del delito, tras lo cual deberá pasar al rol de dirigir la investigación. El fiscal justamente ha expresado que esperaba esta instancia de contar con nombres para poder emprender “medidas coercitivas”, esto es poder llamar a indagatoria, entre otras posibles acciones.

Pero el llamado a declarar de quienes mediáticamente se conoce como “los dueños del fuego” no ha tenido los resultados esperados, al menos en los otros procesos judiciales que investigan los incendios en el Delta.

Como se recordará, la demanda por los daños a la salud de las poblaciones cercanas y el ambiente provocado por las quemas en los humedales de Victoria se inició el 22 de junio de 2020, en el expediente, Nº 2.427/20, cuando las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental efectuaron dos pedidos a la Justicia: una “acción preventiva de daños ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia con respecto a los incendios en las islas entrerrianas. Las solicitudes ingresaron en el Juzgado Federal 2 de Paraná, a cargo de Daniel Edgardo Alonso. Sobre la primera cuestión, el magistrado resolvió el 1° de julio de 2020 dar curso al amparo con “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en el área protegida de Victoria. La medida incluyó “especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aun de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”. 

En cuanto al segundo punto, el juez dispuso tener por promovida la “acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva”, así como de “recomposición ambiental e indemnización sustitutiva”. En este aspecto sigue en curso pero ya en el Juzgado de Victoria. Esto resulta porque tanto este expediente en el fuero civil que comenzó Alonso, así como la causa penal también iniciada en Paraná, pasaron ambas a los tribunales a cargo del juez Martín, al constituirse en el cargo en abril de este año.

La causa penal, en el expediente Nº 840/20, en rigor se inició antes, en marzo de 2020, cuando la Municipalidad de Rosario interpuso una denuncia por “atentado a la seguridad”. Esta presentación, a la que se le agregaron otras 11 acusaciones más recayeron en el Juzgado Federal 1 de Paraná a cargo de Leandro Ríos, quien al excusarse fue derivada al Juzgado 2, por lo cual Alonso comenzó a entender tanto en la causa civil como en la penal. Ahora ambas, la civil Nº 2.427/20 y la penal Nº 840/20, se tramitan en Victoria, al igual que la última Nº 6.507/22 que tienen abocado al fiscal Kishimoto.



Antecedentes


Por la causa penal el ex fiscal Carlos Francisco García Escalada, en octubre de 2020, había solicitado las declaraciones indagatorias de 46 ciudadanos involucrados en los incendios en el Delta del Paraná que se registraron ese año. Ese listado luego fue depurándose y prestaron testimonio algunos de los citados, pero el magistrado los fue desafectando de la causa por no encontrar elementos que permitieran probar que tenían vínculo directo con los incendios, según sostiene el asesor legal de la Municipalidad de Victoria, Elías Ruda, que se muestra escéptico en cuanto a esta vía de investigación. 

Ruda señala que desde el punto de vista penal la responsabilidad en el inicio de un incendio se determina a partir de una acción concreta atribuida a un sujeto que lo inicia, con el objetivo de dañar en “una acción dolosa del fuego”. No podría acusarse de este delito al dueño del lugar donde se produce el incendio, “que en la mayoría de los casos ni siquiera vive allí”, por lo cual entiende que las pesquisas a partir de los datos catastrales son improcedentes e inconducentes. El asesor legal del municipio de Victoria con sus críticas apunta a lo que ya sucedió en el expediente Nº 840/20 y dice: “No se puede buscar incendiarios por catastro. Ya se hizo y resultó totalmente inconducente”, argumenta. 

Para Fabián Maggi, representante legal de las entidades Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental que en el año 2020 pidieron el amparo ambiental, los datos georeferenciales son importantes para dar con los propietarios de los lotes incendiados, ya que en tanto la investigación avance podrían determinarse como corresponsables, instigadores o encubridores de los siniestros. La punta del ovillo para dilucidar este vínculo podría darse al atrapar a quien en los hechos inician el fuego. Los acontecimientos acaecidos recientemente, el domingo 14 de agosto, con la detención de tres apicultores y el lunes 15 otro sujeto iniciando un segundo foco de fuego en las islas de Victoria, podrían plantear un escenario similar al imaginado por Maggi y tal vez posibles respuestas a las investigaciones en marcha.


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