El Senado tuvo en su poder 11 semanas el mensaje del Ejecutivo sobre emergencias en Seguridad y Servicio Penitenciario y le hizo cambios profundos: modificó la vigencia propuesta por el gobernador Omar Perotti, amplió su alcance para cubrir con más recursos las chances de reinserción de los reclusos que recuperan la libertad y fijó topes bastantes más altos que los que había pedido el ministro de Seguridad anterior, Rubén Rimoldi, y que el actual, Claudio Brilloni, pidió mejorar a los senadores del oficialismo. Los legisladores que tienen la mayoría en la Cámara alta de la Legislatura santafesina también le agregaron, por iniciativa del justicialista Rubén Pirola (Las Colonias), un mecanismo de actualización automática trimestral atado al índice de precios al consumidor del Ipec.
En síntesis, en lugar de una ley “para unos pocos meses” como se quejó la oposición, los senadores del peronismo aprobaron una que tiene en efecto fecha de vencimiento el 31 de diciembre próximo, pero añadieron al texto enviado por la Casa Gris una cláusula que hará que el próximo gobernador (después del 11 de diciembre) mediante un simple decreto pueda prorrogar su vigencia por el mismo período en que haya estado vigente en 2023. En otras palabras, si este año Perotti tiene 6 ó 7 meses de esa herramienta, el mismo lapso tendrá quien lo suceda.
Ese cambio duplica el tiempo de vigencia de la norma, casi con seguridad, y también colabora con que se pueda apurar la aprobación en DIputados “si es que la oposición realmente piensa que va a gobernar”, murmuró uno de los senadores que pensaron esa solución aristotélica que el Ejecutivo aceptó. Brilloni estuvo de acuerdo, lo mismo que el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, clave en los contactos con los legisladores.
En cuanto al techo asignado por unidad para contrataciones de servicios y compras que tendrán menos controles y mecanismos más ágiles, es bueno recordar que la emergencia que estuvo vigente casi todo 2022 contemplaba operaciones por hasta 6 millones y 12 millones respectivamente. Y que el gobierno había pedido a mediados de enero de este año 12 y 18, y que finalmente se aprobaron 25 y 50 millones, más la actualización.
El texto del gobernador recibió cambios relevantes en el Senado, pero solo lo votaron los peronistas. El radicalismo se opuso y dejó en claro que tenía su propio dictamen de minoría (elaborado en conjunto con la mayoría en Diputados).
Fuertes críticas
Pese al alto voltaje de las palabras en el Senado de Santa Fe, en especial por parte del presidente del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig (San Cristóbal), la oposición en esa Cámara hizo todo lo necesario para que avance el proyecto pedido por la Casa Gris, que busca recuperar las herramientas con que contó en 2022 para hacer compras más ágiles en el Ministerio de Seguridad y también para controlar mejor lo que sucede en las cárceles. Vale más que mil palabras que los siete legisladores radicales se sentaran en sus bancas y que levantaran las manos a la hora de habilitar el tratamiento sobre tablas del mensaje del Poder Ejecutivo. Más allá de las posiciones políticas o las imposturas electorales, los opositores hicieron lo necesario para garantizar la gobernabilidad.
El fogoso radical —que en cada sesión saca cuentas sobre los meses que le quedan al actual gobernador en el cargo— repasó números contundentes: “ya van cuatro ministros de Seguridad y diez jefes de la Policía en Rosario”, dijo y sin más detalles agregó: “han empeorado todos los índices de inseguridad”.
“Este gobierno, que está en retirada, debe entender que la situación amerita dialogar, pero eso no ha ocurrido y por eso nos vamos a demorar, por la falta de diálogo del gobernador”, dijo el norteño y vaticinó que Diputados hará modificaciones al texto votado solo por el peronismo en el Senado.
