Más allá de la legalidad, lo que se debió debatir alrededor del juego electrónico
Por Astor Borotto
Hace pocos días salió a luz la noticia de que el gobierno provincial autorizó a los concesionarios de casinos de la provincia para que exploten el juego online. De esta manera, a través del Decreto 998/2020 firmado el 21 de septiembre por el gobernador Omar Perotti, se resolvió de un plumazo una cuestión que desató debates que llevaron años en algunos países y despertaron controversias en otras provincias argentinas. Aquí en Santa Fe, de la noche a la mañana los casinos online fueron legalizados. Más allá de si la autorización es legal o no, lo que debería importar más es que deja a la cuestión de fondo fuera de cualquier discusión.
El decreto, que pasó poco menos que desapercibido en la agenda pública, pone a la sociedad frente a un fenómeno tan grande como invisibilizado: la expansión inédita de la oferta de juegos de azar. Lejos de ser un tema local y limitado, el proceso de legalización de la oferta de juegos de apuestas se extiende a escala global pero, a diferencia de otros escenarios, acá levanta mucha menos polvareda.
Historia santafesina
Durante los años 80 y 90 las iniciativas para instalar un casino en la provincia, y particularmente en Rosario, fueron insistentes y reiteradas, pero siempre encontraron una férrea oposición de la Iglesia Católica, fundamentalmente a través de uno de sus representantes más comprometido con la causa, el obispo Edgardo Storni, hoy recordado por las sentencias en su contra en causas de abuso sexual.
Luego de esta puja, que duró décadas, en noviembre de 2001 y durante la gobernación de Carlos Reutemann se aprobó en la Legislatura provincial la Ley 11.998, que autorizó la instalación de tres casinos en la provincia: en Melincué, Rosario y Santa Fe; la ley fue reglamentada en 2002.
A partir de ese momento los gobernadores fueron “pateando la pelota” hacia adelante. Jorge Obeid, confeso opositor a este tipo de instalaciones, demoró el llamado a licitación hasta 2005, previendo quizás que de esa manera la inauguración de los casinos le quedaría a una próxima gestión, no a la suya.
El casino de Melincué se inauguró en 2007 y fue finalmente durante la gestión de Hermes Binner cuando se inauguraron los dos más grandes de la provincia: el de la ciudad capital en 2008 y el City Center de Rosario en 2010. En ambas inauguraciones Binner —que públicamente manifestaba su aversión por esas salas de juego— se abstuvo de estar presente. Así se puso en marcha en Santa Fe un fenómeno de fuerte impacto económico, pero también con consecuencias negativas desde lo social y cultural. Desde entonces, todas las administraciones provinciales han sacado provecho de los aportes económicos impositivos de las salas de juego; ninguna se ha hecho cargo del resto.
Casi veinte años después
Con los hechos consumados, un debate esquivo a la opinión pública desde los comienzos es el de pensar qué juego se quiere para Santa Fe. Pero para ello primero debería saberse qué juego es el que existe. Según la mencionada ley, la Lotería de Santa Fe es el organismo a cargo de la fiscalización y control de los juegos de azar en la provincia.
En este sentido se podría imaginar que la transparencia de la información para conocer el desarrollo y las características de la explotación de los juegos de azar en la provincia sería fundamental para pensar políticas públicas. Sin embargo, no existen datos que permitan hacer un balance y seguimiento del desarrollo del juego en Santa Fe, y juzgar sus consecuencias.
Si se observan los argumentos que se enarbolaron en favor de la legalización de los casinos, en el momento de la sanción de la Ley 11.998 del año 2001, se pueden distinguir tres tópicos:
[1] En primer término, se consideraba que contribuirían al desarrollo del turismo en las localidades donde se instalarían. ¿Qué datos se tienen en la actualidad para pensar que el turismo creció en esos lugares? Aportaría para ello determinar si los asistentes a los casinos son en mayor medida locales o foráneos, pero no hay información al respecto. Y en caso de que se logre demostrar que el turismo se incrementó, ¿qué características tiene el turismo que atraen los casinos? ¿es regional, provincial, nacional, internacional? ¿en qué proporciones? No se ha generado información científica y sistemática que permita saber fehacientemente cuántas personas juegan en las salas provinciales, con qué frecuencia, o durante cuánto tiempo. Tampoco se sabe qué cantidad de hombres y mujeres lo hacen ni de qué sectores sociales provienen. Aún menos se conoce la diversidad de significados que tiene la asistencia al casino para las personas que concurren. Ante la pregunta ¿a qué va la gente al casino? se podrían encontrar a una multiplicidad de respuestas para una práctica que ha calado hondo en la cultura de las localidades donde esas salas se establecieron. Todas estas serían informaciones, lamentablemente ausentes, que podrían enriquecer el análisis y habilitar el debate público en torno el juego en Santa Fe.
[2] Una segunda bandera que se levantó en aquel entonces para fundamentar la instalación de los casinos fue la del combate contra el juego clandestino. Los sucesos recientes que involucran la connivencia del poder público santafesino con organizaciones criminales para la explotación del juego ilegal están lejos de confirmar que éste se reduce con la instalación de los casinos. Incluso podría pensarse que creció en el último período, algo que pone en cuestión la ecuación según la cual el incremento del juego legal conlleva la reducción del clandestino: no necesariamente es así.
