Aunque no lo parezca, es positiva la primera lectura que puede hacerse de la última excepción conocida al fundacional lema “no hay plata” que registró el gobierno nacional. Al transferirle esta semana fondos frescos que representan un 270 por ciento de aumento en sus gastos operativos a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) ha reconocido la gravedad del problema que le viene planteando la comunidad universitaria, y también tomado nota —con esta primera reacción— de la multitudinaria movilización del mes pasado en defensa de la educación pública. Sin proponérselo a la vez demuestra que el eslogan de falta de recursos no es para tanto, a veces los fondos que no están aparecen “de repente”.
El principal problema que tuvo ese gesto de cumplir con una parte de lo que lo obliga la ley es que lo hizo sólo con la UBA, dejando afuera al resto de las 60 universidades públicas que hay en el país, en las que estudian el 85 por ciento de los dos millones de estudiantes inscriptos en Argentina. Entre ellas las que están en la provincia de Santa Fe.
A partir de esa medida, los rectores de todas las universidades se plantaron para exigir con urgencia el mismo trato para todo el sistema universitario, o sea que les transfieran igual porcentaje de incremento al que ya le fue otorgado a la UBA. Sospechan que puede tratarse de una provocación que intente dividir el reclamo de las universidades. “No es sólo un problema de recursos, es también de principios”, declararon desde el Consejo Interuniversitario Nacional.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también tuvo una reacción inmediata de molestia: “No es justo para quienes vivimos en el interior y sostenemos el sistema federal. No está bueno”, dijo, sabiendo que esa opinión no será sólo una crítica al gobierno nacional, sino que tendrá un costo extra adicional al enfrentar los intereses de quien es su principal referente político nacional, el senador por CABA Martín Lousteau, y a las autoridades de la UBA, que pertenecen a su mismo espacio político.
“Como pasó con la paralización de la obra pública, o el recorte de los subsidios al transporte del interior y a favor del AMBA, cuando se tocan intereses de la provincia, no dudamos en salir a defenderlos y a pelear por ellos. No importa a quién le moleste”, dijeron a Suma Política cerca del gobernador.
Pullaro aprovechó el micrófono en un acto donde relanzó el programa “Prosumidores” para referirse al tema: “Una vez más el gobierno nacional centralista, unitario y porteñocéntrico, que claramente escuchó el reclamo genuino por la educación pública, decide a favor de una sola Universidad. Y no está mal el aumento al gasto para la UBA, pero a las universidades de la provincia de Santa Fe le dieron menos de la mitad de eso: un 105 por ciento de recomposición de los recursos para que puedan funcionar este año”.
“Con mucha humildad, sin ánimo de polemizar ni de pelear, reclamamos lo que nos corresponde”, dijo para amortiguar sus palabras. “Nosotros también tenemos derechos y no sólo hay que respetar los derechos de quienes viven en el kilómetro alrededor de la Casa Rosada”.
“Desprecian la universidad pública”
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, está convencido de que el gobierno nacional y sus referentes en la provincia “desprecian la universidad pública”, y sostiene que por eso “llevan adelante una campaña sistemática para desprestigiar a la institución universitaria y justificar así el fenomenal proceso de desfinanciamiento que están haciendo”.
“Lo único que buscan es cansarnos, hacernos bajar los brazos y desprestigiar a la institución universitaria. Por eso una semana apelan a las auditorías, sin saber que se hacen; otra al adoctrinamiento; otra hostigan a miembros de nuestra comunidad, como pasó ahora con la presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes y un estudiante de la facultad de Medicina. Es una campaña de desprestigio”.
Para Bartolacci es “insólito lo que estamos viviendo” y opina que la discriminación entre la UBA y las universidades del interior “es un eslabón más en la triste y desafortunada historia de desencuentro entre un país que se reivindica federal, pero que en la práctica tiene de federal absolutamente nada”.