Más adelante abundó: “Han atacado a la policía, a los poderes del Estado, a los senadores, a los diputados, a presidentes comunales e intendentes y sin diálogo han logrado que todo se demore”. Expresó que “seguramente en la última sesión del período extraordinario habrá ley”. El radicalismo en el Senado tiene una conformación que no ha cambiado en años: uno de ellos, Hugo Rasetto (Iriondo) está en Cambiemos desde que comenzó el gobierno nacional anterior y los demás pasaron en 2021 del Frente Progresista a Juntos por el Cambio y ahora apuestan por la candidatura a gobernador del diputado provincial Maximiliano Pullaro.
Un interbloque de tres sectores
El peronismo eligió no responderle a Michlig. Acaso para cuidar una relación que ya es parte del pasado, pero dejó huellas en el caso del bloque que comanda Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y que hasta la retirada de Marcelo Sain de sus dos cargos (despedido en el Ejecutivo por el gobernador y expulsado del MPA por la Legislatura) funcionó muy bien y fue clave para todo lo que se aprobaba y lo que no en ambas Cámaras. De aquel romance entre el Nes del peronismo y la UCR que todavía estaba en el Frente Progresista quedan las relaciones cordiales que, en rigor, siempre existieron en el Senado hasta fines de 2019.
A los senadores del peronismo se les quitó de encima la presión de los ataques de Sain (lo que coincidió con una morigeración de los dolores de cabeza con la justicia para Traferri) y luego de las elecciones de medio término a nivel nacional poco a poco los 12 que se dividían 6 y 6 han vuelto a ser una docena, aunque formalmente se dividan en tres bloques: media docena del Nes —a todas luces los más activos— donde Pirola cobra un rol casi tan importante como Traferri a fuerza de labor legislativa, el quinteto de Lealtad encabezado por Alcides Calvo (Castellanos) con el cantante y legislador Marcos Castelló (La Capital) como su integrante con más caudal de votos, y finalmente Miguel Rabbia en su bloque unipersonal. El reemplazante de Marcelo Lewandowski es cada vez más equidistante de los demás justicialistas y marca una línea propia.
A propósito del senador nacional (que antes lo fue provincial y por Rosario), es interesante tomar lo que también este jueves 30 de marzo sucedió en el Senado de la Nación. En redes el senador nacional Lewandowski lamentó no haber podido votar, porque Juntos por el Cambio hizo fracasar la sesión, la norma especial que necesita Santa Fe y ya tuvo media sanción de Diputados para que se creen más juzgados federales en el mapa de la bota, en especial al sur.
Comparación
El ejemplo de lo que ocurrió en el mismo día en el Senado de la Nación puede dar la talla de qué significa cerrarle el paso a un proyecto de ley o demostrar que el control ya no lo tiene el oficialismo. En la Cámara alta del Congreso, Juntos por el Cambio y el Peronismo Federal se retiraron del recinto para impedir la sesión, disgustados por el temario impuesto por un oficialismo que ya no puede imponerlo y parece no haber caído aún en la cuenta de esa situación. Pero más allá de los proyectos que quedaron sin tratamiento (entre ellos el que Lewandowski reclamó para que por fin Santa Fe tenga la estructura de la justicia federal que requiere la urgencia de la inseguridad) lo más grave y de lo que casi no se habla en el debate nacional es que la sesión convocada no tuvo una reunión previa de labor parlamentaria.
En cualquier cuerpo deliberativo y más si es legislativo es imprescindible que los jefes de los bloques, al menos de los más fuertes, hablen antes de sesionar. Que anticipen qué van a plantear y qué van intentar votar, qué posiciones van a llevar cuando se abra el debate. Y por supuesto, definir un orden para tratar los asuntos. Eso que parece elemental, no ha podido funcionar en el cuerpo donde están representadas las provincias argentinas. La reunión de labor parlamentaria del miércoles 30 fracasó por falta de acuerdo, y no es casualidad: la última vez que se reunieron los presidentes de las bancadas del Senado de la Nación fue en junio del año pasado. En el Senado santafesino, donde están representados los 19 departamentos, esa instancia funciona sin dificultades, y por eso no se generan luego sorpresas más allá de lo discursivo.
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