[3] En tercer lugar se sostuvo el argumento de que crecerían las recaudaciones fiscales para ser destinadas a fines sociales. No por casualidad, el único dato público accesible y certero que se encuentra en la web de la Lotería de Santa Fe es que la recaudación creció año a año. Por escasos que sean estos datos, habilitan algunas preguntas. Por ejemplo, si en 2018 los casinos tributaron $ 1.009.149.066, (un 20 por ciento más que en 2017), ¿cuánto dinero se apostó en total? ¿se puede decir que los ingresos que obtiene el Estado provincial son justos respecto de las ganancias que obtienen los concesionarios? ¿sería necesario aumentar la imposición sobre la actividad, vistas las dimensiones de este mercado? Por otro lado, cabe interrogarse sobre los condicionamientos que los concesionarios del juego imponen a los gobiernos ¿En qué lugar queda posicionado el Estado frente a los capitales del juego cuando el funcionamiento de algunos servicios públicos (como el trasporte) se encuentran fuertemente condicionados por los ingresos fiscales que provienen de ese sector? ¿Qué relaciones de poder se instalan y qué límites se pueden establecer? El balance económico es una de las aristas del fenómeno, pero no el único a considerar.
Un problema silenciado
Precisamente, hay otras aristas no menos graves y urgentes a considerar: el juego problemático es un tema presente en muchas vidas privadas, pero escandalosamente ausente del debate público. Más allá de apariciones esporádicas en los medios de comunicación de algunos profesionales de la salud para formar conciencia sobre los problemas que puede acarrear el juego excesivo, la información generada y publicada por el Estado sobre el tema es nula, quizás porque a veces es conveniente para algunos que ciertas cuestiones no se materialicen en datos y, por ende, no entren en agenda.
En la misma dirección, las políticas públicas diseñadas para el abordaje de esta cuestión son, muchas veces, una pose para la tribuna antes que medidas de impacto efectivo. El programa de Juego Responsable implementado por la provincia en 2014 propuso medidas como la autoexclusión, la información para identificar preventivamente la problemática o la incorporación de la leyenda “el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud” en el acceso a las salas de juego.
Sin embargo, se encarga la implementación de estas medidas a los operadores de juego; un esquema que es algo así como “poner al lobo al cuidado de las ovejas”. Por lo demás, resultan políticas que lejos están de plantear una mirada integral de la problemática, ya que vuelcan principalmente en el jugador la responsabilidad del problema y de su solución.
Sólo hacen un aporte cierto las asociaciones civiles de profesionales de la salud abocadas a problemáticas de consumo y los grupos de pares, como Jugadores Anónimos —que actúan muchas veces sin acompañamiento estatal y sujetas a los constantes vaivenes que imponen las gestiones políticas al respecto—. Estos sectores de la sociedad civil conforman una movilización silenciosa y necesaria, ofrecen espacios para que las personas puedan poner de manifiesto sus problemas con el juego, y proponen abordajes para solucionarlos.
Sin embargo, ¿es posible saber si desde que abrieron los casinos hay más o menos problemas de adicción al juego?, ¿cuántas de las personas que juegan desarrollan conductas problemáticas?, ¿qué cantidad de casos diagnosticados de ludopatía existen? La respuesta no es ninguna sorpresa a esta altura: no hay información disponible en Santa Fe.
Respuestas pendientes
La reconstrucción de la historia reciente del juego en Santa Fe apunta a poner en perspectiva el escenario actual. El gobierno provincial argumenta que el juego de apuestas por internet ya existe y no va a desaparecer, menos en este contexto de pandemia y aislamiento social. Por lo tanto, parece concluir el gobierno, es mejor “ponerlo a trabajar para la sociedad” que dejarlo a merced de los operadores clandestinos.
Sin embargo, es preocupante la ausencia (nuevamente) de debate sobre qué juego existe y qué juego se quiere tener. De este modo se corre el riesgo de que esta medida reciente del gobierno santafesino —el decreto que autoriza los casinos online— se limite a cumplir fines recaudatorios frente a una crisis monumental, sin que el Estado, en su rol de garante del bienestar público, apunte a proteger las poblaciones vulnerables y a considerar el fenómeno en toda su complejidad.
¿Qué sucederá cuando se legalice la oferta de juego en línea? ¿Qué consecuencias tendrá a futuro y cómo podrían constatarse? ¿Qué medidas se establecerán para evitar que esta nueva oferta afecte negativamente la salud de las personas que experimentan el juego de manera problemática? ¿Qué medidas se establecerán para evitar el aumento del juego problemático? ¿Qué recaudos se tomarán para evitar el robo de identidad y el ingreso de menores en las plataformas de juego? ¿Qué límites se dibujan para, si son traspasados, reprimir la oferta ilegal de juegos de azar? ¿La Lotería de Santa Fe tiene los medios necesarios para fiscalizar y controlar la oferta de juego? ¿Cómo se administrará la publicidad de los juegos de azar? ¿Es justo el esquema recaudatorio que se establece?
Son algunas de las muchas preguntas que pueden surgir frente a este nuevo panorama y podrían dar forma a debates difíciles pero necesarios, que requieren respuestas complejas y la participación de diferentes actores sociales (especialistas, empresarios, consumidores de juego, agrupaciones de jugadores problemáticos, entre otros). Si se pretende tener un juego en beneficio de las santafesinas y los santafesinos no se deberían saltear esos debates; dejarlos de lado bajo el apuro de la urgencia económica, además de un gran error y una profundización del problema, implica una mala praxis política en detrimento de la sociedad civil.
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