Reafirmó que “se necesita una respuesta urgente en los términos que venimos planteando para todo el sistema universitario nacional en el mismo momento. Y es necesario que se atienda además el conjunto de problemas en los distintos ámbitos institucionales. Es a todos juntos y de la misma manera”, enfatizó.
La UNR hizo efectivo este año solamente el incremento que anunció el gobierno de un 70 por ciento en la cuota de marzo sólo para los gastos de funcionamiento, que equivale apenas al 4 por ciento del total del presupuesto que recibe la universidad rosarina. La UNR está entre las cuatro mejores universidades del país (detrás de Buenos Aires, La Plata y Córdoba) y se sitúa en el puesto 1.517 en un ránking que evalúa a las mejores instituciones de educación superior del mundo.
Los primeros cuatro meses del año pasado, la UNR pagó por el servicio de energía eléctrica 120 millones de pesos, y en igual período de este año ese monto casi se cuadruplicó llegando a 450 millones. Y tuvo que hacer frente a esa erogación casi con el mismo presupuesto. En 2024 la UNR tuvo el salto más significativo en la cantidad de ingresantes que registra en su historia de un año a otro: creció un 25 por ciento (25.808) respecto del año anterior.
“Es imposible que podamos funcionar de esta manera —reitera el rector—. La UNR y el resto del sistema universitario necesitan lo mismo que la UBA. Ninguna universidad del país va a aceptar ahora ni un punto porcentual menos”.
Bartolacci intenta no dramatizar, pero destaca que el problema que afrontan las universidades, “si no se atiende a tiempo, todos los meses se agrava”. Admitió que “hay margen y estamos haciendo un gran esfuerzo, pero si no se hace nada, vamos a dejar de funcionar”. Y dio una explicación técnica: “Las universidades tenemos un crédito presupuestario que nos autoriza el gobierno nacional. Si ese crédito no se actualiza, en una situación inflacionaria como la que tenemos, habrá un momento del año en el que no habrá crédito para imputar las compras, las licitaciones y el resto de los pagos que hace la universidad. Eso generará un problema operativo que hará que no podamos funcionar. Por eso pedimos un incremento razonable”.
“Visión porteñocéntrica”
“Si con el mismo expertise hablan de economía, salud y los otros temas importantes de la Argentina, no le veo futuro a este gobierno”, declaró el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo.
“Hay una visión porteñocéntrica. Después de la General Paz hay estudiantes de segunda, que no van a tener las mismas condiciones que los estudiantes de primera, que son los que están más cerca de la Casa Rosada. Se va a dar una enorme injusticia que no podemos permitir”.
Con intención de buscarle una explicación a la medida, el titular del CIN opinó que “el gobierno nacional va aprendiendo sobre la marcha, y de repente admite que nosotros teníamos razón, porque la plata apareció y es cierto que no nos va a alcanzar el dinero. Todo pasó de repente. ¡Y pensar que en enero y febrero había que cobrarles a los hermanos latinoamericanos porque la plata no estaba! Es un desánimo total lo que está pasando”.
Los rectores no se quedaron sólo en su reclamo de aumento para gastos de funcionamiento. Incluyeron en el petitorio de solución “urgente”: paritarias para que los trabajadores de las universitarias recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, el sostenimiento y fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, la actualización del monto destinado a becas estudiantiles, y la recuperación de las obras de infraestructura que se encuentran paralizadas.
Decidieron quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta por parte del gobierno nacional y, concretamente, que se confirme la misma decisión que se tomó con la UBA para el resto de las 60 universidades nacionales públicas del país.
Si no sucede, volverán a reunirse la semana próxima para adoptar acciones institucionales y políticas. También podrían ir con un planteo a la Justicia, porque consideran que el gobierno nacional no está dando cumplimiento a su responsabilidad de sostener el financiamiento del sistema universitario público establecido por ley. Y ahora se suma un acto de discrecionalidad y discriminación que consideran “inadmisible”.
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